Agitprop en redes: cuando la denuncia se convierte en propaganda

Agitprop en redes: cuando la denuncia se convierte en propaganda

No todo contenido que circula en redes sociales merece el nombre de información. Con demasiada frecuencia, bajo la apariencia de denuncia, aparecen piezas construidas para agitar, polarizar y predisponer al público contra un adversario político. Ese es el terreno del agitprop: una mezcla de agitación y propaganda que simplifica, exagera y selecciona los datos para inducir una reacción emocional más que un juicio razonado.

El problema no reside en la crítica política, que es legítima y necesaria, sino en la forma en que se fabrica el relato. Cuando se mezclan épocas distintas, se insinúan culpabilidades por asociación familiar y se presentan conclusiones como si fueran hechos cerrados, el debate deja de ser periodístico o histórico y pasa a ser un ejercicio de persuasión ideológica. En ese punto, la frontera entre denuncia y propaganda se vuelve muy delgada, y el resultado suele ser un mensaje más útil para excitar el resentimiento que para aclarar la realidad.

Conviene decirlo con claridad: en democracia, la crítica dura no es un problema; el problema es la manipulación. Una cosa es examinar con rigor un episodio del pasado y otra muy distinta es usarlo como munición para contaminar la imagen de terceros sin una base sólida suficiente. Cuando la narrativa se construye a partir de insinuaciones, el lector ya no recibe información, sino una consigna emocional.f

Este tipo de mensajes es especialmente nocivo en redes sociales, donde la velocidad, la fragmentación y el impacto visual favorecen la propagación de contenidos polarizantes. La consecuencia es previsible: se debilita la confianza mutua, se reduce la disposición a escuchar al discrepante y se empobrece la convivencia política. En lugar de fomentar el debate, se alimenta la lógica del bando contra bando, con un coste alto para la cultura democrática.

Por eso, conviene resistirse a la tentación de convertir toda polémica en una guerra moral. La democracia necesita crítica, pero también necesita mesura, precisión y respeto por los hechos. Cuando se renuncia a esas reglas mínimas, la denuncia deja de cumplir una función cívica y se convierte en propaganda de agitación: ruido ideológico, emoción dirigida y polarización calculada.

Reflexion incómoda

Ciertas prácticas (señalamiento, persecución del disidente, justificación de la violencia) no desaparecen con los regímenes que las originaron.

Y  es históricamente cierto:

• El nazismo y el fascismo fueron derrotados militarmente en la Segunda Guerra Mundial
• Pero algunas dinámicas autoritarias (intolerancia, deshumanización del adversario) pueden reaparecer en otros contextos

No se trata de etiquetas ideológicas, sino de prácticas concretas.

Algunas de las prácticas más abominables del siglo XX —perseguir al disidente, señalarlo públicamente, justificar la violencia contra él— no desaparecieron con la derrota del fascismo.

Cambian los discursos, cambian las banderas… pero esas prácticas reaparecen, incluso en quienes dicen combatirlas.

El fascismo fue derrotado.

Pero sus peores prácticas no.

A veces cambian de nombre…
y hasta de bando.

No todo el que se llama antifascista combate el fascismo.

Algunos solo cambian el enemigo…
y repiten las mismas prácticas.

Cuando justificas la persecución del adversario
porque “es por una buena causa”,

ya no estás combatiendo el fascismo:
estás repitiendo su lógica.

Sin reciprocidad, los principios dejan de ser principios y se convierten en herramientas.

La memoria no puede ser selectiva sin perder legitimidad.

 

La memoria no puede ser selectiva                     sin perder legitimidad.

La memoria no puede depender de quién mató.
Porque cuando depende del bando, deja de ser justicia y se convierte en relato.

Durante años se ha repetido que ETA ya es pasado y que no conviene seguir hablando de sus crímenes ni de sus víctimas. Al mismo tiempo, se sostiene —con razón— que las víctimas del franquismo deben ser reconocidas, reparadas y dignificadas, pese al tiempo transcurrido desde la muerte de Francisco Franco.

Y aquí surge una pregunta incómoda:
¿por qué un criterio sirve para unos casos y no para otros?

No se trata de equiparar contextos históricos distintos, sino de exigir coherencia moral.
Si la memoria es necesaria para unas víctimas, también lo debe ser para todas.

Porque el problema no es solo qué se recuerda, sino cómo y para qué se recuerda.

En este sentido, conviene añadir una reflexión que suele quedar fuera del debate:

Las prácticas de ETA no fueron solo violencia puntual, sino una forma de acción política basada en la persecución del adversario, el señalamiento público, la presión social y, en último término, el asesinato. No eran únicamente los pistoleros: existía un entramado político y social que sostenía ese clima.

Y esto nos obliga a mirar más allá de las etiquetas.

El nazismo y el fascismo fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial.
Pero las prácticas que los hacían abominables no desaparecieron con ellos.

La persecución del disidente, la deshumanización del adversario, la justificación de la violencia “por una causa superior”… todo eso puede reaparecer con otros discursos y bajo otras banderas.

Y aquí está la paradoja más inquietante:
algunas de esas prácticas hoy son reproducidas —con otros lenguajes— incluso por quienes se presentan como antifascistas.

Por eso, el verdadero criterio no puede ser quién ejerce la violencia o desde qué ideología se justifica, sino qué principios se respetan o se vulneran.

Cuando la memoria se utiliza de forma selectiva, deja de ser justicia y se convierte en relato.
Cuando la condena depende del bando, deja de ser ética y se convierte en estrategia.

Sin concordia y sin reciprocidad, no puede haber una memoria compartida.
Y sin una memoria compartida, difícilmente puede haber libertad, igualdad ni solidaridad.

¿Subir el salario mínimo aumenta la violencia contra las mujeres?

 

¿Subir el salario mínimo aumenta la violencia contra las mujeres?

Esa es la impresión que podría sacarse al leer ciertos titulares recientes.

Pero cuando uno se detiene en el estudio, la conclusión cambia.

No se afirma que el salario mínimo provoque más violencia en general.
Lo que se observa es algo más limitado y complejo:
en determinados perfiles vulnerables, si la subida reduce el empleo femenino, podría aumentar la dependencia económica y, con ella, el riesgo de control o violencia psicológica.

Es decir, no hablamos de una ley general, sino de un posible efecto indirecto en contextos concretos.

Y aquí aparece la pregunta de fondo:

¿Puede una medida social bien intencionada generar efectos no deseados si no se acompaña de políticas adecuadas?

La evidencia internacional, además, no es unánime.
En otros países, subir el salario mínimo se ha asociado incluso con una reducción de la violencia doméstica.

Por eso, más que buscar titulares contundentes, conviene pensar en términos más exigentes:

No se trata de estar “a favor” o “en contra” del salario mínimo.
Se trata de entender cómo funciona en la realidad.

Porque las políticas públicas no se juzgan por sus intenciones,
sino por sus consecuencias.

Y las consecuencias, casi siempre, son más complejas de lo que nos gustaría.

Los bulos son siempre los de los otros

 

Los bulos son siempre los de los otros

Esa es una de las formas más cómodas de hipocresía política.

Se denuncia la manipulación ajena mientras se disculpa la propia.

Se exige verdad al adversario y se tolera la mentira en los tuyos.

Y cuando los hechos aprietan, aparece la coartada de siempre: el “y tú más”.

Así no se defiende la verdad: se prostituye.

Porque la mentira no deja de ser mentira por estar al servicio de una buena causa,

ni la propaganda se convierte en virtud por llevar nuestras siglas.

El problema no es solo que existan bulos,

sino que su denuncia suele ser selectiva.

Aquí es donde entra un principio ético tan simple como exigente: la reciprocidad.

No es una abstracción, es una prueba concreta:

• Si lo hace el otro, ¿lo denunciaría?
• Si lo hago yo, ¿lo justifico?

Cuando la respuesta depende de quién actúe,

no estamos ante un juicio moral, sino ante una estrategia de poder.

La reciprocidad obliga a algo incómodo pero imprescindible:

medirse con la misma vara.

Si existiera, la pregunta clave sería otra:

¿aceptaría yo este argumento si lo usara mi adversario?

Ahí se rompe el “y tú más”.

Sin reciprocidad, el debate público deja de girar en torno a la verdad

y se convierte en una competición de relatos donde todo vale,

siempre que beneficie a los míos.

Y entonces la verdad deja de importar.

Soberanía postal y cohesión territorial: mercado, Estado y equilibrio

Soberanía postal y cohesión territorial: mercado, Estado y equilibrio

                                                                                      En las últimas décadas, el sistema postal europeo ha experimentado una transformación profunda. Lo que durante generaciones fue un servicio público esencial, orientado a garantizar la comunicación entre ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, ha evolucionado hacia un modelo en el que la lógica del mercado y la rentabilidad ocupan un lugar central.

Este cambio no es casual. La caída del correo tradicional y el auge del comercio electrónico han desplazado el eje del negocio hacia la paquetería. Sin embargo, esta evolución plantea una cuestión de fondo:
¿puede el mercado garantizar por sí solo la igualdad territorial?

El dilema: eficiencia económica frente a equidad territorial

El mercado tiende, por definición, a concentrar recursos allí donde son más rentables. En el ámbito postal, esto significa:

• Mejor servicio en zonas urbanas densas
• Peor cobertura en zonas rurales o despobladas

Este fenómeno no es neutro. En países como España, donde existe una realidad reconocida como la “España vaciada”, la degradación de servicios básicos no solo es una consecuencia de la despoblación, sino también una de sus causas.

Reducir o precarizar servicios como el postal implica, en la práctica, limitar las oportunidades de quienes viven fuera de los grandes núcleos urbanos.

Modelos europeos: distintas respuestas a un mismo problema

Francia: cohesión territorial como prioridad

El modelo francés, articulado en torno a La Poste, es uno de los más sólidos en términos de cohesión territorial.

Se basa en tres pilares:

• Obligación estricta de cobertura en todo el territorio
• Financiación pública parcial del servicio no rentable
• Integración de oficinas en comercios y ayuntamientos

Francia asume explícitamente que el servicio postal es un instrumento de igualdad, no solo un negocio.

Alemania: eficiencia con límites

En Alemania, con Deutsche Post, el modelo está más liberalizado.

Características:

• Fuerte competencia en el mercado
• Red de puntos postales en comercios
• Obligaciones de cobertura, pero más flexibles

El resultado es un sistema muy eficiente en términos económicos, aunque con menor densidad de servicio en zonas rurales en comparación con Francia.

Noruega: universalidad pese al coste

El caso de Noruega, con Posten Norge, muestra el otro extremo.

• Territorio disperso y difícil
• Fuerte intervención pública
• Uso intensivo de comercios como puntos de servicio

Aquí la prioridad es clara: garantizar el acceso, incluso si no es rentable.

Lecciones comunes: el modelo mixto como solución

A pesar de sus diferencias, los países que mejor resuelven este problema comparten un esquema básico:

1. Obligación de servicio universal
   Alguien debe llegar a todos los ciudadanos
2. Compensación pública
   El Estado financia lo que el mercado no cubre
3. Competencia en lo rentable
   Las empresas operan libremente donde hay beneficio
4. Optimización de costes
   Oficinas compartidas, menor frecuencia, digitalización

Una reflexión necesaria

La cuestión de fondo no es técnica, sino política y ética:

¿Queremos que el lugar donde una persona vive determine sus oportunidades reales?

Si la respuesta es no, entonces es necesario aceptar una consecuencia:
la igualdad territorial tiene un coste.

Pero ese coste no debe entenderse como un gasto improductivo, sino como una inversión en cohesión social, equilibrio demográfico y estabilidad a largo plazo.

Conclusión: más allá del mercado o el Estado

La experiencia comparada muestra que el dilema entre lo público y lo privado es, en gran medida, falso.

Los sistemas más eficaces no eligen entre uno u otro, sino que combinan ambos:

• El mercado aporta eficiencia
• El Estado garantiza equidad

En este equilibrio se encuentra una posible respuesta al reto de la despoblación y al mantenimiento de servicios esenciales.

En definitiva, no se trata solo de repartir cartas o paquetes, sino de algo más profundo:
asegurar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sigan formando parte real de la misma comunidad política.

                                             

Soberanía en la era digital: el poder que no se ve

 

Soberanía en la era digital: el poder que no se ve

Durante años hemos entendido la soberanía como control del territorio, de las leyes y de las instituciones. Sin embargo, en la actualidad existe una forma de poder mucho menos visible, pero decisiva: la dependencia tecnológica.

Buena parte de los sistemas que sostienen nuestra vida cotidiana —administración pública, sanidad, comunicaciones o energía— dependen de infraestructuras digitales gestionadas por grandes empresas, en su mayoría fuera de Europa.

No se trata de alarmismo ni de imaginar escenarios improbables. Se trata de asumir una realidad:

la tecnología no es solo una herramienta, es también una forma de poder.

Se suele argumentar que existen contratos, normativas y costes enormes que impedirían cualquier interrupción unilateral de estos servicios. Y es cierto… mientras el contexto es estable.

Pero la experiencia reciente demuestra que, cuando entran en juego intereses estratégicos, las reglas pueden cambiar.

El problema no está en el uso cotidiano de la tecnología, sino en la posibilidad de control en situaciones excepcionales.

Ahí es donde aparece una dependencia que no siempre queremos ver.

Europa ha comenzado a hablar de soberanía digital, a regular y a plantear alternativas. Sin embargo, la estructura de dependencia sigue siendo profunda.

Y toda dependencia implica una asimetría clara:

• quien depende, se adapta
• quien controla, decide

Por eso, más que preguntarnos si existe o no un “botón de apagado”, quizá deberíamos plantearnos algo más incómodo:

¿puede considerarse plenamente soberana una sociedad que no controla los sistemas que hacen posible su funcionamiento?

El poder, cada vez más, no está solo en quien gobierna, sino en quien sostiene la infraestructura sobre la que todo funciona.