lunes, 16 de noviembre de 2026

TOMO PARTIDO POR EL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO

En defensa de la concordia, la reciprocidad, el parlamentarismo y los límites del poder.

La Réplica — José Antonio Parro
11 de noviembre 2026

I. La concordia no exige pensar igual

Siempre he considerado que la concordia es uno de los valores fundamentales de la convivencia humana. No porque elimine nuestras diferencias, sino precisamente porque nos permite convivir con ellas.

La concordia no consiste en pensar todos lo mismo, sino en aceptar unas reglas comunes que nos permitan seguir pensando diferente.

No es conformismo, ni silencio, ni renuncia a nuestras convicciones. Tampoco exige que desaparezcan los conflictos políticos o sociales. Exige algo mucho más importante: reconocer al otro como un igual en derechos y dignidad, aunque sus ideas nos parezcan profundamente equivocadas.

La concordia es, en este sentido, una condición imprescindible para desarrollar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y añadiría un principio que considero inseparable de todos ellos: la reciprocidad.

No puedo reclamar para mí una libertad que niego a los demás, ni exigir respeto para mis convicciones mientras desprecio las ajenas.

La libertad necesita la igualdad de derechos. La igualdad necesita reconocer la dignidad del otro. La fraternidad exige solidaridad. Y la reciprocidad nos obliga a aplicar esos principios también cuando nos incomodan.

Rosa Luxemburgo, criticando la deriva autoritaria de la Revolución rusa, dejó una reflexión que conserva toda su vigencia:

«La libertad es siempre la libertad de quien piensa de otro modo».

No se refería a la libertad del Gobierno para hacer lo que quisiera, ni a la de los miembros de un partido para imponer sus decisiones. Hablaba de la libertad de quienes discrepan.

Porque una libertad reservada a los nuestros deja de ser libertad para convertirse en privilegio.

II. El parlamentarismo: la concordia convertida en institución

De todas las formas de organización política que hemos conocido, considero que la democracia parlamentaria constituye una de las expresiones más avanzadas de esa concordia.

Su grandeza no consiste en garantizar que gobiernen los mejores ni que las mayorías acierten siempre.

Consiste en algo aparentemente más modesto, pero extraordinariamente valioso: permitir que personas con intereses, creencias e ideologías diferentes puedan decidir sobre los asuntos comunes sin necesidad de eliminarse, someterse o renunciar a sus convicciones.

El Parlamento no existe para que todos estén de acuerdo. Existe precisamente porque no lo estamos.

En él deben expresarse las diferencias, contrastarse los argumentos, alcanzarse acuerdos cuando sea posible y decidirse democráticamente cuando no lo sea.

Pero el parlamentarismo es algo más que votar leyes.

Es también controlar al Gobierno, exigir explicaciones, fiscalizar sus decisiones y garantizar que las minorías conservan sus derechos.

La mayoría tiene legitimidad para gobernar, pero no es propietaria de las instituciones. Y la oposición no es una anomalía que haya que tolerar: es una parte imprescindible de la democracia.

Sin oposición legítima, sin controles efectivos y sin posibilidad de alternancia, la democracia pierde una parte esencial de su significado.

Por eso el constitucionalismo democrático no consiste simplemente en defender un determinado texto constitucional.

Consiste en defender las reglas que hacen posible la convivencia entre quienes pensamos diferente, las garantías que limitan el poder y los procedimientos que permiten modificar pacíficamente nuestras leyes.

Se puede defender una república, la independencia de un territorio o una transformación profunda del Estado y actuar dentro del constitucionalismo democrático, siempre que se respeten los derechos y los procedimientos establecidos para realizar esos cambios.

Lo que no puede aceptarse es que alguien considere que su proyecto político, por legítimo o justo que le parezca, le autoriza a situarse por encima de las reglas comunes.

III. Las democracias también pueden deteriorarse desde dentro

La historia nos enseña que incluso los proyectos políticos nacidos con aspiraciones legítimas de libertad, igualdad y justicia pueden terminar traicionando esos principios cuando quienes alcanzan el poder se consideran sus únicos intérpretes legítimos.

El peligro comienza cuando la convicción de tener razón se transforma en la pretensión de poseer la verdad y, con ella, el derecho a imponérsela a los demás.

No es necesario remontarse a las revoluciones para reconocer ese riesgo. Las democracias contemporáneas también pueden deteriorarse mediante el debilitamiento gradual de sus controles institucionales, la pérdida de protagonismo del Parlamento o la deslegitimación de los adversarios políticos.

Las elecciones pueden seguir celebrándose mientras se deterioran otras condiciones necesarias para una democracia plena.

No pretendo afirmar que España haya dejado de ser una democracia. Sigue siendo reconocida internacionalmente como tal.

Mi preocupación es otra: que podamos acostumbrarnos a determinadas prácticas de poder y dejar de reconocer los riesgos que entrañan para nuestras instituciones.

IV. Por qué considero necesario tomar partido

No he necesitado esperar a los últimos acontecimientos para desconfiar de la concepción del poder de Pedro Sánchez. Desde sus primeras contradicciones, justificadas como cambios de opinión, advertí una forma de entender la política que me resultaba profundamente inquietante.

Cambiar de opinión es legítimo. Incluso puede ser una muestra de inteligencia y honestidad. Pero cuando los cambios afectan a compromisos fundamentales, a las condiciones en que se obtuvo la confianza de los ciudadanos o a principios presentados anteriormente como irrenunciables, dejan de ser una simple cuestión de flexibilidad política. Exigen explicaciones y responsabilidades.

Durante un tiempo pude interpretar aquellas conductas como parte del juego político, aunque nunca las compartí.

Hoy mi preocupación es distinta y mucho mayor. No se refiere solamente a la credibilidad de un dirigente, sino a la posibilidad de que estemos asistiendo a un proceso de involución institucional que debilite progresivamente los límites del poder.

Por eso considero necesario tomar partido.

No es una crítica al socialismo ni a quienes se identifican con sus valores. De hecho, existen voces socialistas que han expresado discrepancias importantes con la dirección de Pedro Sánchez.

Mis preocupaciones se dirigen al ejercicio concreto del poder durante sus gobiernos.

Me preocupa la declaración de que seguiría gobernando «con o sin el concurso del poder legislativo», aunque su intención declarada fuera continuar hasta agotar la legislatura.

Me preocupa la reiterada ausencia de presentación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. No es lo mismo que el Parlamento rechace unas cuentas a que el Gobierno no llegue a presentarlas.

Me preocupa el recurso frecuente a los decretos leyes, cuya utilización debe justificarse por las circunstancias extraordinarias y urgentes que establece la Constitución.

Me preocupa que decisiones de Estado de tanta trascendencia como el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental se adopten sin buscar previamente un consenso político amplio.

Me preocupa cualquier intento de influir partidistamente en los órganos encargados de controlar al poder. El Tribunal Constitucional, como los demás órganos de garantía, debe preservar su independencia y su imparcialidad. El árbitro no puede convertirse en jugador.

Y me preocupa especialmente la polarización, cuando la confrontación política deja de basarse en la crítica a los hechos y las propuestas para convertirse en una descalificación de las personas por el bando al que pertenecen.

El «no es no», la política del «muro» y la apelación al miedo a la ultraderecha me llevan a cuestionar una forma de plantear la confrontación política que considero perjudicial para la concordia.

Las propuestas de la derecha, de la izquierda o de cualquier nacionalismo deben ser examinadas por su contenido, sus consecuencias y su respeto a las reglas democráticas.

No por los adjetivos utilizados para desacreditar a quienes las defienden.

El miedo no debe sustituir al razonamiento.

Tampoco pretendo presentar todas estas actuaciones como infracciones constitucionales demostradas. Son hechos y decisiones de distinta naturaleza y gravedad, sobre los que formulo una valoración política que debe poder discutirse y contrastarse.

Pero no creo que debamos esperar a que una democracia pierda sus garantías esenciales para empezar a preocuparnos por ellas.

V. No confundir al adversario con el enemigo

La democracia necesita discrepancia. Sin ella no habría pluralismo, ni alternativas, ni posibilidad de corregir nuestros errores.

Lo que no necesita es convertir la discrepancia en enemistad.

Cuando juzgamos los mismos hechos de manera diferente según quién los protagonice, dejamos de defender principios y empezamos a defender bandos.

Cuando los nuestros siempre tienen excusa y los otros siempre tienen la culpa, la política pierde su fundamento moral.

Y cuando demonizamos al adversario, además de deteriorar la convivencia, podemos terminar reforzando aquello que pretendemos combatir.

Por eso no acepto que la defensa de la democracia pueda convertirse en patrimonio exclusivo de ningún partido, dirigente o ideología.

Tampoco acepto que cuestionar las actuaciones de Pedro Sánchez signifique necesariamente apoyar al PP o a Vox.

Puedo mantener profundas discrepancias con sus proyectos políticos y, al mismo tiempo, reconocer plenamente su legitimidad democrática dentro del orden constitucional.

Como también puedo discrepar de las propuestas de la extrema izquierda o de los nacionalismos sin negar su derecho a defenderlas.

No se trata de equiparar proyectos diferentes ni de renunciar a juzgar sus propuestas.

Se trata de aplicar las mismas reglas a todos.

VI. Mi compromiso con el constitucionalismo democrático

No por el Partido Popular, ni por Vox, ni por ninguna otra formación política en particular. Tampoco contra un partido por el mero hecho de serlo.

Tomo partido por el constitucionalismo democrático.

Y estoy dispuesto a dar prioridad política a quienes acrediten un compromiso inequívoco con sus principios, incluso cuando mantenga con ellos discrepancias ideológicas importantes.

No es una adhesión incondicional. Es una exigencia que deberá aplicarse también a quienes aspiren a sustituir al actual Gobierno.

Porque de nada serviría denunciar la concentración del poder bajo unas siglas para justificarla después bajo otras.

Defiendo un parlamentarismo efectivo, no meramente formal.

Defiendo la independencia judicial y la imparcialidad de los órganos de garantía.

Defiendo el derecho de la oposición a controlar al Gobierno y a convertirse legítimamente en alternativa.

Defiendo la libertad de expresión, especialmente la de quienes discrepan de nosotros.

Defiendo la posibilidad de reformar profundamente nuestras instituciones, siempre mediante procedimientos democráticos.

Y defiendo la reciprocidad como prueba de autenticidad de nuestros principios.

No estoy renunciando a mis convicciones de izquierda ni buscando refugio en otra identidad partidista.

Estoy estableciendo una prioridad política que considero anterior a cualquier programa de gobierno: preservar las condiciones que permiten que todos podamos defender libremente nuestros proyectos.

No pretendo que mis preocupaciones sean compartidas por todos. Precisamente porque creo en la libertad de quienes piensan diferente, acepto que mi diagnóstico sea discutido, cuestionado o rechazado con argumentos.

Pero no quiero permanecer en silencio.

No busco un partido que piense como yo en todo. Busco una democracia en la que podamos seguir pensando diferente.

Una democracia donde gobernar no signifique disponer de las instituciones y donde perder unas elecciones no suponga quedar excluido de la comunidad política.

Donde la concordia no sea la ausencia de conflicto, sino la garantía de que nuestras diferencias podrán resolverse mediante la palabra, las leyes y el respeto recíproco.

Por esa concordia, por la libertad y por el parlamentarismo, tomo partido.

Por el constitucionalismo democrático. Por encima de cualquier gobernante.


La Réplica — José Antonio Parro
Zamora, 27 de octubre de 2026

viernes, 13 de noviembre de 2026

SAHARAUIS, NO ESTÁIS SOLOS — Una canción de amistad, dignidad y esperanza




Una canción de amistad, dignidad y esperanza.

Cincuenta años después, el pueblo saharaui continúa viviendo las consecuencias de un conflicto sin resolver. 

En la hamada, el desierto de piedra, generaciones de saharauis han mantenido viva la esperanza de regresar a su tierra y ejercer su derecho a la autodeterminación.

Durante estas décadas se han tejido profundos vínculos de amistad con la sociedad española: los niños y niñas de Vacaciones en Paz, los proyectos de cooperación sanitaria, las familias de acogida y tantas iniciativas solidarias.

Porque la solidaridad también se canta.

J. A. Parro

LETRA DE LA CANCIÓN

SAHARAUIS, NO ESTÁIS SOLOS

Letra: J. A. Parro · Música generada con Suno

Cincuenta años bajo el cielo,
sobre la piedra y el calor.
La hamada guarda los sueños
de todo un pueblo y su voz.

Ni el tiempo borró su historia,
ni el desierto su dignidad.
Siguen soñando con su tierra,
con libertad y con la paz.

Estribillo

Saharauis, no estáis solos,
hay mil manos junto a vosotros.
Vuestra esperanza es nuestra esperanza,
vuestro derecho a decidir.

Saharauis, pueblo hermano,
que nunca se apague vuestra voz.
Por la justicia y por la paz,
¡Sáhara libre, tierra de paz!

Hay niños que cruzan los mares,
veranos de fraternidad.
Familias que abrieron sus puertas,
lazos que no se romperán.

Hay manos que curan heridas,
escuelas, ayuda y amistad.
Y un pueblo que sigue a vuestro lado,
sin olvidar ni abandonar.

Puente

Los gobiernos cambian de rumbo,
las promesas pueden fallar.
Pero hay abrazos entre pueblos
que nadie podrá desatar.

Estribillo final

Saharauis, no estáis solos,
hay mil manos junto a vosotros.
Vuestra esperanza es nuestra esperanza,
vuestro derecho a decidir.

Saharauis, pueblo hermano,
que nunca se apague vuestra voz.
Por la justicia y por la paz,
¡Sáhara libre, tierra de paz!

martes, 10 de noviembre de 2026

¿CUÁNDO LA SOLIDARIDAD SE CONVIERTE EN UN PRIVILEGIO?



La igualdad no consiste en que todos los territorios conserven su posición, sino en que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos.


Félix Ovejero termina su artículo publicado en El Mundo el 9 de noviembre con una frase tan contundente como reveladora:

«Y, por favor, no invoquemos el socialismo. Un respeto».

Se refiere a la defensa de la llamada ordinalidad fiscal por parte de algunas formaciones políticas que se proclaman de izquierdas.

¿En qué consiste? Básicamente, en que las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal no pierdan su posición relativa después de redistribuir los recursos.

Pero ¿no consiste precisamente la solidaridad en que quienes tienen más contribuyan a mejorar las condiciones de quienes tienen menos?

¿Desde cuándo conservar una posición económica privilegiada constituye un derecho?

¿Solidaridad entre territorios o igualdad entre ciudadanos?

Ovejero plantea una pregunta especialmente esclarecedora:

¿Por qué comparamos Cataluña con Extremadura y no las comarcas ricas de Cataluña con las pobres de la propia Cataluña?

La pregunta descubre una contradicción: utilizamos las fronteras territoriales para decidir quiénes somos «nosotros» y quiénes son «los otros».

Pero ¿tiene más intereses comunes un trabajador de Barcelona con un millonario de Barcelona que con un trabajador de Zamora?

La riqueza de un territorio no significa que todos sus habitantes sean ricos. Tampoco la pobreza de otro significa que todos sean pobres.

Los territorios no tienen necesidades sociales: las tienen las personas que viven en ellos. Y garantizar sus derechos exige tener en cuenta dónde viven, su edad, sus circunstancias y el coste real de los servicios públicos.

La diferencia entre un derecho y un privilegio

No toda diferencia de financiación es injusta. Atender a una población envejecida y dispersa puede exigir más recursos por habitante que prestar los mismos servicios en una gran ciudad.

Lo injustificable es convertir una ventaja económica o una mayor capacidad de presión política en un derecho adquirido.

Y esto vale para Cataluña, Madrid, el País Vasco, Castilla y León o cualquier otro territorio.

La izquierda nació para combatir los privilegios, no para justificarlos cuando benefician a los nuestros.

El principio socialista de «de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades» difícilmente puede conciliarse con la pretensión de que la redistribución nunca altere determinadas posiciones de partida.

Una última pregunta

¿Defendemos la igualdad porque creemos en ella o solamente mientras no perjudique nuestros intereses?

Porque la verdadera prueba de nuestros principios llega cuando aplicarlos exige renunciar a alguna ventaja propia.

La solidaridad no consiste en dar lo que nos sobra después de asegurar nuestros privilegios.

Consiste en reconocer que nadie es más que nadie y que los derechos de una persona no deberían depender de la riqueza ni del poder político del territorio en el que vive.

Y, como recuerda Félix Ovejero, si vamos a defender otra cosa, al menos no la llamemos socialismo.

J.A. Parro — La Réplica desde Zamora


Referencia: Félix Ovejero, artículo publicado en El Mundo, 9 de noviembre de 2026.

domingo, 8 de noviembre de 2026

 


El neocaudillo que no entiende de ideologías: la erosión de la democracia desde sus propias entrañas

A diferencia de los jefes militares del siglo XIX, el neocaudillo del siglo XXI ya no necesita asaltar el poder con tanques. Su puerta de entrada es impecable: una victoria en las urnas. Sin embargo, lo verdaderamente peligroso de esta figura no es cómo llega a las instituciones, sino cómo las desmantela desde dentro utilizando las propias herramientas del Estado de derecho.

El manual del neocaudillo

El neocaudillismo no es una cuestión de etiquetas de izquierda o derecha; es una forma de ejercer e hipertrofiar el poder que sigue una hoja de ruta recurrente:

  1. Vaciado de los contrapesos: El poder ejecutivo busca someter o neutralizar la independencia judicial y la labor parlamentaria. La reforma de leyes orgánicas y el nombramiento de perfiles afines en órganos de control se justifican como un medio para «acelerar el mandato popular».

  2. Deslegitimación del discrepante: La confrontación política deja de ser un choque de ideas. El opositor, el juez independiente o el periodista crítico no son interlocutores legítimos, sino «enemigos del pueblo» o «saboteadores».

  3. Hiperpresidencialismo plebiscitario: El líder pretende personificar la voluntad de la nación por encima de las instituciones. El Parlamento pasa a verse como un trámite engorroso y prescindible frente al contacto directo entre el líder y las masas.

Mesianismo y ego como motor político

En esta dinámica, la psicología del gobernante cobra un protagonismo total. El neocaudillo desarrolla una deriva ególatra en la que su permanencia al frente del Estado se percibe como indispensable. Cualquier límite constitucional deja de ser una garantía democrática para convertirse en un obstáculo que debe ser removido o ignorado.

La democracia no siempre muere por un golpe de Estado violento; hoy se erosiona despacio, voto a voto, cuando permitimos que la regla del juego se adapte a las exigencias del gobernante y no al revés.

Reflexiones para el debate

  • ¿Si un líder utiliza la mayoría parlamentaria para cambiar las reglas que limitan su propio poder, sigue siendo su actuación legítimamente democrática solo por haber ganado unas elecciones?

  • ¿En qué momento la crítica feroz a la oposición y a los medios deja de ser debate político y se convierte en una estrategia deliberada para erosionar el control institucional?

  • ¿Cuando justificamos que «nuestro» líder cruce ciertas líneas rojas porque coincide con nuestra ideología, no estamos validando el camino para que el rival haga exactamente lo mismo cuando llegue al poder?

miércoles, 14 de octubre de 2026

 


Vivienda (IV): cuando el relato sustituye al diagnóstico

En el debate sobre la vivienda hemos terminado construyendo demasiados personajes.

El «fondo buitre».

El «rentista».

El «inquilino vulnerable».

El «moroso profesional».

Las palabras sirven para describir realidades que existen. El problema comienza cuando una de ellas pretende explicar el conjunto.

Entonces dejamos de analizar y empezamos a repartir papeles entre buenos y malos.

Y la vivienda es demasiado importante para reducirla a eso.

NO HAY UN ÚNICO CULPABLE

El problema tiene muchas causas: falta de oferta en determinadas zonas, lentitud urbanística, costes de construcción, escasez de vivienda pública, inseguridad jurídica, cambios demográficos y regulación.

Por eso tampoco habrá una única solución.

Construir más es necesario.

Agilizar suelo y licencias también.

Combatir abusos, por supuesto.

Pero ninguna de esas medidas puede sustituir a las demás.

La pregunta relevante no debería ser:

¿estamos con el propietario o con el inquilino?

Debería ser:

¿qué combinación de políticas consigue que haya más vivienda disponible, a precios asumibles y con protección para quien realmente la necesita?

SEGURIDAD JURÍDICA, SÍ

La seguridad jurídica no es un privilegio del propietario.

Es una condición para que exista confianza suficiente para alquilar, invertir, construir y mantener viviendas en el mercado.

Si quien dispone de una vivienda percibe que alquilarla puede significar perder durante años una capacidad razonable de decisión sobre ella, algunos optarán por no hacerlo.

Y cuando disminuye la oferta, la selección se endurece.

¿Quién tendrá entonces más dificultades?

Probablemente quien tenga peores ingresos, menor estabilidad laboral o menos garantías.

Es decir, precisamente el más vulnerable.

PROTECCIÓN SOCIAL, TAMBIÉN

Pero seguridad jurídica no significa abandonar a quien no puede pagar una vivienda.

Una sociedad decente no puede permanecer indiferente ante quien corre el riesgo de quedarse sin hogar.

Por eso mantengo una idea que considero esencial:

protección social sí, pero financiada socialmente.

Si como sociedad decidimos que una persona vulnerable debe ser protegida, debemos asumir colectivamente el coste mediante vivienda pública, ayudas, alojamiento alternativo o los instrumentos que correspondan.

No limitarse a trasladar esa responsabilidad al particular que circunstancialmente es propietario de la vivienda.

La política social debe ser pública también en su financiación.

NI MERCADO SIN REGLAS NI REGULACIÓN SIN CONSECUENCIAS

Aquí aparece otro falso dilema.

No tenemos que escoger entre mercado y regulación.

El mercado necesita reglas.

Y las reglas necesitan evaluar sus consecuencias.

Una regulación puede tener una intención impecable y producir un resultado contraproducente.

Por eso antes de aprobar cualquier medida deberíamos preguntarnos:

¿aumentará o reducirá la oferta?

¿quién asumirá su coste?

¿qué ocurrirá con quien todavía busca vivienda?

¿protege al vulnerable hoy sin perjudicarle mañana?

Esas preguntas deberían pesar más que cualquier consigna.

EL PROBLEMA ES DEMASIADO SERIO

Podemos seguir discutiendo sobre quién tiene la culpa.

O podemos aceptar que estamos ante un problema complejo que exige soluciones simultáneas.

Más vivienda.

Más vivienda pública.

Más rapidez administrativa.

Más seguridad jurídica.

Protección efectiva para quien no puede acceder al mercado.

Y reglas que impidan abusos.

No son objetivos incompatibles.

Son partes del mismo problema.

Por eso quizá convendría abandonar de una vez la pregunta:

«¿De qué lado estás?»

Y sustituirla por otra bastante más útil:

«¿Esta medida ayudará realmente a que dentro de unos años haya más personas con acceso a una vivienda digna?»

Porque al final no se trata de ganar el relato.

Se trata de resolver el problema.

viernes, 9 de octubre de 2026

La libertad no es que te dejen....

 


La libertad no consiste en que nos dejen ser libres

Una reflexión a partir del artículo de Félix Ovejero «La superioridad moral de los liberales de trinchera»

Félix Ovejero ha sido y sigue siendo uno de mis referentes intelectuales. No porque comparta necesariamente todas sus conclusiones, sino porque encuentro en su pensamiento una exigencia que considero fundamental: las ideas deben someterse a la razón y los principios deben aplicarse también cuando sus consecuencias nos incomodan.

Su reflexión sobre la libertad me parece especialmente oportuna en unos tiempos en los que esta palabra se utiliza con frecuencia como una bandera política, sin detenerse demasiado en lo que significa.

¿De qué libertad hablamos?

Durante mucho tiempo he considerado la libertad, la igualdad y la solidaridad principios inseparables. No porque sean idénticos ni porque carezcan de tensiones entre sí, sino porque cada uno pierde buena parte de su sentido cuando prescindimos de los otros.

¿Qué libertad tiene quien formalmente puede elegir, pero materialmente carece de posibilidades reales para hacerlo? ¿Y qué igualdad puede existir cuando alguien tiene capacidad para imponer arbitrariamente su voluntad sobre los demás?

Ovejero introduce aquí una distinción que considero decisiva: no basta con que nadie interfiera en nuestra vida; es necesario que nadie tenga el poder de hacerlo arbitrariamente.

Es la concepción republicana de la libertad como ausencia de dominación.

Un trabajador puede disfrutar de buenas condiciones mientras su empresario quiera mantenerlas. Pero si depende enteramente de su voluntad, su libertad es precaria. Lo mismo sucede con una mujer cuya autonomía depende de la benevolencia de su pareja, o con cualquier ciudadano sometido al capricho de una autoridad.

No se trata solamente de cómo se ejerce el poder, sino también de qué límites tiene.

La ley puede liberar, pero también oprimir

Este es otro aspecto importante del artículo.

Hay quienes presentan cualquier intervención del Estado como una amenaza a la libertad. Sin embargo, las leyes que impiden la explotación infantil, protegen frente a la discriminación o limitan los abusos del poder económico no necesariamente restringen la libertad: pueden ampliarla para quienes carecían de ella.

Pero también debemos reconocer el peligro contrario.

Que una ley se apruebe democráticamente no significa que sea necesariamente justa ni que respete la libertad individual.

Una mayoría tampoco adquiere por ser mayoría el derecho a decidir arbitrariamente cómo deben pensar, expresarse o vivir las minorías.

Por eso me parece tan importante que Ovejero cuestione tanto el liberalismo que identifica la libertad con la ausencia de restricciones como las concepciones colectivistas que pretenden realizar al individuo mediante su subordinación a una identidad o comunidad.

Mi rechazo al autoritarismo no depende de que quien lo ejerza se proclame liberal, socialista, nacionalista o revolucionario.

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan

Probablemente este sea el aspecto del artículo que más conecta con mis propias reflexiones.

Ovejero denuncia la contradicción de quienes proclaman principios absolutos para después relativizarlos cuando entran en juego sus intereses o afinidades políticas.

Y creo que esta observación tiene un alcance mucho mayor que la crítica a determinados liberales.

También afecta a quienes defendemos la igualdad, la solidaridad o los derechos humanos.

No podemos denunciar la arbitrariedad cuando procede de nuestros adversarios y justificarla cuando la ejercen quienes consideramos próximos.

No podemos defender la libertad de expresión únicamente para las opiniones que compartimos.

Ni reclamar el respeto al derecho internacional cuando protege a quienes apoyamos y relativizarlo cuando limita las actuaciones de nuestros aliados.

Esto no significa ignorar las circunstancias ni renunciar a valorar las consecuencias de nuestras decisiones. Significa que las excepciones necesitan razones, no simplemente afinidades.

El peligro de las etiquetas

Aquí encuentro una cuestión sobre la que he reflexionado muchas veces: la sustitución del argumento por la descalificación.

Ovejero habla de los «liberales de trinchera», aquellos que convierten la palabra libertad en una especie de escudo contra cualquier crítica.

Pero tampoco deberíamos convertir esa caracterización en una condena del liberalismo en su conjunto.

Sería incurrir precisamente en el error que tantas veces he criticado: confundir la parte con el todo.

Existe una tradición liberal comprometida con los derechos individuales, el pluralismo y la limitación del poder, de la que también podemos aprender. Del mismo modo, existen tradiciones socialistas que han defendido la emancipación y otras experiencias históricas que han desembocado en regímenes autoritarios.

No es la etiqueta lo que determina el valor de una posición, sino sus argumentos, sus prácticas y sus consecuencias.

Nadie es más que nadie

Al terminar el artículo vuelvo a una convicción que intento mantener en mis reflexiones: nadie es más que nadie.

No significa que todas las opiniones tengan el mismo fundamento ni que todas las conductas merezcan idéntica consideración. Significa que ninguna persona posee, por su identidad, ideología, creencias o posición social, un derecho superior al de las demás a vivir en libertad y con dignidad.

La libertad no debería ser un privilegio concedido por quienes tienen poder, ni la igualdad una excusa para imponer uniformidad.

Y la solidaridad no debería convertirse en la obligación de pensar como aquellos con quienes compartimos una causa.

La libertad necesita límites al poder, garantías jurídicas y condiciones materiales que permitan ejercerla. La igualdad exige que esas garantías alcancen a todos. Y la solidaridad nos recuerda que la libertad ajena también nos concierne.

Quizá el valor más profundo de la reflexión de Ovejero sea recordarnos que la libertad no consiste en que el poderoso nos permita ser libres, sino en que nadie tenga el poder arbitrario de decidir sobre nuestra libertad.

Y añadiría una exigencia personal: antes de denunciar la arbitrariedad de los demás, deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a reconocerla cuando procede de los nuestros.

Porque los principios se ponen a prueba, precisamente, cuando nos incomodan.

jueves, 8 de octubre de 2026

Mari Carmen: cuando una tragedia se convierte en consigna


He visto un cartel convocando una concentración por la muerte de Mari Carmen. Sobre su fotografía aparecen dos afirmaciones:

«El rentismo mata».

«No son muertes, son asesinatos».

Me ha producido tristeza y también indignación.

Mari Carmen tenía 87 años. Fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante más de setenta años, salió en camilla y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.

Su historia merece respeto, solidaridad con quienes la querían y, sobre todo, un análisis serio de cómo una persona vulnerable puede llegar a una situación semejante.

Pero precisamente por respeto a ella deberíamos preguntarnos:

¿qué sabemos realmente y qué estamos convirtiendo en relato?

¿UN ASESINATO?

Es perfectamente legítimo preguntarse si el largo conflicto, la incertidumbre y finalmente el desahucio pudieron agravar su estado de salud.

Pero de ahí a afirmar «no son muertes, son asesinatos» existe un salto enorme.

¿Quién asesinó a Mari Carmen?

¿El propietario?

¿El juez?

¿Las administraciones?

¿El denominado «rentismo»?

Una tragedia puede indignarnos profundamente sin necesidad de transformarla en un delito que nadie ha demostrado.

Una injusticia no necesita llamarse asesinato para ser injusta.

Y una conjetura, por plausible que nos parezca, no se convierte en hecho porque la escribamos con letras grandes sobre una fotografía.

¿Y QUÉ SIGNIFICA «EL RENTISMO MATA»?

También conviene preguntarlo.

¿Es rentismo que una gran sociedad acumule viviendas buscando maximizar su rentabilidad?

¿Y lo es exactamente igual que una persona que ha trabajado toda su vida alquile una segunda vivienda para complementar su jubilación?

Si metemos ambas realidades en el mismo saco volvemos a un problema que he señalado muchas veces:

confundir la parte con el todo.

En mis dos artículos anteriores —Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social y Vivienda (II): cuando las buenas intenciones no bastan— no he defendido los abusos, ni la especulación, ni abandonar a nadie a su suerte.

He defendido algo bastante distinto:

la protección social debe financiarse socialmente y las políticas deben juzgarse también por sus consecuencias.

TODAS LAS RESPONSABILIDADES

El caso de Mari Carmen obliga a preguntar por las responsabilidades de la propiedad y de las administraciones.

Pero un análisis completo tampoco debería borrar las decisiones de la propia Mari Carmen.

Durante el proceso se le ofrecieron distintas alternativas de alojamiento. Ella rechazó algunas porque quería conservar su autonomía y continuar viviendo en una vivienda, no en una residencia.

Su decisión resulta perfectamente comprensible.

Pero también forma parte de los hechos.

¿Tenía derecho a querer seguir viviendo autónomamente?

Naturalmente.

¿Significa eso que cualquier alternativa que no coincidiera exactamente con su deseo debía considerarse inexistente?

¿Hasta dónde llega la obligación pública de proporcionar una solución digna y hasta dónde alcanza la capacidad de elección de quien la recibe?

Reconocer la vulnerabilidad de una persona no significa negarle su capacidad de decidir.

Y preguntarnos por sus decisiones no significa responsabilizarla de su muerte.

Significa negarnos a construir un relato en el que toda la responsabilidad de una situación compleja recaiga necesariamente sobre un único culpable.

LA PREGUNTA IMPORTANTE

Quizá el caso de Mari Carmen debería llevarnos menos a buscar consignas y más a formular preguntas.

¿Por qué las administraciones no disponían de una alternativa habitacional adecuada con suficiente antelación?

¿Por qué tenemos una oferta tan insuficiente de vivienda asequible?

¿Qué políticas pueden aumentar esa oferta?

¿Y cuáles, aunque nazcan con las mejores intenciones, pueden hacer que los propietarios sean más reacios a alquilar precisamente a quienes ofrecen menos garantías?

Porque si una regulación termina reduciendo la oferta de alquiler, los primeros perjudicados probablemente no serán quienes tengan una buena nómina y estabilidad laboral.

Serán precisamente los más vulnerables.

No se trata de elegir entre propietarios e inquilinos.

Ni entre mercado y protección social.

Se trata de conseguir que una política destinada a proteger al vulnerable no termine haciéndole todavía más difícil encontrar una vivienda.

RESPETO, NO UTILIZACIÓN

La muerte de Mari Carmen merece duelo y reflexión.

Pero creo que la respetamos más preguntándonos seriamente qué falló que convirtiéndola en la demostración automática de una teoría previamente elegida.

Una muerte no demuestra por sí sola una teoría económica.

Una conjetura no es un hecho.

Y una tragedia humana no debería necesitar la palabra «asesinato» para conmovernos.

Busquemos responsabilidades, por supuesto.

Pero todas.

Y, sobre todo, busquemos soluciones que permitan que mañana haya menos personas vulnerables buscando desesperadamente una vivienda y más viviendas disponibles para ellas.

Porque esa sería, probablemente, una respuesta mucho más útil que cualquier consigna.