El Estado de Derecho no es “lawfare”

El reciente artículo de Teresa Freixes en The Objective plantea una cuestión de fondo que trasciende la política española inmediata: qué ocurre cuando desde el poder político se desacredita sistemáticamente a jueces y fiscales cada vez que sus decisiones resultan incómodas.

Freixes recuerda algo elemental pero decisivo: en una democracia constitucional moderna ningún poder puede quedar sin control. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial actúa como límite jurídico frente a posibles abusos. Esa tensión no es un defecto del sistema: es precisamente una de las garantías esenciales de la libertad política.

La autora insiste en que los ataques al poder judicial no son una anomalía exclusivamente española. El problema aparece en muchas democracias contemporáneas, especialmente allí donde ciertos populismos presentan cualquier control institucional como una “agresión” contra la voluntad popular. Según recoge el propio artículo, incluso el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió recientemente sobre el peligro de erosionar la legitimidad de los jueces mediante campañas políticas de desconfianza.

Pero quizá el aspecto más interesante del debate aparece cuando entra en juego una palabra convertida casi en arma propagandística: lawfare.

Cuando el control judicial se convierte en “persecución”

Originalmente, el término lawfare se utilizaba para describir el uso instrumental o abusivo del aparato judicial con fines políticos. Como concepto teórico puede tener sentido en determinados contextos históricos o autoritarios.

El problema surge cuando la palabra deja de describir hechos concretos y pasa a utilizarse como un comodín retórico: toda investigación judicial contra determinados dirigentes se redefine automáticamente como “persecución política”.

Ahí el concepto deja de ser analítico y se convierte en un mecanismo de inmunización ideológica.

Porque en una democracia liberal —o, si se prefiere, en una democracia de libertades políticas— los jueces no están para agradar a los gobiernos ni a las oposiciones. Están para aplicar leyes, interpretar normas y controlar jurídicamente al poder.

Y ese control necesariamente generará conflictos.

La paradoja del “lawfare”

Existe además una paradoja difícil de ignorar.

Buena parte de quienes utilizan constantemente la palabra lawfare suelen mostrar simpatía, comprensión o indulgencia hacia regímenes donde la independencia judicial es extremadamente débil o directamente inexistente.

Resulta llamativo observar cómo algunos sectores denuncian “persecución judicial” en democracias con garantías procesales, tribunales independientes, recursos, prensa libre y supervisión europea, mientras relativizan o silencian situaciones mucho más graves en países donde:

• los jueces dependen políticamente del Ejecutivo,
• los opositores son inhabilitados o encarcelados,
• los medios críticos son perseguidos,
• o la seguridad jurídica apenas existe.

Es difícil no percibir ahí una fuerte incoherencia.

Porque si realmente preocupa la instrumentalización política de la justicia, el primer lugar donde debería ponerse el foco es precisamente en aquellos sistemas donde el poder no admite controles independientes.

Democracia no significa poder sin límites

Uno de los errores más peligrosos de nuestro tiempo consiste en identificar democracia únicamente con mayoría parlamentaria o respaldo electoral.

Pero la democracia constitucional moderna nació precisamente para limitar el poder, incluso cuando ese poder posee mayoría.

Por eso existen:

• tribunales constitucionales,
• separación de poderes,
• garantías procesales,
• derechos fundamentales,
• fiscalización judicial,
• prensa libre,
• y controles institucionales.

Cuando cualquier límite al poder se presenta como una conspiración antidemocrática, el problema ya no es jurídico: es cultural y político.

Y ahí aparece una deriva preocupante: sustituir el debate racional por el relato emocional permanente.

El deterioro institucional empieza desacreditando al árbitro

En casi todos los procesos de degradación democrática aparece un patrón parecido:
primero se desacredita al árbitro,
después se deslegitima la norma,
y finalmente se presenta cualquier límite institucional como un obstáculo ilegítimo frente a “la voluntad del pueblo”.

La historia demuestra que esa lógica rara vez termina fortaleciendo la democracia.

Más bien suele conducir a sistemas donde el poder político acaba colonizando progresivamente todas las instituciones que deberían controlarlo.

Y cuando eso ocurre, ya no existe verdadera seguridad jurídica.
Solo queda la arbitrariedad revestida de legitimidad partidista.

Pregunta final

Si cada vez que un tribunal contradice al poder hablamos de lawfare,
¿qué nombre deberíamos dar entonces a los sistemas donde los jueces ya no pueden contrariar al poder?