¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

 

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado:

«Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente».

No es una frase menor. Precisamente por la autoridad jurídica de quien la pronuncia, merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio significa también exigir pruebas a la altura de la acusación.

Una cosa es sostener que determinadas actuaciones judiciales son equivocadas, desproporcionadas, ideológicamente sesgadas o incluso contrarias a Derecho. Todo ello puede discutirse, argumentarse y recurrirse.

Otra muy distinta es afirmar que existe un «golpe de Estado judicial permanente».

Porque las palabras importan.

Cuando el «golpe de Estado» lo denunciaban otros

Hay aquí un antecedente que resulta especialmente significativo.

Durante el procés catalán, cuando desde distintos sectores se calificaron aquellos acontecimientos como un «golpe de Estado», Martín Pallín rechazó esa caracterización.

En 2018 publicó incluso un artículo titulado La técnica del golpe de Estado, en el que terminaba advirtiendo contra «la falacia del Golpe de Estado» aplicada a Cataluña.

Y en 2019, en ¿Golpe de Estado o golpe de efecto?, volvía a cuestionar la utilización de expresiones contundentes que podían sustituir el análisis jurídico riguroso de los hechos.

Me parecía entonces un criterio razonable.

Precisamente por eso me sorprende el criterio de ahora.

¿Qué ha cambiado?

Si llamar «golpe de Estado» al procés exigía rigor conceptual, hechos y categorías jurídicas precisas, ¿por qué no debemos exigir exactamente lo mismo cuando se habla de un «golpe de Estado judicial permanente»?

La pregunta es inevitable:

¿Qué hechos permiten sostener una acusación de semejante gravedad?

Si existen, expónganse.

Si existen indicios, analicémoslos.

Si determinadas resoluciones son jurídicamente insostenibles, critiquémoslas.

Pero la existencia de decisiones judiciales que consideramos equivocadas o políticamente sesgadas no demuestra por sí misma la existencia de un golpe de Estado.

Y menos aún de uno «permanente».

¿Hipocresía? Prefiero hablar de doble rasero

Podría calificarse esta contradicción de hipocresía. Pero hacerlo supondría atribuir una intención que no puedo demostrar.

Prefiero algo más sencillo: señalar la incoherencia y preguntar si estamos utilizando un doble rasero.

Porque resulta difícil defender simultáneamente estas dos posiciones:

Cuando son otros quienes hablan de «golpe de Estado», debemos desconfiar de las expresiones rotundas y atenernos rigurosamente a los hechos.

Cuando la expresión coincide con nuestra interpretación política, podemos hablar de «golpe de Estado judicial permanente».

No debería funcionar así.

La libertad de expresión no elimina la responsabilidad

Por supuesto, Martín Pallín tiene derecho a expresar su opinión. Como cualquiera.

Pero cuanto mayor es la gravedad de una afirmación y mayor la autoridad pública de quien la formula, mayor debería ser también la responsabilidad al fundamentarla.

Me viene a la cabeza la vieja imagen de gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado. No porque ambas situaciones sean jurídicamente equivalentes —evidentemente no lo son—, sino porque ilustra una idea elemental: las palabras tienen consecuencias.

«Golpe de Estado» no puede convertirse simplemente en otra expresión de agitación política.

Si banalizamos las palabras, terminamos vaciándolas de significado.

El mismo criterio, también cuando nos incomoda

No pretendo demostrar que Martín Pallín esté equivocado.

Le planteo algo mucho más sencillo:

demuestre una afirmación de semejante gravedad con hechos de semejante contundencia.

Y apliquemos después exactamente el mismo criterio a Cataluña, al Gobierno, a la oposición, a los jueces y a cualquier otro poder del Estado.

Porque si exigimos rigor cuando habla el adversario, pero aceptamos la exageración cuando habla alguien próximo a nuestras convicciones, ya no estamos buscando la verdad.

Estamos construyendo relatos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y entre el relato y las creencias, los hechos.

 

Cuando la etiqueta sustituye al argumento

Fascista, comunista, sionista… cuando las palabras dejan de explicar y empiezan a servir para señalar

He leído con interés «Posfascismo pragmático», el artículo de Lluís Uría en La Vanguardia sobre Giorgia Meloni y la crisis de Ceuta.

El artículo contiene datos interesantes y plantea preguntas que merecen discusión: ¿ha sido proporcionada la reacción italiana? ¿Existe una doble vara de medir entre los flujos migratorios que llegan por España y por Italia? ¿Está utilizando Meloni la crisis para competir electoralmente con fuerzas situadas a su derecha? ¿Qué responsabilidad corresponde a Marruecos?

Todo eso merece ser analizado.

Precisamente por ello resulta penoso que un artículo que puede sostenerse sobre hechos y argumentos recurra repetidamente a un vocabulario que recuerda demasiado al de agitación y propaganda:

«Posfascista». «Ultras». «Racista». «Xenófobo».

Desde otras trincheras encontramos el mismo procedimiento: «comunista», «bolivariano», «sionista», «facha», «rojo»…

Cambian las palabras. El mecanismo es el mismo.

Primero la etiqueta; después, el argumento

Las palabras tienen significado. El problema comienza cuando dejamos de utilizarlas para describir con precisión una realidad y empezamos a emplearlas para clasificar moralmente al adversario.

Si alguien ha sido previamente etiquetado como «fascista», parece que ya no necesitamos refutar sus argumentos: habla un fascista.

Desde la trinchera contraria sucede exactamente lo mismo con «comunista» o «bolivariano».

Y «sionista» puede acabar funcionando como explicación universal de cualquier comportamiento de Israel, de un israelí o incluso de un judío.

La etiqueta sustituye a la persona y termina sustituyendo al argumento.

El problema no tiene dueño ideológico

Sería muy fácil convertir esto en una crítica a la izquierda o a la derecha. Y estaríamos cayendo exactamente en aquello que criticamos.

Desde una trinchera se grita «¡fascista!».

Desde otra, «¡comunista!» o «¡bolivariano!».

Desde otra, «¡sionista!».

Son palabras muy eficaces para movilizar a quienes ya están convencidos y bastante menos útiles para comprender a quien discrepa.

Sirven para la propaganda.

Mucho menos para pensar.

Una prueba sencilla

Ante cualquiera de estas etiquetas podemos hacernos una pregunta:

¿Qué queda del argumento si quitamos el adjetivo?

Si después de eliminar «fascista», «comunista», «sionista», «ultra» o «bolivariano» siguen quedando hechos, datos y razonamientos sólidos, tenemos algo que merece ser discutido.

Si al retirar la etiqueta se derrumba el argumento, quizá nunca hubo argumento.

Solo había propaganda.

Indicios, hipótesis y sentencias: una doble vara de medir

infoLibre ha publicado un análisis crítico sobre el informe del CENIF relativo a los sucesos de Ceuta. Su tesis principal es que se trata de un informe construido sobre conjeturas.

La crítica puede ser legítima, pero debe aplicarse el mismo criterio a todas las partes. Hay que distinguir entre hechos, indicios, hipótesis y pruebas.

Un informe policial no es una sentencia

Este punto es fundamental: un informe policial no es una sentencia judicial ni establece hechos probados de manera definitiva. Es una aportación que se remite a los tribunales para que pueda ser valorada junto con otras pruebas.

La policía puede reunir datos, detectar conexiones y plantear hipótesis. Después corresponde a los jueces contrastarlas, escuchar explicaciones alternativas y decidir qué queda acreditado.

Por tanto, no debemos presentar una conclusión policial como una verdad judicial. Pero tampoco debemos exigir a un informe de investigación que demuestre definitivamente aquello que precisamente se está investigando.

Un indicio no es una prueba, pero tampoco es nada

Que la mayoría de determinados teléfonos tuviera prefijo marroquí no demuestra por sí solo una organización estatal.

Que hubiera una gran difusión de mensajes no prueba necesariamente la intervención de especialistas.

Que muchas personas regresaran posteriormente a Marruecos tampoco permite conocer automáticamente sus intenciones.

Todo eso es cierto. Pero esos datos pueden ser indicios. Un indicio no demuestra una hipótesis, aunque puede justificar que se investigue.

La cuestión no es si el CENIF ha dictado una sentencia, porque no le corresponde hacerlo. La cuestión es si los datos que aporta hacen razonable continuar investigando determinadas hipótesis.

La doble vara de medir

El problema aparece cuando se califican las inferencias del CENIF como «conjeturas», mientras que las explicaciones alternativas se presentan como análisis objetivos.

infoLibre propone, por ejemplo, explicaciones relacionadas con la curiosidad, la desesperación económica, el efecto contagio o la decisión de regresar a Marruecos. Son posibilidades razonables, pero también son hipótesis. No conocemos con certeza el estado mental de miles de personas.

Una hipótesis alternativa no refuta automáticamente otra hipótesis. Ambas deben contrastarse con los hechos y las pruebas disponibles.

Lo mismo ocurre cuando se atribuyen intenciones políticas al informe o a quienes lo difunden. Si se exige al CENIF que demuestre sus atribuciones de intencionalidad, debe aplicarse la misma exigencia a quienes sostienen que el documento pretende provocar la caída del Gobierno o instalar una determinada narrativa política.

De lo contrario, estaríamos ante una clara doble vara de medir.

Hechos, indicios, hipótesis y pruebas

El debate puede resumirse así:

Hechos → indicios → hipótesis → pruebas

No debemos convertir un indicio en una certeza ni una hipótesis en una sentencia. Pero tampoco debemos descartar un indicio simplemente porque todavía no sea una prueba.

La policía investiga y aporta información. Los tribunales valoran esa información y deciden. El periodismo puede y debe examinar los informes policiales, pero debería aplicar a sus propias interpretaciones el mismo rigor que reclama a los investigadores.

Ver la realidad con un solo ojo impide apreciar la profundidad. Cuando solo se observa una parte de los hechos, también se pierde capacidad para juzgarlos correctamente.

Entre los relatos y las creencias deben estar los hechos. Porque los hechos permiten cambiar de opinión sin dejar de pensar.

José Antonio Parro Agudo
La Réplic

 

LO QUE PUDO HABER SIDO… Y NO FUE

Hay ocasiones en las que la forma de hacer las cosas importa casi tanto como el fondo.

La concentración celebrada el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta podía haber tenido una enorme fuerza simbólica si el llamamiento hubiera nacido precisamente allí: en Ceuta.

Imaginemos por un momento que hubiera sido su alcalde-presidente quien, ante una situación que consideraba grave, se hubiera dirigido solemnemente a todos los ayuntamientos de España:

«Ceuta os llama. Solidaridad. Unidad».

Habría sido una imagen poderosa: Ceuta llamando a España y España respondiendo a Ceuta.

El lejano recuerdo de Móstoles

La comparación histórica es inevitable, aunque naturalmente las circunstancias sean completamente distintas.

El 2 de mayo de 1808, mientras Madrid se levantaba contra las tropas francesas, los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el célebre bando que alertaba de lo ocurrido y llamaba a acudir en ayuda de Madrid.

La tradición popular acabaría convirtiéndolo en algo todavía más grande: el símbolo de un pequeño municipio que llama a toda España.

No se trata, por supuesto, de equiparar aquella invasión napoleónica con la situación actual de Ceuta. Sería absurdo. Se trata de recordar la extraordinaria fuerza que puede tener un gesto cuando quien hace el llamamiento es precisamente quien se siente amenazado y pide solidaridad.

Pero no ocurrió así

La convocatoria nacional del 2 de septiembre partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fue impulsada por su presidenta, María José García-Pelayo, después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Y aquí aparece una cuestión que merece reflexión.

Por lo que conocemos, la convocatoria no fue previamente deliberada ni acordada por los órganos colegiados de la FEMP. Los grupos representados en la Federación, salvo el Partido Popular, denunciaron precisamente que la decisión había sido adoptada unilateralmente por su presidenta.

Los Estatutos de la FEMP conceden a la Presidencia amplias facultades de representación y una competencia residual sobre aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas a otros órganos. Por ello, no parece prudente afirmar sin más que la convocatoria fuese ilegal o contraria a los Estatutos.

Pero una cosa es preguntarse si podía hacerlo y otra distinta si era la mejor manera de hacerlo.

Porque estamos hablando de una convocatoria institucional dirigida a los 8.132 ayuntamientos españoles.

Ante una iniciativa de semejante alcance, habría resultado mucho más coherente con el espíritu de una federación plural que la propuesta hubiera sido sometida previamente a deliberación de sus órganos de gobierno, incluso mediante una reunión extraordinaria si la urgencia lo aconsejaba.

Deliberar no debilita una institución. La fortalece.

Y además permite que una decisión institucional sea verdaderamente de la institución y no solamente de quien circunstancialmente la preside.

Lo que pudo haber sido

Y aquí regreso a aquella imagen que me habría gustado contemplar.

El presidente de Ceuta haciendo un llamamiento a todos los municipios españoles.

Los ayuntamientos respondiendo voluntariamente.

La FEMP respaldándolo después, tras deliberarlo entre las distintas sensibilidades políticas que la integran.

Ceuta llamando a España.
España respondiendo a Ceuta.

Quizá habría tenido algo de aquel lejano espíritu de los alcaldes de Móstoles.

Pero no fue así.

Y entonces me viene inevitablemente a la memoria aquella hermosa expresión de bolero:

«Lo que pudo haber sido y no fue».

Porque algunas veces, también en política, lo que pudo haber sido resulta mucho más hermoso que lo que finalmente fue.

EL ODIO AL ADVERSARIO TAMBIÉN PUEDE ALIMENTARLO

Hay una reacción casi automática ante determinados dirigentes políticos: «¡Qué odiosos!»

Es comprensible. Hay discursos, comportamientos y decisiones que pueden producir rechazo, indignación e incluso repugnancia.

Pero quizá convenga hacerse una pregunta incómoda:

¿Y si nuestro odio hacia ellos fuera precisamente una parte de su alimento?

La política de la polarización no vive únicamente de conseguir adhesiones. Necesita también enemigos.

Necesita que enfrente haya alguien que desprecie, ridiculice o demonice a quienes están al otro lado. Porque entonces resulta mucho más sencillo construir un relato:

«Nos odian. Nos persiguen. Quieren acabar con nosotros. Por eso tenemos que permanecer unidos».

El mecanismo no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede utilizarlo la derecha o la izquierda, un nacionalismo o su contrario, un movimiento religioso o uno antirreligioso.

La identidad del adversario cambia; el mecanismo permanece.

EL CÍRCULO QUE SE RETROALIMENTA

La polarización puede convertirse así en un círculo:

PROVOCACIÓN → INDIGNACIÓN → ODIO AL ADVERSARIO → REACCIÓN DEL ADVERSARIO → MAYOR COHESIÓN DE CADA BANDO → NUEVA PROVOCACIÓN

Y cada vuelta de la rueda beneficia especialmente a quienes hacen de la confrontación su principal herramienta política.

Esto no significa caer en el cómodo «todos son iguales».

No todos los hechos tienen la misma gravedad ni todas las responsabilidades son equivalentes.

Una democracia necesita señalar la mentira, el abuso de poder, la corrupción, el autoritarismo o cualquier vulneración de derechos, venga de donde venga.

La cuestión es otra:

¿Cómo hacerlo sin convertir nuestra indignación en combustible para aquello que queremos combatir?

CRITICAR NO ES ODIAR

Podemos combatir unas ideas sin despreciar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar a un gobernante sin considerar despreciables a millones de ciudadanos que lo votan.

Podemos exigir responsabilidades sin deshumanizar al adversario.

De hecho, esa distinción resulta esencial para conservar el espíritu crítico.

Cuando alguien pasa de ser un adversario a convertirse simplemente en «uno de los malos», dejamos de analizar lo que hace. Empezamos a interpretar automáticamente todo cuanto hace según la etiqueta que previamente le hemos colocado.

Y entonces los hechos pierden importancia.

También nosotros hemos entrado en la lógica de la trinchera.

UNA PARADOJA QUE MERECE LA PENA RECORDAR

Quien basa su poder en la confrontación necesita adversarios enfurecidos casi tanto como seguidores entusiasmados.

Por eso quizá la respuesta más eficaz ante determinados discursos no sea aumentar el volumen del desprecio, sino hacer algo mucho más difícil:

Examinar los hechos.

Desmontar las falsedades.

Exigir responsabilidades.

Y, al mismo tiempo, negarnos a participar en la deshumanización del contrario.

Porque existe una paradoja que deberíamos tener siempre presente:

EL ODIO AL ADVERSARIO NO SIEMPRE LO DEBILITA.
MUCHAS VECES LO ALIMENTA.

Y quizá una de las mejores formas de combatir la polarización sea precisamente negarle ese alimento.

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La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más.

JAPA

 

Comprender las causas no significa justificar al agresor

Hay algo profundamente razonable en advertir contra una guerra interminable en Ucrania. También lo hay en recordar el riesgo de una escalada entre potencias nucleares, en cuestionar determinadas decisiones de Estados Unidos y de los gobiernos europeos y en preguntarnos cuántas vidas estamos dispuestos a sacrificar por recuperar cada kilómetro de territorio ocupado.

Todo eso merece ser discutido.

Pero hay una línea que no deberíamos cruzar: explicar una agresión no puede terminar convirtiéndose en una justificación del agresor ni en una transferencia de responsabilidad hacia el agredido.

La comparación es deliberadamente incómoda, pero ayuda a entender el problema. Podemos analizar si una mujer que ha sufrido una agresión sexual tomó previamente decisiones imprudentes, si caminó sola de madrugada o si vestía de determinada manera. Pero nada de eso modifica quién . la decisión de agredirla.

La imprudencia, incluso cuando existe, no convierte al agredido en responsable de la agresión.

Rusia invadió Ucrania

Este es el hecho del que hay que partir.

En febrero de 2022, Rusia cruzó las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania con sus Fuerzas Armadas. La Asamblea General de Naciones Unidas calificó lo sucedido como una agresión contra Ucrania y exigió a Rusia la retirada de sus tropas.

A partir de ahí podemos —y debemos— discutir todo lo demás.

Podemos preguntarnos si la ampliación de la OTAN fue políticamente inteligente.

Podemos analizar si Estados Unidos despreció durante años las preocupaciones rusas sobre su seguridad.

Podemos examinar los errores de Ucrania antes de 2022.

Podemos criticar las sanciones occidentales.

Podemos considerar temeraria la autorización para utilizar determinadas armas occidentales contra territorio ruso.

Y podemos preguntarnos si algunos gobiernos europeos están contribuyendo a prolongar una guerra que difícilmente tendrá una solución militar satisfactoria.

Pero ninguna de esas preguntas cambia el sujeto de la decisión fundamental: quien decidió invadir Ucrania fue el Gobierno ruso.

Comprender las circunstancias que preceden a una decisión no significa transferir la responsabilidad de quien la toma.

¿Europa quiere la guerra?

También conviene tener cuidado con las palabras.

Puede criticarse la política de los países bálticos y nórdicos. Es comprensible, además, que su historia de ocupaciones y dominación rusa o soviética condicione su percepción de la amenaza.

Podemos pensar que exageran ese peligro.

Podemos considerar equivocada su estrategia.

Incluso podemos sostener que continuar suministrando determinadas armas a Ucrania aumenta peligrosamente el riesgo de escalada.

Pero afirmar que esos países tienen una especie de «sed de guerra» o que desean una guerra contra Rusia exige demostrar algo bastante más difícil.

Porque esos mismos gobiernos que apoyan militarmente a Ucrania han reclamado también un alto el fuego y negociaciones para alcanzar una paz duradera.

Podremos discrepar sobre cómo pretenden alcanzar la paz. No deberíamos convertir automáticamente esa discrepancia en una división moral entre quienes quieren la paz y quienes quieren la guerra.

La pregunta incómoda: ¿hasta cuándo?

Aquí, sin embargo, los críticos con la estrategia occidental plantean una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Cuántos ucranianos más deben morir para recuperar los territorios ocupados?

¿Existe realmente una posibilidad militar razonable de recuperar Crimea y el Donbás?

¿Durante cuánto tiempo debe continuar una guerra antes de admitir que una paz imperfecta puede ser preferible a una victoria imposible?

Son preguntas legítimas.

También lo es plantear un alto el fuego sobre las líneas actuales sin reconocer jurídicamente la soberanía rusa sobre los territorios ocupados.

Una cosa es el control de facto y otra muy distinta su reconocimiento de iure.

La historia está llena de armisticios, fronteras provisionales y conflictos congelados que han evitado durante décadas guerras mucho peores.

Por tanto, defender una negociación no equivale necesariamente a premiar a Putin.

Pero aquí aparece otra pregunta igualmente incómoda.

¿Qué ocurre si una invasión acaba siendo rentable?

Imaginemos que aceptamos como principio que, cuando una guerra ha provocado suficientes muertos y el agresor controla una parte considerable del territorio invadido, lo razonable es detenerla manteniendo provisionalmente las posiciones alcanzadas.

Puede ser necesario hacerlo.

Pero no podemos ignorar el precedente que creamos.

¿Qué mensaje recibe cualquier potencia que tenga reivindicaciones territoriales sobre su vecino?

Puede invadir.

Puede ocupar territorio.

Puede resistir durante algunos años.

Y llegará un momento en que la comunidad internacional comenzará a preguntarle al país invadido si realmente merece la pena seguir muriendo para recuperar sus fronteras.

Por eso no basta con preguntar:

¿cuántas personas deben morir para recuperar el territorio ocupado?

También debemos preguntar:

¿qué consecuencias tendrá para el futuro que conquistar territorio mediante la fuerza termine produciendo resultados?

No existe una respuesta sencilla.

Precisamente por eso desconfío de quienes parecen tenerla.

Negociar no significa absolver

Creo que podemos mantener simultáneamente varias ideas sin que sean contradictorias.

Rusia es responsable de haber iniciado una guerra de agresión contra Ucrania.

Occidente ha cometido errores graves antes y después de la invasión.

Ucrania tampoco está exenta de errores ni de obligaciones jurídicas y morales.

La escalada progresiva del conflicto aumenta un riesgo nuclear que ninguna persona sensata debería trivializar.

Y después de años de guerra puede llegar un momento en que negociar una paz imperfecta sea moralmente preferible a continuar buscando una victoria improbable.

Todo eso puede ser verdad simultáneamente.

Lo que no deberíamos hacer es comenzar reconociendo que existe un agresor y un agredido y terminar dedicando prácticamente toda nuestra indignación al agredido y a quienes lo ayudan.

Porque entonces el análisis ha sufrido un desplazamiento casi imperceptible: hemos pasado de intentar comprender por qué ocurrió una agresión a explicar por qué el agredido debería haber actuado de otra manera.

Y ahí conviene recordar una distinción elemental.

Las circunstancias explican.

Los errores ayudan a comprender.

La geopolítica proporciona antecedentes.

Pero la responsabilidad de una agresión corresponde, en primer término, a quien decide realizarla.

Defender la negociación no exige olvidarlo.

Al contrario: probablemente una paz duradera solo pueda construirse cuando seamos capaces de hacer las dos cosas a la vez: reconocer los hechos sin convertirlos en propaganda y buscar la paz sin convertirla en una absolución del más fuerte.

Lorca, los «herederos biológicos» y las trincheras que no deberíamos reconstruir

 

Lorca, los «herederos biológicos» y las trincheras que no deberíamos reconstruir

Utilizar el asesinato de Federico García Lorca para señalar a los adversarios políticos de hoy quizá nos haga olvidar una de las principales lecciones de 1936: antes de que una sociedad llegue a enfrentarse con las armas, puede haber empezado a dejar de reconocerse como una comunidad de ciudadanos capaces de convivir con quienes piensan diferente.

Hace unos días, con motivo del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, Óscar Puente escribió:

«Tal como hoy, hace 90 años, unos fascistas asesinaron a la que fue, quizá, la mente literaria española más importante del siglo XX. Murió con tan solo 38 años. Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos llaman a la puerta del gobierno de nuevo. Que no lo consigan.»

La primera afirmación nos remite a un hecho histórico: Federico García Lorca fue asesinado en Granada por fuerzas vinculadas a los sublevados pocas semanas después del golpe militar de julio de 1936.

No hay razón para ocultarlo, relativizarlo ni compensarlo con los crímenes cometidos por el otro bando. Cada crimen merece ser juzgado por sí mismo.

Pero hay unas palabras en el mensaje del ministro que me resultan especialmente inquietantes:

«Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos».

¿Herederos biológicos?

Nadie hereda la culpa de sus padres, de sus abuelos ni de sus bisabuelos.

La responsabilidad es individual.

Uno de los grandes avances de nuestra civilización consiste precisamente en haber sustituido la culpa colectiva, familiar o hereditaria por la responsabilidad personal.

Podemos discutir si determinadas ideas políticas actuales tienen antecedentes históricos. Podemos analizar continuidades ideológicas, discursos autoritarios o comportamientos antidemocráticos. Y debemos denunciarlos cuando existan.

Pero a las personas hay que juzgarlas por lo que piensan, dicen y hacen ellas, no por lo que hicieron sus antepasados.

Introducir la biología en la responsabilidad política nos lleva precisamente a un terreno del que la historia europea debería habernos enseñado a alejarnos.

El Lorca que no cabe bien en las trincheras

Hay además algo en la propia vida de Federico García Lorca que hace especialmente paradójico este mensaje.

Lorca tenía posiciones políticas y sociales conocidas y no hay necesidad de convertirlo retrospectivamente en un hombre sin ideas.

Pero una cosa son las convicciones y otra el sectarismo.

Cuando en agosto de 1936 comprendió que su vida podía correr peligro en Granada, Lorca buscó refugio en casa de su amigo Luis Rosales.

Luis Rosales era falangista y varios de sus hermanos estaban vinculados a Falange.

Lorca pensó que aquella casa podía protegerlo precisamente por la amistad que los unía y por la posición política de los Rosales.

Y sus amigos intentaron protegerlo.

No pudieron conseguirlo. Lorca fue detenido en aquella casa y posteriormente asesinado.

Pero el hecho resulta extraordinariamente revelador: un hombre identificado con la cultura republicana buscaba protección en casa de unos amigos falangistas.

La ideología no había conseguido destruir la amistad.

La Barraca: izquierdas y derechas subidas al mismo camión

También resulta significativo recordar La Barraca, el proyecto de teatro universitario dirigido por Lorca y Eduardo Ugarte durante la Segunda República.

Aquellos estudiantes recorrían pueblos y ciudades representando gratuitamente a Cervantes, Lope de Vega, Calderón y otros clásicos.

Y entre ellos había jóvenes de izquierdas y de derechas.

Uno de los vinculados al proyecto, Eduardo Ródenas, acabaría militando en Falange y moriría también durante la violencia desencadenada por la Guerra Civil.

Aquella España existió también.

Jóvenes con ideas políticas diferentes podían trabajar juntos, representar juntos a nuestros clásicos y compartir un proyecto cultural común.

Después muchos terminarían separados por unas trincheras que no habían construido ellos solos.

La Guerra Civil no comenzó de repente

La Guerra Civil convencional comenzó después de la sublevación militar del 17 y 18 de julio de 1936 y de su fracaso parcial.

Pero sería un error imaginar que una sociedad pasa de la convivencia a una guerra civil de un día para otro.

Durante los meses anteriores se había producido una creciente violencia política. Hubo asesinatos, atentados, incendios, enfrentamientos callejeros, discursos revolucionarios y conspiraciones militares.

La violencia procedía de distintos sectores, aunque eso no elimina ni iguala las responsabilidades concretas de cada uno.

El asesinato del teniente Castillo el 12 de julio y, pocas horas después, el asesinato de Calvo Sotelo constituyen quizá la expresión más dramática de aquel deterioro inmediatamente anterior al golpe.

Mientras tanto, la conspiración militar llevaba tiempo preparándose.

Por eso sería históricamente incorrecto afirmar que la Guerra Civil comenzó meses antes del 18 de julio.

Pero podemos decir algo diferente:

Antes de que comenzara la Guerra Civil, se estaban destruyendo algunas de las condiciones que permiten evitar una guerra civil.

Entre ellas, una fundamental:

reconocer como legítima la existencia del adversario.

No estamos en 1936

Conviene decirlo con toda claridad.

España no está en 1936.

Tenemos una democracia consolidada, elecciones libres, instituciones constitucionales y una sociedad incomparablemente menos violenta que aquella.

Utilizar 1936 para anunciar constantemente una nueva Guerra Civil sería tan irresponsable como utilizarlo para convertir a nuestros adversarios políticos actuales en continuadores de quienes asesinaron hace noventa años.

Pero precisamente porque conocemos nuestra historia deberíamos prestar atención a determinados mecanismos.

La polarización comienza a ser peligrosa cuando dejamos de decir:

«Creo que estás equivocado».

y empezamos a decir:

«Tú eres uno de ellos».

Fascista.

Comunista.

Franquista.

Bolivariano.

Heredero de asesinos.

Entonces ya no discutimos las ideas o los actos del ciudadano que tenemos delante.

Lo convertimos en representante de una categoría moralmente condenada de antemano.

Y una vez hecha esa transformación, escucharlo deja de ser necesario.

Nuestros muertos no deberían convertirse en munición

Federico García Lorca pertenece a nuestra memoria colectiva.

También a los españoles que piensan diferente de nosotros.

Quizá por eso resulte especialmente desafortunado utilizar su asesinato para dividir nuevamente a los españoles entre herederos de víctimas y «herederos biológicos» de verdugos.

Tal vez el propio Lorca nos haya dejado, involuntariamente, una imagen bastante más hermosa para recordar estos días:

un hombre de izquierdas buscando protección en casa de unos amigos falangistas.

Y unos jóvenes de izquierdas y de derechas subiéndose juntos a los vehículos de La Barraca para llevar a Cervantes, Calderón y Lope por los pueblos de España.

También esa fue España.

Y quizá esa memoria sea hoy mucho más útil que averiguar quién es heredero de quién.

La historia debe servirnos para conocer las responsabilidades del pasado, no para transmitirlas hereditariamente al presente.

La discrepancia es normal; la deshumanización del otro, no.

Y si realmente queremos honrar a quienes fueron víctimas de nuestra Guerra Civil, quizá la mejor manera de hacerlo sea impedir que sus nombres vuelvan a utilizarse para levantar trincheras entre los españoles.

La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más, aunque nos duela.

JAPA — La Réplica