viernes, 22 de febrero de 2013

De víctimas, políticas y políticos JOSEBA ARREGI, EL CORREO 22/02/13


 El bien máximo de la política que es la posibilidad de convivir los diferentes en libertad


De víctimas, políticas y políticos

JOSEBA ARREGI, EL CORREO 22/02/13

Las políticas concernientes a la crisis económico-financiera que atravesamos son, sin duda, lo más importante que deben resolver las instituciones políticas. En la misma medida, la renovación de la moral pública, en el sentido más amplio del término, es una tarea urgente que deben acometer los responsables políticos, sin que los ciudadanos estemos exentos de hacer lo que nos corresponda. Pero la política vasca tiene otro elemento de relevancia y significado especial que no les queda a la zaga: la gestión de la derrota de ETA, la narrativa que cuente los años de terror de ETA, la memoria de las víctimas, la consolidación de las garantías de la convivencia en libertad.

Pero, además de la crisis, además de la corrupción, hay otro problema que afecta gravemente a la política vasca: el descrédito de las palabras, el abuso de los términos, el mal uso del lenguaje, la arbitrariedad con la que usamos el lenguaje que termina ocultando más que lo que deja traslucir de la realidad. Por eso siempre es necesario volver al esfuerzo de clarificar los términos.

1.- La verdad de las víctimas. Hace años que se comenzó a decir que no podía haber verdad de las víctimas, porque éstas, sus asociaciones, estaban divididas y las víctimas eran plurales. Esta afirmación constata un hecho. Pero oculta que la verdad de las víctimas no se halla en lo que piensan las asociaciones de víctimas. No se halla siquiera en lo que pensaban en vida las víctimas primarias, las asesinadas por ETA. La verdad de las víctimas se halla en la intención de los verdugos: las liquidaron, las instituyeron víctimas, asesinándolas, por ser obstáculos al proyecto político de ETA, porque su asesinato estaba al servicio de ese proyecto político. Esa es la verdad objetiva de las víctimas, a cuyo servicio deben estar las asociaciones de víctimas.

2.- No todas las víctimas son iguales. Si la verdad de las víctimas radica en la intención de los verdugos, las víctimas de ETA son un grito que cuestiona la legitimidad del proyecto político que exigió su sacrificio, en sentido literal. Ese proyecto político es la Euskal Herria independiente y socialista que exigía ese sacrificio humano. La verdad de las víctimas del Batallón Vasco-Español y de los GAL radica en la intención de estos de volver a una España centralista, no demócrata en cuanto negación de España como Estado de derecho, proyecto que queda cuestionado radicalmente en cada una de las víctimas de esos grupos terroristas. El Estado de derecho que es España ha condenado este terror en el espacio adecuado: la justicia, que es uno de sus pilares fundamentales. ETA y su entorno no han condenado ni un ápice de su historia de terror.

3.- Todo el mundo tiene derecho a dejar atrás épocas de su historia. No hay nada que objetar a esta afirmación. La pregunta que se debe formular es otra: hacia dónde se dirige el que se aleja de un lugar poco conveniente –HB–. Alguien se puede alejar del mundo de HB, pero no para caminar hacia la democracia, el Estado de derecho y la cultura constitucional, sino para colocarse en un limbo estético que pretende llenar los vacíos metafísicos de Euskadi. En este país en el que la metáfora de la bajada del monte ha tenido tanta importancia –HB/Batasuna tenía que bajar del monte a ETA, el PNV tenía que bajar del monte a Batasuna, el PSE tenía que bajar del monte al PNV, con el riesgo de que todos se quedaran en el monte, o a medio camino perdidos en las brumas de la campa de Urbía– es preciso recordar que alejarse del monte significa bajar al valle, y el valle está claramente definido: democracia como Estado de derecho, aconfesionalidad como renuncia a constituir políticamente una sociedad sobre una identidad determinada, sobre un determinado sentimiento de pertenencia, cultura constitucional en el sentido de sociedades abiertas, hacia el exterior superando la soberanía, y hacia las diferencias del interior de la sociedad, aceptando la heterogeneidad social como condición de democracia.

4.- La convivencia democrática se fundamenta en el derecho, en constituciones que garantizan libertades y derechos fundamentales, y leyes que establecen las condiciones en las que se practican esos derechos y libertades fundamentales. Mucho se habla del derecho a la reinserción de los presos de ETA. Es innegable. La pregunta es: ¿dónde se tienen que re-insertar los presos? ¿Qué es lo que han roto con sus crímenes, con sus asesinatos los presos de ETA? El bien máximo de la política que es la posibilidad de convivir los diferentes en libertad. Eso es el Estado de derecho. Eso es lo que han roto los presos de ETA con sus crímenes. En eso es en lo que se deben reinsertar: en el espacio público que garantiza los derechos y las libertades fundamentales de las personas que, como diferentes y en su diferencia, forman la sociedad.

6.- El problema de la convivencia democrática es una cuestión política. Y porque es una cuestión política debe ser acometida con instrumentos políticos, en el plano de la política, y no en ningún otro ámbito. La convivencia democrática es una cuestión de cómo se constituyen las sociedades políticamente –nunca desde el principio de mayorías absolutas, basta ver el (mal) ejemplo de la llamada ‘primavera árabe’–, de garantizar en derecho las libertades fundamentales –el derecho a una identidad distinta a la de la mayoría, el derecho a la libertad de conciencia y de sentimiento de pertenencia, el derecho a la libertad de expresión, es una cuestión de leyes, y en ese sentido de virtudes cívicas–. Sólo a partir de reconocer este ámbito estrictamente político se pueden introducir términos como el perdón o la reconciliación, términos religiosos. Pero ir directamente a éstos esconde la voluntad de huir del ámbito de lo estrictamente político, de la democracia, del derecho y de la cultura constitucional, y no enfrentarse con el problema.

JOSEBA ARREGI, EL CORREO 22/02/13


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