LA REPLICA

 

¿Quién evalúa la mente de quienes deciden sobre la vida de todos?

Formulación breve de la idea                                                                                       Antes de evaluar la capacidad técnica de alguien, lo primero debería ser saber si su mente está en condiciones de manejar poder.
Porque un mal técnico puede cometer errores.
Pero un desequilibrado con poder puede provocar catástrofes.

En muchas profesiones sensibles existe una premisa básica: antes de confiar poder, se evalúa la estabilidad psicológica de la persona.
Un piloto, un policía o alguien que solicita una licencia de armas suele pasar pruebas psicotécnicas y entrevistas clínicas destinadas a detectar problemas graves de juicio, impulsividad o trastornos mentales.

La lógica es simple:
la capacidad técnica no garantiza la estabilidad emocional ni el criterio moral.

Un ingeniero brillante podría ser profundamente inestable.
Un médico excelente podría tener rasgos peligrosos de personalidad.
Por eso en determinados ámbitos el primer filtro no es el conocimiento, sino la aptitud psicológica para manejar responsabilidad.

Sin embargo, ocurre una paradoja notable en las democracias modernas.

Para ocupar muchos puestos administrativos se exige aprobar oposiciones, conocer leyes, demostrar competencias técnicas e incluso superar evaluaciones psicológicas. Pero para ocupar algunos de los cargos con mayor poder real —diputado, presidente de gobierno, jefe de Estado— no se exige prácticamente nada más allá de ganar unas elecciones.

Ni pruebas de conocimiento institucional.
Ni evaluaciones psicológicas.
Ni acreditaciones de criterio o estabilidad.

La legitimidad proviene únicamente del voto.

Esto plantea una cuestión incómoda:
¿puede el electorado evaluar algo que no conoce?

Si un candidato presentara rasgos graves de personalidad —por ejemplo impulsividad extrema, narcisismo patológico o tendencias psicopáticas— los ciudadanos probablemente no lo votarían. Pero el problema es evidente: esa información rara vez está disponible. El votante decide con información incompleta.

La legitimidad democrática presupone que los ciudadanos eligen libremente, pero esa libertad se basa en la calidad de la información disponible.

Cuando las decisiones políticas afectan a cuestiones trascendentales —como declarar una guerra— la cuestión se vuelve aún más delicada.

Los sistemas militares modernos han desarrollado múltiples controles para evitar decisiones individuales impulsivas en el uso de armas extremadamente destructivas. Existen cadenas de mando, procedimientos de verificación y normas que obligan a la participación de varias personas en decisiones críticas.

Pero esos mecanismos operan después de la decisión política.

Lo previo es mucho más simple: decidir entrar en una guerra.

En teoría, en las democracias ese tipo de decisiones debería estar sometido a control parlamentario. En la práctica, la historia reciente muestra numerosos casos en los que las acciones militares se han iniciado con controles limitados o interpretaciones amplias de los poderes ejecutivos.

En regímenes autoritarios o movimientos totalitarios la situación es aún más clara: las decisiones pueden depender de un líder o de un pequeño grupo cerrado, sin contrapesos reales.

Esto nos devuelve a la cuestión inicial.

Quizá el problema no sea solo técnico ni jurídico, sino humano.

Antes de preguntarnos si alguien está preparado para gobernar, tal vez deberíamos preguntarnos algo más básico: si su equilibrio mental y su capacidad de juicio son compatibles con el poder que va a ejercer.

Porque un mal técnico puede cometer errores.
Pero un desequilibrado con poder puede provocar catástrofes.

Esa es una de las paradojas más inquietantes de nuestras sociedades:
cuanto más poder técnico tiene un puesto, más filtros existen;
cuanto más poder político tiene un puesto, más se confía únicamente en el voto.

La pregunta que queda abierta es incómoda pero inevitable:

¿basta la legitimidad electoral cuando las decisiones pueden afectar al destino de millones de personas?

Nota del autor
La idea inicial de esta reflexión surgió durante una conversación tomando café con mi amigo José, médico, a propósito de una pregunta tan sencilla como inquietante:
¿quién evalúa la mente de quienes toman decisiones que afectan a millones de personas?