Cuando los árbitros de la democracia, los contrapoderes, dejan de parecer independientes.

 

Cuando los árbitros, los contrapoderes, dejan de parecer independientes

En los últimos días he querido contrastar algunos datos sobre la llamada "colonización" de las instituciones del Estado. Mi intención inicial era sencilla: comprobar si determinadas afirmaciones que circulan en el debate político estaban respaldadas por hechos o eran simplemente consignas de partido.

La conclusión a la que he llegado es doble.

La primera es que la politización de las instituciones no nació con Pedro Sánchez. Quien conozca mínimamente la historia política española sabe que el reparto de cargos entre los grandes partidos viene de lejos. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, RTVE o Banco de España han sido objeto de negociaciones políticas durante décadas.

La segunda conclusión, sin embargo, es que existen hechos objetivos que permiten afirmar que en algunos casos la distancia entre el poder político y determinadas instituciones se ha reducido notablemente. El paso directo de ministros o altos cargos gubernamentales a organismos llamados precisamente a supervisar, controlar o limitar la acción del poder ejecutivo ha alimentado una percepción de dependencia que afecta a la confianza ciudadana.

Pero quizá la cuestión más importante no sea esta.

Tal vez la pregunta verdaderamente relevante sea por qué seguimos discutiendo sobre las personas y tan poco sobre las reglas.

La tendencia del poder a extenderse no es una anomalía. Es una constante histórica. En las dictaduras se manifiesta de forma abierta y descarnada. En las democracias adopta formas más sutiles, pero responde al mismo impulso: quien gobierna tiende a acumular capacidad de decisión, influencia y control.

Por eso las democracias liberales nunca se basaron en la confianza ciega en la virtud de los gobernantes. Su gran aportación histórica fue precisamente la contraria: asumir que los gobernantes son seres humanos y diseñar instituciones capaces de limitar sus excesos.

La pregunta no debería ser si confiamos en este o aquel dirigente. La pregunta debería ser qué mecanismos existen para controlar a cualquier dirigente, incluso a aquellos con los que simpatizamos.

Quizá durante demasiado tiempo aceptamos una versión imperfecta del problema. Las instituciones no eran independientes, sino repartidas. No teníamos árbitros completamente neutrales; teníamos árbitros elegidos mediante pactos entre los grandes partidos. Aquello generaba estabilidad, pero no necesariamente independencia.

Hoy asistimos a una fase distinta. Los consensos se debilitan y las instituciones son percibidas cada vez más como extensiones de la lucha partidista. Cuando eso ocurre, la confianza pública se erosiona.

Y sin confianza en los árbitros, las reglas del juego empiezan a perder legitimidad.

Por eso la cuestión fundamental ya no es quién ocupa cada cargo, sino cómo evitar que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda influir en quienes deben controlarlo.

Algunas posibles reformas merecerían al menos ser debatidas:

• Periodos de incompatibilidad más largos entre cargos políticos y puestos institucionales de control.
• Mayor participación de asociaciones profesionales y cuerpos técnicos en la selección de candidatos.
• Mandatos no renovables para evitar dependencias futuras.
• Comparecencias públicas más exigentes y transparentes.
• Mayorías parlamentarias reforzadas que obliguen a buscar consensos amplios.
• Publicidad completa de los méritos profesionales de los candidatos.
• Evaluaciones periódicas e independientes del funcionamiento de las instituciones.

Ninguna reforma eliminará completamente la influencia política. Eso sería una ilusión.

Pero la función de una buena arquitectura institucional no es crear seres humanos perfectos. Es impedir que las imperfecciones humanas puedan concentrar demasiado poder.

Porque la democracia no consiste en confiar en los gobernantes.

Consiste en diseñar mecanismos para que nadie tenga que hacerlo.

Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de la historia política moderna: los contrapoderes no se crean para controlar a nuestros adversarios, sino para controlar a aquellos que dicen gobernar en nuestro nombre.