Crecemos, pero la riqueza se concentra en la parte alta de la pirámide social. Una una conclusión democrática incómoda.
El economista francés Gabriel Zucman lleva años estudiando cómo las grandes fortunas utilizan mecanismos legales y estructuras financieras para pagar proporcionalmente menos impuestos que gran parte de las clases medias y trabajadoras. A partir de esos estudios, ha planteado una propuesta que empieza a abrirse paso en el debate internacional: un impuesto mínimo sobre los ultrarricos.
Según los datos citados por Zucman y otros organismos internacionales, la mitad más pobre de la población posee apenas el 6,7% de la riqueza del país, mientras que el 10% más rico controla más del 57%. Y dentro de ese grupo, el 1% más rico acumula casi una cuarta parte de toda la riqueza.
El problema no es solo moral. Es político.
Cuando una sociedad crece, pero la mayoría siente que vive con dificultades, que la vivienda se aleja, que los servicios públicos se saturan y que unos pocos acumulan cada vez más poder económico, la confianza democrática se deteriora.
La cuestión central no es demonizar la riqueza ni castigar el éxito. La cuestión es otra: si quienes más se benefician de una sociedad deben contribuir también de forma proporcional a sostenerla.
La propuesta de Zucman es relativamente sencilla: un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros. No sería un impuesto general contra las empresas ni contra la clase media, sino una medida muy focalizada sobre las fortunas extremas que hoy, mediante estructuras legales, pueden pagar menos de lo que proporcionalmente paga un trabajador corriente.
La objeción habitual es que los ricos se irían. Pero los estudios citados por el economista sostienen que ese riesgo es limitado y proponen, además, un “escudo contra el exilio fiscal”: que quien se ha enriquecido durante años beneficiándose de las infraestructuras, la educación, la sanidad y la estabilidad de un país no pueda marcharse inmediatamente para dejar de contribuir.
La idea de fondo es potente: la riqueza extrema nunca es solo fruto del mérito individual. También depende de trabajadores, instituciones, carreteras, universidades, hospitales, seguridad jurídica, estabilidad política y mercados sostenidos por la sociedad.
Por eso el debate fiscal no es solo económico. Es un debate sobre la democracia.
Si unas pocas fortunas acumulan riqueza inmensa, influencia sobre medios de comunicación, capacidad de presión política y poder para condicionar gobiernos, el riesgo ya no es únicamente la desigualdad. El riesgo es la deriva oligárquica: que la democracia formal siga existiendo, pero el poder real se concentre cada vez más en menos manos.
Un impuesto mínimo a los ultrarricos no resolvería todos los problemas. No acabaría por sí solo con la desigualdad, ni con la precariedad, ni con la crisis de vivienda. Pero sí enviaría un mensaje democrático claro:
nadie debe vivir al margen de la sociedad de la que se beneficia.
Y ahí queda la pregunta incómoda:
¿Puede una democracia seguir llamándose plenamente democrática si permite que quienes más poder económico acumulan sean también quienes más fácilmente escapan a la responsabilidad común?
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