miércoles, 26 de septiembre de 2012

quienes pagan impuestos no son los territorios, las comunidades autónomas, sino las personas

Artículo publicado en La Vanguardia el 26 de septiembre de 2012

Lo siento, niego la mayor, de Francesc de Carreras  

Los razonamientos deductivos se fundan en una o varias premisas que, a través de un proceso argumentativo, conducen a una determinada conclusión. Si la premisa es falsa contamina todo el argumento e invalida la conclusión.
Hasta hace pocos años, el independentismo catalán se basaba en la idea de que Catalunya es una nación, en el sentido identitario del término y, por tanto, tiene derecho a un Estado propio. Últimamente, a esta premisa se le ha añadido otra que es considerada como la causa de su éxito actual. Me refiero, naturalmente, al llamado “expolio fiscal”, o en términos todavía más burdos, pero habituales en las tertulias diarias de los medios de comunicación, a la denuncia de que “España nos roba”, que los catalanes estamos pagando excesivos impuestos que benefician al resto de España y no a Catalunya.
Estas tremendas acusaciones, repetidas machaconamente día tras día, han logrado que una gran parte de ciudadanos catalanes hayan interiorizado que, efectivamente, España nos roba, debemos poner fin a este expolio y la mejor manera de lograrlo es separarnos de España y constituirnos como Estado independiente. Al tradicional nacionalismo de Prat de la Riba se le ha sumado, pues, el de Umberto Bossi, el líder de la Liga Norte italiana: las zonas más pobres viven a costa de las más ricas, no hay derecho a esta desigualdad, hay que poner topes a la solidaridad.
Pues bien, creo que esta premisa, la del “expolio fiscal” y del “España nos roba”, es falsa: no hay expolio, no hay robo, no hay discriminación ni maltrato fiscal a Catalunya. Y si la premisa es falsa, las conclusiones forzosamente son equivocadas.
Debe partirse primero de una base indiscutible, no por repetida esencial para entender esta cuestión: quienes pagan impuestos no son los territorios, las comunidades autónomas, sino las personas, tanto físicas como jurídicas, es decir, los individuos y empresas. Además, si dejamos de lado al País Vasco y a Navarra -que son capítulo aparte-, las quince comunidades autónomas restantes, entre las que se encuentra Catalunya, están sometidas a la misma ley, a la Lofca, que se revisa periódicamente y cuya última reforma fue impulsada precisamente por el Govern de la Generalitat y aprobada a fines del 2009, aún no hace tres años. Pues bien, esta ley es igual para todas las comunidades, el porcentaje de cada uno de los impuestos que estas perciben es el mismo -respetando las modificaciones que pueden llevar a cabo dichas comunidades en virtud de su autonomía fiscal- y las reglas para calcular las cantidades que les corresponden son idénticas. Por tanto, con independencia de si es o no un sistema adecuado de financiación, no es discriminatorio ya que trata a todas las comunidades por igual.
Cuestión distinta es que el volumen total de rendimientos tributarios en las comunidades donde hay un grado mayor de riqueza sea más elevado que en aquellas otras en que esa riqueza es menor. Es la consecuencia del justo principio según el cual tributa más quién más tiene. Si en Madrid, Baleares y Catalunya, la renta media, el gasto por habitante y el beneficio empresarial es mayor, el volumen recaudado también lo será. A partir de este hecho, dado que uno de los fundamentos de todo Estado moderno es garantizar la igualdad entre los ciudadanos, es justo e inevitable que los poderes públicos gasten más entre los sectores más desfavorecidos que, normalmente, están concentrados en determinadas zonas y territorios.
Pongamos un ejemplo. En toda ciudad, los habitantes de ciertos barrios tienen, por lo general, rentas más altas que en otros: hay barrios ricos y barrios pobres. Aún tratando la ley a todos bajo el mismo criterio, las cantidades tributarias recaudadas en los barrios ricos forzosamente deben ser más elevadas que en aquellos que lo son menos. Si comparamos, en Barcelona, la zona de Sarrià-Sant Gervasi con la de Ciutat Vella, lo podemos comprobar. A su vez, el gasto público en los barrios pobres es justo que sea mayor -en enseñanza, sanidad y servicios sociales, por ejemplo- que en los barrios ricos y la única manera de financiarlo es mediante los impuestos generados en estos. Sin embargo, nadie de Sarrià-Sant Gervasi, a menos que sea un perfecto egoísta, puede considerar razonablemente que los de Ciutat Vella le roban y expolian. Simplemente se redistribuyen rentas por razones de estricta justicia: no se trata de solidaridad sino de igualdad.
Esto es lo que sucede entre comunidades autónomas. Hay que decir que las diferencias entre ingresos y gastos de unas y otras no es muy grande y que las que más contribuyen son, por este orden, Madrid y, a bastante distancia, Baleares y Catalunya. No he escuchado en los medios de comunicación de Madrid y de Baleares la terrible acusación de “España me roba” aunque, utilizando los mismos criterios de los nacionalistas catalanes, aún tendrían más razones para hacerlo.
Por tanto, esta premisa en que ahora se basa la independencia no parece muy convincente y, en consecuencia, las razones para pedirla, desde este punto de vista, tampoco parecen justificadas. Lo siento, pero niego la mayor.
Francesc de Carreras. Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

viernes, 21 de septiembre de 2012

Los políticos (la mayoría) a la captura de rentas

Se refiere a los póliticos:

¿Una clase extractiva?

J. M. Ruiz Soroa, EL CORREO, 16/9/12
Es brillante y atractiva la definición que hace César Molinas de la clase política española como una «élite extractiva» que está dedicada a su interés particular de capturar rentas al margen del interés general de la sociedad a la que dice servir acendradamente. Comparto en principio el diagnóstico de Molinas del comportamiento de los políticos pero encuentro muy incompleto su análisis y, consecuentemente, sumamente implausible el remedio que propone para la corrección de los defectos que expone.
Es cierto, cómo no va a serlo, que los políticos profesionales se han adueñado del sistema político español a partir de la Transición y que en su comportamiento atienden ante todo y sobre todo a su propio interés. Que es, como no podía ser de otra forma, el de garantizar su propia existencia y la maximización de su poder, para lo cual ha montado un sistema de captura de rentas. Es decir, un sistema que les permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio, y que funciona gracias a una institucionalización democrática no inclusiva y desviada de sus fines, en la que el poder económico, jurídico y político se distribuye desigualmente pero siempre sometido al peaje político. Es decir, que la clase política española no captura sus rentas directamente mediante los negocios o la corrupción (esos son casos mínimos) sino mediante el control de las puertas de acceso al mundo económico y social, ocupando todos los fielatos institucionales que posee el sistema.
También es cierto que esa clase política (aunque no sólo ella) es la que ha provocado las sucesivas burbujas cuyos efectos hoy padecemos: la inmobiliaria, la energética, la de las infraestructuras innecesarias, o la de la frondosidad autonómica, todas generadas porque le eran convenientes para crear nichos de poder y aprovechamiento de las rentas de situación.
Ahora bien, lo que me parece que falla en este análisis es el sesgo metodológico individualista que adopta. En concreto, el de tratar a los políticos como un agregado de individuos concretos, aunque los defina como una clase o élite. El concepto de clase es probablemente uno de los más socorridos pero también más borrosos de la sociología, y pretender definir a los actores políticos recurriendo a este concepto termina por no explicar casi nada. No nos aclara cómo se constituiría esa clase, cómo se ingresa en ella o se reclutan sus componentes, cómo aglomera intereses, cómo opera para capturar réditos, de qué medios se vale, etc. Y es que, en realidad, todo este fenómeno es inexplicable si no introducimos en la escena a los partidos políticos como maquinarias de agregación de intereses individuales que poseen vida y dinámica propias y que son las instituciones sociales que soportan a los políticos individuales. Son los partidos políticos y no unos políticos individuales los actores esenciales del fenómeno de apropiación institucional y social de poder (rentas) y son sus propias dinámicas particulares las que explican el resultado. Intentar describir la operativa del sistema sin ellos es imposible.
Por eso me parece ingenua cualquier solución del problema de la ‘clase política’ que se limite a proponer una modificación de las reglas externas de selección de los cargos que ocupa esa clase. César Molinas propone, en efecto, modificar el sistema electoral e introducir un sistema mayoritario de tipo anglosajón con listas abiertas, de manera que los políticos –se supone– pasarían a estar controlados por sus propios electores, con lo que al final se generaría una clase política distinta. Arbitrista, simple y errónea solución, que parece creer que con modificar la regla de elección se cambia el mecanismo subyacente a la propia selección. No se tiene en cuenta que los políticos que se eligen son necesariamente los seleccionados previamente por los partidos, y que los políticos que actúan lo hacen dentro de la disciplina de éstos. Las instituciones están colonizadas por los políticos, sí, pero éstos no actúan autónomamente como individuos sino colonizados a su vez por los partidos. Cambiar las reglas de elección poco cambia si no se modifica esa relación previa y subyacente.
La tentación de creer que los problemas políticos pueden resolverse simplemente tocando las reglas electorales es poderosa, pero la experiencia comparada demuestra que el sistema electoral no es una variable independiente del sistema político nacional de que se trate.
En ocasiones conviene volver a los clásicos y a las lecciones que nos dejaron. Pienso en Montesquieu y su ley de la dinámica política: «Sólo el poder contiene al poder». Y en su aplicación a nuestra situación, la de un sistema colonizado por los partidos políticos debido a la propia debilidad de la sociedad que lo soporta. Podemos pensar que sería posible modificar el comportamiento de los partidos modificando sus reglas internas o externas, pero me temo que eso es tanto como soñar en un poder que se autolimita espontáneamente, algo más bien improbable. Por eso, lo preciso para controlarlos es encontrar un poder nuevo, hallar la forma de institucionalizar un contrapoder al de los partidos. Más allá de la bobalicona e inane retórica que evoca a la ciudadanía en bloque como contrapoder posible (el ‘poder del pueblo’ ), una retórica que es muy del gusto de –precisamente– esos mismos partidos, el reto de nuestro tiempo es el de inventar instituciones democráticas concretas y operativas que puedan contrapesar a los partidos y que estén diseñadas de manera que no puedan ser capturadas por éstos (ahí es nada). Porque la metástasis invasiva que han llevado a cabo los partidos no es un problema moral individual de los políticos, ni un defecto de una particular casta de personas, sino una consecuencia sistémica inevitable de la posición hegemónica de únicos actores políticos que han conseguido tener esos partidos.
J. M. Ruiz Soroa, EL CORREO, 16/9/12

martes, 18 de septiembre de 2012

IDEOFOBIA


A  definiciones de XENOFOBIA y RACISTA, le he cambiado extranjero por ideas, ideología, opinión y me ha salido estos palabras: IDEOFOBIA , IDEOISTA que no están en el  Diccionario de la Real Academia Española DRAE

 IDEOFOBIA/IDEOISTA: es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al que tiene ideología diferente, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y asesinatos   
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de ideas, pensamiento, opinión, etc. que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

lunes, 17 de septiembre de 2012

sentirse acosados y perseguidos como si fueran judíos


Extracto del articulo de Gil Calvo en El PAIS del 16 de septiembre de 2012. Titulado claridad. Teclear sobre el vinculo para leer el artículo completo

Ejerciendo de abogado del Diablo, el texto en rojo son mis comentarios.


"Pero el factor políticamente más influyente es la suicida política catalana de los dos grandes partidos estatales. El PP es culpable de haber consentido y animado desde el año 2000 una injusta campaña de catalanofobia populista en todo caso será una campaña nacionalistafóbica (vaya palabro que me he sacado de la manga). Vaya un ejemplo, utilizar la Ley, presentando un recurso de anticonstitucional al Estatuto, como mucho se la podría acusar de opurtunistapero ¿pero catalanofóbica?. Debería ser evidente que el parimonio de Cataluña y de lo catalán no es ni de los nacionalistas ni de nadie en su conjunto. De ahí que muchos catalanes, al sentirse acosados y perseguidos como si fueran judíos ¿Si muchos catalanes son los judíos, en tu narración, los del  del PP serían los nazis? porque los palestinos no, pienso, prefieran fugarse de un país que les aborrece casi tanto como les envidia ¿A quien se aborrece o se quiere a Boadellas o a Pujol, los dos son catalanes, por ejemplo? Por cierto Boadellas se ha "fugado" de Cataluña, entre otras cosas por que muchos catalanes le llamaban fascista cuando pasea por la calle ¿...?. Pero lo del PSOE resulta casi peor. La irresponsabilidad de Zapatero le llevó en 2003 a tirar por la borda el federalismo del Pacto de Santillana para sustituirlo por el confederalismo de Maragall y su Pacto del Tinell, lo que abrió la caja de Pandora de la reforma anticonstitucional del Estatuto catalán sin el necesario consenso con el PP. Una reforma destinada a fracasar que, al ser desvirtuada y minimizada por el Constitucional, provocó la resentida indignación de la ciudadanía catalana."

sábado, 15 de septiembre de 2012

Copiado de EL País

La gran estafa

       
        De entre las ideas recibidas en que nos hemos educado muchos ciudadanos de mi generación, nacida con la democracia, destaca aquella que identifica nacionalismo con izquierda y que ha conocido, a lo largo de la historia de nuestro país, ingeniosas variaciones retóricas, acuñadas al calor de las circunstancias. Incluso ahora, cuando el sistema empieza a mostrar su desoladora ineficacia, expresar dudas con respecto al Estado de las Autonomías supone, en Cataluña o el País Vasco, pero también en Mallorca o Andalucía, ser encasillado entre las huestes de lo que vagamente se llama derecha o, más popularmente, “los fachas”. Por ello mismo, no es raro oír a personas sensatas y prudentes, aunque varadas todavía en el franquismo, afirmar con absoluta convicción e inocencia que partidos como UPyD o Ciutadans son de extrema derecha, simplemente porque sus dirigentes se han enfrentado al nacionalismo o han cuestionado el funcionamiento de las autonomías. El malentendido, lejos de aclararse, parece que se va a espesar aún más en los próximos tiempos, gracias a la crisis económica, social y política que vivimos en España.

      En Cataluña, por ejemplo, se está volviendo a escenificar, por parte del gobierno de Convergència i Unió, con la complicidad de la práctica totalidad de los partidos llamados “catalanistas”, el viejo espectáculo —panem et circenses— que consiste en sublimar los problemas intestinos de la sociedad mediante un enfrentamiento dramático con lo que los nacionalistas de todo pelaje llaman el Estado español. No importa que los casos de corrupción se sucedan y afecten a todo el espectro político, pues ahí está él mismo para blindarse, como recientemente ha ocurrido cuando ERC impidió que Artur Mas declarara en una comisión de investigación sobre el caso Palau y la presunta financiación irregular de CiU, alegando, con vergonzoso cinismo, que no querían, literalmente, “mezclar la Presidencia de la Generalitat con el caso Palau”, una frase escandalosa que por sí misma denuncia el carácter sagrado —y por tanto alegal— con que los nacionalistas entienden y ostentan el poder. Es llamativo también el silencio, repulsivo por obsecuente, con que se ha tratado de esconder, por obra de una mayoría de medios de comunicación y partidos políticos, la condena a Convergència Democràtica de Catalunya como responsable civil “a título lucrativo” del saqueo del Palau de la Música, por lo que ha tenido que depositar una fianza por valor de 3,2 millones de euros. Oriol Pujol, por su parte, ha tenido muy presente las lecciones de su padre y, cercado él mismo por sombras de corrupción, se ha apresurado a defenderse declarando, envuelto en la bandera, que todo es fruto de una persecución por parte del Estado para frustrar las aspiraciones fiscales de Cataluña. Gracias a una red clientelar muy afianzada y sumisa, tales proclamas y burdas manipulaciones tienen un éxito notable de público, como se va a poner de manifiesto en los próximos meses. La virulencia del sensacionalismo patriótico es tal que incluso tiene desubicado y a punto de fractura al PSC, que ya hace mucho tiempo que vendió su alma socialdemócrata al dios del nacionalismo, por mucho que se empeñen en disfrazarlo de “catalanismo” o, incluso, de “independentismo no nacionalista”, un colosal oxímoron (c’est hénaurme!!, [sic] como escribiría Flaubert) que últimamente está gozando del favor de muchos intelectuales de la órbita socialista.

        En una conferencia sobre el escritor Joaquim Ruyra pronunciada en abril de 1967, el poeta, crítico y ya legendario polímata Gabriel Ferrater se preguntaba por las razones que impedían a la literatura catalana la gestación de una novela que estuviera a la altura de la francesa, la inglesa o la rusa. Tras un agudo excurso en el que comenta que la gran novela decimonónica —piensa sobre todo en Balzac o Tolstoi— surge de la necesidad de historiar la problemática social contemporánea, Ferrater concluye que los escritores catalanes no han sido capaces de construir una novelística poderosa por miedo o incapacidad de narrar los conflictos ínsitos a su sociedad, que siempre se han dirimido por medio de una oposición nítida y total con España. Nunca se atrevieron a narrar, ponía por caso, el hecho de que la dictadura de Primo de Rivera viniera inducida por un golpe de Estado perpetrado en Barcelona y financiado por los burgueses de la Lliga Regionalista. “En Cataluña”, afirma Ferrater (en 1967, no lo olviden), “este conflicto [se refiere a los problemas sociales] era mucho más atenuado y los escritores podían no darse cuenta de ello y, sobre todo —aquí viene lo más grave—, lo podían interpretar como un conflicto que no era propio de la sociedad catalana sino que (y ahora caemos de nuevo en lo que yo llamaría el mal crónico de la literatura catalana, que es el catalanismo) podían interpretar las discordias sociales intracatalanas como una discordia entre Cataluña y el resto de España” (Gabriel Ferrater, Tres prosistes, Barcelona, Empúries, 2010, p. 27). Es asombroso comprobar cómo Ferrater, todavía en pleno franquismo, ya preveía todo lo que hemos vivido y padecemos aún. A él no le sorprendería en lo más mínimo la afirmación del economista policromo Xavier Sala i Martín, que nos ha iluminado a todos con su saber al aseverar sin ningún pudor que si Cataluña fuera independiente “sería una de las economías más sanas del mundo”. Al parecer, por obra y gracia de la independencia, en Cataluña no hubiéramos tenido ni siquiera burbuja inmobiliaria. Hénaurme, voilà.

         Como principal receptora de esas ideas recibidas, a nuestra generación le urge denunciar esa gran estafa política, que impide la formulación de un pensamiento propio y matizado que demuestre que es perfectamente posible lo elemental: cultivar el catalán y el castellano, abominar de la oposición futbolística entre Madrid y Barcelona, denunciar la corrupción y los abusos de poder sea cual sea su procedencia o su bandera política, sentirse español, súbdito británico, catalán, mallorquín, pigmeo o apátrida si a uno le da la gana, ser consciente de que todo nacionalismo, como decía Josep Tarradellas, es al final reaccionario, argumentar que el Estado de las Autonomías, tal y como se ha organizado, es un completo disparate, sin que por ello tenga uno que aclarar inmediatamente que respeta la cultura de cada región, reconocer que uno nunca ha votado al PP pero siente, por ejemplo, un enorme respeto por sus dirigentes en el País Vasco, que se han jugado, como muchos del PSOE, la vida por defender, precisamente, eso, lo elemental, frente a la más depurada esencia del franquismo que queda en este país y, en definitiva, resistirse a cualquier forma de opresión y simplificación mediante la complejidad, las dudas y el riesgo de la inteligencia. Es lo que siempre hizo, por cierto, Gabriel Ferrater, de cuyo suicidio se cumplieron en abril 40 años, conmemorados con un sepulcral silencio de la sociedad catalana.

Andreu Jaume es editor.


¿Fue Campanys un golpista?


Los mitos y las leyendas, pueden ser hermosas, muy hermosas. Pero si las confundimos con la realidad pueden `producir monstruos.


Un solo precedente

De entre los 129 presidentes que ha tenido la Generalitat de Cataluña, el actual, Artur Mas, sólo podría esgrimir un precedente de un president que declaró de manera unilateral la independencia de Cataluña. Fue Lluís Companys, el 6 de octubre de 1934.
Al caer la noche, el ‘president d’esquerres’, como le llamó muchos años después y con notable oportunismo, Pasqual Maragall, pronunció un discurso en el balcón del palacio de la generalitat en el que proclamó el Estat Català. A continuación llamó al general Batet, máxima autoridad militar en Cataluña para ordenarle que se pusiera a sus órdenes.
Así lo contó el general Domingo Batet i Mestre en alocución radiofónica 48 horas después:
“A las ocho aproximadamente de la noche (del sábado, 6) el entonces presidente de la Generalidad proclamó desde el balcón del palacio de la Presidencia la República Federal Catalana y diciendo quye romía desde aquel momento todas las relaciones con el Gobierno d el República Española.
A los pocos momentos me requería en conferencia telefónica para que con mis fuerzas me pusiera a sus órdenes. Contestación mía: que no podía resoilver en unos instantes lo que él había preparado y meditado durante días, si bien  el cumplimiento del deber me decía claramente cuál era mi conducta a seguir.
A los pocos momentos un diputado de la Generalidad me traía el oficio requiriéndome por escrito lo que en conferencia telefónica me había exigido.
Desde aquel momento no podía caber duda acerca de los propósitos que tenían. además, había presenciado durante el día el transporte de municiones y de armas y la organización de guerra montada en diversos puntos de la ciudad.
No obstante, en mi afán de evitar un día de luto y que fuera consecuencia de aquellos actos la maldición de todos, intenté ponerme, no al habla, sino en contacto directo con quiernes dependían de mí y estaban en la Generalidad, y al efecto ordené que comparecieran inmediatamente. Fue rechazada la orden diciendo que sólo obedecían las órdenes del presidente de la Generalidad.
Coincidiendo con tales hechos, el Gobierno de la República Española había declarado el estado de guerra, que resultaba ser contestación al presidente de la Generalidad. Ordené inmediatamente que se publicara el bando al, al propio tiempo que tomaba las medidas oportunas para evitar el derramamiento de sangre.
La compañía que llevaba el bando no hizo más que doblar el paseo de Colón y entrar en las Ramblas cundo fue hostilizada desde el Centro de Dependientes. Al mismo tiempo se veían ocupadas  las calles que conducen a la plaza de la República, en donde están la Generalidad y la Alcaldía.
Al llegar allí las fuerzas, uno de los jefes de la Generalidad se adelantón a preguntar qué es lo que iban a hacer. Contestación de mis fuerzas:
-A defender la República.
-¿Cuál, la Federal catalana o la República Española
-La República Constitucional.
-Entones, las armas dirán cuál debe ser, si la Federal o la constituída legalmente.
Y dispararon desde la Generalitat, causándonos bajas. Mis tropas tenían la orden  terminante de no atacar a menos que fueran agredidas. Y así fue. Y unos y otros sufrimos sensibles bajas. Desde aquel momento se contestó la agresión con la agresión, puesto que sabía que con cuanta más energía yo obrara, menos sangre sería derramada. Aquella noche se entabló un verdadero combate, ante la resistencia de aquella organización. Y aquella energía tuvo su efecto, puesto que a las seis de la mañana, aproximadamente, tuve  la agradable sorpresa de que me llamara telefónicamente el presidente de la Generalidad, diciendome que consideraba estéril toda resistencia y se entregaba como único responsable de aquellos acontecimientos. Le dije que comunicara por radio su capitulación para que llegara a conocimiento de todods aquellos que llevados por su fantasía, faltos de toda razón, sin aquellas altas virtudes que exigen los ideales, intentaban implantar sus propósitos.
La Generalidad, con todo su Gobierno, el Ayuntamiento con todos los concejales de su partido y de Estat Català, se rindieron a las fuerzas y fueron trasladados a este Cuartel fgeneral de la Cuarta División. (…)
Los pueblos, los hombres que viven dentro de un régimen democrático deben desarrollar sus ideales dentro del orden y deben procurar, día tras día, hora tras hora,, minuto tras minuto, hacer el sacrificio más alto para la consecución de sus ideales. Respetables son todos los ideales cuando son expuestos dentro de la legalidad, pero son execrables cuando quieren imponerse por la violencia…”
Domingo Batet i Mestre era capitán general de Burgos el 18 de julio de 1936. Se negó a sumarse al alzamiento franquista y fue detenido en su despacho por un grupo de quienes habían sido sus subordinados. Fue fusilado unos meses más tarde. Hoy, sus restos están en una discreta tumba en el cementerio de Tarragona. Ningún dirigente democrático ha depositado allí unas flores. Quien fue vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega, sí rindió homenaje al president golpista el 15 de octubre de 2004. Así es la vida.
Nota.- La ilustración de este comentario corresponde a la portada de un libro necesario, escrito por un periodista en forma de crónica, minuto a minuto de aquellas diez horas asombrosas, descacharrantes y mucho más cercanas al esperpento que a la tragedia. Fue reeditado en 2005. Háganse un favor y léanlo.




lunes, 3 de septiembre de 2012


Cataluña debe tener déficit fiscal

elcorreo.com  2/9/12  J. M. Ruiz Soroa, 
Nadie diría «estoy harto de mantener a los pobres, parados y desamparados con mis impuestos», pero puede decir muy alto que «los catalanes estamos hartos de mantener a los andaluces»
Repita usted un millón de veces que Cataluña tiene un déficit fiscal en sus relaciones con el conjunto de España. O diez millones, si es necesario. Conseguirá, como han conseguido los nacionalistas, que los espectadores asocien el término ‘déficit’ con la idea de injusticia, de expolio, de robo, o cualquier otra similarmente negativa. Cuando en realidad, en un país y una sociedad bien ordenada, lo cierto es exactamente lo contrario: Cataluña tiene un déficit fiscal y es bueno y correcto que así sea, porque es una de las regiones más ricas de España.
Permítanme recurrir, para explicarlo, a la analogía con las personas individuales: en una sociedad justa, en la que opere el principio de redistribución de la riqueza entre los ciudadanos, todos aquellos que ingresan rentas superiores a la media tienen un déficit fiscal. Es decir, aportan al Estado a través de sus impuestos una cantidad muy superior a la del gasto público que reciben en forma de servicios públicos y prestaciones sociales. Dan más de lo que reciben. Y los ciudadanos por debajo de la media justo al revés: reciben a través del gasto público una cifra de servicios y prestaciones superior a la que ellos aportan como impuestos. Esto no es nada sorprendente, sino el efecto más obvio de la redistribución de la riqueza que realiza el Estado social de derecho.
A nadie se le ocurre en nuestra sociedad ir quejándose a voz en grito de que «tengo un déficit fiscal personal», pues se haría acreedor a un abucheo universal: si usted paga más de lo que recibe es porque está usted por encima de la media, así que no se queje, le dirían. Para eso está el Estado, para reequilibrar las situaciones individuales. Así que lo que suelen hacer los ricos, en lugar de quejarse, es llevarse sus rentas a un paraíso fiscal o conseguir del Estado a través de sus lobbies un trato excepcional pero escondido.
Si nos ponemos a medir las transferencias redistributivas o de nivelación entre territorios (las famosas ‘balanzas fiscales’), la realidad que encontraremos es substancialmente la misma. Las regiones más ricas (Madrid, Cataluña, Baleares) transfieren parte de su riqueza a las más pobres (Extremadura, Asturias o Andalucía). Unas tienen déficit fiscal, otras superávit, y es justo que así sea. Porque, en el fondo, tal cosa sucede simplemente porque en Madrid o Cataluña hay más ciudadanos ricos de promedio que en Extremadura o Asturias, luego unos pagan más por menos y otros reciben más pagando menos.
Tener déficit fiscal no es entonces un expolio, ni un robo, ni algo injusto, sino que es precisamente la expresión de la justicia fiscal progresiva a nivel personal-territorial. Si en España las diversas regiones tuvieran todas un saldo fiscal igual a cero (ni déficit ni superávit), entonces podríamos afirmar con seguridad que estábamos ante un Estado radicalmente injusto e insolidario, ante un Estado que incumpliría sus funciones más básicas, ante un Estado excepcional en el mundo actual.
Lo verdaderamente insólito, lo que revela hasta qué punto el nacionalismo se ha hecho dueño de la opinión pública, es que lo que sería percibido como blasfemia a nivel personal es sin embargo admitido como argumento razonable a nivel nacional: nadie se atrevería a decir «los ricos pagamos demasiados impuestos para lo que nos da la sociedad», pero resulta aceptable decir «las regiones ricas pagamos demasiado para lo que nos da España». Nadie diría «estoy harto de mantener a los pobres, los parados y los desamparados con mis impuestos», pero puede decir muy alto que «los catalanes estamos hartos de mantener a los andaluces».
¿Tiene Cataluña un déficit fiscal excesivo, es decir, superior al que le correspondería según la curva de distribución ajustada al PIB? La respuesta es negativa: según los estudios más recientes (De la Fuente, Zubiri, Fundación BBVA, etc.), el saldo fiscal catalán se sitúa exactamente en el lugar que le corresponde en la recta de regresión, como el de Madrid, Baleares, Galicia o Extremadura, por poner algún otro ejemplo. Cataluña no puede quejarse de su déficit si no es adoptando un razonamiento estrictamente secesionista: «Es que no quiero pagar absolutamente nada para el resto de España, porque me considero un país distinto». Entonces sí, entonces no tiene sentido tener déficit, como el ciudadano rico que se va a Andorra con su fortuna. Pero sí se está dentro del sistema español, entonces el déficit de los ricos es obligado. Y, además, está compensado por el superávit comercial y de flujos monetarios que por otro lado recibe.
En el fondo, el único argumento que puede blandir Cataluña para quejarse de su déficit es el caso vasco-navarro. Porque puede levantar el dedo y señalar hacia aquí y decir: ahí existen dos regiones ricas, más ricas que yo, y que sin embargo no tienen déficit fiscal, sino que gozan de superávit: aunque son ricas, son financiadas por las regiones más pobres españolas. ¿Por qué no podría ser lo mismo para mí?
La respuesta, sin embargo, siempre que nos mantengamos en la filosofía del Estado social de derecho (y el Estado federativo español es ante todo un Estado social, no se olvide), es bastante obvia: lo obligado es corregir la excepción injel absurdo privilegio de que disfrutan las regiones forales y que les permite ser receptoras netas de flujos fiscales. No, como piden ahora los catalanes, crear más Andorras interiores.ustificada e injustificable, es decir, 
J. M. Ruiz Soroa, EL CORREO, 2/9/12