lunes, 22 de junio de 2026

¿La culpa es del árbitro?

¿La culpa es del árbitro?

He leído con interés el artículo de Pedro Vallín «La culpa es del árbitro». Comparto una parte importante de su planteamiento: los jueces, como cualquier institución con poder, deben estar sometidos al escrutinio público. La democracia no necesita autoridades infalibles, sino instituciones fiscalizables.

Sin embargo, discrepo de una cuestión que me parece fundamental.

No creo que el principal problema de nuestras democracias sea que los árbitros no sean suficientemente vigilados. Creo que el problema más frecuente es otro: la tendencia de muchos actores políticos y mediáticos a deslegitimar al árbitro cuando sus decisiones afectan a los suyos.

Cuando una investigación, una imputación o una condena alcanza al adversario político, solemos escuchar que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe actuar con independencia.

Pero cuando el afectado pertenece a nuestro bloque ideológico, aparecen de repente las sospechas sobre conspiraciones, lawfare, jueces politizados, persecuciones o campañas mediáticas.

No digo que esas situaciones no puedan existir. Lo que digo es que demasiadas veces la sospecha aparece después de conocer quién es el investigado.

La cuestión democrática decisiva no es si el árbitro puede equivocarse. Por supuesto que puede. La cuestión es si aplicamos el mismo criterio de análisis cuando la decisión nos favorece y cuando nos perjudica.

Por eso, antes de acusar al árbitro, conviene hacerse algunas preguntas sencillas:

  • ¿Qué dice exactamente la ley?
  • ¿Qué hechos están acreditados?
  • ¿Qué pruebas existen?
  • ¿Qué precedentes hay?
  • ¿Se está aplicando el mismo criterio a todos?

Sin responder a esas preguntas, la crítica al árbitro corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada de desacreditar cualquier decisión desfavorable.

Hay además otra cuestión que me preocupa especialmente. En ocasiones parece que la presunción de inocencia y las garantías procesales se exigen con rigor a los tribunales, mientras se aceptan sin demasiados reparos condenas mediáticas construidas a partir de filtraciones, titulares o informaciones parciales.

Paradójicamente, la justicia garantista suele ser mucho más prudente que el juicio público.

La reciprocidad sigue siendo para mí la piedra de toque. Los principios no se ponen a prueba cuando benefician a los nuestros, sino cuando les perjudican.

Y por eso la pregunta relevante quizá no sea únicamente quién vigila a los vigilantes, sino también esta otra:

Si defendemos la independencia judicial cuando investiga a nuestros adversarios, ¿somos capaces de defenderla con la misma convicción cuando investiga a nuestros aliados?





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