¿La culpa es del árbitro?

¿La culpa es del árbitro?

He leído con interés el artículo de Pedro Vallín «La culpa es del árbitro». Comparto una parte importante de su planteamiento: los jueces, como cualquier institución con poder, deben estar sometidos al escrutinio público. La democracia no necesita autoridades infalibles, sino instituciones fiscalizables.

Sin embargo, discrepo de una cuestión que me parece fundamental.

No creo que el principal problema de nuestras democracias sea que los árbitros no sean suficientemente vigilados. Creo que el problema más frecuente es otro: la tendencia de muchos actores políticos y mediáticos a deslegitimar al árbitro cuando sus decisiones afectan a los suyos.

Cuando una investigación, una imputación o una condena alcanza al adversario político, solemos escuchar que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe actuar con independencia.

Pero cuando el afectado pertenece a nuestro bloque ideológico, aparecen de repente las sospechas sobre conspiraciones, lawfare, jueces politizados, persecuciones o campañas mediáticas.

No digo que esas situaciones no puedan existir. Lo que digo es que demasiadas veces la sospecha aparece después de conocer quién es el investigado.

La cuestión democrática decisiva no es si el árbitro puede equivocarse. Por supuesto que puede. La cuestión es si aplicamos el mismo criterio de análisis cuando la decisión nos favorece y cuando nos perjudica.

Por eso, antes de acusar al árbitro, conviene hacerse algunas preguntas sencillas:

• ¿Qué dice exactamente la ley?
• ¿Qué hechos están acreditados?
• ¿Qué pruebas existen?
• ¿Qué precedentes hay?
• ¿Se está aplicando el mismo criterio a todos?

Sin responder a esas preguntas, la crítica al árbitro corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada de desacreditar cualquier decisión desfavorable.

Hay además otra cuestión que me preocupa especialmente. En ocasiones parece que la presunción de inocencia y las garantías procesales se exigen con rigor a los tribunales, mientras se aceptan sin demasiados reparos condenas mediáticas construidas a partir de filtraciones, titulares o informaciones parciales.

Paradójicamente, la justicia garantista suele ser mucho más prudente que el juicio público.

La reciprocidad sigue siendo para mí la piedra de toque. Los principios no se ponen a prueba cuando benefician a los nuestros, sino cuando les perjudican.

Y por eso la pregunta relevante quizá no sea únicamente quién vigila a los vigilantes, sino también esta otra:

Si defendemos la independencia judicial cuando investiga a nuestros adversarios, ¿somos capaces de defenderla con la misma convicción cuando investiga a nuestros aliados?

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan

La lectura de un reciente artículo de Jesús Maraña, "De jueces y policías en la extraña dictadura sanchista" en infoLibre, centrado en la doble vara de medir en la política y la justicia, me llevó a reflexionar sobre una cuestión que considero fundamental para cualquier democracia. Más allá de que se compartan o no sus conclusiones sobre determinados procesos judiciales, su planteamiento me hizo recordar una de las reflexiones más conocidas de Rosa Luxemburgo:

"La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa de manera diferente."

Aquella frase iba mucho más allá de la libertad de expresión. Encerraba una enseñanza democrática esencial: los principios sólo adquieren verdadero valor cuando se aplican a quienes no pertenecen a nuestra tribu.

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de jueces, policías, periodistas, medios de comunicación, filtraciones, campañas de desprestigio y supuestas conspiraciones. Cada bando parece convencido de que los abusos están siempre en el campo contrario y de que las víctimas son siempre los suyos.

Sin embargo, la cuestión verdaderamente importante no es quién formula la denuncia, sino si aplicamos los mismos principios a todos.

Se afirma con frecuencia que hay que respetar la independencia judicial. Estoy de acuerdo. Pero respetar la independencia judicial no significa considerar infalibles a los jueces ni impedir la crítica razonada de sus resoluciones. En una democracia, los autos judiciales pueden y deben ser debatidos públicamente.

Ahora bien, tampoco la crítica puede convertirse en una descalificación automática cada vez que una investigación afecta a quienes consideramos cercanos. La independencia judicial no se demuestra cuando el juez investiga a nuestros adversarios, sino cuando aceptamos que pueda investigar también a nuestros aliados.

Lo mismo ocurre con la presunción de inocencia. Defenderla cuando el acusado pertenece a nuestro espacio ideológico es sencillo. La verdadera prueba aparece cuando el investigado es alguien a quien rechazamos políticamente. Si la presunción de inocencia sólo vale para los nuestros, deja de ser un principio para convertirse en un privilegio.

Algo parecido sucede con la libertad de expresión, el pluralismo informativo o la crítica al poder. En estos días hemos conocido informaciones sobre intentos de influir en periodistas y medios de comunicación. Si tales prácticas existieron, deben ser investigadas y denunciadas. Pero la misma exigencia debería aplicarse siempre, independientemente del color político de quienes las protagonizan.

La libertad para quien piensa como nosotros apenas necesita defensa. La justicia para nuestros amigos suele parecernos evidente. La imparcialidad hacia quienes comparten nuestras ideas apenas supone sacrificio alguno. La dificultad aparece cuando debemos aplicar esos mismos principios a quienes nos incomodan.

Quizá por eso una de las formas más sencillas de detectar la hipocresía política sea observar cuándo cambian nuestros criterios según quién sea el acusado, el investigado, el periodista, el juez o el gobernante. Cuando exigimos garantías para los nuestros y sospechas para los otros; cuando reclamamos prudencia en unos casos y condenas inmediatas en otros; cuando defendemos los contrapoderes sólo mientras actúan contra nuestros adversarios.

En realidad, la prueba de una convicción democrática no está en cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino en cómo tratamos a quienes discrepan de nosotros.

Por eso me atrevo a formular una reflexión que va más allá de cualquier caso concreto:

La prueba de un principio no es cómo lo aplicamos a nuestros adversarios, sino cómo lo aplicamos a nuestros aliados.

Cuando renunciamos a esa coherencia, los principios dejan de guiarnos y pasan a ser simples herramientas de combate político. Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita un poco más, aunque sigamos pronunciando las palabras correctas.

Porque el espíritu de la reflexión de Rosa Luxemburgo sigue plenamente vigente. Los principios democráticos no se miden por cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino por cómo tratamos a quienes discrepan de nosotros.

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan.

Ahí es donde se distingue la defensa de los principios de la simple defensa de la propia tribu.

¿CUANDO LOS HECHOS CONTRADICEN EL RELATO?

 

Existe una paradoja humana tan antigua como la propia historia: las evidencias no siempre convencen. Cuando aparecen hechos verificables que contradicen nuestras creencias, algunas personas revisan sus opiniones y tratan de comprender mejor la realidad. Otras, sin embargo, reaccionan de manera opuesta: cuanto más incómodos son los hechos, más se aferran a sus convicciones previas.

Los relatos son inevitables; los necesitamos para interpretar el mundo. Nadie observa la realidad desnuda de ideas, valores o experiencias. El problema comienza cuando dejamos de contrastar nuestros relatos con los hechos y delegamos nuestro juicio en quienes dicen pensar por nosotros. En ese momento, el relato deja de ser una herramienta para comprender la realidad y comienza a convertirse en una barrera que nos impide verla.

Los relatos son inevitables; el problema comienza cuando dejamos de contrastarlos con los hechos.

En esos casos, el problema ya no es la falta de información. El problema es la necesidad de proteger una identidad, una pertenencia o una visión del mundo. La realidad deja de ser el criterio de verdad y pasa a serlo el relato. Y detrás de cada relato suelen aparecer figuras de autoridad —intelectuales, líderes políticos, activistas, comunicadores o referentes ideológicos— que desempeñan una función parecida a la de los antiguos sacerdotes: interpretar la realidad para sus seguidores y determinar qué hechos deben aceptarse, minimizarse o ignorarse.

Cuando esto ocurre, el desacuerdo deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en una amenaza. El adversario ya no es alguien que puede aportar información relevante o una perspectiva distinta, sino alguien que pone en peligro una creencia que forma parte de nuestra identidad. Así, el prejuicio sustituye al juicio, y el dogma reemplaza a la reflexión.

El prejuicio sustituye al juicio cuando una creencia se vuelve intocable.

El pensamiento crítico comienza precisamente en el punto contrario. No consiste en tener razón, sino en estar dispuesto a corregirse. No consiste en defender un relato, sino en confrontarlo continuamente con los hechos. Porque la verdad no depende de nuestras preferencias, y cuando los hechos contradicen nuestras creencias, lo razonable no es negar los hechos, sino revisar las creencias.

El pensamiento crítico no consiste en tener razón, sino en estar dispuesto a corregirse.

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Pregunta socrática

Si ninguna evidencia puede hacerte revisar una creencia, ¿estás defendiendo una idea o profesando una fe?

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La verdad no depende de nuestras preferencias. Cuando los hechos contradicen nuestras creencias, podemos revisar los hechos o revisar nuestras creencias. El pensamiento crítico empieza cuando elegimos la segunda opción.

¿IDEAS O DOGMAS?

  

        No hay nada más cómodo que un relato que parece explicarlo todo. El problema aparece cuando dejamos de contrastarlo con los hechos y terminamos confundiendo la fidelidad a una creencia con la búsqueda de la verdad. Entonces el sesgo se convierte en prejuicio, el prejuicio en dogma y el dogma en incapacidad para comprender al que piensa diferente. Da igual que se trate del antisemitismo, del sionismo religioso extremista o de cualquier otra ideología: cuando una idea pretende explicarlo todo, suele dejar de ayudarnos a entender la realidad y empieza a impedirnos verla.

Si ningún hecho puede hacerte revisar una creencia, ¿estás defendiendo una idea o profesando una fe?

 

 

Cuando los árbitros de la democracia, los contrapoderes, dejan de parecer independientes.

 

Cuando los árbitros, los contrapoderes, dejan de parecer independientes

En los últimos días he querido contrastar algunos datos sobre la llamada "colonización" de las instituciones del Estado. Mi intención inicial era sencilla: comprobar si determinadas afirmaciones que circulan en el debate político estaban respaldadas por hechos o eran simplemente consignas de partido.

La conclusión a la que he llegado es doble.

La primera es que la politización de las instituciones no nació con Pedro Sánchez. Quien conozca mínimamente la historia política española sabe que el reparto de cargos entre los grandes partidos viene de lejos. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, RTVE o Banco de España han sido objeto de negociaciones políticas durante décadas.

La segunda conclusión, sin embargo, es que existen hechos objetivos que permiten afirmar que en algunos casos la distancia entre el poder político y determinadas instituciones se ha reducido notablemente. El paso directo de ministros o altos cargos gubernamentales a organismos llamados precisamente a supervisar, controlar o limitar la acción del poder ejecutivo ha alimentado una percepción de dependencia que afecta a la confianza ciudadana.

Pero quizá la cuestión más importante no sea esta.

Tal vez la pregunta verdaderamente relevante sea por qué seguimos discutiendo sobre las personas y tan poco sobre las reglas.

La tendencia del poder a extenderse no es una anomalía. Es una constante histórica. En las dictaduras se manifiesta de forma abierta y descarnada. En las democracias adopta formas más sutiles, pero responde al mismo impulso: quien gobierna tiende a acumular capacidad de decisión, influencia y control.

Por eso las democracias liberales nunca se basaron en la confianza ciega en la virtud de los gobernantes. Su gran aportación histórica fue precisamente la contraria: asumir que los gobernantes son seres humanos y diseñar instituciones capaces de limitar sus excesos.

La pregunta no debería ser si confiamos en este o aquel dirigente. La pregunta debería ser qué mecanismos existen para controlar a cualquier dirigente, incluso a aquellos con los que simpatizamos.

Quizá durante demasiado tiempo aceptamos una versión imperfecta del problema. Las instituciones no eran independientes, sino repartidas. No teníamos árbitros completamente neutrales; teníamos árbitros elegidos mediante pactos entre los grandes partidos. Aquello generaba estabilidad, pero no necesariamente independencia.

Hoy asistimos a una fase distinta. Los consensos se debilitan y las instituciones son percibidas cada vez más como extensiones de la lucha partidista. Cuando eso ocurre, la confianza pública se erosiona.

Y sin confianza en los árbitros, las reglas del juego empiezan a perder legitimidad.

Por eso la cuestión fundamental ya no es quién ocupa cada cargo, sino cómo evitar que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda influir en quienes deben controlarlo.

Algunas posibles reformas merecerían al menos ser debatidas:

• Periodos de incompatibilidad más largos entre cargos políticos y puestos institucionales de control.
• Mayor participación de asociaciones profesionales y cuerpos técnicos en la selección de candidatos.
• Mandatos no renovables para evitar dependencias futuras.
• Comparecencias públicas más exigentes y transparentes.
• Mayorías parlamentarias reforzadas que obliguen a buscar consensos amplios.
• Publicidad completa de los méritos profesionales de los candidatos.
• Evaluaciones periódicas e independientes del funcionamiento de las instituciones.

Ninguna reforma eliminará completamente la influencia política. Eso sería una ilusión.

Pero la función de una buena arquitectura institucional no es crear seres humanos perfectos. Es impedir que las imperfecciones humanas puedan concentrar demasiado poder.

Porque la democracia no consiste en confiar en los gobernantes.

Consiste en diseñar mecanismos para que nadie tenga que hacerlo.

Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de la historia política moderna: los contrapoderes no se crean para controlar a nuestros adversarios, sino para controlar a aquellos que dicen gobernar en nuestro nombre.

 ¿DENUNCIA UN GOLPE DE ESTADO... O DESLEGITIMA LOS CONTRAPODERES?

                                      El meme que dio origen a esta reflexión.

"La democracia no consiste en confiar ciegamente en los jueces, la prensa o el Parlamento. Consiste en que existan y puedan controlar al poder." J.A.P.A.

Hechos, dudas e interrogantes frente a las certezas ideológicas

Hace unos días recibí por correo una viñeta política que denunciaba un supuesto "golpe de Estado contra la democracia". No era una simple crítica política. Presentaba una explicación global de la realidad: jueces, policías, medios de comunicación, Estados Unidos, la oposición política, grandes empresas y poderes económicos aparecerían actuando coordinadamente para derribar al Gobierno.

No es la primera vez que veo planteamientos semejantes. Tampoco son exclusivos de una ideología. Los encontramos en la derecha, en la izquierda, en nacionalistas, en populistas y en movimientos de muy distinto signo. Cambian los protagonistas, pero la estructura del relato suele ser la misma.

Lo que me interesa no es tanto quién tiene razón en cada caso concreto, sino el método que utilizamos para aproximarnos a la realidad.

Los hechos primero

La política democrática debería comenzar por una pregunta sencilla:

¿Qué sabemos realmente?

No qué sospechamos.
No qué deseamos.
No qué encaja mejor con nuestras preferencias ideológicas.

¿Qué hechos pueden comprobarse?

A partir de esos hechos pueden existir interpretaciones distintas, incluso contrapuestas. Eso es normal. Lo preocupante aparece cuando las interpretaciones sustituyen a los hechos y terminan convirtiéndose en verdades indiscutibles para quienes ya estaban predispuestos a creerlas.

En ese momento dejamos de analizar la realidad para empezar a construir relatos.

Cuando las dudas desaparecen

Las sociedades abiertas avanzan gracias a la duda.

La ciencia progresa porque cuestiona sus propias conclusiones.
La justicia funciona porque admite recursos y revisiones.
La democracia existe porque acepta la discrepancia.

Sin embargo, la política contemporánea parece avanzar en dirección contraria. Cada vez resulta más frecuente encontrar personas absolutamente convencidas de que todos los acontecimientos responden a una única explicación.

Para unos existe una conspiración progresista global.
Para otros existe una conspiración reaccionaria internacional.
Para unos todo se explica por el capitalismo.
Para otros todo se explica por el socialismo.
Para unos la culpa es siempre de Washington.
Para otros siempre de Moscú, Pekín o Bruselas.

Las preguntas desaparecen y son sustituidas por certezas.

Y cuando desaparecen las preguntas también desaparece el pensamiento crítico.

La paradoja de los contrapoderes

Resulta curioso observar cómo muchas personas defienden los contrapoderes cuando investigan a sus adversarios y los desprecian cuando investigan a quienes consideran de los suyos.

Jueces, periodistas, organismos de control o fuerzas de seguridad son considerados héroes o villanos dependiendo de a quién afecten sus actuaciones.

Sin embargo, una democracia no se caracteriza porque los contrapoderes actúen siempre correctamente. Se caracteriza porque existan.

La pregunta verdaderamente importante no es si un gobierno es de izquierdas o de derechas.

La pregunta es otra:

¿Quién controla al poder?

Porque la experiencia histórica demuestra que ningún poder debería quedar libre de vigilancia.

Los nuevos golpes de Estado

Es cierto que los golpes de Estado modernos ya no se parecen necesariamente a los del siglo XX.

No siempre aparecen tanques en las calles ni militares ocupando edificios públicos.

Existen formas más sutiles de deterioro democrático: colonización institucional, debilitamiento de la separación de poderes, utilización partidista de las instituciones, control de los medios públicos o limitación de la capacidad de fiscalización.

Pero precisamente por eso debemos ser rigurosos.

Si llamamos golpe de Estado a cualquier cosa que no nos gusta, el concepto pierde significado.

La democracia necesita palabras precisas.

El regreso de los viejos fantasmas

Durante la Transición existió un amplio consenso sobre la conveniencia de no utilizar permanentemente la Guerra Civil y el franquismo como arma arrojadiza de la política cotidiana.

No se trataba de olvidar la historia.
Se trataba de evitar que el pasado sustituyera al debate sobre el presente.

Sin embargo, en los últimos años observamos una tendencia creciente a movilizar emocionalmente a la ciudadanía mediante referencias constantes a los grandes conflictos históricos.

Franco, la Guerra Civil, el fascismo, la República, la revolución, el antifranquismo o la memoria histórica aparecen con frecuencia convertidos en instrumentos de combate político.

Y cuanto más débil es una argumentación sobre el presente, más fuerte suele ser la tentación de refugiarse en las emociones del pasado.

Entre la credulidad y el escepticismo

No propongo ingenuidad.

La corrupción existe.
Los abusos de poder existen.
Las conspiraciones también han existido a lo largo de la historia.

Pero tampoco conviene caer en el extremo contrario y convertir cualquier acontecimiento complejo en la prueba definitiva de una gran conspiración universal.

La democracia necesita ciudadanos vigilantes, no creyentes.

Necesita personas capaces de distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones.

Necesita ciudadanos que sepan decir:

"Esto lo sé."

"Esto lo sospecho."

"Y sobre esto, simplemente, tengo dudas."

Quizá esa sea una de las virtudes cívicas más importantes de nuestro tiempo.

Porque la verdad no suele encontrarse en las certezas absolutas, sino en la capacidad de mantener abiertas las preguntas mientras buscamos respuestas.

La derrota policial y la victoria narrativa: la herida moral del final de ETA

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La derrota policial y la victoria narrativa: la herida moral del final de ETA

El artículo de El Mundo de Rogelio Alonso no es simplemente una crítica política a José Luis Rodríguez Zapatero. Es, sobre todo, una reflexión sobre cómo una democracia debe enfrentarse al terrorismo sin degradar sus propios principios ni alterar el significado moral de lo ocurrido.

Uno de los aspectos más sólidos del texto es que distingue entre el final operativo de ETA y su derrota política y moral. Esa diferencia es fundamental y muchas veces se simplifica en el debate público. El artículo sostiene que ETA dejó de matar, sí, pero no asumió públicamente la injusticia moral de su proyecto ni sufrió una derrota simbólica comparable a la que otros movimientos violentos han padecido históricamente. Y ahí sitúa Alonso el núcleo de su crítica.

El texto resulta especialmente didáctico cuando explica algo que suele olvidarse: en terrorismo no solo importa quién deja las armas, sino también quién controla el relato final. Porque el terrorismo no busca únicamente victorias militares —imposibles frente al Estado—, sino influencia política, legitimidad social y capacidad de condicionar la vida pública. Esa idea aparece apoyada tanto en estudios académicos como en testimonios y documentos internos de ETA citados por el autor.

La tesis de Alonso puede resumirse así: una democracia puede derrotar policialmente a una organización terrorista y, sin embargo, concederle simultáneamente una victoria narrativa o política parcial si la convierte en interlocutor imprescindible de su propio final.

Ahí el artículo conecta con un problema mucho más amplio que ETA: la relación entre ética y poder. Alonso denuncia que determinados gobiernos pueden presentar como “éxito histórico” decisiones que en realidad respondían también a cálculos partidistas o necesidades políticas inmediatas. Y lo hace introduciendo un concepto muy potente: la “normalización de la desviación”, tomado de la socióloga Diane Vaughan. Es decir, cómo prácticas inicialmente excepcionales terminan aceptándose como normales cuando se justifican en nombre de un supuesto bien superior.

Otro aspecto especialmente relevante es la insistencia en la dimensión moral de las víctimas. El artículo recuerda que no basta con homenajearlas simbólicamente si al mismo tiempo se evita deslegitimar con claridad las ideas o discursos que justificaron su asesinato. Ahí aparece la referencia a Fernando Savater y a socialistas vascos que advirtieron del riesgo de convertir la memoria en un ritual vacío mientras se normaliza políticamente el entorno legitimador del terror.

Se puede discrepar de algunas conclusiones del autor o del grado de responsabilidad que atribuye exclusivamente a Zapatero. Pero resulta difícil negar que plantea preguntas incómodas y necesarias sobre el precio político de determinados procesos de negociación, sobre el uso partidista de la memoria y sobre la diferencia entre pacificación y justicia moral.

Y quizá la pregunta de fondo sea esta:

¿Puede una democracia considerar plenamente derrotado al terrorismo si quienes justificaron o legitimaron la violencia terminan convertidos en actores políticos normalizados sin una verdadera autocrítica moral?