Cuando la parte vuelve a convertirse en el todo

El caso de Ariana Harwicz y una de las falacias más peligrosas de nuestro tiempo

Estos días he estado en Granada mientras se desarrollaba una polémica que, al conocerla con más detalle, me ha resultado demasiado familiar.

La escritora argentina Ariana Harwicz había sido invitada al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh. Su participación fue posteriormente cancelada después de las protestas suscitadas por sus posiciones públicas sobre Israel, Gaza y, especialmente, su oposición al boicot cultural a artistas israelíes.

No pretendo aquí decidir si las opiniones de Harwicz son acertadas o equivocadas. Algunas pueden parecernos discutibles, rechazables o incluso profundamente equivocadas.

Precisamente ahí está la cuestión.

¿Qué hacemos con quien piensa algo que consideramos intolerable?

Porque detrás de este episodio aparece nuevamente una confusión que considero una de las más frecuentes y peligrosas de nuestro tiempo:

confundir la parte con el todo.

Una persona sostiene una determinada posición sobre Israel y esa posición termina definiendo a la persona entera.

Un escritor firma un manifiesto y el manifiesto acaba sustituyendo al escritor.

Alguien discrepa sobre Gaza, Ucrania, inmigración, feminismo, memoria histórica o cualquier otro asunto especialmente polarizado y dejamos de discutir lo que ha dicho para empezar a clasificar a quien lo ha dicho.

La discrepancia concreta se transforma en identidad.

Y entonces aparece el mecanismo:

si rechazo una de tus ideas, termino rechazándote a ti.

Ese salto lógico parece pequeño, pero tiene enormes consecuencias.

Podemos considerar equivocada una opinión de Ariana Harwicz y defender simultáneamente que pueda expresarla. Podemos cuestionarla, discutirla, confrontarla con hechos y argumentos e incluso rebatirla públicamente.

Eso es precisamente discrepar.

De hecho, quienes defendieron su exclusión han argumentado que el problema no era su identidad judía, sino determinadas declaraciones públicas sobre Israel, Palestina y Gaza. Ese argumento merece ser escuchado y discutido.

Pero tampoco resuelve la cuestión fundamental:

¿Una posición concreta, por muy equivocada que nos parezca, debe convertir a una persona en alguien con quien ya no se puede compartir un espacio de debate?

La Universidad de Granada terminó desmarcándose de la decisión y recordó algo elemental: una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y también a las posiciones discrepantes o controvertidas.

Me parece una buena definición de lo que debería ser una sociedad plural.

Porque la alternativa resulta inquietante: espacios culturales en los que todos podamos discrepar siempre que nuestra discrepancia permanezca dentro de unos límites previamente aceptados por quienes participan en ellos.

Eso no es pluralismo.

Es pluralismo entre quienes ya están suficientemente de acuerdo.

Cambiemos a los protagonistas: ¿mantenemos el mismo criterio?

Hay una manera muy sencilla de comprobar si estamos defendiendo realmente un principio.

Cambiemos a los protagonistas.

Imaginemos que mañana una universidad, un festival o una institución cultural dominada por personas de ideas completamente diferentes decide excluir a un escritor porque sus opiniones sobre Palestina, inmigración, feminismo, religión o memoria histórica les parecen moralmente inadmisibles.

¿Defenderíamos entonces la exclusión con los mismos argumentos?

¿O nuestra respuesta sería diferente?

La pregunta importa porque un principio solo es realmente un principio cuando estamos dispuestos a aplicarlo también a quien piensa de manera muy distinta a nosotros.

Si la respuesta cambia cuando cambian los protagonistas, quizá no defendemos un principio, sino solo a los nuestros.

Y volvemos así a una idea que atraviesa muchas de las reflexiones que he publicado en La Réplica:

los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

No se trata de estar de acuerdo con Ariana Harwicz.

Se trata de algo bastante más importante.

De conservar la capacidad de distinguir entre una persona y una de sus opiniones; entre una obra y una declaración; entre discutir una idea y expulsar del debate a quien la sostiene.

La parte no es el todo.

Nunca debería serlo.

Y quizá precisamente porque olvidamos algo tan elemental, esta sea una de las falacias más utilizadas —y más peligrosas— de nuestro tiempo.

La discrepancia es normal.
Convertir al discrepante en aquello que discrepamos de él es otra cosa.

La Réplica

 

LA PRUEBA DEL CAMBIO DE PROTAGONISTA

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan

Entre el relato y las creencias, los hechos

Esta reflexión tiene un desencadenante inmediato.

Un vídeo sobre China, Estados Unidos y la geopolítica del petróleo terminaba cuestionando la facilidad con la que hablamos de los Estados como si fueran personas: «China gana», «Estados Unidos pierde», «nosotros» frente a «ellos».

No era exactamente el asunto sobre el que llevaba tiempo reflexionando, pero hizo confluir varias ideas que ya habían aparecido en La Réplica: no confundir la parte con el todo, no subordinar los hechos al relato y recordar que los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y de ahí surge una pregunta muy sencilla:

¿Juzgaríamos de la misma manera un hecho si lo hubiera cometido el bando contrario?

Parece una pregunta elemental. Pero quizá sea una de las mejores herramientas para comprobar si estamos juzgando los hechos de acuerdo con nuestros principios o acomodando los principios al relato al que pertenecemos.

Probemos.

Si considero intolerable encarcelar a una mujer por desafiar las normas religiosas de un régimen, ¿seguiría pareciéndome intolerable aunque ese régimen sea enemigo de un país cuya política rechazo?

Si condeno la muerte de civiles cuando bombardea el adversario, ¿mantengo el mismo criterio cuando bombardean los míos?

Si considero inadmisible la censura cuando la practica un Gobierno que detesto, ¿la justifico cuando pretende proteger una causa que comparto?

Si denuncio una invasión cuando la realiza una potencia adversaria, ¿busco atenuantes cuando quien invade pertenece a mi espacio político o geoestratégico?

No se trata de afirmar que todas las situaciones sean iguales. Casi nunca lo son. El contexto importa, las responsabilidades pueden ser diferentes y los antecedentes también.

Pero el contexto debe ayudarnos a comprender los hechos, no a hacerlos desaparecer.

CUANDO EL RELATO MANDA SOBRE LOS HECHOS

Aquí aparece una inversión que merece atención.

Lo razonable sería:

HECHOS → ANÁLISIS → CONCLUSIÓN

Pero con demasiada frecuencia hacemos lo contrario:

RELATO → SELECCIÓN DE HECHOS → JUSTIFICACIÓN

Primero sabemos quiénes son «los nuestros» y quiénes «los otros». Después interpretamos lo ocurrido.

Y entonces un mismo hecho puede cambiar de nombre según quién lo cometa.

Lo que en el adversario es represión puede convertirse en «defensa de la estabilidad» entre los nuestros.

Lo que en unos es agresión puede presentarse en otros como «necesidad geoestratégica».

Las víctimas que sirven para denunciar al contrario ocupan titulares; las que incomodan a nuestro relato pasan rápidamente a segundo plano.

Los hechos siguen siendo los mismos.

Lo que ha cambiado es el protagonista.

IRÁN Y LAS MUJERES: UN EJEMPLO INCÓMODO

La represión ejercida por el régimen iraní contra mujeres, manifestantes y disidentes está ampliamente documentada.

Las protestas desencadenadas en 2022 tras la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini fueron reprimidas violentamente. Naciones Unidas recogió informaciones fiables sobre el uso intencionado y desproporcionado de fuerza letal y más de 550 manifestantes muertos, incluidos menores.

Posteriormente, organismos de Naciones Unidas han seguido documentando medidas represivas contra mujeres y niñas y contra activistas del movimiento «Mujer, Vida, Libertad».

Podemos analizar al mismo tiempo la política estadounidense hacia Irán, las acciones de Israel, las sanciones, Palestina, el petróleo o el equilibrio de poder en Oriente Próximo.

Debemos hacerlo.

Pero ninguna consideración geopolítica convierte la represión de una mujer iraní en menos represión.

Aquí puede producirse una doble perversión.

Quien sitúa al régimen iraní dentro del campo de «los enemigos de mis enemigos» puede relativizar sus abusos porque denunciarlos parece favorecer al adversario.

Y quien considera a Irán simplemente parte del «eje enemigo» puede utilizar el sufrimiento de esas mismas mujeres como munición contra el contrario y olvidarse de ellas cuando dejan de ser útiles.

En los dos casos sucede lo mismo:

la persona queda subordinada al relato.

CAMBIEMOS LOS NOMBRES

Esta es la prueba que propongo.

Ante una noticia que confirme nuestras convicciones, hagamos mentalmente un pequeño experimento:

cambiemos los nombres de los protagonistas.

Donde pone el partido que detesto, pongamos el que voto.

Donde pone el país adversario, pongamos el aliado.

Donde pone Israel, pongamos Palestina; donde pone Palestina, Israel.

Donde pone Rusia, pongamos Estados Unidos.

Y después volvamos a preguntarnos qué pensamos del hecho.

Naturalmente, intercambiar nombres no convierte situaciones históricas diferentes en equivalentes.

No se trata de fabricar falsas equidistancias.

Se trata de poner a prueba nuestro propio criterio.

Si nuestra valoración moral cambia automáticamente al cambiar el nombre, tenemos un problema.

Quizá no estuviéramos defendiendo un principio.

Estábamos defendiendo a los nuestros.

LOS PRINCIPIOS TIENEN UNA PRUEBA DE RESISTENCIA

Por eso aquella frase que he utilizado otras veces adquiere aquí todo su significado:

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Defender la libertad de expresión de quien piensa como nosotros es fácil.

Denunciar la corrupción del adversario es fácil.

Indignarse ante las víctimas producidas por el enemigo es fácil.

La dificultad comienza cuando la libertad que debemos defender es la de quien nos irrita; cuando la corrupción aparece entre los nuestros; cuando la víctima cuestiona nuestra explicación del mundo.

Ahí descubrimos cuánto pesaba realmente el principio.

Porque un principio que sólo aplicamos al adversario no es un principio.

Es un arma.

EL PROBLEMA NO ES EL «NOSOTROS»

Necesitamos un «nosotros»: familia, amigos, comunidad, país, ideas compartidas. La pertenencia puede generar solidaridad, cooperación y responsabilidad hacia los demás.

El problema empieza cuando para afirmar ese nosotros necesitamos fabricar un ellos.

Y se vuelve mucho más peligroso cuando, una vez construido ese «ellos», dejamos de aplicar a unos y otros el mismo criterio.

Entonces ya no acomodamos nuestros relatos a los hechos.

Acomodamos los hechos a nuestros relatos.

Por eso quizá necesitemos hacernos más veces una pregunta extraordinariamente sencilla:

¿PENSARÍA LO MISMO SI LO HUBIERAN HECHO LOS OTROS?

Si la respuesta es no, merece la pena detenerse.

Porque los principios no deberían cambiar cuando cambiamos el nombre del protagonista.

Y porque cuando subordinamos los hechos al relato, tarde o temprano terminamos subordinando también a las personas.

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A partir de: un vídeo de Liberalístico sobre China, Estados Unidos, el petróleo y el llamado «dilema de Malaca». Su reflexión final sobre los relatos geopolíticos fue el desencadenante inmediato para volver sobre ideas que ya había tratado anteriormente en La Réplica.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jhnVLUR3nOU&t=158s

 

Antes de los bandos: Lorca, La Barraca y la España que también convivía

La película La bola negra, de Los Javis, devuelve a la actualidad a Federico García Lorca y a Rafael Rodríguez Rapún. Pero, al acercarnos a sus vidas, aparece también otra España que merece ser recordada: una sociedad profundamente enfrentada, sí, pero todavía no dividida en dos compartimentos humanos impermeables.

Hay relatos que, de tanto repetirse, terminan simplificando la historia.

Uno de ellos consiste en contemplar la España anterior a la Guerra Civil desde lo que sabemos que ocurrió después: dos bandos perfectamente delimitados, dos Españas que parecieran haber vivido siempre separadas y enfrentadas.

Pero la realidad fue bastante más compleja.

La bola negra y Rafael Rodríguez Rapún

La reciente película La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha vuelto a poner el foco sobre una figura mucho menos conocida que Lorca: Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca, militante socialista y uno de los grandes afectos amorosos del poeta.

Los propios directores han explicado que llegaron a Rapún a través de La piedra oscura, de Alberto Conejero, y que su historia les llevó a investigar el epistolario y la biografía de Lorca.

Pero siguiendo ese hilo aparece algo que va más allá de una historia de amor.

Aparece La Barraca.

Un pequeño microcosmos de aquella España

La Barraca fue el teatro universitario impulsado durante la Segunda República y dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Desde 1932 recorrió pueblos españoles representando gratuitamente a Calderón, Lope de Vega, Cervantes y otros clásicos.

Podría resultar fácil imaginarla retrospectivamente como un grupo políticamente homogéneo de jóvenes republicanos y de izquierdas.

No fue exactamente así.

Entre aquellos estudiantes hubo socialistas y personas de otras sensibilidades políticas. Y hubo también quienes terminarían vinculados a Falange.

Un caso especialmente revelador es Eduardo Ródenas Llusiá.

Ródenas había pertenecido a La Barraca y posteriormente escribió en Haz, órgano de Falange Española. Y desde allí defendió precisamente el proyecto cultural de Lorca frente a quienes desde la derecha pretendían desacreditarlo.

La paradoja es extraordinaria: un falangista defendiendo públicamente La Barraca de Federico García Lorca frente a sectores conservadores que la consideraban propaganda republicana.

También encontramos a Modesto Higueras, discípulo de Lorca en La Barraca, cuya trayectoria posterior quedaría vinculada al teatro universitario del régimen franquista y a Falange.

Nada de esto convierte a La Barraca en un espacio apolítico ni borra las profundas diferencias ideológicas existentes.

Pero obliga a introducir matices.

Lorca tampoco quería reducir La Barraca a una trinchera

El propio Lorca rechazó que el proyecto pudiera reducirse a una operación política.

En 1932, cuando ya existían acusaciones en ese sentido, declaró que al Teatro Universitario se le pretendía atribuir un matiz político que él negaba: para Lorca aquello era, ante todo, teatro.

Naturalmente, La Barraca formaba parte de una política cultural de la Segunda República y pretendía llevar la cultura a lugares donde difícilmente llegaba.

Pero una cosa es reconocer su contexto político y otra convertir retrospectivamente a todos sus integrantes en miembros de un mismo bloque ideológico.

No lo eran.

¿Y Lorca y José Antonio Primo de Rivera?

Aquí debemos ser especialmente prudentes.

Existen testimonios según los cuales Lorca y José Antonio se conocieron y tuvieron contactos personales. También está documentada la admiración de José Antonio por la obra del poeta.

Otra cosa muy distinta es afirmar, como algunas veces se hace, que existió entre ellos una amistad íntima y clandestina.

Hay testimonios posteriores que lo sostienen, pero no disponemos de cartas, fotografías u otra documentación contemporánea suficiente para establecerlo como un hecho indiscutible.

Y precisamente esta distinción importa.

Una cosa es el hecho documentado; otra, el testimonio; y otra, la interpretación que posteriormente construimos sobre ambos.

La guerra proyecta su sombra hacia atrás

Quizá ahí esté la cuestión fundamental.

Sabemos cómo terminó la historia.

Lorca fue asesinado en 1936.

Rafael Rodríguez Rapún murió combatiendo en el Ejército republicano en 1937.

Eduardo Ródenas, el barraco falangista que había defendido aquel proyecto cultural, fue también asesinado al comienzo de la Guerra Civil.

Cuando conocemos el desenlace resulta muy difícil no proyectarlo hacia atrás.

Terminamos imaginando que las fronteras que la guerra convirtió en abismos habían existido siempre.

Pero no era exactamente así.

Había enfrentamiento político, violencia, sectarismo y una polarización creciente. Sería absurdo negarlo.

Pero también había espacios compartidos.

Personas que pensaban de manera radicalmente distinta estudiaban juntas, trabajaban juntas, discutían, hacían teatro, escribían, se enamoraban o mantenían amistad.

La Barraca fue uno de esos lugares.

Antes de los bandos

Quizá por eso recuperar estas historias tenga hoy algún valor.

No para blanquear lo que ocurrió después.

No para establecer falsas equidistancias.

Y tampoco para fabricar un nuevo relato tranquilizador según el cual aquella España convivía armoniosamente hasta que, de repente, alguien decidió romperla.

La historia tampoco fue así.

Se trata de algo bastante más sencillo:

recordar que ninguna sociedad está formada únicamente por bloques.

Entre las etiquetas existen personas.

Y antes de que una guerra convierta al vecino en enemigo, hubo muchas ocasiones en las que ese vecino fue compañero, amigo, colega o simplemente alguien con quien era posible compartir un proyecto.

Los Javis han dicho estos días, hablando de La bola negra, algo que trasciende la película: cuando desaparece la posibilidad de dialogar con quien piensa diferente, el resultado puede terminar siendo la violencia y la tragedia.

Noventa años después, quizá La Barraca conserve una enseñanza que no estaba escrita en ninguno de sus libretos.

Rafael Rodríguez Rapún, Federico García Lorca, Eduardo Ródenas y los demás barracos no pensaban igual.

Durante algún tiempo, sin embargo, fueron capaces de levantar juntos un escenario.

Y eso también forma parte de nuestra historia.

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

 

La inteligencia artificial: ¿de quién será el nuevo capital?

Branko Milanović, uno de los economistas que más ha estudiado la desigualdad mundial, ha lanzado una propuesta destinada a provocar debate: si fuera necesario, habría que nacionalizar la inteligencia artificial.

La frase impresiona. Pero quizá lo más interesante no sea la nacionalización, sino la pregunta que hay detrás:

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

La IA también es capital

Milanović parte de una idea sencilla: la inteligencia artificial es una nueva forma de capital.

No tiene necesariamente la apariencia de una fábrica, una máquina o una explotación minera. Está formada por algoritmos, modelos, datos, chips, centros de procesamiento, energía y conocimiento. Pero requiere enormes inversiones y puede multiplicar extraordinariamente la productividad.

Y, como cualquier capital, tiene propietarios.

Ahí aparece el problema.

Si la IA permite producir más con menos trabajo humano y la propiedad de esa tecnología se concentra en pocas empresas, una parte creciente de la riqueza podría desplazarse desde quienes aportan su trabajo hacia quienes poseen ese capital.

No es una certeza. Nadie sabe todavía cuál será el efecto final de la IA sobre el empleo y los salarios. También puede crear nuevas profesiones, aumentar la productividad de millones de trabajadores y democratizar capacidades que antes estaban reservadas a grandes organizaciones.

Pero el riesgo señalado por Milanović es real: una revolución tecnológica capaz de aumentar enormemente la riqueza también puede aumentar enormemente su concentración.

¿Nacionalizar qué?

Aquí empiezan mis dudas sobre su propuesta.

Decir «nacionalicemos la inteligencia artificial» resulta mucho más sencillo que explicar qué significa.

¿Nacionalizamos las empresas que desarrollan los grandes modelos? ¿Los propios modelos? ¿Los centros de datos? ¿La capacidad de computación? ¿Los chips? ¿Los datos?

La IA no es una fábrica situada dentro de las fronteras de un país. Es una infraestructura tecnológica internacional extraordinariamente compleja.

Por eso creo que la expresión nacionalizar la inteligencia artificial tiene más fuerza como advertencia que como programa político concreto.

Pero Milanović plantea una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Todo el poder para las empresas?

Si dentro de unos años la inteligencia artificial resulta tan fundamental para una sociedad como hoy lo son la electricidad, las telecomunicaciones o Internet, cabe preguntarse si podemos permitir que su infraestructura esencial quede concentrada exclusivamente en unas pocas corporaciones.

Porque quien controle una tecnología capaz de intervenir en la producción, la información, la educación, la investigación científica, la administración o la defensa no tendrá solamente poder económico.

Tendrá poder social y político.

Y una democracia tiene razones legítimas para impedir una concentración semejante.

Eso puede exigir regulación, defensa de la competencia, fiscalidad, modelos abiertos, investigación pública y posiblemente infraestructuras públicas de inteligencia artificial.

Pero entonces aparece la pregunta contraria.

¿Todo el poder para el Estado?

Que desconfiemos de una concentración excesiva del poder privado no significa que debamos confiar automáticamente en la concentración del poder público.

Una inteligencia artificial controlada exclusivamente por un Estado también podría convertirse en una formidable herramienta de vigilancia, manipulación o control social.

Especialmente en un régimen autoritario.

Por eso quizá estemos formulando mal la alternativa.

No debería ser:

IA privada o IA estatal.

El verdadero desafío debería ser:

cómo impedir que una tecnología con semejante capacidad quede monopolizada por nadie.

Ni por cinco grandes corporaciones.

Ni por un Gobierno.

Democratizar el nuevo capital

En este punto encuentro especialmente interesante otra de las propuestas de Milanović, menos llamativa que la nacionalización pero posiblemente más importante: ampliar el acceso a ese nuevo capital.

Que universidades, administraciones, pequeñas empresas, investigadores, trabajadores y ciudadanos puedan utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial evita que todas sus ventajas queden reservadas a quienes disponen de miles de millones para desarrollarlas.

Quizá ahí esté una parte de la respuesta.

Competencia real. Regulación democrática. Investigación pública. Modelos abiertos cuando sea posible. Acceso amplio a la tecnología. Fiscalidad sobre las nuevas rentas del capital. Protección para quienes resulten perjudicados por la transformación laboral.

Y límites claros al poder, sea privado o público.

Entre el miedo y la fascinación

Con la inteligencia artificial estamos cayendo con frecuencia en dos relatos opuestos.

Uno anuncia una especie de paraíso tecnológico en el que la IA resolverá nuestros problemas.

El otro anuncia desempleo masivo, desigualdad extrema e incluso la desaparición de la humanidad.

Probablemente todavía no tengamos datos suficientes para afirmar ninguno de los dos futuros.

Y precisamente por eso conviene empezar a formular las preguntas ahora.

Milanović ha planteado una incómoda y necesaria.

Pero yo la formularía de otra manera:

Si la inteligencia artificial se convierte en uno de los principales capitales del siglo XXI, ¿quién será su propietario, quién decidirá cómo se utiliza y quién recibirá la riqueza que produzca?

Porque la tecnología por sí sola no decidirá si genera mayor igualdad o mayor desigualdad.

Eso dependerá también de las instituciones que construyamos alrededor de ella.

Y quizá el problema fundamental no sea decidir quién debe quedarse con todo ese poder, sino conseguir que nadie pueda quedarse con todo él.

NADIE ES MÁS QUE NADIE

 

NADIE ES MÁS QUE NADIE

Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia

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«Nadie es más que nadie»
Una canción por la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad y el derecho a pensar diferente.

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Hay una enfermedad de la política que no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No necesita uniforme, bandera ni ideología determinada. Puede aparecer en un gobierno, en un partido, en una institución y también entre quienes se consideran sus adversarios.

Empieza con una convicción aparentemente inocente: nosotros tenemos razón.

El problema comienza cuando esa frase se transforma en otra mucho más peligrosa: como tenemos razón, somos mejores.

Y culmina cuando aparece una tercera: como somos mejores, tenemos más legitimidad que los otros para decidir cuáles son las reglas y hasta dónde pueden llegar.

Ahí comienza la hybris.

Cuando el adversario deja de ser legítimo

La democracia no consiste en que gobiernen los buenos y sean derrotados los malos. Consiste precisamente en algo mucho más difícil: aceptar que personas libres e iguales pueden defender proyectos políticos incompatibles y que ninguno de ellos adquiere por ello una dignidad superior.

Mi vecino puede votar exactamente lo contrario que yo.

Mi compañero de trabajo puede sostener ideas que considero profundamente equivocadas.

Incluso puedo pensar que algunas de sus opiniones son injustas, reaccionarias, ingenuas o disparatadas.

Pero sigue siendo mi vecino. Sigue siendo mi compañero. Sigue siendo un ciudadano con los mismos derechos que yo.

El deterioro comienza cuando dejamos de discutir sus argumentos y empezamos a cuestionar su legitimidad.

Entonces aparecen las palabras que conocemos demasiado bien: traidores, fascistas, comunistas, enemigos de España, enemigos del pueblo, antipatriotas, reaccionarios, vendidos...

Ya no necesitamos convencer al otro.

Basta con descalificarlo.

Y una democracia en la que media sociedad considera moralmente ilegítima a la otra media puede conservar elecciones, parlamentos y gobiernos, pero habrá empezado a perder algo previo y fundamental: la amistad civil que permite convivir después de votar.

El poder no convierte a nadie en propietario de la democracia

Hay otro escalón todavía más peligroso.

Quien identifica su proyecto con la democracia termina considerando cualquier obstáculo a su proyecto como un obstáculo a la propia democracia.

Los contrapesos dejan entonces de ser garantías y empiezan a parecer estorbos. La crítica se convierte en conspiración. La discrepancia interna, en deslealtad. Los jueces, organismos reguladores, medios de comunicación o instituciones solo parecen respetables cuando coinciden con nosotros.

Y aquí conviene establecer una regla extremadamente sencilla:

Las instituciones que hoy limitan al adversario serán las mismas que mañana tendrán que limitarnos a nosotros.

Por eso las reglas democráticas tienen verdadero valor cuando aceptamos aplicarlas también cuando nos perjudican.

Los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

Nadie es imprescindible

El gobernante democrático no es propietario del cargo. Lo ocupa temporalmente.

El partido tampoco es propiedad de su dirigente.

Ni el Estado pertenece al Gobierno.

Ni la democracia pertenece a quienes han ganado las últimas elecciones.

Esta distinción elemental empieza a desaparecer cuando surge el liderazgo providencial: sin nosotros vendrá el desastre; sin mí ganarán los enemigos; mi permanencia resulta indispensable para proteger aquello que represento.

No.

En democracia nadie es imprescindible.

Quien hoy gobierna mañana puede perder.

Y eso no constituye una anomalía del sistema.

Eso es el sistema.

Las mismas reglas y la misma posibilidad de ganar

Hay una prueba muy sencilla para saber hasta qué punto creemos realmente en la democracia.

Imaginemos que mañana gobiernan nuestros adversarios.

¿Aceptaríamos que utilizaran contra nosotros las mismas facultades institucionales, interpretaciones de las leyes, mecanismos de presión y excepciones que hoy justificamos porque gobiernan los nuestros?

Si la respuesta es no, tenemos un problema.

Una democracia digna de ese nombre necesita las mismas reglas de juego y una posibilidad real de ganar y de perder para todos.

No puedo reclamar una regla cuando me beneficia y denunciarla como intolerable cuando beneficia al contrario.

Eso no es defender principios.

Es defender intereses.

La superioridad moral es una trampa

Naturalmente existen conductas mejores y peores, ideas más razonables que otras y hechos verdaderos y falsos. Defender que nadie es superior no significa caer en el relativismo ni afirmar que todas las opiniones valen lo mismo.

Significa algo distinto y mucho más importante:

ninguna certeza política convierte a quien la posee en un ciudadano superior.

Podemos combatir ideas sin deshumanizar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar una mentira sin convertir al mentiroso en un ser sin derechos.

Podemos enfrentarnos políticamente con toda la dureza necesaria y, al terminar, reconocernos como ciudadanos iguales.

Eso es la concordia.

No consiste en estar de acuerdo.

Consiste en aprender a convivir estando en desacuerdo.

Nadie es más que nadie

Por eso igualdad, libertad, solidaridad y reciprocidad no deberían ser palabras decorativas.

La igualdad dice que mi voto y mi dignidad no valen más que los tuyos.

La libertad permite que tú pienses justamente aquello que yo combatiré con mis argumentos.

La solidaridad recuerda que seguimos formando parte de una comunidad incluso cuando discrepamos.

Y la reciprocidad establece una regla elemental: no reclames para los tuyos aquello que no aceptarías para los otros.

Frente al relato, los hechos.

Frente a la obediencia, el pensamiento crítico.

Frente a la trinchera, la convivencia.

Frente al dirigente imprescindible, instituciones fuertes.

Frente al «nosotros contra ellos», ciudadanos diferentes sometidos a las mismas reglas.

Y frente a cualquier izquierda, derecha, nacionalismo, populismo, élite o mayoría que alguna vez llegue a convencerse de que su supuesta superioridad le concede derechos que niega a los demás, una respuesta tan sencilla que hemos querido convertirla en canción:

Nadie es más que nadie.

Porque creerse superior no demuestra superioridad.

Demuestra que hemos empezado a olvidar la primera regla de una sociedad de ciudadanos libres:

nadie está por encima de nadie.

---

🎵 Nadie es más que nadie

Esta canción nace de esa convicción. No pretende decirnos qué debemos votar. Pretende recordar algo que deberíamos poder cantar juntos votemos a quien votemos.

Iguales y libres, caminemos.
Que pensar distinto no nos haga odiar.

Letra y concepto: José Antonio Parro Agudo
Música e interpretación generadas con Suno AI.

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

 

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado:

«Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente».

No es una frase menor. Precisamente por la autoridad jurídica de quien la pronuncia, merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio significa también exigir pruebas a la altura de la acusación.

Una cosa es sostener que determinadas actuaciones judiciales son equivocadas, desproporcionadas, ideológicamente sesgadas o incluso contrarias a Derecho. Todo ello puede discutirse, argumentarse y recurrirse.

Otra muy distinta es afirmar que existe un «golpe de Estado judicial permanente».

Porque las palabras importan.

Cuando el «golpe de Estado» lo denunciaban otros

Hay aquí un antecedente que resulta especialmente significativo.

Durante el procés catalán, cuando desde distintos sectores se calificaron aquellos acontecimientos como un «golpe de Estado», Martín Pallín rechazó esa caracterización.

En 2018 publicó incluso un artículo titulado La técnica del golpe de Estado, en el que terminaba advirtiendo contra «la falacia del Golpe de Estado» aplicada a Cataluña.

Y en 2019, en ¿Golpe de Estado o golpe de efecto?, volvía a cuestionar la utilización de expresiones contundentes que podían sustituir el análisis jurídico riguroso de los hechos.

Me parecía entonces un criterio razonable.

Precisamente por eso me sorprende el criterio de ahora.

¿Qué ha cambiado?

Si llamar «golpe de Estado» al procés exigía rigor conceptual, hechos y categorías jurídicas precisas, ¿por qué no debemos exigir exactamente lo mismo cuando se habla de un «golpe de Estado judicial permanente»?

La pregunta es inevitable:

¿Qué hechos permiten sostener una acusación de semejante gravedad?

Si existen, expónganse.

Si existen indicios, analicémoslos.

Si determinadas resoluciones son jurídicamente insostenibles, critiquémoslas.

Pero la existencia de decisiones judiciales que consideramos equivocadas o políticamente sesgadas no demuestra por sí misma la existencia de un golpe de Estado.

Y menos aún de uno «permanente».

¿Hipocresía? Prefiero hablar de doble rasero

Podría calificarse esta contradicción de hipocresía. Pero hacerlo supondría atribuir una intención que no puedo demostrar.

Prefiero algo más sencillo: señalar la incoherencia y preguntar si estamos utilizando un doble rasero.

Porque resulta difícil defender simultáneamente estas dos posiciones:

Cuando son otros quienes hablan de «golpe de Estado», debemos desconfiar de las expresiones rotundas y atenernos rigurosamente a los hechos.

Cuando la expresión coincide con nuestra interpretación política, podemos hablar de «golpe de Estado judicial permanente».

No debería funcionar así.

La libertad de expresión no elimina la responsabilidad

Por supuesto, Martín Pallín tiene derecho a expresar su opinión. Como cualquiera.

Pero cuanto mayor es la gravedad de una afirmación y mayor la autoridad pública de quien la formula, mayor debería ser también la responsabilidad al fundamentarla.

Me viene a la cabeza la vieja imagen de gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado. No porque ambas situaciones sean jurídicamente equivalentes —evidentemente no lo son—, sino porque ilustra una idea elemental: las palabras tienen consecuencias.

«Golpe de Estado» no puede convertirse simplemente en otra expresión de agitación política.

Si banalizamos las palabras, terminamos vaciándolas de significado.

El mismo criterio, también cuando nos incomoda

No pretendo demostrar que Martín Pallín esté equivocado.

Le planteo algo mucho más sencillo:

demuestre una afirmación de semejante gravedad con hechos de semejante contundencia.

Y apliquemos después exactamente el mismo criterio a Cataluña, al Gobierno, a la oposición, a los jueces y a cualquier otro poder del Estado.

Porque si exigimos rigor cuando habla el adversario, pero aceptamos la exageración cuando habla alguien próximo a nuestras convicciones, ya no estamos buscando la verdad.

Estamos construyendo relatos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y entre el relato y las creencias, los hechos.

 

Cuando la etiqueta sustituye al argumento

Fascista, comunista, sionista… cuando las palabras dejan de explicar y empiezan a servir para señalar

He leído con interés «Posfascismo pragmático», el artículo de Lluís Uría en La Vanguardia sobre Giorgia Meloni y la crisis de Ceuta.

El artículo contiene datos interesantes y plantea preguntas que merecen discusión: ¿ha sido proporcionada la reacción italiana? ¿Existe una doble vara de medir entre los flujos migratorios que llegan por España y por Italia? ¿Está utilizando Meloni la crisis para competir electoralmente con fuerzas situadas a su derecha? ¿Qué responsabilidad corresponde a Marruecos?

Todo eso merece ser analizado.

Precisamente por ello resulta penoso que un artículo que puede sostenerse sobre hechos y argumentos recurra repetidamente a un vocabulario que recuerda demasiado al de agitación y propaganda:

«Posfascista». «Ultras». «Racista». «Xenófobo».

Desde otras trincheras encontramos el mismo procedimiento: «comunista», «bolivariano», «sionista», «facha», «rojo»…

Cambian las palabras. El mecanismo es el mismo.

Primero la etiqueta; después, el argumento

Las palabras tienen significado. El problema comienza cuando dejamos de utilizarlas para describir con precisión una realidad y empezamos a emplearlas para clasificar moralmente al adversario.

Si alguien ha sido previamente etiquetado como «fascista», parece que ya no necesitamos refutar sus argumentos: habla un fascista.

Desde la trinchera contraria sucede exactamente lo mismo con «comunista» o «bolivariano».

Y «sionista» puede acabar funcionando como explicación universal de cualquier comportamiento de Israel, de un israelí o incluso de un judío.

La etiqueta sustituye a la persona y termina sustituyendo al argumento.

El problema no tiene dueño ideológico

Sería muy fácil convertir esto en una crítica a la izquierda o a la derecha. Y estaríamos cayendo exactamente en aquello que criticamos.

Desde una trinchera se grita «¡fascista!».

Desde otra, «¡comunista!» o «¡bolivariano!».

Desde otra, «¡sionista!».

Son palabras muy eficaces para movilizar a quienes ya están convencidos y bastante menos útiles para comprender a quien discrepa.

Sirven para la propaganda.

Mucho menos para pensar.

Una prueba sencilla

Ante cualquiera de estas etiquetas podemos hacernos una pregunta:

¿Qué queda del argumento si quitamos el adjetivo?

Si después de eliminar «fascista», «comunista», «sionista», «ultra» o «bolivariano» siguen quedando hechos, datos y razonamientos sólidos, tenemos algo que merece ser discutido.

Si al retirar la etiqueta se derrumba el argumento, quizá nunca hubo argumento.

Solo había propaganda.