sábado, 12 de septiembre de 2026

NADIE ES MÁS QUE NADIE

 


NADIE ES MÁS QUE NADIE

Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia

🎵 ESTE ARTÍCULO TIENE BANDA SONORA

«Nadie es más que nadie»
Una canción por la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad y el derecho a pensar diferente.

▶ ESCUCHAR LA CANCIÓN

Hay una enfermedad de la política que no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No necesita uniforme, bandera ni ideología determinada. Puede aparecer en un gobierno, en un partido, en una institución y también entre quienes se consideran sus adversarios.

Empieza con una convicción aparentemente inocente: nosotros tenemos razón.

El problema comienza cuando esa frase se transforma en otra mucho más peligrosa: como tenemos razón, somos mejores.

Y culmina cuando aparece una tercera: como somos mejores, tenemos más legitimidad que los otros para decidir cuáles son las reglas y hasta dónde pueden llegar.

Ahí comienza la hybris.

Cuando el adversario deja de ser legítimo

La democracia no consiste en que gobiernen los buenos y sean derrotados los malos. Consiste precisamente en algo mucho más difícil: aceptar que personas libres e iguales pueden defender proyectos políticos incompatibles y que ninguno de ellos adquiere por ello una dignidad superior.

Mi vecino puede votar exactamente lo contrario que yo.

Mi compañero de trabajo puede sostener ideas que considero profundamente equivocadas.

Incluso puedo pensar que algunas de sus opiniones son injustas, reaccionarias, ingenuas o disparatadas.

Pero sigue siendo mi vecino. Sigue siendo mi compañero. Sigue siendo un ciudadano con los mismos derechos que yo.

El deterioro comienza cuando dejamos de discutir sus argumentos y empezamos a cuestionar su legitimidad.

Entonces aparecen las palabras que conocemos demasiado bien: traidores, fascistas, comunistas, enemigos de España, enemigos del pueblo, antipatriotas, reaccionarios, vendidos...

Ya no necesitamos convencer al otro.

Basta con descalificarlo.

Y una democracia en la que media sociedad considera moralmente ilegítima a la otra media puede conservar elecciones, parlamentos y gobiernos, pero habrá empezado a perder algo previo y fundamental: la amistad civil que permite convivir después de votar.

El poder no convierte a nadie en propietario de la democracia

Hay otro escalón todavía más peligroso.

Quien identifica su proyecto con la democracia termina considerando cualquier obstáculo a su proyecto como un obstáculo a la propia democracia.

Los contrapesos dejan entonces de ser garantías y empiezan a parecer estorbos. La crítica se convierte en conspiración. La discrepancia interna, en deslealtad. Los jueces, organismos reguladores, medios de comunicación o instituciones solo parecen respetables cuando coinciden con nosotros.

Y aquí conviene establecer una regla extremadamente sencilla:

Las instituciones que hoy limitan al adversario serán las mismas que mañana tendrán que limitarnos a nosotros.

Por eso las reglas democráticas tienen verdadero valor cuando aceptamos aplicarlas también cuando nos perjudican.

Los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

Nadie es imprescindible

El gobernante democrático no es propietario del cargo. Lo ocupa temporalmente.

El partido tampoco es propiedad de su dirigente.

Ni el Estado pertenece al Gobierno.

Ni la democracia pertenece a quienes han ganado las últimas elecciones.

Esta distinción elemental empieza a desaparecer cuando surge el liderazgo providencial: sin nosotros vendrá el desastre; sin mí ganarán los enemigos; mi permanencia resulta indispensable para proteger aquello que represento.

No.

En democracia nadie es imprescindible.

Quien hoy gobierna mañana puede perder.

Y eso no constituye una anomalía del sistema.

Eso es el sistema.

Las mismas reglas y la misma posibilidad de ganar

Hay una prueba muy sencilla para saber hasta qué punto creemos realmente en la democracia.

Imaginemos que mañana gobiernan nuestros adversarios.

¿Aceptaríamos que utilizaran contra nosotros las mismas facultades institucionales, interpretaciones de las leyes, mecanismos de presión y excepciones que hoy justificamos porque gobiernan los nuestros?

Si la respuesta es no, tenemos un problema.

Una democracia digna de ese nombre necesita las mismas reglas de juego y una posibilidad real de ganar y de perder para todos.

No puedo reclamar una regla cuando me beneficia y denunciarla como intolerable cuando beneficia al contrario.

Eso no es defender principios.

Es defender intereses.

La superioridad moral es una trampa

Naturalmente existen conductas mejores y peores, ideas más razonables que otras y hechos verdaderos y falsos. Defender que nadie es superior no significa caer en el relativismo ni afirmar que todas las opiniones valen lo mismo.

Significa algo distinto y mucho más importante:

ninguna certeza política convierte a quien la posee en un ciudadano superior.

Podemos combatir ideas sin deshumanizar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar una mentira sin convertir al mentiroso en un ser sin derechos.

Podemos enfrentarnos políticamente con toda la dureza necesaria y, al terminar, reconocernos como ciudadanos iguales.

Eso es la concordia.

No consiste en estar de acuerdo.

Consiste en aprender a convivir estando en desacuerdo.

Nadie es más que nadie

Por eso igualdad, libertad, solidaridad y reciprocidad no deberían ser palabras decorativas.

La igualdad dice que mi voto y mi dignidad no valen más que los tuyos.

La libertad permite que tú pienses justamente aquello que yo combatiré con mis argumentos.

La solidaridad recuerda que seguimos formando parte de una comunidad incluso cuando discrepamos.

Y la reciprocidad establece una regla elemental: no reclames para los tuyos aquello que no aceptarías para los otros.

Frente al relato, los hechos.

Frente a la obediencia, el pensamiento crítico.

Frente a la trinchera, la convivencia.

Frente al dirigente imprescindible, instituciones fuertes.

Frente al «nosotros contra ellos», ciudadanos diferentes sometidos a las mismas reglas.

Y frente a cualquier izquierda, derecha, nacionalismo, populismo, élite o mayoría que alguna vez llegue a convencerse de que su supuesta superioridad le concede derechos que niega a los demás, una respuesta tan sencilla que hemos querido convertirla en canción:

Nadie es más que nadie.

Porque creerse superior no demuestra superioridad.

Demuestra que hemos empezado a olvidar la primera regla de una sociedad de ciudadanos libres:

nadie está por encima de nadie.


🎵 Nadie es más que nadie

Esta canción nace de esa convicción. No pretende decirnos qué debemos votar. Pretende recordar algo que deberíamos poder cantar juntos votemos a quien votemos.

Iguales y libres, caminemos.
Que pensar distinto no nos haga odiar.

Letra y concepto: José Antonio Parro Agudo
Música e interpretación generadas con Suno AI.



sábado, 5 de septiembre de 2026

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

 



¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado:

«Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente».

No es una frase menor. Precisamente por la autoridad jurídica de quien la pronuncia, merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio significa también exigir pruebas a la altura de la acusación.

Una cosa es sostener que determinadas actuaciones judiciales son equivocadas, desproporcionadas, ideológicamente sesgadas o incluso contrarias a Derecho. Todo ello puede discutirse, argumentarse y recurrirse.

Otra muy distinta es afirmar que existe un «golpe de Estado judicial permanente».

Porque las palabras importan.

Cuando el «golpe de Estado» lo denunciaban otros

Hay aquí un antecedente que resulta especialmente significativo.

Durante el procés catalán, cuando desde distintos sectores se calificaron aquellos acontecimientos como un «golpe de Estado», Martín Pallín rechazó esa caracterización.

En 2018 publicó incluso un artículo titulado La técnica del golpe de Estado, en el que terminaba advirtiendo contra «la falacia del Golpe de Estado» aplicada a Cataluña.

Y en 2019, en ¿Golpe de Estado o golpe de efecto?, volvía a cuestionar la utilización de expresiones contundentes que podían sustituir el análisis jurídico riguroso de los hechos.

Me parecía entonces un criterio razonable.

Precisamente por eso me sorprende el criterio de ahora.

¿Qué ha cambiado?

Si llamar «golpe de Estado» al procés exigía rigor conceptual, hechos y categorías jurídicas precisas, ¿por qué no debemos exigir exactamente lo mismo cuando se habla de un «golpe de Estado judicial permanente»?

La pregunta es inevitable:

¿Qué hechos permiten sostener una acusación de semejante gravedad?

Si existen, expónganse.

Si existen indicios, analicémoslos.

Si determinadas resoluciones son jurídicamente insostenibles, critiquémoslas.

Pero la existencia de decisiones judiciales que consideramos equivocadas o políticamente sesgadas no demuestra por sí misma la existencia de un golpe de Estado.

Y menos aún de uno «permanente».

¿Hipocresía? Prefiero hablar de doble rasero

Podría calificarse esta contradicción de hipocresía. Pero hacerlo supondría atribuir una intención que no puedo demostrar.

Prefiero algo más sencillo: señalar la incoherencia y preguntar si estamos utilizando un doble rasero.

Porque resulta difícil defender simultáneamente estas dos posiciones:

Cuando son otros quienes hablan de «golpe de Estado», debemos desconfiar de las expresiones rotundas y atenernos rigurosamente a los hechos.

Cuando la expresión coincide con nuestra interpretación política, podemos hablar de «golpe de Estado judicial permanente».

No debería funcionar así.

La libertad de expresión no elimina la responsabilidad

Por supuesto, Martín Pallín tiene derecho a expresar su opinión. Como cualquiera.

Pero cuanto mayor es la gravedad de una afirmación y mayor la autoridad pública de quien la formula, mayor debería ser también la responsabilidad al fundamentarla.

Me viene a la cabeza la vieja imagen de gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado. No porque ambas situaciones sean jurídicamente equivalentes —evidentemente no lo son—, sino porque ilustra una idea elemental: las palabras tienen consecuencias.

«Golpe de Estado» no puede convertirse simplemente en otra expresión de agitación política.

Si banalizamos las palabras, terminamos vaciándolas de significado.

El mismo criterio, también cuando nos incomoda

No pretendo demostrar que Martín Pallín esté equivocado.

Le planteo algo mucho más sencillo:

demuestre una afirmación de semejante gravedad con hechos de semejante contundencia.

Y apliquemos después exactamente el mismo criterio a Cataluña, al Gobierno, a la oposición, a los jueces y a cualquier otro poder del Estado.

Porque si exigimos rigor cuando habla el adversario, pero aceptamos la exageración cuando habla alguien próximo a nuestras convicciones, ya no estamos buscando la verdad.

Estamos construyendo relatos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y entre el relato y las creencias, los hechos.

Cuando la etiqueta sustituye al argumento

 


Cuando la etiqueta sustituye al argumento

Fascista, comunista, sionista… cuando las palabras dejan de explicar y empiezan a servir para señalar

He leído con interés «Posfascismo pragmático», el artículo de Lluís Uría en La Vanguardia sobre Giorgia Meloni y la crisis de Ceuta.

El artículo contiene datos interesantes y plantea preguntas que merecen discusión: ¿ha sido proporcionada la reacción italiana? ¿Existe una doble vara de medir entre los flujos migratorios que llegan por España y por Italia? ¿Está utilizando Meloni la crisis para competir electoralmente con fuerzas situadas a su derecha? ¿Qué responsabilidad corresponde a Marruecos?

Todo eso merece ser analizado.

Precisamente por ello resulta penoso que un artículo que puede sostenerse sobre hechos y argumentos recurra repetidamente a un vocabulario que recuerda demasiado al de agitación y propaganda:

«Posfascista». «Ultras». «Racista». «Xenófobo».

Desde otras trincheras encontramos el mismo procedimiento: «comunista», «bolivariano», «sionista», «facha», «rojo»…

Cambian las palabras. El mecanismo es el mismo.

Primero la etiqueta; después, el argumento

Las palabras tienen significado. El problema comienza cuando dejamos de utilizarlas para describir con precisión una realidad y empezamos a emplearlas para clasificar moralmente al adversario.

Si alguien ha sido previamente etiquetado como «fascista», parece que ya no necesitamos refutar sus argumentos: habla un fascista.

Desde la trinchera contraria sucede exactamente lo mismo con «comunista» o «bolivariano».

Y «sionista» puede acabar funcionando como explicación universal de cualquier comportamiento de Israel, de un israelí o incluso de un judío.

La etiqueta sustituye a la persona y termina sustituyendo al argumento.

El problema no tiene dueño ideológico

Sería muy fácil convertir esto en una crítica a la izquierda o a la derecha. Y estaríamos cayendo exactamente en aquello que criticamos.

Desde una trinchera se grita «¡fascista!».

Desde otra, «¡comunista!» o «¡bolivariano!».

Desde otra, «¡sionista!».

Son palabras muy eficaces para movilizar a quienes ya están convencidos y bastante menos útiles para comprender a quien discrepa.

Sirven para la propaganda.

Mucho menos para pensar.

Una prueba sencilla

Ante cualquiera de estas etiquetas podemos hacernos una pregunta:

¿Qué queda del argumento si quitamos el adjetivo?

Si después de eliminar «fascista», «comunista», «sionista», «ultra» o «bolivariano» siguen quedando hechos, datos y razonamientos sólidos, tenemos algo que merece ser discutido.

Si al retirar la etiqueta se derrumba el argumento, quizá nunca hubo argumento.

Solo había propaganda.

jueves, 3 de septiembre de 2026

Indicios, hipótesis y sentencias: una doble vara de medir




Indicios, hipótesis y sentencias: una doble vara de medir

infoLibre ha publicado un análisis crítico sobre el informe del CENIF relativo a los sucesos de Ceuta. Su tesis principal es que se trata de un informe construido sobre conjeturas.

La crítica puede ser legítima, pero debe aplicarse el mismo criterio a todas las partes. Hay que distinguir entre hechos, indicios, hipótesis y pruebas.

Un informe policial no es una sentencia

Este punto es fundamental: un informe policial no es una sentencia judicial ni establece hechos probados de manera definitiva. Es una aportación que se remite a los tribunales para que pueda ser valorada junto con otras pruebas.

La policía puede reunir datos, detectar conexiones y plantear hipótesis. Después corresponde a los jueces contrastarlas, escuchar explicaciones alternativas y decidir qué queda acreditado.

Por tanto, no debemos presentar una conclusión policial como una verdad judicial. Pero tampoco debemos exigir a un informe de investigación que demuestre definitivamente aquello que precisamente se está investigando.

Un indicio no es una prueba, pero tampoco es nada

Que la mayoría de determinados teléfonos tuviera prefijo marroquí no demuestra por sí solo una organización estatal.

Que hubiera una gran difusión de mensajes no prueba necesariamente la intervención de especialistas.

Que muchas personas regresaran posteriormente a Marruecos tampoco permite conocer automáticamente sus intenciones.

Todo eso es cierto. Pero esos datos pueden ser indicios. Un indicio no demuestra una hipótesis, aunque puede justificar que se investigue.

La cuestión no es si el CENIF ha dictado una sentencia, porque no le corresponde hacerlo. La cuestión es si los datos que aporta hacen razonable continuar investigando determinadas hipótesis.

La doble vara de medir

El problema aparece cuando se califican las inferencias del CENIF como «conjeturas», mientras que las explicaciones alternativas se presentan como análisis objetivos.

infoLibre propone, por ejemplo, explicaciones relacionadas con la curiosidad, la desesperación económica, el efecto contagio o la decisión de regresar a Marruecos. Son posibilidades razonables, pero también son hipótesis. No conocemos con certeza el estado mental de miles de personas.

Una hipótesis alternativa no refuta automáticamente otra hipótesis. Ambas deben contrastarse con los hechos y las pruebas disponibles.

Lo mismo ocurre cuando se atribuyen intenciones políticas al informe o a quienes lo difunden. Si se exige al CENIF que demuestre sus atribuciones de intencionalidad, debe aplicarse la misma exigencia a quienes sostienen que el documento pretende provocar la caída del Gobierno o instalar una determinada narrativa política.

De lo contrario, estaríamos ante una clara doble vara de medir.

Hechos, indicios, hipótesis y pruebas

El debate puede resumirse así:

Hechos → indicios → hipótesis → pruebas

No debemos convertir un indicio en una certeza ni una hipótesis en una sentencia. Pero tampoco debemos descartar un indicio simplemente porque todavía no sea una prueba.

La policía investiga y aporta información. Los tribunales valoran esa información y deciden. El periodismo puede y debe examinar los informes policiales, pero debería aplicar a sus propias interpretaciones el mismo rigor que reclama a los investigadores.

Ver la realidad con un solo ojo impide apreciar la profundidad. Cuando solo se observa una parte de los hechos, también se pierde capacidad para juzgarlos correctamente.

Entre los relatos y las creencias deben estar los hechos. Porque los hechos permiten cambiar de opinión sin dejar de pensar.

José Antonio Parro Agudo
La Réplic

miércoles, 2 de septiembre de 2026

Lo que pudo haber sido ... y no fue

 


LO QUE PUDO HABER SIDO… Y NO FUE

Hay ocasiones en las que la forma de hacer las cosas importa casi tanto como el fondo.

La concentración celebrada el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta podía haber tenido una enorme fuerza simbólica si el llamamiento hubiera nacido precisamente allí: en Ceuta.

Imaginemos por un momento que hubiera sido su alcalde-presidente quien, ante una situación que consideraba grave, se hubiera dirigido solemnemente a todos los ayuntamientos de España:

«Ceuta os llama. Solidaridad. Unidad».

Habría sido una imagen poderosa: Ceuta llamando a España y España respondiendo a Ceuta.

El lejano recuerdo de Móstoles

La comparación histórica es inevitable, aunque naturalmente las circunstancias sean completamente distintas.

El 2 de mayo de 1808, mientras Madrid se levantaba contra las tropas francesas, los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el célebre bando que alertaba de lo ocurrido y llamaba a acudir en ayuda de Madrid.

La tradición popular acabaría convirtiéndolo en algo todavía más grande: el símbolo de un pequeño municipio que llama a toda España.

No se trata, por supuesto, de equiparar aquella invasión napoleónica con la situación actual de Ceuta. Sería absurdo. Se trata de recordar la extraordinaria fuerza que puede tener un gesto cuando quien hace el llamamiento es precisamente quien se siente amenazado y pide solidaridad.

Pero no ocurrió así

La convocatoria nacional del 2 de septiembre partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fue impulsada por su presidenta, María José García-Pelayo, después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Y aquí aparece una cuestión que merece reflexión.

Por lo que conocemos, la convocatoria no fue previamente deliberada ni acordada por los órganos colegiados de la FEMP. Los grupos representados en la Federación, salvo el Partido Popular, denunciaron precisamente que la decisión había sido adoptada unilateralmente por su presidenta.

Los Estatutos de la FEMP conceden a la Presidencia amplias facultades de representación y una competencia residual sobre aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas a otros órganos. Por ello, no parece prudente afirmar sin más que la convocatoria fuese ilegal o contraria a los Estatutos.

Pero una cosa es preguntarse si podía hacerlo y otra distinta si era la mejor manera de hacerlo.

Porque estamos hablando de una convocatoria institucional dirigida a los 8.132 ayuntamientos españoles.

Ante una iniciativa de semejante alcance, habría resultado mucho más coherente con el espíritu de una federación plural que la propuesta hubiera sido sometida previamente a deliberación de sus órganos de gobierno, incluso mediante una reunión extraordinaria si la urgencia lo aconsejaba.

Deliberar no debilita una institución. La fortalece.

Y además permite que una decisión institucional sea verdaderamente de la institución y no solamente de quien circunstancialmente la preside.

Lo que pudo haber sido

Y aquí regreso a aquella imagen que me habría gustado contemplar.

El presidente de Ceuta haciendo un llamamiento a todos los municipios españoles.

Los ayuntamientos respondiendo voluntariamente.

La FEMP respaldándolo después, tras deliberarlo entre las distintas sensibilidades políticas que la integran.

Ceuta llamando a España.
España respondiendo a Ceuta.

Quizá habría tenido algo de aquel lejano espíritu de los alcaldes de Móstoles.

Pero no fue así.

Y entonces me viene inevitablemente a la memoria aquella hermosa expresión de bolero:

«Lo que pudo haber sido y no fue».

Porque algunas veces, también en política, lo que pudo haber sido resulta mucho más hermoso que lo que finalmente fue.

El odio al adversario también puede alimentarlo



EL ODIO AL ADVERSARIO TAMBIÉN PUEDE ALIMENTARLO

Hay una reacción casi automática ante determinados dirigentes políticos: «¡Qué odiosos!»

Es comprensible. Hay discursos, comportamientos y decisiones que pueden producir rechazo, indignación e incluso repugnancia.

Pero quizá convenga hacerse una pregunta incómoda:

¿Y si nuestro odio hacia ellos fuera precisamente una parte de su alimento?

La política de la polarización no vive únicamente de conseguir adhesiones. Necesita también enemigos.

Necesita que enfrente haya alguien que desprecie, ridiculice o demonice a quienes están al otro lado. Porque entonces resulta mucho más sencillo construir un relato:

«Nos odian. Nos persiguen. Quieren acabar con nosotros. Por eso tenemos que permanecer unidos».

El mecanismo no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede utilizarlo la derecha o la izquierda, un nacionalismo o su contrario, un movimiento religioso o uno antirreligioso.

La identidad del adversario cambia; el mecanismo permanece.

EL CÍRCULO QUE SE RETROALIMENTA

La polarización puede convertirse así en un círculo:

PROVOCACIÓN → INDIGNACIÓN → ODIO AL ADVERSARIO → REACCIÓN DEL ADVERSARIO → MAYOR COHESIÓN DE CADA BANDO → NUEVA PROVOCACIÓN

Y cada vuelta de la rueda beneficia especialmente a quienes hacen de la confrontación su principal herramienta política.

Esto no significa caer en el cómodo «todos son iguales».

No todos los hechos tienen la misma gravedad ni todas las responsabilidades son equivalentes.

Una democracia necesita señalar la mentira, el abuso de poder, la corrupción, el autoritarismo o cualquier vulneración de derechos, venga de donde venga.

La cuestión es otra:

¿Cómo hacerlo sin convertir nuestra indignación en combustible para aquello que queremos combatir?

CRITICAR NO ES ODIAR

Podemos combatir unas ideas sin despreciar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar a un gobernante sin considerar despreciables a millones de ciudadanos que lo votan.

Podemos exigir responsabilidades sin deshumanizar al adversario.

De hecho, esa distinción resulta esencial para conservar el espíritu crítico.

Cuando alguien pasa de ser un adversario a convertirse simplemente en «uno de los malos», dejamos de analizar lo que hace. Empezamos a interpretar automáticamente todo cuanto hace según la etiqueta que previamente le hemos colocado.

Y entonces los hechos pierden importancia.

También nosotros hemos entrado en la lógica de la trinchera.

UNA PARADOJA QUE MERECE LA PENA RECORDAR

Quien basa su poder en la confrontación necesita adversarios enfurecidos casi tanto como seguidores entusiasmados.

Por eso quizá la respuesta más eficaz ante determinados discursos no sea aumentar el volumen del desprecio, sino hacer algo mucho más difícil:

Examinar los hechos.

Desmontar las falsedades.

Exigir responsabilidades.

Y, al mismo tiempo, negarnos a participar en la deshumanización del contrario.

Porque existe una paradoja que deberíamos tener siempre presente:

EL ODIO AL ADVERSARIO NO SIEMPRE LO DEBILITA.
MUCHAS VECES LO ALIMENTA.

Y quizá una de las mejores formas de combatir la polarización sea precisamente negarle ese alimento.


La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más.

JAPA


viernes, 28 de agosto de 2026

Comprender las causas no significa justificar al agresor

 


Comprender las causas no significa justificar al agresor

Hay algo profundamente razonable en advertir contra una guerra interminable en Ucrania. También lo hay en recordar el riesgo de una escalada entre potencias nucleares, en cuestionar determinadas decisiones de Estados Unidos y de los gobiernos europeos y en preguntarnos cuántas vidas estamos dispuestos a sacrificar por recuperar cada kilómetro de territorio ocupado.

Todo eso merece ser discutido.

Pero hay una línea que no deberíamos cruzar: explicar una agresión no puede terminar convirtiéndose en una justificación del agresor ni en una transferencia de responsabilidad hacia el agredido.

La comparación es deliberadamente incómoda, pero ayuda a entender el problema. Podemos analizar si una mujer que ha sufrido una agresión sexual tomó previamente decisiones imprudentes, si caminó sola de madrugada o si vestía de determinada manera. Pero nada de eso modifica quién . la decisión de agredirla.

La imprudencia, incluso cuando existe, no convierte al agredido en responsable de la agresión.

Rusia invadió Ucrania

Este es el hecho del que hay que partir.

En febrero de 2022, Rusia cruzó las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania con sus Fuerzas Armadas. La Asamblea General de Naciones Unidas calificó lo sucedido como una agresión contra Ucrania y exigió a Rusia la retirada de sus tropas.

A partir de ahí podemos —y debemos— discutir todo lo demás.

Podemos preguntarnos si la ampliación de la OTAN fue políticamente inteligente.

Podemos analizar si Estados Unidos despreció durante años las preocupaciones rusas sobre su seguridad.

Podemos examinar los errores de Ucrania antes de 2022.

Podemos criticar las sanciones occidentales.

Podemos considerar temeraria la autorización para utilizar determinadas armas occidentales contra territorio ruso.

Y podemos preguntarnos si algunos gobiernos europeos están contribuyendo a prolongar una guerra que difícilmente tendrá una solución militar satisfactoria.

Pero ninguna de esas preguntas cambia el sujeto de la decisión fundamental: quien decidió invadir Ucrania fue el Gobierno ruso.

Comprender las circunstancias que preceden a una decisión no significa transferir la responsabilidad de quien la toma.

¿Europa quiere la guerra?

También conviene tener cuidado con las palabras.

Puede criticarse la política de los países bálticos y nórdicos. Es comprensible, además, que su historia de ocupaciones y dominación rusa o soviética condicione su percepción de la amenaza.

Podemos pensar que exageran ese peligro.

Podemos considerar equivocada su estrategia.

Incluso podemos sostener que continuar suministrando determinadas armas a Ucrania aumenta peligrosamente el riesgo de escalada.

Pero afirmar que esos países tienen una especie de «sed de guerra» o que desean una guerra contra Rusia exige demostrar algo bastante más difícil.

Porque esos mismos gobiernos que apoyan militarmente a Ucrania han reclamado también un alto el fuego y negociaciones para alcanzar una paz duradera.

Podremos discrepar sobre cómo pretenden alcanzar la paz. No deberíamos convertir automáticamente esa discrepancia en una división moral entre quienes quieren la paz y quienes quieren la guerra.

La pregunta incómoda: ¿hasta cuándo?

Aquí, sin embargo, los críticos con la estrategia occidental plantean una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Cuántos ucranianos más deben morir para recuperar los territorios ocupados?

¿Existe realmente una posibilidad militar razonable de recuperar Crimea y el Donbás?

¿Durante cuánto tiempo debe continuar una guerra antes de admitir que una paz imperfecta puede ser preferible a una victoria imposible?

Son preguntas legítimas.

También lo es plantear un alto el fuego sobre las líneas actuales sin reconocer jurídicamente la soberanía rusa sobre los territorios ocupados.

Una cosa es el control de facto y otra muy distinta su reconocimiento de iure.

La historia está llena de armisticios, fronteras provisionales y conflictos congelados que han evitado durante décadas guerras mucho peores.

Por tanto, defender una negociación no equivale necesariamente a premiar a Putin.

Pero aquí aparece otra pregunta igualmente incómoda.

¿Qué ocurre si una invasión acaba siendo rentable?

Imaginemos que aceptamos como principio que, cuando una guerra ha provocado suficientes muertos y el agresor controla una parte considerable del territorio invadido, lo razonable es detenerla manteniendo provisionalmente las posiciones alcanzadas.

Puede ser necesario hacerlo.

Pero no podemos ignorar el precedente que creamos.

¿Qué mensaje recibe cualquier potencia que tenga reivindicaciones territoriales sobre su vecino?

Puede invadir.

Puede ocupar territorio.

Puede resistir durante algunos años.

Y llegará un momento en que la comunidad internacional comenzará a preguntarle al país invadido si realmente merece la pena seguir muriendo para recuperar sus fronteras.

Por eso no basta con preguntar:

¿cuántas personas deben morir para recuperar el territorio ocupado?

También debemos preguntar:

¿qué consecuencias tendrá para el futuro que conquistar territorio mediante la fuerza termine produciendo resultados?

No existe una respuesta sencilla.

Precisamente por eso desconfío de quienes parecen tenerla.

Negociar no significa absolver

Creo que podemos mantener simultáneamente varias ideas sin que sean contradictorias.

Rusia es responsable de haber iniciado una guerra de agresión contra Ucrania.

Occidente ha cometido errores graves antes y después de la invasión.

Ucrania tampoco está exenta de errores ni de obligaciones jurídicas y morales.

La escalada progresiva del conflicto aumenta un riesgo nuclear que ninguna persona sensata debería trivializar.

Y después de años de guerra puede llegar un momento en que negociar una paz imperfecta sea moralmente preferible a continuar buscando una victoria improbable.

Todo eso puede ser verdad simultáneamente.

Lo que no deberíamos hacer es comenzar reconociendo que existe un agresor y un agredido y terminar dedicando prácticamente toda nuestra indignación al agredido y a quienes lo ayudan.

Porque entonces el análisis ha sufrido un desplazamiento casi imperceptible: hemos pasado de intentar comprender por qué ocurrió una agresión a explicar por qué el agredido debería haber actuado de otra manera.

Y ahí conviene recordar una distinción elemental.

Las circunstancias explican.

Los errores ayudan a comprender.

La geopolítica proporciona antecedentes.

Pero la responsabilidad de una agresión corresponde, en primer término, a quien decide realizarla.

Defender la negociación no exige olvidarlo.

Al contrario: probablemente una paz duradera solo pueda construirse cuando seamos capaces de hacer las dos cosas a la vez: reconocer los hechos sin convertirlos en propaganda y buscar la paz sin convertirla en una absolución del más fuerte.