¿Y si cambiamos los nombres?

He recibido por correo un escrito de Ignacio Escolar en el que denuncia lo que considera un intento del Partido Popular de impedir la celebración del Festival de las Ideas y la Cultura organizado por elDiario.es en Rivas-Vaciamadrid.

No sé si el texto ha sido publicado íntegramente en el propio periódico o si se trata de una comunicación dirigida a socios. En cualquier caso, quien tenga interés en conocer la posición de Ignacio Escolar debería buscar también su versión de los hechos y no conformarse con resúmenes de terceros.

El escrito transmite una preocupación que merece ser tomada en serio. La suspensión cautelar de un evento cultural pocos días antes de su celebración tiene consecuencias económicas, organizativas y simbólicas muy importantes. Además, cuando afecta a un medio de comunicación, resulta inevitable que aparezcan preguntas sobre la libertad de expresión, la pluralidad y la relación entre poder político y medios de comunicación.

Sin embargo, tras leer el texto, me llamó la atención algo que viene apareciendo con frecuencia en el debate público español: la dificultad para separar los hechos, las alegaciones y las conclusiones.

Lo que sabemos es relativamente sencillo.

Existe un recurso presentado por el Partido Popular.

Existe una suspensión cautelar acordada por un órgano administrativo.

Existe una interpretación de elDiario.es según la cual el recurso carece de fundamento y persigue impedir la celebración del festival.

Y existen también los argumentos de quienes presentaron el recurso, que sostienen que puede haber irregularidades en la contratación, en la clasificación del expediente y en el procedimiento utilizado.

Lo que todavía no existe es una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

Sin embargo, buena parte del debate público ya parece haber llegado a conclusiones definitivas.

Y es aquí donde me surge una reflexión que considero más interesante que el propio caso concreto.

Imaginemos por un momento que cambiamos los nombres.

Imaginemos que el Ayuntamiento estuviera gobernado por el Partido Popular.

Imaginemos que el festival estuviera organizado por un medio ideológicamente próximo a la derecha.

Imaginemos que fuera el PSOE quien presentara un recurso administrativo pocos días antes del evento.

¿Mantendríamos exactamente los mismos argumentos?

¿Hablarían los mismos de censura?

¿Hablarían los mismos de defensa de la legalidad?

¿O cambiarían las respuestas según quién sea el organizador y quién sea el recurrente?

Esta pregunta no resuelve el expediente administrativo. Tampoco determina quién tiene razón jurídicamente.

Pero sí permite comprobar algo importante: si estamos defendiendo principios o simplemente defendiendo a los nuestros.

Porque la prueba de un principio no es cómo se aplica cuando perjudica a nuestros adversarios. La prueba de un principio aparece cuando perjudica a nuestros aliados.

La legalidad debe ser exigible independientemente del color político de quien gobierne.

La libertad de expresión debe preocuparnos independientemente de la línea editorial del medio afectado.

Y las sospechas de utilización partidista de las instituciones deberían despertar la misma inquietud tanto si proceden de la izquierda como si proceden de la derecha.

Quizá por eso la pregunta más útil no sea quién gana esta batalla política concreta.

Quizá la pregunta más útil sea otra:

¿Seguiríamos pensando exactamente lo mismo si cambiáramos los nombres de los protagonistas?

Porque los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.