Vivienda y seguridad jurídica: un pilar imprescindible en una sociedad civilizada
¿Puede existir una política de vivienda eficaz sin estabilidad normativa y confianza institucional?
El artículo de José María Martín Seco en The Objective vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas españoles: el acceso a la vivienda. Y lo hace desde una crítica clara hacia ciertas políticas que, más que aumentar la oferta o solucionar estructuralmente el problema, parecen orientadas a buscar culpables visibles sobre los que descargar la presión social.
El debate sobre la vivienda suele estar cargado de emocionalidad. Y es comprensible. Para muchos jóvenes emanciparse resulta dificilísimo; los alquileres han subido enormemente en determinadas ciudades; y la sensación de inseguridad económica es real.
Pero precisamente por eso conviene pensar el problema con racionalidad y no solo con consignas.
Un problema estructural no se resuelve buscando un enemigo
Martín Seco critica la tendencia política a presentar al pequeño propietario casi como responsable directo de la crisis de vivienda.
Y aquí aparece una cuestión importante:
en un Estado social y de derecho no parece razonable ni justo cargar sobre un solo ciudadano la responsabilidad de resolver un problema colectivo.
Porque muchos pequeños propietarios no son grandes fondos especulativos ni corporaciones financieras.
Con frecuencia son:
- personas mayores que ahorraron durante décadas,
- familias que heredaron una vivienda,
- trabajadores que invirtieron sus ahorros como complemento para la jubilación,
- o ciudadanos que simplemente intentan protegerse frente a la incertidumbre económica.
Convertir automáticamente al propietario en sospechoso moral puede ser políticamente rentable, pero difícilmente soluciona el problema real.
La vivienda necesita más oferta, seguridad y estabilidad
Existe una contradicción evidente:
se exige aumentar la oferta de alquiler, pero al mismo tiempo se multiplican medidas que generan inseguridad jurídica o incertidumbre económica para quienes podrían poner viviendas en el mercado.
Cuando un propietario percibe:
- dificultades para recuperar su vivienda,
- cambios regulatorios constantes,
- limitaciones percibidas como arbitrarias,
- riesgo de impagos prolongados,
- o una creciente estigmatización social,
muchos optan por:
- no alquilar,
- vender,
- pasar al alquiler turístico,
- o seleccionar de forma extrema a los inquilinos.
Y eso termina reduciendo aún más la oferta.
Paradójicamente, algunas políticas pensadas para proteger al inquilino pueden acabar empeorando el acceso a la vivienda para los propios inquilinos.
El Estado social no puede delegar sus obligaciones en particulares
Aquí aparece quizá la cuestión más importante.
Una sociedad democrática puede decidir proteger a personas vulnerables. Y debe hacerlo.
Pero esa protección debería financiarse y organizarse desde las instituciones públicas mediante:
- vivienda social,
- incentivos,
- planificación urbana,
- colaboración público-privada,
- seguridad jurídica,
- y políticas sostenibles a largo plazo.
Lo que resulta discutible es trasladar ese coste directamente a ciudadanos concretos simplemente porque poseen una vivienda.
Porque entonces el Estado deja de asumir plenamente su responsabilidad y desplaza parte de sus obligaciones sobre individuos particulares.
Y eso genera una sensación creciente de arbitrariedad.
El riesgo de las soluciones simplistas
Los problemas complejos rara vez admiten soluciones simples.
La vivienda depende de múltiples factores:
- salarios,
- urbanismo,
- fiscalidad,
- construcción,
- presión demográfica y migratoria,
- densidad urbana,
- turismo,
- tipos de interés,
- burocracia,
- suelo disponible,
- inversión pública,
- y estabilidad normativa.
Reducir todo el problema a “propietarios contra inquilinos” puede funcionar como relato político, pero difícilmente sirve como política eficaz.
Y cuando las sociedades empiezan a gestionar problemas estructurales mediante la búsqueda constante de culpables visibles, suelen deteriorarse tanto la convivencia como la confianza institucional.
Pregunta final
Si el problema de la vivienda es colectivo,
¿puede una democracia resolverlo trasladando de forma creciente sus costes y responsabilidades a ciudadanos particulares?
No hay comentarios:
Publicar un comentario