La VERDAD (creer) puede hacer felices —o sectarias— a las personas.
Lo que nos hace libres es el conocimiento de los hechos: porque nos permite cambiar de opinión y desmontar prejuicios.
No siempre es grato, pero es imprescindible.
No confundir opinión con hechos.
Anonadado quizá sí describe bien la sensación. No tanto por comparar símbolos religiosos distintos —que puede hacerse desde la sociología de masas o desde la antropología— sino por la facilidad con la que hoy se deslizan analogías enormemente cargadas de implicaciones históricas y culturales sin apenas matices.
Desde mi perspectiva, el problema no es estudiar críticamente los fenómenos colectivos, las emociones compartidas o incluso las dinámicas de fe política y religiosa. Eso es legítimo e incluso necesario. El problema aparece cuando la analogía simplifica realidades históricas profundamente distintas y termina sugiriendo equivalencias implícitas que oscurecen más de lo que aclaran.
Comparar una romería popular o una peregrinación religiosa con algunos de los grandes fanatismos políticos del siglo XX puede tener un cierto efecto provocador o intelectual, pero también corre el riesgo de trivializar fenómenos históricos extremadamente complejos y dramáticos.
Precisamente una parte importante del pensamiento crítico consiste en mantener la proporcionalidad histórica y distinguir entre:
emoción colectiva,
identidad compartida,
simbolismo cultural,
adhesión ideológica,
y dinámicas de persecución política o social.
No todo fenómeno masivo es automáticamente fanatismo. Y no todo fanatismo es equivalente.
A veces tengo la impresión de que ciertos sectores intelectuales contemporáneos, en su afán de desmontar relatos o identidades colectivas, terminan cayendo en una especie de hipercomparación permanente donde todo acaba pareciéndose a todo. Y cuando todo se equipara, la historia pierde profundidad moral y analítica.
Quizá la pregunta importante no sea si existen mecanismos emocionales comunes entre religión, política o identidad colectiva —porque probablemente existen—, sino: ¿somos capaces de analizarlos sin destruir las diferencias esenciales entre una tradición cultural popular y fenómenos históricos ligados a la intolerancia, la represión o la negación del pluralismo?
Reflexión a propósito de Metamorfosis, de Yayo Herrero
Vivimos una época extraña.
Una época en la que muchas personas perciben que algo esencial se está rompiendo:
la relación con la naturaleza, la convivencia política, la estabilidad emocional colectiva e incluso la propia idea de futuro.
En ese contexto he leído con interés Metamorfosis, de Yayo Herrero.
Un libro que, más allá de que se compartan o no todas sus conclusiones, tiene el mérito de plantear preguntas profundas sobre el modelo de sociedad que hemos construido.
Y quizás una de las cuestiones más importantes sea precisamente esa:
que los grandes problemas contemporáneos no son únicamente económicos o tecnológicos, sino también antropológicos.
Coincidencias necesarias
Hay aspectos del diagnóstico de Yayo Herrero que resultan difíciles de ignorar.
La dependencia absoluta de la naturaleza.
La fragilidad humana.
La ilusión de crecimiento ilimitado en un planeta limitado.
La erosión de los vínculos comunitarios.
La reducción del ciudadano a consumidor.
La aceleración permanente como forma de vida.
También comparto una idea central:
una sociedad no puede sostenerse indefinidamente si olvida los cuidados, la reciprocidad y la interdependencia humana.
Durante demasiado tiempo se ha identificado progreso con acumulación material, como si el bienestar pudiera separarse de la cohesión social, de los afectos o incluso del equilibrio psicológico colectivo.
Y probablemente no pueda.
Pero también hay discrepancias
Sin embargo, creo que algunos análisis ecosociales tienden a infravalorar ciertos elementos fundamentales:
la naturaleza humana, la pluralidad de intereses legítimos y la importancia de las instituciones democráticas y de la seguridad jurídica.
Los seres humanos no somos únicamente cooperación:
también somos conflicto, deseo de poder, tribalismo, miedo y competición.
Y cualquier proyecto político que ignore esa dimensión corre el riesgo de derivar hacia nuevas formas de dogmatismo moral o de ingeniería social.
La historia demuestra que las buenas intenciones no bastan.
Por eso resulta imprescindible mantener:
pluralismo político,
libertades individuales,
crítica interna,
límites al poder,
y mecanismos institucionales que permitan gestionar pacíficamente tensiones inevitables.
No existe sociedad perfecta.
Solo sociedades capaces —o incapaces— de administrar civilizadamente sus contradicciones.
El desafío real: caminar juntos
Y, sin embargo, pese a las discrepancias, quizá lo más importante sea otra cosa.
El deterioro ecológico, la polarización política, la deshumanización digital, la soledad contemporánea o la crisis de sentido son problemas demasiado grandes para abordarlos desde trincheras ideológicas cerradas.
Necesitamos menos sectas políticas y más espacios de deliberación compartida.
Menos pureza identitaria y más capacidad para cooperar entre personas distintas.
Porque tal vez el verdadero reto del siglo XXI no sea imponer una ideología total,
sino aprender a convivir en medio de desacuerdos profundos sin destruir al adversario.
Ahí es donde puede existir un terreno común entre sensibilidades muy distintas:
ecosocialistas, liberales humanistas, socialdemócratas críticos, conservadores racionales o izquierdas antiautoritarias.
No pensar igual.
No compartir todos los diagnósticos.
Pero sí reconocer que la sociedad actual necesita reconstruir límites, vínculos, reciprocidad y sentido común democrático.
Una pregunta incómoda
Quizá la cuestión decisiva no sea:
“¿Quién tiene toda la razón?”
Sino algo más difícil:
¿Seremos capaces de caminar juntos lo suficiente como para evitar que nuestras propias fracturas destruyan aquello que todavía merece ser salvado?
La verdad y los hechos: por qué importa distinguirlos
Todos decimos defender “la verdad”, pero nadie se presenta como partidario de la mentira. Por eso la palabra se ha convertido en una abstracción cómoda: cada cual cree estar en el lado correcto.
Lo decisivo no es la verdad en abstracto, sino los hechos que pueden comprobarse.
Los hechos factuales son incómodos muchas veces, pero precisamente por eso son valiosos:
Nos obligan a corregir prejuicios.
Nos permiten revisar nuestras convicciones.
Nos dan un punto de referencia común, incluso cuando interpretamos esos hechos de formas distintas.
La opinión empieza después de los hechos, no antes.
Confundir opinión con realidad es lo que alimenta la polarización y las burbujas ideológicas.
Ejemplos prácticos:
Si dos personas discuten sobre el estado de la sanidad, la opinión puede variar, pero las listas de espera son un hecho.
Puedes simpatizar más o menos con un líder político, pero sus decisiones, presupuestos aprobados, o acuerdos firmados son verificables.
En un conflicto internacional, las narrativas chocan, pero los muertos, los desplazados y las resoluciones incumplidas son datos reales, no interpretaciones.
En resumen
Los hechos que no nos gustan son precisamente los que más necesitamos, porque son los que rompen la comodidad de nuestros sesgos. La libertad interior —y la política democrática— empieza por reconocer aquello que preferiríamos ignorar.
Crecemos, pero la riqueza se concentra en la parte alta de la pirámide social. Una una conclusión democrática incómoda.
El economista francés Gabriel Zucman lleva años estudiando cómo las grandes fortunas utilizan mecanismos legales y estructuras financieras para pagar proporcionalmente menos impuestos que gran parte de las clases medias y trabajadoras. A partir de esos estudios, ha planteado una propuesta que empieza a abrirse paso en el debate internacional: un impuesto mínimo sobre los ultrarricos.
Según los datos citados por Zucman y otros organismos internacionales, la mitad más pobre de la población posee apenas el 6,7% de la riqueza del país, mientras que el 10% más rico controla más del 57%. Y dentro de ese grupo, el 1% más rico acumula casi una cuarta parte de toda la riqueza.
El problema no es solo moral. Es político.
Cuando una sociedad crece, pero la mayoría siente que vive con dificultades, que la vivienda se aleja, que los servicios públicos se saturan y que unos pocos acumulan cada vez más poder económico, la confianza democrática se deteriora.
La cuestión central no es demonizar la riqueza ni castigar el éxito. La cuestión es otra: si quienes más se benefician de una sociedad deben contribuir también de forma proporcional a sostenerla.
La propuesta de Zucman es relativamente sencilla: un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros. No sería un impuesto general contra las empresas ni contra la clase media, sino una medida muy focalizada sobre las fortunas extremas que hoy, mediante estructuras legales, pueden pagar menos de lo que proporcionalmente paga un trabajador corriente.
La objeción habitual es que los ricos se irían. Pero los estudios citados por el economista sostienen que ese riesgo es limitado y proponen, además, un “escudo contra el exilio fiscal”: que quien se ha enriquecido durante años beneficiándose de las infraestructuras, la educación, la sanidad y la estabilidad de un país no pueda marcharse inmediatamente para dejar de contribuir.
La idea de fondo es potente: la riqueza extrema nunca es solo fruto del mérito individual. También depende de trabajadores, instituciones, carreteras, universidades, hospitales, seguridad jurídica, estabilidad política y mercados sostenidos por la sociedad.
Por eso el debate fiscal no es solo económico. Es un debate sobre la democracia.
Si unas pocas fortunas acumulan riqueza inmensa, influencia sobre medios de comunicación, capacidad de presión política y poder para condicionar gobiernos, el riesgo ya no es únicamente la desigualdad. El riesgo es la deriva oligárquica: que la democracia formal siga existiendo, pero el poder real se concentre cada vez más en menos manos.
Un impuesto mínimo a los ultrarricos no resolvería todos los problemas. No acabaría por sí solo con la desigualdad, ni con la precariedad, ni con la crisis de vivienda. Pero sí enviaría un mensaje democrático claro:
nadie debe vivir al margen de la sociedad de la que se beneficia.
Y ahí queda la pregunta incómoda:
¿Puede una democracia seguir llamándose plenamente democrática si permite que quienes más poder económico acumulan sean también quienes más fácilmente escapan a la responsabilidad común?
En realidad apunta hacia un fenómeno mucho más amplio:
la transformación de la política en comunicación permanente.
La cuestión no es nueva.
Todos los poderes, desde siempre, han intentado:
construir legitimidad,
influir en la opinión pública,
y presentar favorablemente su gestión.
La propaganda no nació con internet ni con las redes sociales.
Pero sí parece evidente que en las democracias actuales se ha producido un salto cualitativo:
La comunicación política ya no acompaña al poder; en muchos casos se ha convertido en una parte esencial del propio ejercicio del poder.
Hoy se habla de:
“relato”,
“estrategia de comunicación”,
“gestión narrativa”,
“control del marco”,
“batalla cultural”.
Son términos más sofisticados que la vieja palabra propaganda.
Pero el mecanismo de fondo sigue siendo reconocible:
influir emocionalmente sobre la percepción colectiva para consolidar poder político.
Y aquí aparece una distinción fundamental.
No es lo mismo la propaganda desde fuera del poder que desde dentro del poder
Un partido, un activista, un medio o un intelectual pueden intentar influir culturalmente sobre la sociedad.
Eso forma parte normal del pluralismo democrático.
Pero cuando quien impulsa esos mecanismos controla además:
recursos públicos,
campañas institucionales,
medios oficiales,
equipos de comunicación financiados por el Estado,
asesores estratégicos,
y capacidad normativa,
el problema adquiere otra dimensión.
Porque entonces ya no hablamos solo de persuasión política.
Hablamos de la posibilidad de utilizar el aparato institucional para modelar la percepción social.
Y cuanto mayor es el poder institucional, mayor debería ser también la exigencia crítica.
Precisamente por eso el debate sobre:
asesores,
gasto en comunicación,
publicidad institucional,
estructuras de imagen,
y construcción del “relato”
no debería reducirse al insulto partidista ni al “y tú más”.
La cuestión importante no es solo cuánto se gasta
La cuestión importante es:
¿dónde termina la información institucional legítima y dónde empieza la construcción propagandística del relato político?
Es evidente que toda democracia moderna necesita comunicación institucional.
Sería absurdo negarlo.
Pero una cosa es informar y otra muy distinta convertir la política en una operación permanente de marketing emocional.
Y ahí aparece uno de los grandes problemas contemporáneos:
cuando el relato pesa más que los hechos.
Cuando:
la coherencia deja de importar,
la crítica desaparece dentro de los bloques ideológicos,
y la propaganda propia se convierte mágicamente en “pedagogía”.
Ese fenómeno no pertenece solo a la izquierda ni solo a la derecha.
Es una deriva transversal de las democracias hipermediáticas actuales.
Comparar para entender, no para hacer agitprop
Sería interesante realizar una comparación histórica rigurosa entre los distintos gobiernos españoles, desde Adolfo Suárez hasta la actualidad:
número de asesores,
gasto en comunicación,
publicidad institucional,
estructura de Presidencia,
y crecimiento del aparato político-comunicativo.
No para hacer propaganda contra un dirigente concreto.
Sino para analizar una tendencia de fondo:
la creciente profesionalización de la gestión de la percepción pública.
Probablemente descubriríamos una evolución clara:
primero la televisión,
después la política espectáculo,
más tarde internet,
y finalmente las redes sociales y la comunicación emocional permanente.
La pregunta importante
La verdadera cuestión no es si existe propaganda.
Eso ha existido siempre.
La pregunta importante es otra:
¿Puede mantenerse una democracia sana si los ciudadanos dejan de exigir verdad y coherencia porque consideran más importante la victoria de su bloque político?
lunes, 11 de mayo de 2026
Vivienda y seguridad jurídica: un pilar imprescindible en una sociedad civilizada
¿Puede existir una política de vivienda eficaz sin estabilidad normativa y confianza institucional?
El artículo de José María Martín Seco en The Objective vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas españoles: el acceso a la vivienda. Y lo hace desde una crítica clara hacia ciertas políticas que, más que aumentar la oferta o solucionar estructuralmente el problema, parecen orientadas a buscar culpables visibles sobre los que descargar la presión social.
El debate sobre la vivienda suele estar cargado de emocionalidad. Y es comprensible. Para muchos jóvenes emanciparse resulta dificilísimo; los alquileres han subido enormemente en determinadas ciudades; y la sensación de inseguridad económica es real.
Pero precisamente por eso conviene pensar el problema con racionalidad y no solo con consignas.
Un problema estructural no se resuelve buscando un enemigo
Martín Seco critica la tendencia política a presentar al pequeño propietario casi como responsable directo de la crisis de vivienda.
Y aquí aparece una cuestión importante: en un Estado social y de derecho no parece razonable ni justo cargar sobre un solo ciudadano la responsabilidad de resolver un problema colectivo.
Porque muchos pequeños propietarios no son grandes fondos especulativos ni corporaciones financieras.
Con frecuencia son:
personas mayores que ahorraron durante décadas,
familias que heredaron una vivienda,
trabajadores que invirtieron sus ahorros como complemento para la jubilación,
o ciudadanos que simplemente intentan protegerse frente a la incertidumbre económica.
Convertir automáticamente al propietario en sospechoso moral puede ser políticamente rentable, pero difícilmente soluciona el problema real.
La vivienda necesita más oferta, seguridad y estabilidad
Existe una contradicción evidente: se exige aumentar la oferta de alquiler, pero al mismo tiempo se multiplican medidas que generan inseguridad jurídica o incertidumbre económica para quienes podrían poner viviendas en el mercado.
Cuando un propietario percibe:
dificultades para recuperar su vivienda,
cambios regulatorios constantes,
limitaciones percibidas como arbitrarias,
riesgo de impagos prolongados,
o una creciente estigmatización social,
muchos optan por:
no alquilar,
vender,
pasar al alquiler turístico,
o seleccionar de forma extrema a los inquilinos.
Y eso termina reduciendo aún más la oferta.
Paradójicamente, algunas políticas pensadas para proteger al inquilino pueden acabar empeorando el acceso a la vivienda para los propios inquilinos.
El Estado social no puede delegar sus obligaciones en particulares
Aquí aparece quizá la cuestión más importante.
Una sociedad democrática puede decidir proteger a personas vulnerables. Y debe hacerlo.
Pero esa protección debería financiarse y organizarse desde las instituciones públicas mediante:
vivienda social,
incentivos,
planificación urbana,
colaboración público-privada,
seguridad jurídica,
y políticas sostenibles a largo plazo.
Lo que resulta discutible es trasladar ese coste directamente a ciudadanos concretos simplemente porque poseen una vivienda.
Porque entonces el Estado deja de asumir plenamente su responsabilidad y desplaza parte de sus obligaciones sobre individuos particulares.
Y eso genera una sensación creciente de arbitrariedad.
El riesgo de las soluciones simplistas
Los problemas complejos rara vez admiten soluciones simples.
La vivienda depende de múltiples factores:
salarios,
urbanismo,
fiscalidad,
construcción,
presión demográfica y migratoria,
densidad urbana,
turismo,
tipos de interés,
burocracia,
suelo disponible,
inversión pública,
y estabilidad normativa.
Reducir todo el problema a “propietarios contra inquilinos” puede funcionar como relato político, pero difícilmente sirve como política eficaz.
Y cuando las sociedades empiezan a gestionar problemas estructurales mediante la búsqueda constante de culpables visibles, suelen deteriorarse tanto la convivencia como la confianza institucional.
Pregunta final
Si el problema de la vivienda es colectivo, ¿puede una democracia resolverlo trasladando de forma creciente sus costes y responsabilidades a ciudadanos particulares?
El reciente artículo de Teresa Freixes en The Objective plantea una cuestión de fondo que trasciende la política española inmediata: qué ocurre cuando desde el poder político se desacredita sistemáticamente a jueces y fiscales cada vez que sus decisiones resultan incómodas.
Freixes recuerda algo elemental pero decisivo: en una democracia constitucional moderna ningún poder puede quedar sin control. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial actúa como límite jurídico frente a posibles abusos. Esa tensión no es un defecto del sistema: es precisamente una de las garantías esenciales de la libertad política.
La autora insiste en que los ataques al poder judicial no son una anomalía exclusivamente española. El problema aparece en muchas democracias contemporáneas, especialmente allí donde ciertos populismos presentan cualquier control institucional como una “agresión” contra la voluntad popular. Según recoge el propio artículo, incluso el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió recientemente sobre el peligro de erosionar la legitimidad de los jueces mediante campañas políticas de desconfianza.
Pero quizá el aspecto más interesante del debate aparece cuando entra en juego una palabra convertida casi en arma propagandística: lawfare.
Cuando el control judicial se convierte en “persecución”
Originalmente, el término lawfare se utilizaba para describir el uso instrumental o abusivo del aparato judicial con fines políticos. Como concepto teórico puede tener sentido en determinados contextos históricos o autoritarios.
El problema surge cuando la palabra deja de describir hechos concretos y pasa a utilizarse como un comodín retórico: toda investigación judicial contra determinados dirigentes se redefine automáticamente como “persecución política”.
Ahí el concepto deja de ser analítico y se convierte en un mecanismo de inmunización ideológica.
Porque en una democracia liberal —o, si se prefiere, en una democracia de libertades políticas— los jueces no están para agradar a los gobiernos ni a las oposiciones. Están para aplicar leyes, interpretar normas y controlar jurídicamente al poder.
Y ese control necesariamente generará conflictos.
La paradoja del “lawfare”
Existe además una paradoja difícil de ignorar.
Buena parte de quienes utilizan constantemente la palabra lawfare suelen mostrar simpatía, comprensión o indulgencia hacia regímenes donde la independencia judicial es extremadamente débil o directamente inexistente.
Resulta llamativo observar cómo algunos sectores denuncian “persecución judicial” en democracias con garantías procesales, tribunales independientes, recursos, prensa libre y supervisión europea, mientras relativizan o silencian situaciones mucho más graves en países donde:
los jueces dependen políticamente del Ejecutivo,
los opositores son inhabilitados o encarcelados,
los medios críticos son perseguidos,
o la seguridad jurídica apenas existe.
Es difícil no percibir ahí una fuerte incoherencia.
Porque si realmente preocupa la instrumentalización política de la justicia, el primer lugar donde debería ponerse el foco es precisamente en aquellos sistemas donde el poder no admite controles independientes.
Democracia no significa poder sin límites
Uno de los errores más peligrosos de nuestro tiempo consiste en identificar democracia únicamente con mayoría parlamentaria o respaldo electoral.
Pero la democracia constitucional moderna nació precisamente para limitar el poder, incluso cuando ese poder posee mayoría.
Por eso existen:
tribunales constitucionales,
separación de poderes,
garantías procesales,
derechos fundamentales,
fiscalización judicial,
prensa libre,
y controles institucionales.
Cuando cualquier límite al poder se presenta como una conspiración antidemocrática, el problema ya no es jurídico: es cultural y político.
Y ahí aparece una deriva preocupante: sustituir el debate racional por el relato emocional permanente.
El deterioro institucional empieza desacreditando al árbitro
En casi todos los procesos de degradación democrática aparece un patrón parecido: primero se desacredita al árbitro, después se deslegitima la norma, y finalmente se presenta cualquier límite institucional como un obstáculo ilegítimo frente a “la voluntad del pueblo”.
La historia demuestra que esa lógica rara vez termina fortaleciendo la democracia.
Más bien suele conducir a sistemas donde el poder político acaba colonizando progresivamente todas las instituciones que deberían controlarlo.
Y cuando eso ocurre, ya no existe verdadera seguridad jurídica. Solo queda la arbitrariedad revestida de legitimidad partidista.
Pregunta final
Si cada vez que un tribunal contradice al poder hablamos de lawfare, ¿qué nombre deberíamos dar entonces a los sistemas donde los jueces ya no pueden contrariar al poder?
