En defensa de la concordia, la reciprocidad, el parlamentarismo y los límites del poder.
La Réplica — José Antonio Parro
11 de noviembre 2026
I. La concordia no exige pensar igual
Siempre he considerado que la concordia es uno de los valores fundamentales de la convivencia humana. No porque elimine nuestras diferencias, sino precisamente porque nos permite convivir con ellas.
La concordia no consiste en pensar todos lo mismo, sino en aceptar unas reglas comunes que nos permitan seguir pensando diferente.
No es conformismo, ni silencio, ni renuncia a nuestras convicciones. Tampoco exige que desaparezcan los conflictos políticos o sociales. Exige algo mucho más importante: reconocer al otro como un igual en derechos y dignidad, aunque sus ideas nos parezcan profundamente equivocadas.
La concordia es, en este sentido, una condición imprescindible para desarrollar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y añadiría un principio que considero inseparable de todos ellos: la reciprocidad.
No puedo reclamar para mí una libertad que niego a los demás, ni exigir respeto para mis convicciones mientras desprecio las ajenas.
La libertad necesita la igualdad de derechos. La igualdad necesita reconocer la dignidad del otro. La fraternidad exige solidaridad. Y la reciprocidad nos obliga a aplicar esos principios también cuando nos incomodan.
Rosa Luxemburgo, criticando la deriva autoritaria de la Revolución rusa, dejó una reflexión que conserva toda su vigencia:
«La libertad es siempre la libertad de quien piensa de otro modo».
No se refería a la libertad del Gobierno para hacer lo que quisiera, ni a la de los miembros de un partido para imponer sus decisiones. Hablaba de la libertad de quienes discrepan.
Porque una libertad reservada a los nuestros deja de ser libertad para convertirse en privilegio.
II. El parlamentarismo: la concordia convertida en institución
De todas las formas de organización política que hemos conocido, considero que la democracia parlamentaria constituye una de las expresiones más avanzadas de esa concordia.
Su grandeza no consiste en garantizar que gobiernen los mejores ni que las mayorías acierten siempre.
Consiste en algo aparentemente más modesto, pero extraordinariamente valioso: permitir que personas con intereses, creencias e ideologías diferentes puedan decidir sobre los asuntos comunes sin necesidad de eliminarse, someterse o renunciar a sus convicciones.
El Parlamento no existe para que todos estén de acuerdo. Existe precisamente porque no lo estamos.
En él deben expresarse las diferencias, contrastarse los argumentos, alcanzarse acuerdos cuando sea posible y decidirse democráticamente cuando no lo sea.
Pero el parlamentarismo es algo más que votar leyes.
Es también controlar al Gobierno, exigir explicaciones, fiscalizar sus decisiones y garantizar que las minorías conservan sus derechos.
La mayoría tiene legitimidad para gobernar, pero no es propietaria de las instituciones. Y la oposición no es una anomalía que haya que tolerar: es una parte imprescindible de la democracia.
Sin oposición legítima, sin controles efectivos y sin posibilidad de alternancia, la democracia pierde una parte esencial de su significado.
Por eso el constitucionalismo democrático no consiste simplemente en defender un determinado texto constitucional.
Consiste en defender las reglas que hacen posible la convivencia entre quienes pensamos diferente, las garantías que limitan el poder y los procedimientos que permiten modificar pacíficamente nuestras leyes.
Se puede defender una república, la independencia de un territorio o una transformación profunda del Estado y actuar dentro del constitucionalismo democrático, siempre que se respeten los derechos y los procedimientos establecidos para realizar esos cambios.
Lo que no puede aceptarse es que alguien considere que su proyecto político, por legítimo o justo que le parezca, le autoriza a situarse por encima de las reglas comunes.
III. Las democracias también pueden deteriorarse desde dentro
La historia nos enseña que incluso los proyectos políticos nacidos con aspiraciones legítimas de libertad, igualdad y justicia pueden terminar traicionando esos principios cuando quienes alcanzan el poder se consideran sus únicos intérpretes legítimos.
El peligro comienza cuando la convicción de tener razón se transforma en la pretensión de poseer la verdad y, con ella, el derecho a imponérsela a los demás.
No es necesario remontarse a las revoluciones para reconocer ese riesgo. Las democracias contemporáneas también pueden deteriorarse mediante el debilitamiento gradual de sus controles institucionales, la pérdida de protagonismo del Parlamento o la deslegitimación de los adversarios políticos.
Las elecciones pueden seguir celebrándose mientras se deterioran otras condiciones necesarias para una democracia plena.
No pretendo afirmar que España haya dejado de ser una democracia. Sigue siendo reconocida internacionalmente como tal.
Mi preocupación es otra: que podamos acostumbrarnos a determinadas prácticas de poder y dejar de reconocer los riesgos que entrañan para nuestras instituciones.
IV. Por qué considero necesario tomar partido
No he necesitado esperar a los últimos acontecimientos para desconfiar de la concepción del poder de Pedro Sánchez. Desde sus primeras contradicciones, justificadas como cambios de opinión, advertí una forma de entender la política que me resultaba profundamente inquietante.
Cambiar de opinión es legítimo. Incluso puede ser una muestra de inteligencia y honestidad. Pero cuando los cambios afectan a compromisos fundamentales, a las condiciones en que se obtuvo la confianza de los ciudadanos o a principios presentados anteriormente como irrenunciables, dejan de ser una simple cuestión de flexibilidad política. Exigen explicaciones y responsabilidades.
Durante un tiempo pude interpretar aquellas conductas como parte del juego político, aunque nunca las compartí.
Hoy mi preocupación es distinta y mucho mayor. No se refiere solamente a la credibilidad de un dirigente, sino a la posibilidad de que estemos asistiendo a un proceso de involución institucional que debilite progresivamente los límites del poder.
Por eso considero necesario tomar partido.
No es una crítica al socialismo ni a quienes se identifican con sus valores. De hecho, existen voces socialistas que han expresado discrepancias importantes con la dirección de Pedro Sánchez.
Mis preocupaciones se dirigen al ejercicio concreto del poder durante sus gobiernos.
Me preocupa la declaración de que seguiría gobernando «con o sin el concurso del poder legislativo», aunque su intención declarada fuera continuar hasta agotar la legislatura.
Me preocupa la reiterada ausencia de presentación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. No es lo mismo que el Parlamento rechace unas cuentas a que el Gobierno no llegue a presentarlas.
Me preocupa el recurso frecuente a los decretos leyes, cuya utilización debe justificarse por las circunstancias extraordinarias y urgentes que establece la Constitución.
Me preocupa que decisiones de Estado de tanta trascendencia como el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental se adopten sin buscar previamente un consenso político amplio.
Me preocupa cualquier intento de influir partidistamente en los órganos encargados de controlar al poder. El Tribunal Constitucional, como los demás órganos de garantía, debe preservar su independencia y su imparcialidad. El árbitro no puede convertirse en jugador.
Y me preocupa especialmente la polarización, cuando la confrontación política deja de basarse en la crítica a los hechos y las propuestas para convertirse en una descalificación de las personas por el bando al que pertenecen.
El «no es no», la política del «muro» y la apelación al miedo a la ultraderecha me llevan a cuestionar una forma de plantear la confrontación política que considero perjudicial para la concordia.
Las propuestas de la derecha, de la izquierda o de cualquier nacionalismo deben ser examinadas por su contenido, sus consecuencias y su respeto a las reglas democráticas.
No por los adjetivos utilizados para desacreditar a quienes las defienden.
El miedo no debe sustituir al razonamiento.
Tampoco pretendo presentar todas estas actuaciones como infracciones constitucionales demostradas. Son hechos y decisiones de distinta naturaleza y gravedad, sobre los que formulo una valoración política que debe poder discutirse y contrastarse.
Pero no creo que debamos esperar a que una democracia pierda sus garantías esenciales para empezar a preocuparnos por ellas.
V. No confundir al adversario con el enemigo
La democracia necesita discrepancia. Sin ella no habría pluralismo, ni alternativas, ni posibilidad de corregir nuestros errores.
Lo que no necesita es convertir la discrepancia en enemistad.
Cuando juzgamos los mismos hechos de manera diferente según quién los protagonice, dejamos de defender principios y empezamos a defender bandos.
Cuando los nuestros siempre tienen excusa y los otros siempre tienen la culpa, la política pierde su fundamento moral.
Y cuando demonizamos al adversario, además de deteriorar la convivencia, podemos terminar reforzando aquello que pretendemos combatir.
Por eso no acepto que la defensa de la democracia pueda convertirse en patrimonio exclusivo de ningún partido, dirigente o ideología.
Tampoco acepto que cuestionar las actuaciones de Pedro Sánchez signifique necesariamente apoyar al PP o a Vox.
Puedo mantener profundas discrepancias con sus proyectos políticos y, al mismo tiempo, reconocer plenamente su legitimidad democrática dentro del orden constitucional.
Como también puedo discrepar de las propuestas de la extrema izquierda o de los nacionalismos sin negar su derecho a defenderlas.
No se trata de equiparar proyectos diferentes ni de renunciar a juzgar sus propuestas.
Se trata de aplicar las mismas reglas a todos.
VI. Mi compromiso con el constitucionalismo democrático
No por el Partido Popular, ni por Vox, ni por ninguna otra formación política en particular. Tampoco contra un partido por el mero hecho de serlo.
Tomo partido por el constitucionalismo democrático.
Y estoy dispuesto a dar prioridad política a quienes acrediten un compromiso inequívoco con sus principios, incluso cuando mantenga con ellos discrepancias ideológicas importantes.
No es una adhesión incondicional. Es una exigencia que deberá aplicarse también a quienes aspiren a sustituir al actual Gobierno.
Porque de nada serviría denunciar la concentración del poder bajo unas siglas para justificarla después bajo otras.
Defiendo un parlamentarismo efectivo, no meramente formal.
Defiendo la independencia judicial y la imparcialidad de los órganos de garantía.
Defiendo el derecho de la oposición a controlar al Gobierno y a convertirse legítimamente en alternativa.
Defiendo la libertad de expresión, especialmente la de quienes discrepan de nosotros.
Defiendo la posibilidad de reformar profundamente nuestras instituciones, siempre mediante procedimientos democráticos.
Y defiendo la reciprocidad como prueba de autenticidad de nuestros principios.
No estoy renunciando a mis convicciones de izquierda ni buscando refugio en otra identidad partidista.
Estoy estableciendo una prioridad política que considero anterior a cualquier programa de gobierno: preservar las condiciones que permiten que todos podamos defender libremente nuestros proyectos.
No pretendo que mis preocupaciones sean compartidas por todos. Precisamente porque creo en la libertad de quienes piensan diferente, acepto que mi diagnóstico sea discutido, cuestionado o rechazado con argumentos.
Pero no quiero permanecer en silencio.
No busco un partido que piense como yo en todo. Busco una democracia en la que podamos seguir pensando diferente.
Una democracia donde gobernar no signifique disponer de las instituciones y donde perder unas elecciones no suponga quedar excluido de la comunidad política.
Donde la concordia no sea la ausencia de conflicto, sino la garantía de que nuestras diferencias podrán resolverse mediante la palabra, las leyes y el respeto recíproco.
Por esa concordia, por la libertad y por el parlamentarismo, tomo partido.
Por el constitucionalismo democrático. Por encima de cualquier gobernante.
La Réplica — José Antonio Parro
Zamora, 27 de octubre de 2026





