Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social

La vivienda vuelve a estar en el centro del debate público. Las concentraciones y acampadas de estos días expresan una preocupación real: demasiadas personas, especialmente jóvenes y familias con ingresos modestos, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla.

Sería un error mirar hacia otro lado.

Pero también sería un error pensar que la gravedad del problema convierte automáticamente en buenas todas las soluciones que se proponen.

Hace unos meses escribí en La Réplica una reflexión sobre este mismo asunto, Vivienda y seguridad jurídica: un pilar que no deberíamos debilitar.

Los acontecimientos actuales me llevan a volver sobre ella porque percibo un riesgo que aparece una y otra vez en este debate: presentar dos principios legítimos como si fueran incompatibles.

EL FALSO DILEMA

Seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

Y quizá ahí esté buena parte del problema.

¿Por qué tendríamos que elegir entre proteger al inquilino vulnerable y garantizar al propietario unas reglas claras y estables?

¿No debería una política pública seria intentar conseguir ambas cosas?

¿Puede llamarse política social a trasladar exclusivamente sobre determinados particulares una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad?

¿Y puede hablarse de seguridad jurídica ignorando que existen personas que sencillamente no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables?

Plantear el debate como una elección entre propietarios e inquilinos conduce a un callejón sin salida.

Ni todos los propietarios son grandes fondos de inversión.

Ni todos los inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ni todo propietario puede soportar indefinidamente el coste de una política social.

Ni toda persona vulnerable puede quedar abandonada a su suerte porque el mercado no le permita pagar una vivienda.

¿QUIÉN DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA?

La respuesta parece evidente: los poderes públicos, es decir, el conjunto de la sociedad.

Eso significa disponer de vivienda pública y social suficiente, ayudar directamente a quienes realmente lo necesitan, facilitar la construcción allí donde existe demanda, movilizar vivienda disponible y establecer unas reglas que permitan que quien alquila pueda hacerlo sin temor a quedar atrapado en una situación jurídicamente incierta.

Porque hay otra pregunta que deberíamos hacernos:

¿Qué ocurre cuando una medida destinada a proteger al inquilino termina haciendo que algunos propietarios retiren sus viviendas del mercado?

Si disminuye la oferta, ¿quién termina sufriendo las consecuencias?

Probablemente quien busca vivienda.

Por eso las buenas intenciones no bastan.

LAS PREGUNTAS QUE DEBERÍAMOS HACERNOS

¿Aumentará el número de viviendas disponibles o lo reducirá?

¿Protege realmente a quien más lo necesita?

¿Quién paga su coste?

¿Lo paga el conjunto de la sociedad o se descarga sobre un grupo determinado?

¿Qué efectos tendrá dentro de cinco o diez años?

¿Existe alguna experiencia que permita saber si funciona?

¿Estamos resolviendo el problema o simplemente trasladándolo?

Son preguntas incómodas, pero precisamente por eso son necesarias.

UNA PROTESTA LEGÍTIMA NO CONVIERTE EN BUENA CUALQUIER SOLUCIÓN

Las personas que hoy protestan tienen derecho a exigir respuestas. Y sería injusto descalificar su preocupación. El acceso a la vivienda se ha convertido para muchos ciudadanos en uno de los principales obstáculos para desarrollar un proyecto de vida.

Pero la gravedad del problema tampoco debería impedir examinar críticamente las soluciones que se proponen.

¿Basta con congelar precios?

¿Basta con prohibir determinados contratos?

¿Basta con señalar a los propietarios?

¿Basta con construir más?

Probablemente ninguna de esas respuestas, aislada, sea suficiente.

Y ahí aparece otro peligro: que una reivindicación legítima termine subordinada a organizaciones o intereses para los que el conflicto pueda resultar más útil que una solución duradera.

Por eso quizá el mejor servicio que puede hacerse a quienes hoy se manifiestan no sea pedirles que abandonen la protesta.

Es pedirles —y pedirnos todos— que no renunciemos a la razón precisamente cuando mayor es la indignación.

Que preguntemos.

Que exijamos números.

Que pidamos resultados.

Que desconfiemos de las consignas demasiado fáciles.

Y, sobre todo, que rechacemos el falso dilema que pretende obligarnos a escoger entre dos principios que deberían convivir.

SEGURIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN SOCIAL

Seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

El fracaso comienza precisamente cuando aceptamos que lo son.

Una política de vivienda sostenible debería ser capaz de proteger al vulnerable sin convertir al propietario particular en sustituto del Estado; garantizar reglas claras sin abandonar a quien no puede acceder al mercado; aumentar la oferta sin renunciar a impedir abusos.

¿Es difícil?

Sin duda.

Pero quizá debamos empezar precisamente por ahí:

Si un problema es complejo, ¿por qué habríamos de confiar en quien nos promete una solución simple?

CUANDO DESAPAREZCAN LAS TIENDAS DE CAMPAÑA

Las personas que hoy acampan y reclaman una vivienda digna merecen algo más que consignas y esperanzas momentáneas.

Merecen soluciones que funcionen también cuando las tiendas de campaña hayan desaparecido de la Puerta del Sol.