¿Y si cambiamos los nombres?

He recibido por correo un escrito de Ignacio Escolar en el que denuncia lo que considera un intento del Partido Popular de impedir la celebración del Festival de las Ideas y la Cultura organizado por elDiario.es en Rivas-Vaciamadrid.

No sé si el texto ha sido publicado íntegramente en el propio periódico o si se trata de una comunicación dirigida a socios. En cualquier caso, quien tenga interés en conocer la posición de Ignacio Escolar debería buscar también su versión de los hechos y no conformarse con resúmenes de terceros.

El escrito transmite una preocupación que merece ser tomada en serio. La suspensión cautelar de un evento cultural pocos días antes de su celebración tiene consecuencias económicas, organizativas y simbólicas muy importantes. Además, cuando afecta a un medio de comunicación, resulta inevitable que aparezcan preguntas sobre la libertad de expresión, la pluralidad y la relación entre poder político y medios de comunicación.

Sin embargo, tras leer el texto, me llamó la atención algo que viene apareciendo con frecuencia en el debate público español: la dificultad para separar los hechos, las alegaciones y las conclusiones.

Lo que sabemos es relativamente sencillo.

Existe un recurso presentado por el Partido Popular.

Existe una suspensión cautelar acordada por un órgano administrativo.

Existe una interpretación de elDiario.es según la cual el recurso carece de fundamento y persigue impedir la celebración del festival.

Y existen también los argumentos de quienes presentaron el recurso, que sostienen que puede haber irregularidades en la contratación, en la clasificación del expediente y en el procedimiento utilizado.

Lo que todavía no existe es una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

Sin embargo, buena parte del debate público ya parece haber llegado a conclusiones definitivas.

Y es aquí donde me surge una reflexión que considero más interesante que el propio caso concreto.

Imaginemos por un momento que cambiamos los nombres.

Imaginemos que el Ayuntamiento estuviera gobernado por el Partido Popular.

Imaginemos que el festival estuviera organizado por un medio ideológicamente próximo a la derecha.

Imaginemos que fuera el PSOE quien presentara un recurso administrativo pocos días antes del evento.

¿Mantendríamos exactamente los mismos argumentos?

¿Hablarían los mismos de censura?

¿Hablarían los mismos de defensa de la legalidad?

¿O cambiarían las respuestas según quién sea el organizador y quién sea el recurrente?

Esta pregunta no resuelve el expediente administrativo. Tampoco determina quién tiene razón jurídicamente.

Pero sí permite comprobar algo importante: si estamos defendiendo principios o simplemente defendiendo a los nuestros.

Porque la prueba de un principio no es cómo se aplica cuando perjudica a nuestros adversarios. La prueba de un principio aparece cuando perjudica a nuestros aliados.

La legalidad debe ser exigible independientemente del color político de quien gobierne.

La libertad de expresión debe preocuparnos independientemente de la línea editorial del medio afectado.

Y las sospechas de utilización partidista de las instituciones deberían despertar la misma inquietud tanto si proceden de la izquierda como si proceden de la derecha.

Quizá por eso la pregunta más útil no sea quién gana esta batalla política concreta.

Quizá la pregunta más útil sea otra:

¿Seguiríamos pensando exactamente lo mismo si cambiáramos los nombres de los protagonistas?

Porque los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

 

Cuando una causa deja de necesitar argumentos

La lectura de un artículo de Jesús Maraña, "De las joyas de Zapatero al 'Perla' de Ayuso", ha sido el detonante de esta reflexión.

No porque comparta o discrepe de cada una de sus conclusiones. Tampoco porque crea que los problemas que señala sean imaginarios. Lo que me preocupa es algo más profundo: el tono que va impregnando cada vez más el debate político español.

Un tono que no busca comprender, sino movilizar.

Un tono que no invita a deliberar, sino a alinearse.

Un tono que no pregunta, sino que sentencia.

Vivimos en una época en la que muchos debates parecen haberse transformado en una lucha entre bloques morales. Ya no se discuten principalmente hechos, argumentos o propuestas. Se identifican bandos. Se reparten etiquetas. Se asignan virtudes a unos y culpas a otros.

Los nuestros aparecen como víctimas.

Los otros aparecen como culpables.

Y cada noticia nueva se incorpora al relato previamente construido.

Cuando una información favorece a los nuestros, hablamos de hechos.

Cuando perjudica a los nuestros, hablamos de conspiraciones.

Cuando favorece a los otros, hablamos de privilegios.

Cuando perjudica a los otros, hablamos de justicia.

Naturalmente, este fenómeno no pertenece a una sola ideología. Lo encontramos en la izquierda y en la derecha, en los medios afines a unos y a otros, en las redes sociales y en demasiadas conversaciones cotidianas.

Por eso la pregunta importante no es quién lo hace, sino qué consecuencias tiene.

Y la historia ofrece algunas pistas inquietantes.

Las sociedades no suelen romperse de un día para otro. Antes aparece un lenguaje que simplifica la realidad. Un lenguaje que divide el mundo entre buenos y malos, demócratas y enemigos, patriotas y traidores, pueblo y antipueblo.

Poco a poco, el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en alguien sospechoso. Después pasa a ser alguien peligroso. Y finalmente alguien al que ya no merece la pena escuchar.

La historia europea conoce demasiado bien ese camino.

No porque España vaya a repetir automáticamente los errores del pasado.

Pero sí porque los mecanismos psicológicos y políticos que alimentan la polarización son sorprendentemente parecidos en todas las épocas.

La ironía es que quienes más denuncian los fanatismos a veces terminan utilizando la misma lógica que hizo posibles muchos fanatismos del pasado: la certeza absoluta de poseer la verdad y la convicción de que quien discrepa no se equivoca, sino que forma parte del problema.

Por supuesto, existen hechos.

Existen responsabilidades.

Existen delitos cuando los tribunales los acreditan.

Existen abusos de poder cuando las pruebas los demuestran.

Pero precisamente por eso necesitamos más prudencia, más rigor y menos fervor tribal.

Porque explicar no es justificar.

Analizar no es exculpar.

Discrepar no es traicionar.

Y preguntar no es convertirse en cómplice.

Quizá una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo sea recuperar la capacidad de discutir sin demonizar, criticar sin deshumanizar y discrepar sin convertir al adversario en un enemigo moral.

La democracia no necesita ciudadanos que repitan consignas de su bando.

Necesita ciudadanos capaces de pensar incluso cuando los hechos incomodan a los suyos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y quizá la mejor vacuna contra la deriva sectaria sea recordar una lección que la historia repite una y otra vez:

Los mayores errores colectivos rara vez comienzan con la duda. Suelen comenzar con la certeza.

 

¿La culpa es del árbitro?

¿La culpa es del árbitro?

He leído con interés el artículo de Pedro Vallín «La culpa es del árbitro». Comparto una parte importante de su planteamiento: los jueces, como cualquier institución con poder, deben estar sometidos al escrutinio público. La democracia no necesita autoridades infalibles, sino instituciones fiscalizables.

Sin embargo, discrepo de una cuestión que me parece fundamental.

No creo que el principal problema de nuestras democracias sea que los árbitros no sean suficientemente vigilados. Creo que el problema más frecuente es otro: la tendencia de muchos actores políticos y mediáticos a deslegitimar al árbitro cuando sus decisiones afectan a los suyos.

Cuando una investigación, una imputación o una condena alcanza al adversario político, solemos escuchar que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe actuar con independencia.

Pero cuando el afectado pertenece a nuestro bloque ideológico, aparecen de repente las sospechas sobre conspiraciones, lawfare, jueces politizados, persecuciones o campañas mediáticas.

No digo que esas situaciones no puedan existir. Lo que digo es que demasiadas veces la sospecha aparece después de conocer quién es el investigado.

La cuestión democrática decisiva no es si el árbitro puede equivocarse. Por supuesto que puede. La cuestión es si aplicamos el mismo criterio de análisis cuando la decisión nos favorece y cuando nos perjudica.

Por eso, antes de acusar al árbitro, conviene hacerse algunas preguntas sencillas:

• ¿Qué dice exactamente la ley?
• ¿Qué hechos están acreditados?
• ¿Qué pruebas existen?
• ¿Qué precedentes hay?
• ¿Se está aplicando el mismo criterio a todos?

Sin responder a esas preguntas, la crítica al árbitro corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada de desacreditar cualquier decisión desfavorable.

Hay además otra cuestión que me preocupa especialmente. En ocasiones parece que la presunción de inocencia y las garantías procesales se exigen con rigor a los tribunales, mientras se aceptan sin demasiados reparos condenas mediáticas construidas a partir de filtraciones, titulares o informaciones parciales.

Paradójicamente, la justicia garantista suele ser mucho más prudente que el juicio público.

La reciprocidad sigue siendo para mí la piedra de toque. Los principios no se ponen a prueba cuando benefician a los nuestros, sino cuando les perjudican.

Y por eso la pregunta relevante quizá no sea únicamente quién vigila a los vigilantes, sino también esta otra:

Si defendemos la independencia judicial cuando investiga a nuestros adversarios, ¿somos capaces de defenderla con la misma convicción cuando investiga a nuestros aliados?

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan

La lectura de un reciente artículo de Jesús Maraña, "De jueces y policías en la extraña dictadura sanchista" en infoLibre, centrado en la doble vara de medir en la política y la justicia, me llevó a reflexionar sobre una cuestión que considero fundamental para cualquier democracia. Más allá de que se compartan o no sus conclusiones sobre determinados procesos judiciales, su planteamiento me hizo recordar una de las reflexiones más conocidas de Rosa Luxemburgo:

"La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa de manera diferente."

Aquella frase iba mucho más allá de la libertad de expresión. Encerraba una enseñanza democrática esencial: los principios sólo adquieren verdadero valor cuando se aplican a quienes no pertenecen a nuestra tribu.

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de jueces, policías, periodistas, medios de comunicación, filtraciones, campañas de desprestigio y supuestas conspiraciones. Cada bando parece convencido de que los abusos están siempre en el campo contrario y de que las víctimas son siempre los suyos.

Sin embargo, la cuestión verdaderamente importante no es quién formula la denuncia, sino si aplicamos los mismos principios a todos.

Se afirma con frecuencia que hay que respetar la independencia judicial. Estoy de acuerdo. Pero respetar la independencia judicial no significa considerar infalibles a los jueces ni impedir la crítica razonada de sus resoluciones. En una democracia, los autos judiciales pueden y deben ser debatidos públicamente.

Ahora bien, tampoco la crítica puede convertirse en una descalificación automática cada vez que una investigación afecta a quienes consideramos cercanos. La independencia judicial no se demuestra cuando el juez investiga a nuestros adversarios, sino cuando aceptamos que pueda investigar también a nuestros aliados.

Lo mismo ocurre con la presunción de inocencia. Defenderla cuando el acusado pertenece a nuestro espacio ideológico es sencillo. La verdadera prueba aparece cuando el investigado es alguien a quien rechazamos políticamente. Si la presunción de inocencia sólo vale para los nuestros, deja de ser un principio para convertirse en un privilegio.

Algo parecido sucede con la libertad de expresión, el pluralismo informativo o la crítica al poder. En estos días hemos conocido informaciones sobre intentos de influir en periodistas y medios de comunicación. Si tales prácticas existieron, deben ser investigadas y denunciadas. Pero la misma exigencia debería aplicarse siempre, independientemente del color político de quienes las protagonizan.

La libertad para quien piensa como nosotros apenas necesita defensa. La justicia para nuestros amigos suele parecernos evidente. La imparcialidad hacia quienes comparten nuestras ideas apenas supone sacrificio alguno. La dificultad aparece cuando debemos aplicar esos mismos principios a quienes nos incomodan.

Quizá por eso una de las formas más sencillas de detectar la hipocresía política sea observar cuándo cambian nuestros criterios según quién sea el acusado, el investigado, el periodista, el juez o el gobernante. Cuando exigimos garantías para los nuestros y sospechas para los otros; cuando reclamamos prudencia en unos casos y condenas inmediatas en otros; cuando defendemos los contrapoderes sólo mientras actúan contra nuestros adversarios.

En realidad, la prueba de una convicción democrática no está en cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino en cómo tratamos a quienes discrepan de nosotros.

Por eso me atrevo a formular una reflexión que va más allá de cualquier caso concreto:

La prueba de un principio no es cómo lo aplicamos a nuestros adversarios, sino cómo lo aplicamos a nuestros aliados.

Cuando renunciamos a esa coherencia, los principios dejan de guiarnos y pasan a ser simples herramientas de combate político. Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita un poco más, aunque sigamos pronunciando las palabras correctas.

Porque el espíritu de la reflexión de Rosa Luxemburgo sigue plenamente vigente. Los principios democráticos no se miden por cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino por cómo tratamos a quienes discrepan de nosotros.

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan.

Ahí es donde se distingue la defensa de los principios de la simple defensa de la propia tribu.

¿CUANDO LOS HECHOS CONTRADICEN EL RELATO?

 

Existe una paradoja humana tan antigua como la propia historia: las evidencias no siempre convencen. Cuando aparecen hechos verificables que contradicen nuestras creencias, algunas personas revisan sus opiniones y tratan de comprender mejor la realidad. Otras, sin embargo, reaccionan de manera opuesta: cuanto más incómodos son los hechos, más se aferran a sus convicciones previas.

Los relatos son inevitables; los necesitamos para interpretar el mundo. Nadie observa la realidad desnuda de ideas, valores o experiencias. El problema comienza cuando dejamos de contrastar nuestros relatos con los hechos y delegamos nuestro juicio en quienes dicen pensar por nosotros. En ese momento, el relato deja de ser una herramienta para comprender la realidad y comienza a convertirse en una barrera que nos impide verla.

Los relatos son inevitables; el problema comienza cuando dejamos de contrastarlos con los hechos.

En esos casos, el problema ya no es la falta de información. El problema es la necesidad de proteger una identidad, una pertenencia o una visión del mundo. La realidad deja de ser el criterio de verdad y pasa a serlo el relato. Y detrás de cada relato suelen aparecer figuras de autoridad —intelectuales, líderes políticos, activistas, comunicadores o referentes ideológicos— que desempeñan una función parecida a la de los antiguos sacerdotes: interpretar la realidad para sus seguidores y determinar qué hechos deben aceptarse, minimizarse o ignorarse.

Cuando esto ocurre, el desacuerdo deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en una amenaza. El adversario ya no es alguien que puede aportar información relevante o una perspectiva distinta, sino alguien que pone en peligro una creencia que forma parte de nuestra identidad. Así, el prejuicio sustituye al juicio, y el dogma reemplaza a la reflexión.

El prejuicio sustituye al juicio cuando una creencia se vuelve intocable.

El pensamiento crítico comienza precisamente en el punto contrario. No consiste en tener razón, sino en estar dispuesto a corregirse. No consiste en defender un relato, sino en confrontarlo continuamente con los hechos. Porque la verdad no depende de nuestras preferencias, y cuando los hechos contradicen nuestras creencias, lo razonable no es negar los hechos, sino revisar las creencias.

El pensamiento crítico no consiste en tener razón, sino en estar dispuesto a corregirse.

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Pregunta socrática

Si ninguna evidencia puede hacerte revisar una creencia, ¿estás defendiendo una idea o profesando una fe?

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La verdad no depende de nuestras preferencias. Cuando los hechos contradicen nuestras creencias, podemos revisar los hechos o revisar nuestras creencias. El pensamiento crítico empieza cuando elegimos la segunda opción.

¿IDEAS O DOGMAS?

  

        No hay nada más cómodo que un relato que parece explicarlo todo. El problema aparece cuando dejamos de contrastarlo con los hechos y terminamos confundiendo la fidelidad a una creencia con la búsqueda de la verdad. Entonces el sesgo se convierte en prejuicio, el prejuicio en dogma y el dogma en incapacidad para comprender al que piensa diferente. Da igual que se trate del antisemitismo, del sionismo religioso extremista o de cualquier otra ideología: cuando una idea pretende explicarlo todo, suele dejar de ayudarnos a entender la realidad y empieza a impedirnos verla.

Si ningún hecho puede hacerte revisar una creencia, ¿estás defendiendo una idea o profesando una fe?

 

 

Cuando los árbitros de la democracia, los contrapoderes, dejan de parecer independientes.

 

Cuando los árbitros, los contrapoderes, dejan de parecer independientes

En los últimos días he querido contrastar algunos datos sobre la llamada "colonización" de las instituciones del Estado. Mi intención inicial era sencilla: comprobar si determinadas afirmaciones que circulan en el debate político estaban respaldadas por hechos o eran simplemente consignas de partido.

La conclusión a la que he llegado es doble.

La primera es que la politización de las instituciones no nació con Pedro Sánchez. Quien conozca mínimamente la historia política española sabe que el reparto de cargos entre los grandes partidos viene de lejos. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, RTVE o Banco de España han sido objeto de negociaciones políticas durante décadas.

La segunda conclusión, sin embargo, es que existen hechos objetivos que permiten afirmar que en algunos casos la distancia entre el poder político y determinadas instituciones se ha reducido notablemente. El paso directo de ministros o altos cargos gubernamentales a organismos llamados precisamente a supervisar, controlar o limitar la acción del poder ejecutivo ha alimentado una percepción de dependencia que afecta a la confianza ciudadana.

Pero quizá la cuestión más importante no sea esta.

Tal vez la pregunta verdaderamente relevante sea por qué seguimos discutiendo sobre las personas y tan poco sobre las reglas.

La tendencia del poder a extenderse no es una anomalía. Es una constante histórica. En las dictaduras se manifiesta de forma abierta y descarnada. En las democracias adopta formas más sutiles, pero responde al mismo impulso: quien gobierna tiende a acumular capacidad de decisión, influencia y control.

Por eso las democracias liberales nunca se basaron en la confianza ciega en la virtud de los gobernantes. Su gran aportación histórica fue precisamente la contraria: asumir que los gobernantes son seres humanos y diseñar instituciones capaces de limitar sus excesos.

La pregunta no debería ser si confiamos en este o aquel dirigente. La pregunta debería ser qué mecanismos existen para controlar a cualquier dirigente, incluso a aquellos con los que simpatizamos.

Quizá durante demasiado tiempo aceptamos una versión imperfecta del problema. Las instituciones no eran independientes, sino repartidas. No teníamos árbitros completamente neutrales; teníamos árbitros elegidos mediante pactos entre los grandes partidos. Aquello generaba estabilidad, pero no necesariamente independencia.

Hoy asistimos a una fase distinta. Los consensos se debilitan y las instituciones son percibidas cada vez más como extensiones de la lucha partidista. Cuando eso ocurre, la confianza pública se erosiona.

Y sin confianza en los árbitros, las reglas del juego empiezan a perder legitimidad.

Por eso la cuestión fundamental ya no es quién ocupa cada cargo, sino cómo evitar que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda influir en quienes deben controlarlo.

Algunas posibles reformas merecerían al menos ser debatidas:

• Periodos de incompatibilidad más largos entre cargos políticos y puestos institucionales de control.
• Mayor participación de asociaciones profesionales y cuerpos técnicos en la selección de candidatos.
• Mandatos no renovables para evitar dependencias futuras.
• Comparecencias públicas más exigentes y transparentes.
• Mayorías parlamentarias reforzadas que obliguen a buscar consensos amplios.
• Publicidad completa de los méritos profesionales de los candidatos.
• Evaluaciones periódicas e independientes del funcionamiento de las instituciones.

Ninguna reforma eliminará completamente la influencia política. Eso sería una ilusión.

Pero la función de una buena arquitectura institucional no es crear seres humanos perfectos. Es impedir que las imperfecciones humanas puedan concentrar demasiado poder.

Porque la democracia no consiste en confiar en los gobernantes.

Consiste en diseñar mecanismos para que nadie tenga que hacerlo.

Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de la historia política moderna: los contrapoderes no se crean para controlar a nuestros adversarios, sino para controlar a aquellos que dicen gobernar en nuestro nombre.