viernes, 21 de agosto de 2026

Lorca, los «herederos biológicos» y las trincheras que no deberíamos reconstruir

 

Lorca, los «herederos biológicos» y las trincheras que no deberíamos reconstruir

Utilizar el asesinato de Federico García Lorca para señalar a los adversarios políticos de hoy quizá nos haga olvidar una de las principales lecciones de 1936: antes de que una sociedad llegue a enfrentarse con las armas, puede haber empezado a dejar de reconocerse como una comunidad de ciudadanos capaces de convivir con quienes piensan diferente.

Hace unos días, con motivo del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, Óscar Puente escribió:



«Tal como hoy, hace 90 años, unos fascistas asesinaron a la que fue, quizá, la mente literaria española más importante del siglo XX. Murió con tan solo 38 años. Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos llaman a la puerta del gobierno de nuevo. Que no lo consigan.»

La primera afirmación nos remite a un hecho histórico: Federico García Lorca fue asesinado en Granada por fuerzas vinculadas a los sublevados pocas semanas después del golpe militar de julio de 1936.

No hay razón para ocultarlo, relativizarlo ni compensarlo con los crímenes cometidos por el otro bando. Cada crimen merece ser juzgado por sí mismo.

Pero hay unas palabras en el mensaje del ministro que me resultan especialmente inquietantes:

«Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos».

¿Herederos biológicos?

Nadie hereda la culpa de sus padres, de sus abuelos ni de sus bisabuelos.

La responsabilidad es individual.

Uno de los grandes avances de nuestra civilización consiste precisamente en haber sustituido la culpa colectiva, familiar o hereditaria por la responsabilidad personal.

Podemos discutir si determinadas ideas políticas actuales tienen antecedentes históricos. Podemos analizar continuidades ideológicas, discursos autoritarios o comportamientos antidemocráticos. Y debemos denunciarlos cuando existan.

Pero a las personas hay que juzgarlas por lo que piensan, dicen y hacen ellas, no por lo que hicieron sus antepasados.

Introducir la biología en la responsabilidad política nos lleva precisamente a un terreno del que la historia europea debería habernos enseñado a alejarnos.

El Lorca que no cabe bien en las trincheras

Hay además algo en la propia vida de Federico García Lorca que hace especialmente paradójico este mensaje.

Lorca tenía posiciones políticas y sociales conocidas y no hay necesidad de convertirlo retrospectivamente en un hombre sin ideas.

Pero una cosa son las convicciones y otra el sectarismo.

Cuando en agosto de 1936 comprendió que su vida podía correr peligro en Granada, Lorca buscó refugio en casa de su amigo Luis Rosales.

Luis Rosales era falangista y varios de sus hermanos estaban vinculados a Falange.

Lorca pensó que aquella casa podía protegerlo precisamente por la amistad que los unía y por la posición política de los Rosales.

Y sus amigos intentaron protegerlo.

No pudieron conseguirlo. Lorca fue detenido en aquella casa y posteriormente asesinado.

Pero el hecho resulta extraordinariamente revelador: un hombre identificado con la cultura republicana buscaba protección en casa de unos amigos falangistas.

La ideología no había conseguido destruir la amistad.

La Barraca: izquierdas y derechas subidas al mismo camión

También resulta significativo recordar La Barraca, el proyecto de teatro universitario dirigido por Lorca y Eduardo Ugarte durante la Segunda República.

Aquellos estudiantes recorrían pueblos y ciudades representando gratuitamente a Cervantes, Lope de Vega, Calderón y otros clásicos.

Y entre ellos había jóvenes de izquierdas y de derechas.

Uno de los vinculados al proyecto, Eduardo Ródenas, acabaría militando en Falange y moriría también durante la violencia desencadenada por la Guerra Civil.

Aquella España existió también.

Jóvenes con ideas políticas diferentes podían trabajar juntos, representar juntos a nuestros clásicos y compartir un proyecto cultural común.

Después muchos terminarían separados por unas trincheras que no habían construido ellos solos.

La Guerra Civil no comenzó de repente

La Guerra Civil convencional comenzó después de la sublevación militar del 17 y 18 de julio de 1936 y de su fracaso parcial.

Pero sería un error imaginar que una sociedad pasa de la convivencia a una guerra civil de un día para otro.

Durante los meses anteriores se había producido una creciente violencia política. Hubo asesinatos, atentados, incendios, enfrentamientos callejeros, discursos revolucionarios y conspiraciones militares.

La violencia procedía de distintos sectores, aunque eso no elimina ni iguala las responsabilidades concretas de cada uno.

El asesinato del teniente Castillo el 12 de julio y, pocas horas después, el asesinato de Calvo Sotelo constituyen quizá la expresión más dramática de aquel deterioro inmediatamente anterior al golpe.

Mientras tanto, la conspiración militar llevaba tiempo preparándose.

Por eso sería históricamente incorrecto afirmar que la Guerra Civil comenzó meses antes del 18 de julio.

Pero podemos decir algo diferente:

Antes de que comenzara la Guerra Civil, se estaban destruyendo algunas de las condiciones que permiten evitar una guerra civil.

Entre ellas, una fundamental:

reconocer como legítima la existencia del adversario.

No estamos en 1936

Conviene decirlo con toda claridad.

España no está en 1936.

Tenemos una democracia consolidada, elecciones libres, instituciones constitucionales y una sociedad incomparablemente menos violenta que aquella.

Utilizar 1936 para anunciar constantemente una nueva Guerra Civil sería tan irresponsable como utilizarlo para convertir a nuestros adversarios políticos actuales en continuadores de quienes asesinaron hace noventa años.

Pero precisamente porque conocemos nuestra historia deberíamos prestar atención a determinados mecanismos.

La polarización comienza a ser peligrosa cuando dejamos de decir:

«Creo que estás equivocado».

y empezamos a decir:

«Tú eres uno de ellos».

Fascista.

Comunista.

Franquista.

Bolivariano.

Heredero de asesinos.

Entonces ya no discutimos las ideas o los actos del ciudadano que tenemos delante.

Lo convertimos en representante de una categoría moralmente condenada de antemano.

Y una vez hecha esa transformación, escucharlo deja de ser necesario.

Nuestros muertos no deberían convertirse en munición

Federico García Lorca pertenece a nuestra memoria colectiva.

También a los españoles que piensan diferente de nosotros.

Quizá por eso resulte especialmente desafortunado utilizar su asesinato para dividir nuevamente a los españoles entre herederos de víctimas y «herederos biológicos» de verdugos.

Tal vez el propio Lorca nos haya dejado, involuntariamente, una imagen bastante más hermosa para recordar estos días:

un hombre de izquierdas buscando protección en casa de unos amigos falangistas.

Y unos jóvenes de izquierdas y de derechas subiéndose juntos a los vehículos de La Barraca para llevar a Cervantes, Calderón y Lope por los pueblos de España.

También esa fue España.

Y quizá esa memoria sea hoy mucho más útil que averiguar quién es heredero de quién.

La historia debe servirnos para conocer las responsabilidades del pasado, no para transmitirlas hereditariamente al presente.

La discrepancia es normal; la deshumanización del otro, no.

Y si realmente queremos honrar a quienes fueron víctimas de nuestra Guerra Civil, quizá la mejor manera de hacerlo sea impedir que sus nombres vuelvan a utilizarse para levantar trincheras entre los españoles.

La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más, aunque nos duela.

JAPA — La Réplica

jueves, 13 de agosto de 2026

Pensiones, Concierto vasco y solidaridad:

 

Pensiones, Concierto vasco y solidaridad: cinco preguntas que los gobiernos deberían responder



Hay debates en los que las cifras deberían hablar antes que las ideologías. El de las pensiones y el Concierto Económico vasco es uno de ellos.

El País Vasco disfruta legalmente de un régimen fiscal propio reconocido por la Constitución y regulado mediante el Concierto Económico. Las diputaciones forales recaudan los principales impuestos —IRPF, IVA, Sociedades…— y Euskadi contribuye a financiar las competencias estatales que no tiene asumidas mediante el cupo.

Hasta aquí, conocido.

EL PROBLEMA APARECE CUANDO HABLAMOS DE LAS PENSIONES

Las pensiones contributivas forman parte del sistema común de la Seguridad Social y de su caja única.

Euskadi presenta, además, unas características especialmente relevantes para un sistema de reparto.

En 2025 tenía 530.778 pensionistas, la pensión media de jubilación más elevada de España y un gasto anual en pensiones de 13.198 millones de euros.

Y existe otro dato especialmente significativo: solamente había 1,94 afiliados por cada pensionista.

Por tanto, existe una cuestión perfectamente legítima que merece ser explicada con claridad:

¿qué ocurre cuando las cotizaciones sociales generadas en el País Vasco no son suficientes para financiar las prestaciones contributivas que allí se pagan?

CINCO PREGUNTAS QUE LOS GOBIERNOS DEBERÍAN RESPONDER

1. ¿Cuánto se recauda anualmente en cotizaciones sociales en el País Vasco?

2. ¿Cuánto se paga anualmente allí en pensiones contributivas?

3. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre ambas cantidades?

4. ¿Cómo y con qué recursos se financia esa diferencia?

5. ¿Qué parte de esa financiación soporta finalmente Euskadi a través del cupo y de los restantes mecanismos del Concierto, y qué parte recae sobre el conjunto del Estado?

No parecen preguntas extraordinarias.

Son, sencillamente, las cuentas que necesitamos conocer para determinar si el sistema distribuye equitativamente los costes de la solidaridad.

NO ES UNA PREGUNTA SOLO PARA EL GOBIERNO ACTUAL

Conviene dejarlo claro.

Estas preguntas no deben dirigirse únicamente al Gobierno que hoy ocupa La Moncloa.

Deberían haberlas explicado con claridad los sucesivos gobiernos de España, fueran del signo político que fueran.

El Concierto Económico, el cupo y nuestro sistema de Seguridad Social llevan décadas funcionando bajo gobiernos del PSOE y del PP.

Si existe un desequilibrio, no ha nacido ayer.

Y si no existe, debería ser muy sencillo demostrarlo publicando unas cuentas comprensibles para cualquier ciudadano.

Por eso la exigencia de transparencia debe ser exactamente la misma para todos.

NI CONTRA LOS VASCOS NI CONTRA SUS PENSIONISTAS

Esta discusión no cuestiona los derechos de los pensionistas vascos.

Han cotizado conforme a las reglas establecidas y tienen exactamente el mismo derecho a percibir sus pensiones que un jubilado de Zamora, Barcelona, Sevilla o cualquier otro lugar de España.

La cuestión es otra:

¿cómo distribuimos entre todos el coste de financiar el sistema?

Un régimen fiscal singular puede ser constitucional y legal.

Pero esa singularidad debe ser compatible con dos principios que deberían resultar igualmente irrenunciables:

solidaridad e igualdad.

Y para comprobarlo necesitamos conocer no solamente cuánto aporta Euskadi mediante el cupo, sino también qué gastos comunes se incluyen en su cálculo, cuáles se compensan y cómo repercute finalmente la financiación del sistema de pensiones.

EL CUPO: 1.467,7 MILLONES EN EL AÑO BASE

Hay un dato que sí podemos conocer con precisión.

La Ley 10/2023 estableció para 2022, año base del quinquenio 2022-2026, un cupo líquido a pagar de 1.467,7 millones de euros.

Pero comparar simplemente esos 1.467 millones con el déficit territorial de las pensiones y concluir que la diferencia constituye automáticamente una transferencia al País Vasco sería demasiado sencillo.

El cálculo del cupo es bastante más complejo.

La propia ley parte de las cargas del Estado no asumidas por Euskadi, aplica un índice de imputación del 6,24 % e incorpora ajustes y compensaciones, entre ellas las relacionadas con el déficit presupuestario.

Precisamente por eso necesitamos una explicación pública que permita seguir el dinero desde el principio hasta el final.

TRANSPARENCIA ANTES QUE RELATO

No hacen falta consignas.

No hace falta enfrentar a vascos con castellanos, catalanes, andaluces o gallegos.

Y tampoco convertir el debate en otra batalla entre nacionalistas y no nacionalistas.

Hace falta algo mucho más sencillo:

publicar las cuentas y explicarlas.

¿Cuánto se cotiza?

¿Cuánto se paga?

¿Cuánto falta?

¿Quién aporta lo que falta?

¿Y cuánto termina correspondiendo a cada parte después de aplicar el Concierto y el cupo?

Cinco preguntas.

Cinco respuestas.

Cuentas públicas.

Si las cifras demuestran que Euskadi contribuye equitativamente a financiar el sistema común, quedará despejada la sospecha de privilegio.

Y si demuestran lo contrario, habrá que preguntarse por qué los sucesivos gobiernos lo han consentido.

Porque la solidaridad exige transparencia.

Y porque una singularidad territorial legítima no debería convertirse nunca en un privilegio económico a costa de los demás.

SOLIDARIDAD, SÍ. PRIVILEGIOS, NO.

Que los gobiernos publiquen las cuentas y que los ciudadanos podamos juzgarlas.


Fuentes

Gobierno Vasco – Observatorio de la Previsión Social Complementaria (10 de febrero de 2026).
Euskadi cierra 2025 con récords en pensiones: 530.778 pensionistas, pensión de jubilación más alta del Estado y un gasto de 13.198 millones de euros. El mismo informe sitúa la relación entre afiliados y pensionistas en 1,94.

BOE – Ley 12/2002, de 23 de mayo.
Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Especialmente los artículos relativos a las cargas del Estado no asumidas y a la metodología de determinación del cupo.

BOE – Ley 10/2023, de 3 de abril.
Metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026. Establece un índice de imputación del 6,24 % y fija para 2022, año base, un líquido a pagar de 1.467,7 millones de euros.

Seguridad Social – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Estadísticas oficiales de afiliación, pensiones contributivas, número de pensionistas y cuantía de las prestaciones.

Nota: Las estimaciones sobre el denominado «déficit territorial» de las pensiones vascas varían según la metodología utilizada. Por esa razón, en este artículo se distingue entre los datos oficiales disponibles y la cuestión que se plantea para el debate: determinar con transparencia qué parte del desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones termina financiando Euskadi y qué parte el conjunto del Estado.

lunes, 10 de agosto de 2026

Un viejo fantasma vuelve a recorrer Europa, Cuando la parte se convierte en el todo

 

Un viejo fantasma vuelve a recorrer Europa

Cuando la parte se convierte en el todo

Los hechos deben contar, especialmente cuando contradicen nuestros relatos. Y los hechos indican que el antisemitismo no es solamente un fantasma del pasado europeo. Sigue entre nosotros.

Pero combatirlo exige también precisión. Criticar al Gobierno de Israel no es antisemitismo. Denunciar las actuaciones de Netanyahu no es antisemitismo. Defender los derechos del pueblo palestino no es antisemitismo.

La frontera empieza a cruzarse cuando dejamos de responsabilizar a personas, organizaciones o gobiernos concretos y trasladamos esa responsabilidad a «los judíos», a todo un pueblo o a millones de individuos por su pertenencia a una colectividad.

Los datos están ahí

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó en 2024 una amplia encuesta realizada entre población judía de 13 países de la UE, donde reside alrededor del 96 % de la población judía de la Unión.

Los resultados son suficientemente contundentes: el 96 % de los encuestados afirmó haber encontrado antisemitismo durante el año anterior y el 80 % consideraba que el antisemitismo había aumentado en su país durante los cinco años precedentes.

Hay un dato especialmente significativo: la encuesta se realizó antes del 7 de octubre de 2023. Por tanto, no podemos explicar todo el fenómeno como consecuencia de la posterior guerra de Gaza.

Después llegaron los asesinatos y secuestros perpetrados por Hamás el 7 de octubre y la devastadora respuesta militar israelí sobre Gaza. La Comisión Europea ha constatado desde entonces un fuerte incremento de los incidentes antisemitas en distintos países europeos y particularmente en Internet.

La FRA continúa documentando el fenómeno y advierte, además, de algo importante cuando utilizamos estadísticas: los países europeos emplean sistemas de registro diferentes, por lo que no todas las cifras nacionales son directamente comparables.

Los hechos cuentan. Pero también debemos ser rigurosos con ellos.

No confundir la parte con el todo

Hay una idea que intento aplicar siempre, especialmente cuando los acontecimientos nos indignan:

No atribuir a un pueblo, una religión o una comunidad lo que hacen algunos de sus miembros o quienes gobiernan en su nombre.

Se puede —y se debe— denunciar con toda contundencia al Gobierno de Netanyahu y las consecuencias terribles de sus decisiones sobre la población palestina.

Pero de ahí no se sigue que podamos definir a «la sociedad israelí, en su gran mayoría» como racista, xenófoba, genocida o criminal.

Cuando dejamos de juzgar hechos, decisiones y responsabilidades concretas y trasladamos esas características a millones de personas, hemos dado un salto: de la crítica política a la culpabilización colectiva.

Y aquí aparece una falacia tan sencilla como peligrosa: confundir la parte con el todo.

Basta uno

La fotografía que acompaña este texto me parece extraordinariamente expresiva.

Una multitud parece comportarse de una determinada manera. En medio de ella, una persona no lo hace.

Podremos discutir qué porcentaje representa cada posición. Podremos incluso demostrar que una determinada opinión es mayoritaria. Pero aquella persona introduce una evidencia elemental:

Basta uno para demostrar que la parte no es el todo.



Las excepciones no «esconden» necesariamente una realidad. En ocasiones demuestran precisamente que el colectivo no es homogéneo.

En la sociedad israelí existen ciudadanos, intelectuales, organizaciones y religiosos judíos que se enfrentan públicamente a Netanyahu, a su Gobierno o a la guerra. Sus posiciones pueden ser minoritarias o mayoritarias; eso habrá que determinarlo con datos. Lo que su existencia impide es convertir a todos en una única categoría moral.

El Holocausto: memoria, no justificación

El Holocausto merece una consideración especial.

El asesinato sistemático de seis millones de judíos europeos por la Alemania nazi y sus colaboradores constituye uno de los grandes crímenes de nuestra historia.

Recordarlo es un deber moral.

Pero esa memoria no concede al actual Gobierno de Israel legitimidad para hacer cualquier cosa.

El Holocausto no puede utilizarse como justificación de las actuaciones de Netanyahu.

Y exactamente por el mismo principio tampoco podemos recorrer el camino contrario:

las actuaciones del Gobierno de Netanyahu no convierten a los judíos en responsables colectivos.

Una injusticia jamás legitima otra injusticia.

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) incluye entre sus ejemplos de antisemitismo responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. Al mismo tiempo, su propia definición señala expresamente que una crítica a Israel semejante a la dirigida contra cualquier otro país no puede considerarse antisemita.

Las dos afirmaciones deben leerse juntas.

Y el mismo principio vale para Hamás

Si queremos que nuestro razonamiento sea universal, tenemos que aplicarlo también cuando resulta incómodo.

Los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre deben condenarse sin ambigüedades.

Pero los palestinos no son Hamás.

Un niño palestino sepultado bajo los escombros no tiene responsabilidad alguna sobre los asesinatos cometidos por Hamás.

De la misma manera, una persona judía que vive en París, Zamora, Tel Aviv o Nueva York no adquiere responsabilidad sobre las decisiones de Netanyahu por el hecho de ser judía.

Por eso mi posición puede resumirse en cuatro afirmaciones:

Ni Hamás justifica a Netanyahu.
Ni Netanyahu justifica a Hamás.
Ni los palestinos son Hamás.
Ni los judíos son Netanyahu.

Dos condenas, los mismos principios

No creo que defender al pueblo palestino requiera minimizar los crímenes de Hamás.

Ni creo que denunciar a Hamás obligue a guardar silencio ante el sufrimiento de Gaza.

Precisamente porque los derechos humanos son universales, deben proteger también a quienes no pertenecen a nuestro bando, nuestra religión, nuestro pueblo o nuestra ideología.

La responsabilidad corresponde a quienes toman decisiones y cometen actos. No a una comunidad entera.

Europa conoce demasiado bien las consecuencias de sustituir a las personas por categorías colectivas.

Por eso, cuando reaparece la tentación de hablar de «los judíos», «los musulmanes», «los palestinos» o cualquier otro pueblo como si millones de seres humanos pensaran y actuaran de una única manera, conviene recordar aquella sencilla imagen:

entre el todo siempre hay personas.

Y quizá la mejor vacuna contra los viejos fantasmas siga siendo una regla extraordinariamente sencilla:

NO CONFUNDIR LA PARTE CON EL TODO


Fuentes: Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), Jewish People's Experiences and Perceptions of Antisemitism (2024) y actualización sobre antisemitismo (2026); Comisión Europea, seguimiento de la Estrategia de la UE contra el antisemitismo; e International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), definición de trabajo del antisemitismo.

viernes, 7 de agosto de 2026

La frase contundente que borra la historia (y la concordia)



Hay frases que suenan tan redondas que muchos las repiten sin comprobarlas.

 Una de ellas es la de Javier Aroca: «El problema de la derecha española es que no combatió al franquismo, surgió del franquismo. Mientras la derecha europea luchó contra el nazismo y el fascismo, la derecha española nació y se amamantó en el franquismo».Suena contundente. Parece una verdad histórica cerrada. Pero no lo es. Es una afirmación dogmática, incompleta y tendenciosa presentada como verdad absoluta. Prefiere la frase impactante (y falsa por omisión) al matiz histórico. Y busca, sobre todo, el aplauso de quienes ya piensan como él.  Esta práctica no ayuda a la concordia ni a la convivencia entre quienes piensan distinto. Convierte el debate en trincheras donde solo cabe la adhesión o el rechazo.
Los hechos que la frase borraNo es cierto que la derecha española no combatiera al franquismo. Hubo oposición monárquica, liberal y democristiana real:
  • En 1945, Don Juan de Borbón publicó el Manifiesto de Lausana, rompió con Franco, calificó el régimen de totalitario inspirado en el Eje y le exigió que abandonara el poder.
  • En 1962, el Contubernio de Múnich reunió a 118 opositores de casi todas las tendencias, incluidos monárquicos y democristianos como Gil-Robles y Satrústegui. Franco respondió con una de las represiones más duras contra la oposición de centro-derecha.
  • En los años 70, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática incluyeron monárquicos, liberales, democristianos y carlistas junto al PCE y al PSOE.
Es verdad que una parte de la derecha sociológica procede del franquismo o se acomodó a él. También es verdad que una parte de la izquierda procede del estalinismo y de formas autoritarias de sociedad. Ambos legados existen. Borrar uno y magnificar el otro no es historia: es propaganda.

La comparación con “la derecha europea” tampoco resiste el escrutinio. En Alemania, Francia o Italia hubo colaboración y acomodamiento de amplios sectores conservadores al fascismo y al nazismo. La historia europea es tan compleja y contradictoria como la española.El problema de fondoCuando se lanza una frase de este tipo y se presenta como verdad histórica, no se invita a pensar: se pide adhesión. Se construye un relato en el que el adversario no tiene matices ni historia propia. Solo merece ser señalado.Esa práctica es incompatible con la reciprocidad. Y la reciprocidad es la primera base de la concordia. 

Si exijo rigor y memoria completa cuando se habla de “los míos”, debo exigir lo mismo cuando se habla de “los otros”. Si solo denuncio el sesgo del contrario, no defiendo la verdad: defiendo a mi bando.

En La Réplica intentamos señalar estas operaciones de relato unilateral, sea cual sea el origen ideológico. Porque la convivencia democrática no se construye con eslóganes que confirman lo que ya creemos, sino con el esfuerzo de mirar la complejidad y de no convertir al que piensa distinto en un monstruo histórico.La historia española del siglo XX es suficientemente trágica como para no necesitar caricaturas. Y la política del presente tampoco mejora cuando se alimenta de ellas.

Antes de compartir  frases redondas que confirma lo que ya piensas, detente un momento

Pregúntate si has contrastado. Pregúntate si estás dispuesto a aplicar el mismo rigor hacia todos. Ese pequeño esfuerzo es, quizá, el primer paso hacia una conversación pública un poco menos envenenada.

miércoles, 24 de junio de 2026

¿Y si cambiamos los nombres?


 

¿Y si cambiamos los nombres?

He recibido por correo un escrito de Ignacio Escolar en el que denuncia lo que considera un intento del Partido Popular de impedir la celebración del Festival de las Ideas y la Cultura organizado por elDiario.es en Rivas-Vaciamadrid.

No sé si el texto ha sido publicado íntegramente en el propio periódico o si se trata de una comunicación dirigida a socios. En cualquier caso, quien tenga interés en conocer la posición de Ignacio Escolar debería buscar también su versión de los hechos y no conformarse con resúmenes de terceros.

El escrito transmite una preocupación que merece ser tomada en serio. La suspensión cautelar de un evento cultural pocos días antes de su celebración tiene consecuencias económicas, organizativas y simbólicas muy importantes. Además, cuando afecta a un medio de comunicación, resulta inevitable que aparezcan preguntas sobre la libertad de expresión, la pluralidad y la relación entre poder político y medios de comunicación.

Sin embargo, tras leer el texto, me llamó la atención algo que viene apareciendo con frecuencia en el debate público español: la dificultad para separar los hechos, las alegaciones y las conclusiones.

Lo que sabemos es relativamente sencillo.

Existe un recurso presentado por el Partido Popular.

Existe una suspensión cautelar acordada por un órgano administrativo.

Existe una interpretación de elDiario.es según la cual el recurso carece de fundamento y persigue impedir la celebración del festival.

Y existen también los argumentos de quienes presentaron el recurso, que sostienen que puede haber irregularidades en la contratación, en la clasificación del expediente y en el procedimiento utilizado.

Lo que todavía no existe es una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

Sin embargo, buena parte del debate público ya parece haber llegado a conclusiones definitivas.

Y es aquí donde me surge una reflexión que considero más interesante que el propio caso concreto.

Imaginemos por un momento que cambiamos los nombres.

Imaginemos que el Ayuntamiento estuviera gobernado por el Partido Popular.

Imaginemos que el festival estuviera organizado por un medio ideológicamente próximo a la derecha.

Imaginemos que fuera el PSOE quien presentara un recurso administrativo pocos días antes del evento.

¿Mantendríamos exactamente los mismos argumentos?

¿Hablarían los mismos de censura?

¿Hablarían los mismos de defensa de la legalidad?

¿O cambiarían las respuestas según quién sea el organizador y quién sea el recurrente?

Esta pregunta no resuelve el expediente administrativo. Tampoco determina quién tiene razón jurídicamente.

Pero sí permite comprobar algo importante: si estamos defendiendo principios o simplemente defendiendo a los nuestros.

Porque la prueba de un principio no es cómo se aplica cuando perjudica a nuestros adversarios. La prueba de un principio aparece cuando perjudica a nuestros aliados.

La legalidad debe ser exigible independientemente del color político de quien gobierne.

La libertad de expresión debe preocuparnos independientemente de la línea editorial del medio afectado.

Y las sospechas de utilización partidista de las instituciones deberían despertar la misma inquietud tanto si proceden de la izquierda como si proceden de la derecha.

Quizá por eso la pregunta más útil no sea quién gana esta batalla política concreta.

Quizá la pregunta más útil sea otra:

¿Seguiríamos pensando exactamente lo mismo si cambiáramos los nombres de los protagonistas?

Porque los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

martes, 23 de junio de 2026

Cuando una causa deja de necesitar argumentos


 

Cuando una causa deja de necesitar argumentos

La lectura de un artículo de Jesús Maraña, "De las joyas de Zapatero al 'Perla' de Ayuso", ha sido el detonante de esta reflexión.

No porque comparta o discrepe de cada una de sus conclusiones. Tampoco porque crea que los problemas que señala sean imaginarios. Lo que me preocupa es algo más profundo: el tono que va impregnando cada vez más el debate político español.

Un tono que no busca comprender, sino movilizar.

Un tono que no invita a deliberar, sino a alinearse.

Un tono que no pregunta, sino que sentencia.

Vivimos en una época en la que muchos debates parecen haberse transformado en una lucha entre bloques morales. Ya no se discuten principalmente hechos, argumentos o propuestas. Se identifican bandos. Se reparten etiquetas. Se asignan virtudes a unos y culpas a otros.

Los nuestros aparecen como víctimas.

Los otros aparecen como culpables.

Y cada noticia nueva se incorpora al relato previamente construido.

Cuando una información favorece a los nuestros, hablamos de hechos.

Cuando perjudica a los nuestros, hablamos de conspiraciones.

Cuando favorece a los otros, hablamos de privilegios.

Cuando perjudica a los otros, hablamos de justicia.

Naturalmente, este fenómeno no pertenece a una sola ideología. Lo encontramos en la izquierda y en la derecha, en los medios afines a unos y a otros, en las redes sociales y en demasiadas conversaciones cotidianas.

Por eso la pregunta importante no es quién lo hace, sino qué consecuencias tiene.

Y la historia ofrece algunas pistas inquietantes.

Las sociedades no suelen romperse de un día para otro. Antes aparece un lenguaje que simplifica la realidad. Un lenguaje que divide el mundo entre buenos y malos, demócratas y enemigos, patriotas y traidores, pueblo y antipueblo.

Poco a poco, el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en alguien sospechoso. Después pasa a ser alguien peligroso. Y finalmente alguien al que ya no merece la pena escuchar.

La historia europea conoce demasiado bien ese camino.

No porque España vaya a repetir automáticamente los errores del pasado.

Pero sí porque los mecanismos psicológicos y políticos que alimentan la polarización son sorprendentemente parecidos en todas las épocas.

La ironía es que quienes más denuncian los fanatismos a veces terminan utilizando la misma lógica que hizo posibles muchos fanatismos del pasado: la certeza absoluta de poseer la verdad y la convicción de que quien discrepa no se equivoca, sino que forma parte del problema.

Por supuesto, existen hechos.

Existen responsabilidades.

Existen delitos cuando los tribunales los acreditan.

Existen abusos de poder cuando las pruebas los demuestran.

Pero precisamente por eso necesitamos más prudencia, más rigor y menos fervor tribal.

Porque explicar no es justificar.

Analizar no es exculpar.

Discrepar no es traicionar.

Y preguntar no es convertirse en cómplice.

Quizá una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo sea recuperar la capacidad de discutir sin demonizar, criticar sin deshumanizar y discrepar sin convertir al adversario en un enemigo moral.

La democracia no necesita ciudadanos que repitan consignas de su bando.

Necesita ciudadanos capaces de pensar incluso cuando los hechos incomodan a los suyos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y quizá la mejor vacuna contra la deriva sectaria sea recordar una lección que la historia repite una y otra vez:

Los mayores errores colectivos rara vez comienzan con la duda. Suelen comenzar con la certeza.





 

lunes, 22 de junio de 2026

¿La culpa es del árbitro?

¿La culpa es del árbitro?

He leído con interés el artículo de Pedro Vallín «La culpa es del árbitro». Comparto una parte importante de su planteamiento: los jueces, como cualquier institución con poder, deben estar sometidos al escrutinio público. La democracia no necesita autoridades infalibles, sino instituciones fiscalizables.

Sin embargo, discrepo de una cuestión que me parece fundamental.

No creo que el principal problema de nuestras democracias sea que los árbitros no sean suficientemente vigilados. Creo que el problema más frecuente es otro: la tendencia de muchos actores políticos y mediáticos a deslegitimar al árbitro cuando sus decisiones afectan a los suyos.

Cuando una investigación, una imputación o una condena alcanza al adversario político, solemos escuchar que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe actuar con independencia.

Pero cuando el afectado pertenece a nuestro bloque ideológico, aparecen de repente las sospechas sobre conspiraciones, lawfare, jueces politizados, persecuciones o campañas mediáticas.

No digo que esas situaciones no puedan existir. Lo que digo es que demasiadas veces la sospecha aparece después de conocer quién es el investigado.

La cuestión democrática decisiva no es si el árbitro puede equivocarse. Por supuesto que puede. La cuestión es si aplicamos el mismo criterio de análisis cuando la decisión nos favorece y cuando nos perjudica.

Por eso, antes de acusar al árbitro, conviene hacerse algunas preguntas sencillas:

  • ¿Qué dice exactamente la ley?
  • ¿Qué hechos están acreditados?
  • ¿Qué pruebas existen?
  • ¿Qué precedentes hay?
  • ¿Se está aplicando el mismo criterio a todos?

Sin responder a esas preguntas, la crítica al árbitro corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada de desacreditar cualquier decisión desfavorable.

Hay además otra cuestión que me preocupa especialmente. En ocasiones parece que la presunción de inocencia y las garantías procesales se exigen con rigor a los tribunales, mientras se aceptan sin demasiados reparos condenas mediáticas construidas a partir de filtraciones, titulares o informaciones parciales.

Paradójicamente, la justicia garantista suele ser mucho más prudente que el juicio público.

La reciprocidad sigue siendo para mí la piedra de toque. Los principios no se ponen a prueba cuando benefician a los nuestros, sino cuando les perjudican.

Y por eso la pregunta relevante quizá no sea únicamente quién vigila a los vigilantes, sino también esta otra:

Si defendemos la independencia judicial cuando investiga a nuestros adversarios, ¿somos capaces de defenderla con la misma convicción cuando investiga a nuestros aliados?