miércoles, 27 de mayo de 2026

La derrota policial y la victoria narrativa: la herida moral del final de ETA

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La derrota policial y la victoria narrativa: la herida moral del final de ETA

El artículo de El Mundo de Rogelio Alonso no es simplemente una crítica política a José Luis Rodríguez Zapatero. Es, sobre todo, una reflexión sobre cómo una democracia debe enfrentarse al terrorismo sin degradar sus propios principios ni alterar el significado moral de lo ocurrido.

Uno de los aspectos más sólidos del texto es que distingue entre el final operativo de ETA y su derrota política y moral. Esa diferencia es fundamental y muchas veces se simplifica en el debate público. El artículo sostiene que ETA dejó de matar, sí, pero no asumió públicamente la injusticia moral de su proyecto ni sufrió una derrota simbólica comparable a la que otros movimientos violentos han padecido históricamente. Y ahí sitúa Alonso el núcleo de su crítica.

El texto resulta especialmente didáctico cuando explica algo que suele olvidarse: en terrorismo no solo importa quién deja las armas, sino también quién controla el relato final. Porque el terrorismo no busca únicamente victorias militares —imposibles frente al Estado—, sino influencia política, legitimidad social y capacidad de condicionar la vida pública. Esa idea aparece apoyada tanto en estudios académicos como en testimonios y documentos internos de ETA citados por el autor.

La tesis de Alonso puede resumirse así: una democracia puede derrotar policialmente a una organización terrorista y, sin embargo, concederle simultáneamente una victoria narrativa o política parcial si la convierte en interlocutor imprescindible de su propio final.

Ahí el artículo conecta con un problema mucho más amplio que ETA: la relación entre ética y poder. Alonso denuncia que determinados gobiernos pueden presentar como “éxito histórico” decisiones que en realidad respondían también a cálculos partidistas o necesidades políticas inmediatas. Y lo hace introduciendo un concepto muy potente: la “normalización de la desviación”, tomado de la socióloga Diane Vaughan. Es decir, cómo prácticas inicialmente excepcionales terminan aceptándose como normales cuando se justifican en nombre de un supuesto bien superior.

Otro aspecto especialmente relevante es la insistencia en la dimensión moral de las víctimas. El artículo recuerda que no basta con homenajearlas simbólicamente si al mismo tiempo se evita deslegitimar con claridad las ideas o discursos que justificaron su asesinato. Ahí aparece la referencia a Fernando Savater y a socialistas vascos que advirtieron del riesgo de convertir la memoria en un ritual vacío mientras se normaliza políticamente el entorno legitimador del terror.

Se puede discrepar de algunas conclusiones del autor o del grado de responsabilidad que atribuye exclusivamente a Zapatero. Pero resulta difícil negar que plantea preguntas incómodas y necesarias sobre el precio político de determinados procesos de negociación, sobre el uso partidista de la memoria y sobre la diferencia entre pacificación y justicia moral.

Y quizá la pregunta de fondo sea esta:

¿Puede una democracia considerar plenamente derrotado al terrorismo si quienes justificaron o legitimaron la violencia terminan convertidos en actores políticos normalizados sin una verdadera autocrítica moral?

martes, 26 de mayo de 2026

Fe vs fanatismo: una reflexión crítica

 Fe vs fanatismo: una reflexión crítica

Anonadado quizá sí describe bien la sensación. No tanto por comparar símbolos religiosos distintos —que puede hacerse desde la sociología de masas o desde la antropología— sino por la facilidad con la que hoy se deslizan analogías enormemente cargadas de implicaciones históricas y culturales sin apenas matices.

Desde mi perspectiva, el problema no es estudiar críticamente los fenómenos colectivos, las emociones compartidas o incluso las dinámicas de fe política y religiosa. Eso es legítimo e incluso necesario. El problema aparece cuando la analogía simplifica realidades históricas profundamente distintas y termina sugiriendo equivalencias implícitas que oscurecen más de lo que aclaran.

Comparar una romería popular o una peregrinación religiosa con algunos de los grandes fanatismos políticos del siglo XX puede tener un cierto efecto provocador o intelectual, pero también corre el riesgo de trivializar fenómenos históricos extremadamente complejos y dramáticos.

Precisamente una parte importante del pensamiento crítico consiste en mantener la proporcionalidad histórica y distinguir entre:

  • emoción colectiva,
  • identidad compartida,
  • simbolismo cultural,
  • adhesión ideológica,
  • y dinámicas de persecución política o social.

No todo fenómeno masivo es automáticamente fanatismo. Y no todo fanatismo es equivalente.

A veces tengo la impresión de que ciertos sectores intelectuales contemporáneos, en su afán de desmontar relatos o identidades colectivas, terminan cayendo en una especie de hipercomparación permanente donde todo acaba pareciéndose a todo. Y cuando todo se equipara, la historia pierde profundidad moral y analítica.

Quizá la pregunta importante no sea si existen mecanismos emocionales comunes entre religión, política o identidad colectiva —porque probablemente existen—, sino:
¿somos capaces de analizarlos sin destruir las diferencias esenciales entre una tradición cultural popular y fenómenos históricos ligados a la intolerancia, la represión o la negación del pluralismo?

lunes, 25 de mayo de 2026

Caminar juntos en tiempos de fractura

 


Caminar juntos en tiempos de fractura

Reflexión a propósito de Metamorfosis, de Yayo Herrero

Vivimos una época extraña.
Una época en la que muchas personas perciben que algo esencial se está rompiendo:
la relación con la naturaleza, la convivencia política, la estabilidad emocional colectiva e incluso la propia idea de futuro.

En ese contexto he leído con interés Metamorfosis, de Yayo Herrero.
Un libro que, más allá de que se compartan o no todas sus conclusiones, tiene el mérito de plantear preguntas profundas sobre el modelo de sociedad que hemos construido.

Y quizás una de las cuestiones más importantes sea precisamente esa:
que los grandes problemas contemporáneos no son únicamente económicos o tecnológicos, sino también antropológicos.

Coincidencias necesarias

Hay aspectos del diagnóstico de Yayo Herrero que resultan difíciles de ignorar.

La dependencia absoluta de la naturaleza.
La fragilidad humana.
La ilusión de crecimiento ilimitado en un planeta limitado.
La erosión de los vínculos comunitarios.
La reducción del ciudadano a consumidor.
La aceleración permanente como forma de vida.

También comparto una idea central:
una sociedad no puede sostenerse indefinidamente si olvida los cuidados, la reciprocidad y la interdependencia humana.

Durante demasiado tiempo se ha identificado progreso con acumulación material, como si el bienestar pudiera separarse de la cohesión social, de los afectos o incluso del equilibrio psicológico colectivo.

Y probablemente no pueda.

Pero también hay discrepancias

Sin embargo, creo que algunos análisis ecosociales tienden a infravalorar ciertos elementos fundamentales:
la naturaleza humana, la pluralidad de intereses legítimos y la importancia de las instituciones democráticas y de la seguridad jurídica.

Los seres humanos no somos únicamente cooperación:
también somos conflicto, deseo de poder, tribalismo, miedo y competición.

Y cualquier proyecto político que ignore esa dimensión corre el riesgo de derivar hacia nuevas formas de dogmatismo moral o de ingeniería social.

La historia demuestra que las buenas intenciones no bastan.

Por eso resulta imprescindible mantener:

  • pluralismo político,
  • libertades individuales,
  • crítica interna,
  • límites al poder,
  • y mecanismos institucionales que permitan gestionar pacíficamente tensiones inevitables.

No existe sociedad perfecta.
Solo sociedades capaces —o incapaces— de administrar civilizadamente sus contradicciones.

El desafío real: caminar juntos

Y, sin embargo, pese a las discrepancias, quizá lo más importante sea otra cosa.

El deterioro ecológico, la polarización política, la deshumanización digital, la soledad contemporánea o la crisis de sentido son problemas demasiado grandes para abordarlos desde trincheras ideológicas cerradas.

Necesitamos menos sectas políticas y más espacios de deliberación compartida.

Menos pureza identitaria y más capacidad para cooperar entre personas distintas.

Porque tal vez el verdadero reto del siglo XXI no sea imponer una ideología total,
sino aprender a convivir en medio de desacuerdos profundos sin destruir al adversario.

Ahí es donde puede existir un terreno común entre sensibilidades muy distintas:
ecosocialistas, liberales humanistas, socialdemócratas críticos, conservadores racionales o izquierdas antiautoritarias.

No pensar igual.
No compartir todos los diagnósticos.
Pero sí reconocer que la sociedad actual necesita reconstruir límites, vínculos, reciprocidad y sentido común democrático.

Una pregunta incómoda

Quizá la cuestión decisiva no sea:
“¿Quién tiene toda la razón?”

Sino algo más difícil:

¿Seremos capaces de caminar juntos lo suficiente como para evitar que nuestras propias fracturas destruyan aquello que todavía merece ser salvado?









La verdad y los hechos: por qué importa distinguirlos

 


La verdad y los hechos: por qué importa distinguirlos

Todos decimos defender “la verdad”, pero nadie se presenta como partidario de la mentira. Por eso la palabra se ha convertido en una abstracción cómoda: cada cual cree estar en el lado correcto.
Lo decisivo no es la verdad en abstracto, sino los hechos que pueden comprobarse. 

Los hechos factuales son incómodos muchas veces, pero precisamente por eso son valiosos:


Nos obligan a corregir prejuicios.

Nos permiten revisar nuestras convicciones.

Nos dan un punto de referencia común, incluso cuando interpretamos esos hechos de formas distintas.

La opinión empieza después de los hechos, no antes.

Confundir opinión con realidad es lo que alimenta la polarización y las burbujas ideológicas.

Ejemplos prácticos:

Si dos personas discuten sobre el estado de la sanidad, la opinión puede variar, pero las listas de espera son un hecho.

Puedes simpatizar más o menos con un líder político, pero sus decisiones, presupuestos aprobados, o acuerdos firmados son verificables.

En un conflicto internacional, las narrativas chocan, pero los muertos, los desplazados y las resoluciones incumplidas son datos reales, no interpretaciones.

En resumen

Los hechos que no nos gustan son precisamente los que más necesitamos, porque son los que rompen la comodidad de nuestros sesgos. La libertad interior —y la política democrática— empieza por reconocer aquello que preferiríamos ignorar.









domingo, 24 de mayo de 2026

Impuesto mínimo a los ultra ricos


 Crecemos, pero la riqueza se concentra en la parte alta de la pirámide social. Una una conclusión democrática incómoda.

El economista francés Gabriel Zucman lleva años estudiando cómo las grandes fortunas utilizan mecanismos legales y estructuras financieras para pagar proporcionalmente menos impuestos que gran parte de las clases medias y trabajadoras. A partir de esos estudios, ha planteado una propuesta que empieza a abrirse paso en el debate internacional: un impuesto mínimo sobre los ultrarricos.

Según los datos citados por Zucman y otros organismos internacionales, la mitad más pobre de la población posee apenas el 6,7% de la riqueza del país, mientras que el 10% más rico controla más del 57%. Y dentro de ese grupo, el 1% más rico acumula casi una cuarta parte de toda la riqueza.
El problema no es solo moral. Es político.
Cuando una sociedad crece, pero la mayoría siente que vive con dificultades, que la vivienda se aleja, que los servicios públicos se saturan y que unos pocos acumulan cada vez más poder económico, la confianza democrática se deteriora.

La cuestión central no es demonizar la riqueza ni castigar el éxito. La cuestión es otra: si quienes más se benefician de una sociedad deben contribuir también de forma proporcional a sostenerla.

La propuesta de Zucman es relativamente sencilla: un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros. No sería un impuesto general contra las empresas ni contra la clase media, sino una medida muy focalizada sobre las fortunas extremas que hoy, mediante estructuras legales, pueden pagar menos de lo que proporcionalmente paga un trabajador corriente.
La objeción habitual es que los ricos se irían. Pero los estudios citados por el economista sostienen que ese riesgo es limitado y proponen, además, un “escudo contra el exilio fiscal”: que quien se ha enriquecido durante años beneficiándose de las infraestructuras, la educación, la sanidad y la estabilidad de un país no pueda marcharse inmediatamente para dejar de contribuir.

La idea de fondo es potente: la riqueza extrema nunca es solo fruto del mérito individual. También depende de trabajadores, instituciones, carreteras, universidades, hospitales, seguridad jurídica, estabilidad política y mercados sostenidos por la sociedad.

Por eso el debate fiscal no es solo económico. Es un debate sobre la democracia.

Si unas pocas fortunas acumulan riqueza inmensa, influencia sobre medios de comunicación, capacidad de presión política y poder para condicionar gobiernos, el riesgo ya no es únicamente la desigualdad. El riesgo es la deriva oligárquica: que la democracia formal siga existiendo, pero el poder real se concentre cada vez más en menos manos.

Un impuesto mínimo a los ultrarricos no resolvería todos los problemas. No acabaría por sí solo con la desigualdad, ni con la precariedad, ni con la crisis de vivienda. Pero sí enviaría un mensaje democrático claro:
nadie debe vivir al margen de la sociedad de la que se beneficia.

Y ahí queda la pregunta incómoda:

¿Puede una democracia seguir llamándose plenamente democrática si permite que quienes más poder económico acumulan sean también quienes más fácilmente escapan a la responsabilidad común?

martes, 12 de mayo de 2026

¿Gobernar o gestionar el relato?

 

¿Gobernar o gestionar el relato?

No es lo mismo la propaganda desde fuera del poder que desde dentro del poder

La cuestión importante no es solo cuánto se gasta

Comparar para entender, no para hacer agitprop

La pregunta importante

lunes, 11 de mayo de 2026

 


Vivienda y seguridad jurídica: un pilar imprescindible en una sociedad civilizada

¿Puede existir una política de vivienda eficaz sin estabilidad normativa y confianza institucional?

El artículo de José María Martín Seco en The Objective vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas españoles: el acceso a la vivienda. Y lo hace desde una crítica clara hacia ciertas políticas que, más que aumentar la oferta o solucionar estructuralmente el problema, parecen orientadas a buscar culpables visibles sobre los que descargar la presión social.

El debate sobre la vivienda suele estar cargado de emocionalidad. Y es comprensible. Para muchos jóvenes emanciparse resulta dificilísimo; los alquileres han subido enormemente en determinadas ciudades; y la sensación de inseguridad económica es real.

Pero precisamente por eso conviene pensar el problema con racionalidad y no solo con consignas.

Un problema estructural no se resuelve buscando un enemigo

Martín Seco critica la tendencia política a presentar al pequeño propietario casi como responsable directo de la crisis de vivienda.

Y aquí aparece una cuestión importante:
en un Estado social y de derecho no parece razonable ni justo cargar sobre un solo ciudadano la responsabilidad de resolver un problema colectivo.

Porque muchos pequeños propietarios no son grandes fondos especulativos ni corporaciones financieras.

Con frecuencia son:

  • personas mayores que ahorraron durante décadas,
  • familias que heredaron una vivienda,
  • trabajadores que invirtieron sus ahorros como complemento para la jubilación,
  • o ciudadanos que simplemente intentan protegerse frente a la incertidumbre económica.

Convertir automáticamente al propietario en sospechoso moral puede ser políticamente rentable, pero difícilmente soluciona el problema real.

La vivienda necesita más oferta, seguridad y estabilidad

Existe una contradicción evidente:
se exige aumentar la oferta de alquiler, pero al mismo tiempo se multiplican medidas que generan inseguridad jurídica o incertidumbre económica para quienes podrían poner viviendas en el mercado.

Cuando un propietario percibe:

  • dificultades para recuperar su vivienda,
  • cambios regulatorios constantes,
  • limitaciones percibidas como arbitrarias,
  • riesgo de impagos prolongados,
  • o una creciente estigmatización social,

muchos optan por:

  • no alquilar,
  • vender,
  • pasar al alquiler turístico,
  • o seleccionar de forma extrema a los inquilinos.

Y eso termina reduciendo aún más la oferta.

Paradójicamente, algunas políticas pensadas para proteger al inquilino pueden acabar empeorando el acceso a la vivienda para los propios inquilinos.

El Estado social no puede delegar sus obligaciones en particulares

Aquí aparece quizá la cuestión más importante.

Una sociedad democrática puede decidir proteger a personas vulnerables. Y debe hacerlo.

Pero esa protección debería financiarse y organizarse desde las instituciones públicas mediante:

  • vivienda social,
  • incentivos,
  • planificación urbana,
  • colaboración público-privada,
  • seguridad jurídica,
  • y políticas sostenibles a largo plazo.

Lo que resulta discutible es trasladar ese coste directamente a ciudadanos concretos simplemente porque poseen una vivienda.

Porque entonces el Estado deja de asumir plenamente su responsabilidad y desplaza parte de sus obligaciones sobre individuos particulares.

Y eso genera una sensación creciente de arbitrariedad.

El riesgo de las soluciones simplistas

Los problemas complejos rara vez admiten soluciones simples.

La vivienda depende de múltiples factores:

  • salarios,
  • urbanismo,
  • fiscalidad,
  • construcción,
  • presión demográfica y migratoria,
  • densidad urbana,
  • turismo,
  • tipos de interés,
  • burocracia,
  • suelo disponible,
  • inversión pública,
  • y estabilidad normativa.

Reducir todo el problema a “propietarios contra inquilinos” puede funcionar como relato político, pero difícilmente sirve como política eficaz.

Y cuando las sociedades empiezan a gestionar problemas estructurales mediante la búsqueda constante de culpables visibles, suelen deteriorarse tanto la convivencia como la confianza institucional.

Pregunta final

Si el problema de la vivienda es colectivo,
¿puede una democracia resolverlo trasladando de forma creciente sus costes y responsabilidades a ciudadanos particulares?

El Estado de Derecho no es “lawfare”


 

El Estado de Derecho no es “lawfare”

El reciente artículo de Teresa Freixes en The Objective plantea una cuestión de fondo que trasciende la política española inmediata: qué ocurre cuando desde el poder político se desacredita sistemáticamente a jueces y fiscales cada vez que sus decisiones resultan incómodas.

Freixes recuerda algo elemental pero decisivo: en una democracia constitucional moderna ningún poder puede quedar sin control. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial actúa como límite jurídico frente a posibles abusos. Esa tensión no es un defecto del sistema: es precisamente una de las garantías esenciales de la libertad política.

La autora insiste en que los ataques al poder judicial no son una anomalía exclusivamente española. El problema aparece en muchas democracias contemporáneas, especialmente allí donde ciertos populismos presentan cualquier control institucional como una “agresión” contra la voluntad popular. Según recoge el propio artículo, incluso el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió recientemente sobre el peligro de erosionar la legitimidad de los jueces mediante campañas políticas de desconfianza.

Pero quizá el aspecto más interesante del debate aparece cuando entra en juego una palabra convertida casi en arma propagandística: lawfare.

Cuando el control judicial se convierte en “persecución”

Originalmente, el término lawfare se utilizaba para describir el uso instrumental o abusivo del aparato judicial con fines políticos. Como concepto teórico puede tener sentido en determinados contextos históricos o autoritarios.

El problema surge cuando la palabra deja de describir hechos concretos y pasa a utilizarse como un comodín retórico: toda investigación judicial contra determinados dirigentes se redefine automáticamente como “persecución política”.

Ahí el concepto deja de ser analítico y se convierte en un mecanismo de inmunización ideológica.

Porque en una democracia liberal —o, si se prefiere, en una democracia de libertades políticas— los jueces no están para agradar a los gobiernos ni a las oposiciones. Están para aplicar leyes, interpretar normas y controlar jurídicamente al poder.

Y ese control necesariamente generará conflictos.

La paradoja del “lawfare”

Existe además una paradoja difícil de ignorar.

Buena parte de quienes utilizan constantemente la palabra lawfare suelen mostrar simpatía, comprensión o indulgencia hacia regímenes donde la independencia judicial es extremadamente débil o directamente inexistente.

Resulta llamativo observar cómo algunos sectores denuncian “persecución judicial” en democracias con garantías procesales, tribunales independientes, recursos, prensa libre y supervisión europea, mientras relativizan o silencian situaciones mucho más graves en países donde:

  • los jueces dependen políticamente del Ejecutivo,
  • los opositores son inhabilitados o encarcelados,
  • los medios críticos son perseguidos,
  • o la seguridad jurídica apenas existe.

Es difícil no percibir ahí una fuerte incoherencia.

Porque si realmente preocupa la instrumentalización política de la justicia, el primer lugar donde debería ponerse el foco es precisamente en aquellos sistemas donde el poder no admite controles independientes.

Democracia no significa poder sin límites

Uno de los errores más peligrosos de nuestro tiempo consiste en identificar democracia únicamente con mayoría parlamentaria o respaldo electoral.

Pero la democracia constitucional moderna nació precisamente para limitar el poder, incluso cuando ese poder posee mayoría.

Por eso existen:

  • tribunales constitucionales,
  • separación de poderes,
  • garantías procesales,
  • derechos fundamentales,
  • fiscalización judicial,
  • prensa libre,
  • y controles institucionales.

Cuando cualquier límite al poder se presenta como una conspiración antidemocrática, el problema ya no es jurídico: es cultural y político.

Y ahí aparece una deriva preocupante: sustituir el debate racional por el relato emocional permanente.

El deterioro institucional empieza desacreditando al árbitro

En casi todos los procesos de degradación democrática aparece un patrón parecido:
primero se desacredita al árbitro,
después se deslegitima la norma,
y finalmente se presenta cualquier límite institucional como un obstáculo ilegítimo frente a “la voluntad del pueblo”.

La historia demuestra que esa lógica rara vez termina fortaleciendo la democracia.

Más bien suele conducir a sistemas donde el poder político acaba colonizando progresivamente todas las instituciones que deberían controlarlo.

Y cuando eso ocurre, ya no existe verdadera seguridad jurídica.
Solo queda la arbitrariedad revestida de legitimidad partidista.

Pregunta final

Si cada vez que un tribunal contradice al poder hablamos de lawfare,
¿qué nombre deberíamos dar entonces a los sistemas donde los jueces ya no pueden contrariar al poder?


miércoles, 6 de mayo de 2026

Creyentes y sin Dios. La concordia racional

 


Creyentes y sin Dios

La concordia racional: convivencia, reciprocidad y límites de la imposición

En las sociedades contemporáneas existe una paradoja cada vez más visible: nunca habían coexistido tantas identidades, creencias y visiones del mundo en un mismo espacio político, y sin embargo pocas veces había resultado tan difícil convivir sin convertir la discrepancia en enfrentamiento permanente. La polarización creciente ha endurecido los discursos públicos hasta el punto de que muchas personas parecen sentirse obligadas a elegir entre adhesiones completas o rechazos absolutos. En ese clima, la complejidad humana queda reducida a etiquetas simples: creyente o ateo, progresista o conservador, patriota o traidor, aliado o enemigo.

Frente a esa dinámica, resulta necesario recuperar una idea hoy infravalorada pero esencial para cualquier sociedad plural: la concordia. No entendida como uniformidad ideológica ni como ausencia artificial de conflicto, sino como la capacidad de convivir entre diferencias sin destruir el espacio común. Las páginas que siguen proponen un modelo de convivencia que es, a la vez, firme en sus principios humanistas y flexible en su ejecución táctica.

I. Lo sagrado como construcción humana real

Uno de los errores más frecuentes en determinados debates contemporáneos consiste en abordar la cuestión religiosa exclusivamente desde la metafísica: preguntarse si Dios existe o no existe como entidad objetiva. Esa pregunta, legítima en el plano filosófico, resulta estéril cuando lo que está en juego es la convivencia política y social.

Incluso desde una posición no creyente, existe una evidencia difícil de negar: Dios existe en las personas que creen. Existe como construcción intelectual, emocional y colectiva capaz de movilizar sentimientos, sacrificios, esperanzas y también tragedias históricas. La prueba de esa existencia no se encuentra en laboratorios ni en demostraciones científicas, sino en la propia historia humana: los seres humanos han dado su vida, transformado sociedades, construido civilizaciones —y también destruido otras— movidos por creencias religiosas, identidades colectivas o ideas trascendentes.

Quien observa la realidad con rigor no niega la creencia, sino que la respeta como el sustrato emocional de sus semejantes, reconociendo que la identidad es, para muchos, la raíz de su propia existencia. Negar la potencia real de esas construcciones humanas sería ignorar uno de los motores fundamentales de la historia. Pero reconocer esa fuerza no implica someterse a ella ni convertirla en verdad universal obligatoria para todos.

Precisamente ahí aparece uno de los principios esenciales de la convivencia democrática: el respeto a las construcciones identitarias del otro sin aceptar su imposición sobre el conjunto de la comunidad política. En el análisis de la arquitectura social, la figura de lo sagrado no requiere de validación metafísica para ser reconocida como fuerza operativa. Es, sin más, una energía capaz de movilizar a las sociedades hacia el sacrificio heroico o hacia la destrucción absoluta.

II. El alma de quien vive sin Dios

Existe una forma de espiritualidad que no necesita apoyarse en dogmas sobrenaturales para reconocer la profundidad emocional y ética de la experiencia humana. Los sentimientos de compasión, empatía, sentido de justicia, necesidad de concordia o dolor ante el sufrimiento ajeno constituyen también una forma de alma. Puede vivirse sin Dios y, al mismo tiempo, respetar profundamente el sentimiento religioso del otro, comprendiendo que para millones de personas ese sentimiento forma parte esencial de su identidad y de su manera de habitar el mundo.

El modelo de convivencia que aquí se propone nace de sentimientos profundamente humanistas y de valores herederos de la Ilustración, pero se aleja de la ingenuidad utópica mediante el uso de una racionalidad extrema aplicada como herramienta —no como fin—. El individuo no se define por etiquetas estáticas como el ateísmo o el teísmo, sino por su capacidad de procesar la realidad de forma autónoma y de comprometerse con la suerte de su comunidad.

Esta posición se distancia tanto del dogmatismo religioso como del ateísmo militante que reduce toda experiencia espiritual a simple superstición despreciable. La convivencia no exige compartir las mismas creencias. Exige aceptar que la dignidad humana está por encima de cualquier identidad particular.

III. La reciprocidad como fundamento de la deliberación

Toda convivencia sana requiere una condición previa: la reciprocidad. Sin ella, la deliberación —el intercambio honesto de ideas— es imposible. Sólo quedan la imposición, la propaganda o el dominio.

La reciprocidad implica reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas resulten profundamente distintas a las propias. Es el contrato tácito que permite que distintas construcciones intelectuales convivan en un mismo espacio sin anularse. Significa aceptar reglas compartidas que permitan el desacuerdo sin destruir la convivencia.

Cuando una identidad —religiosa, política, nacional o ideológica— pretende imponerse por medios ilegítimos al conjunto social, la convivencia deja de existir como realidad auténtica y se convierte en mera subordinación. El límite absoluto del sistema es la imposición: ningún sentimiento, identidad o creencia tiene legitimidad para imponerse por la fuerza o por medios ilegítimos al conjunto de la comunidad.

Por eso el problema principal de las sociedades modernas no es la existencia de diferencias —inevitable e incluso deseable—, sino la voluntad recurrente de convertir una visión parcial del mundo en obligación universal. La concordia no consiste en eliminar el conflicto humano, algo imposible, sino en impedir que ese conflicto derive en deshumanización o imposición. La convivencia pacífica no es un estado de tregua, sino un trabajo proactivo para desactivar la voluntad de dominio.

IV. La racionalidad como instrumento ético y la estrategia del tránsito

Existe una tendencia frecuente a presentar razón y sentimiento como dimensiones opuestas e irreconciliables. Sin embargo, la experiencia demuestra que los grandes objetivos humanistas necesitan también racionalidad estratégica para no convertirse en mera ingenuidad moral. La racionalidad no debe actuar como mecanismo frío de dominación, sino como herramienta al servicio de objetivos éticos: justicia, libertad, reciprocidad y preservación de la convivencia.

La experiencia vital enseña que la lógica pura no siempre es el camino más efectivo para preservar la paz. El observador racional sabe identificar cuándo la reciprocidad se ha roto y la deliberación se ha vuelto estéril. En esos momentos de bloqueo, el modelo propone lo que podría llamarse el "cambio de tercio": una retirada táctica que evita la ruptura definitiva sin suponer renuncia a las propias convicciones.

En lugar de la confrontación frontal con el dogma ajeno, se opta por transitar las "trochas": senderos laterales del diálogo, espacios indirectos donde todavía pueda preservarse algún vínculo humano o alguna posibilidad futura de entendimiento. Es una sabiduría de la paciencia que prefiere el rodeo estratégico antes que la fractura del tejido social. No se busca la victoria dialéctica, sino la preservación de la posibilidad de diálogo futuro. Preservar ese tejido puede ser, en determinados momentos, más valioso que imponer una verdad propia.

V. Educar para la no imposición

Las sociedades democráticas suelen concentrarse en establecer límites jurídicos a los abusos de poder. Pero quizá el desafío más profundo sea anterior a la ley: construir una cultura donde la imposición sea percibida como un fracaso moral y político, no como una victoria.

La convivencia pacífica no debería basarse únicamente en mecanismos de contención, sino en una educación orientada a comprender algo esencial: si hay imposición, no hay convivencia. Ese aprendizaje debería comenzar desde edades tempranas; aprender a discrepar, escuchar, convivir con la complejidad, aceptar la pluralidad humana, y comprender que ninguna identidad otorga derecho a dominar al otro.

Porque una sociedad plural no se sostiene únicamente mediante normas, sino mediante hábitos culturales de respeto mutuo. Los arquitectos de las instituciones pueden fijar las reglas del juego, pero son los ciudadanos quienes deciden, cada día y en cada interacción, si esas reglas se honran o se vacían de contenido.

Conclusión: el compromiso con la concordia

La convivencia en el siglo XXI probablemente no dependerá de alcanzar grandes consensos ideológicos globales —algo cada vez más improbable—, sino de algo más humilde y más difícil: aprender a coexistir entre verdades parciales sin convertirlas en armas de imposición.

La concordia no exige uniformidad. Exige límites éticos compartidos. La convivencia en una sociedad plural no exige vínculos de fe compartida, sino vínculos de respeto mutuo hacia las construcciones del otro. Aceptar que todos los seres humanos somos vulnerables, incompletos y portadores de construcciones identitarias distintas puede ser el primer paso hacia una convivencia más madura.

Trabajar para que no haya imposición es la tarea suprema; entender que somos arquitectos de nuestras propias verdades es el primer paso para no convertirlas en cárceles para los demás. Tal vez la verdadera civilización no consista en que todos piensen igual, sino en que nadie necesite destruir al otro para sostener sus propias certezas.

j.a.p.a




La fragilidad compartida puede unir más que muchas ideologías


 

La fragilidad compartida puede unir más que muchas ideologías

Vivimos en una época extraña.
Nunca habíamos tenido tanta información, tanta capacidad de comunicación y tantas herramientas para conectar entre nosotros. Y, sin embargo, pocas veces parece haber existido tanta dificultad para escucharse, comprenderse o simplemente convivir sin convertir cada diferencia en un conflicto.

Las identidades políticas, culturales e ideológicas se endurecen.
Las redes sociales aceleran las reacciones emocionales.
Y muchas veces da la sensación de que la sociedad premia más la certeza absoluta que la reflexión serena.

En medio de ese ruido me enseñaron

hace poco las reflexiones de Frank Ostaseski en Las cinco invitaciones. No se trata de un libro político, ni ideológico, ni doctrinal. Y quizá precisamente por eso resulta tan valioso.

Su mirada nace de décadas acompañando a personas en el tramo final de sus vidas. Y desde esa experiencia propone cinco invitaciones sencillas pero profundamente humanas:

  • no esperar,
  • aceptar la realidad,
  • vivir plenamente la experiencia,
  • encontrar serenidad en medio del cambio,
  • y cultivar una mente abierta que no crea poseer todas las respuestas.

Leídas superficialmente podrían parecer simples consejos vitales. Pero, pensadas con calma, contienen algo mucho más importante: una reflexión sobre la fragilidad humana.

Y quizá ahí exista una de las claves más olvidadas de nuestra convivencia.

Porque cuando el ser humano se enfrenta de verdad a la enfermedad, la pérdida, el sufrimiento o la muerte, muchas certezas empiezan a relativizarse.
Las identidades rígidas se agrietan.
Los discursos absolutos pierden fuerza.
Y aparece algo más elemental y más profundo: la conciencia de que todos somos vulnerables.

Tal vez por eso muchas personas que han pasado por experiencias límite desarrollan más empatía, más prudencia y menos necesidad de imponerse constantemente a los demás.

Una de las ideas que más me hizo pensar es la quinta invitación: cultivar “una mente que no sabe”.

No significa renunciar a pensar ni caer en el relativismo fácil.
Significa aceptar que ninguna persona posee una comprensión completa de la realidad.
Significa escuchar antes de condenar.
Dudar antes de fanatizarse.
Y comprender que detrás de muchas posiciones humanas existen miedos, experiencias, heridas o esperanzas que no siempre vemos.

En tiempos donde todo parece exigir adhesiones incondicionales, esta actitud resulta casi subversiva.

Porque gran parte de la polarización actual nace precisamente de la incapacidad para convivir con la complejidad.
Necesitamos reducir al otro a una caricatura para sentir que nuestra identidad permanece intacta.
Y cuando eso ocurre, la deliberación desaparece y solo queda la imposición, el desprecio o la deshumanización.

Quizá por eso la convivencia no dependa tanto de compartir las mismas ideas como de aceptar ciertos principios básicos:

  • la reciprocidad,
  • el respeto mutuo,
  • la renuncia a imponer nuestras verdades por la fuerza,
  • y la conciencia de que todos somos seres limitados e incompletos.

No hace falta pensar igual para convivir.
Pero sí entender que ninguna ideología, creencia o identidad debería situarse por encima de la dignidad humana compartida.

Las reflexiones de Las cinco invitaciones pueden ser útiles precisamente por eso.
No porque aporten soluciones mágicas.
Ni porque eliminen los conflictos inevitables de toda sociedad plural.

Sino porque recuerdan algo esencial que a menudo olvidamos:
antes que militantes, creyentes, ateos, conservadores, progresistas o identitarios, somos seres humanos frágiles y transitorios.

Y quizá cuando esa conciencia desaparece, comienza también a desaparecer la concordia.

Tal vez una sociedad más humana no nazca de personas completamente convencidas de tener razón, sino de personas capaces de convivir con humildad, fragilidad y respeto mutuo.

Porque, al final, la fragilidad compartida puede unir más que muchas ideologías.