He visto un cartel convocando una concentración por la muerte de Mari Carmen. Sobre su fotografía aparecen dos afirmaciones:
«El rentismo mata».
«No son muertes, son asesinatos».
Me ha producido tristeza y también indignación.
Mari Carmen tenía 87 años. Fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante más de setenta años, salió en camilla y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.
Su historia merece respeto, solidaridad con quienes la querían y, sobre todo, un análisis serio de cómo una persona vulnerable puede llegar a una situación semejante.
Pero precisamente por respeto a ella deberíamos preguntarnos:
¿qué sabemos realmente y qué estamos convirtiendo en relato?
¿UN ASESINATO?
Es perfectamente legítimo preguntarse si el largo conflicto, la incertidumbre y finalmente el desahucio pudieron agravar su estado de salud.
Pero de ahí a afirmar «no son muertes, son asesinatos» existe un salto enorme.
¿Quién asesinó a Mari Carmen?
¿El propietario?
¿El juez?
¿Las administraciones?
¿El denominado «rentismo»?
Una tragedia puede indignarnos profundamente sin necesidad de transformarla en un delito que nadie ha demostrado.
Una injusticia no necesita llamarse asesinato para ser injusta.
Y una conjetura, por plausible que nos parezca, no se convierte en hecho porque la escribamos con letras grandes sobre una fotografía.
¿Y QUÉ SIGNIFICA «EL RENTISMO MATA»?
También conviene preguntarlo.
¿Es rentismo que una gran sociedad acumule viviendas buscando maximizar su rentabilidad?
¿Y lo es exactamente igual que una persona que ha trabajado toda su vida alquile una segunda vivienda para complementar su jubilación?
Si metemos ambas realidades en el mismo saco volvemos a un problema que he señalado muchas veces:
confundir la parte con el todo.
En mis dos artículos anteriores —Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social y Vivienda (II): cuando las buenas intenciones no bastan— no he defendido los abusos, ni la especulación, ni abandonar a nadie a su suerte.
He defendido algo bastante distinto:
la protección social debe financiarse socialmente y las políticas deben juzgarse también por sus consecuencias.
TODAS LAS RESPONSABILIDADES
El caso de Mari Carmen obliga a preguntar por las responsabilidades de la propiedad y de las administraciones.
Pero un análisis completo tampoco debería borrar las decisiones de la propia Mari Carmen.
Durante el proceso se le ofrecieron distintas alternativas de alojamiento. Ella rechazó algunas porque quería conservar su autonomía y continuar viviendo en una vivienda, no en una residencia.
Su decisión resulta perfectamente comprensible.
Pero también forma parte de los hechos.
¿Tenía derecho a querer seguir viviendo autónomamente?
Naturalmente.
¿Significa eso que cualquier alternativa que no coincidiera exactamente con su deseo debía considerarse inexistente?
¿Hasta dónde llega la obligación pública de proporcionar una solución digna y hasta dónde alcanza la capacidad de elección de quien la recibe?
Reconocer la vulnerabilidad de una persona no significa negarle su capacidad de decidir.
Y preguntarnos por sus decisiones no significa responsabilizarla de su muerte.
Significa negarnos a construir un relato en el que toda la responsabilidad de una situación compleja recaiga necesariamente sobre un único culpable.
LA PREGUNTA IMPORTANTE
Quizá el caso de Mari Carmen debería llevarnos menos a buscar consignas y más a formular preguntas.
¿Por qué las administraciones no disponían de una alternativa habitacional adecuada con suficiente antelación?
¿Por qué tenemos una oferta tan insuficiente de vivienda asequible?
¿Qué políticas pueden aumentar esa oferta?
¿Y cuáles, aunque nazcan con las mejores intenciones, pueden hacer que los propietarios sean más reacios a alquilar precisamente a quienes ofrecen menos garantías?
Porque si una regulación termina reduciendo la oferta de alquiler, los primeros perjudicados probablemente no serán quienes tengan una buena nómina y estabilidad laboral.
Serán precisamente los más vulnerables.
No se trata de elegir entre propietarios e inquilinos.
Ni entre mercado y protección social.
Se trata de conseguir que una política destinada a proteger al vulnerable no termine haciéndole todavía más difícil encontrar una vivienda.
RESPETO, NO UTILIZACIÓN
La muerte de Mari Carmen merece duelo y reflexión.
Pero creo que la respetamos más preguntándonos seriamente qué falló que convirtiéndola en la demostración automática de una teoría previamente elegida.
Una muerte no demuestra por sí sola una teoría económica.
Una conjetura no es un hecho.
Y una tragedia humana no debería necesitar la palabra «asesinato» para conmovernos.
Busquemos responsabilidades, por supuesto.
Pero todas.
Y, sobre todo, busquemos soluciones que permitan que mañana haya menos personas vulnerables buscando desesperadamente una vivienda y más viviendas disponibles para ellas.
Porque esa sería, probablemente, una respuesta mucho más útil que cualquier consigna.
