¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

 

La inteligencia artificial: ¿de quién será el nuevo capital?

Branko Milanović, uno de los economistas que más ha estudiado la desigualdad mundial, ha lanzado una propuesta destinada a provocar debate: si fuera necesario, habría que nacionalizar la inteligencia artificial.

La frase impresiona. Pero quizá lo más interesante no sea la nacionalización, sino la pregunta que hay detrás:

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

La IA también es capital

Milanović parte de una idea sencilla: la inteligencia artificial es una nueva forma de capital.

No tiene necesariamente la apariencia de una fábrica, una máquina o una explotación minera. Está formada por algoritmos, modelos, datos, chips, centros de procesamiento, energía y conocimiento. Pero requiere enormes inversiones y puede multiplicar extraordinariamente la productividad.

Y, como cualquier capital, tiene propietarios.

Ahí aparece el problema.

Si la IA permite producir más con menos trabajo humano y la propiedad de esa tecnología se concentra en pocas empresas, una parte creciente de la riqueza podría desplazarse desde quienes aportan su trabajo hacia quienes poseen ese capital.

No es una certeza. Nadie sabe todavía cuál será el efecto final de la IA sobre el empleo y los salarios. También puede crear nuevas profesiones, aumentar la productividad de millones de trabajadores y democratizar capacidades que antes estaban reservadas a grandes organizaciones.

Pero el riesgo señalado por Milanović es real: una revolución tecnológica capaz de aumentar enormemente la riqueza también puede aumentar enormemente su concentración.

¿Nacionalizar qué?

Aquí empiezan mis dudas sobre su propuesta.

Decir «nacionalicemos la inteligencia artificial» resulta mucho más sencillo que explicar qué significa.

¿Nacionalizamos las empresas que desarrollan los grandes modelos? ¿Los propios modelos? ¿Los centros de datos? ¿La capacidad de computación? ¿Los chips? ¿Los datos?

La IA no es una fábrica situada dentro de las fronteras de un país. Es una infraestructura tecnológica internacional extraordinariamente compleja.

Por eso creo que la expresión nacionalizar la inteligencia artificial tiene más fuerza como advertencia que como programa político concreto.

Pero Milanović plantea una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Todo el poder para las empresas?

Si dentro de unos años la inteligencia artificial resulta tan fundamental para una sociedad como hoy lo son la electricidad, las telecomunicaciones o Internet, cabe preguntarse si podemos permitir que su infraestructura esencial quede concentrada exclusivamente en unas pocas corporaciones.

Porque quien controle una tecnología capaz de intervenir en la producción, la información, la educación, la investigación científica, la administración o la defensa no tendrá solamente poder económico.

Tendrá poder social y político.

Y una democracia tiene razones legítimas para impedir una concentración semejante.

Eso puede exigir regulación, defensa de la competencia, fiscalidad, modelos abiertos, investigación pública y posiblemente infraestructuras públicas de inteligencia artificial.

Pero entonces aparece la pregunta contraria.

¿Todo el poder para el Estado?

Que desconfiemos de una concentración excesiva del poder privado no significa que debamos confiar automáticamente en la concentración del poder público.

Una inteligencia artificial controlada exclusivamente por un Estado también podría convertirse en una formidable herramienta de vigilancia, manipulación o control social.

Especialmente en un régimen autoritario.

Por eso quizá estemos formulando mal la alternativa.

No debería ser:

IA privada o IA estatal.

El verdadero desafío debería ser:

cómo impedir que una tecnología con semejante capacidad quede monopolizada por nadie.

Ni por cinco grandes corporaciones.

Ni por un Gobierno.

Democratizar el nuevo capital

En este punto encuentro especialmente interesante otra de las propuestas de Milanović, menos llamativa que la nacionalización pero posiblemente más importante: ampliar el acceso a ese nuevo capital.

Que universidades, administraciones, pequeñas empresas, investigadores, trabajadores y ciudadanos puedan utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial evita que todas sus ventajas queden reservadas a quienes disponen de miles de millones para desarrollarlas.

Quizá ahí esté una parte de la respuesta.

Competencia real. Regulación democrática. Investigación pública. Modelos abiertos cuando sea posible. Acceso amplio a la tecnología. Fiscalidad sobre las nuevas rentas del capital. Protección para quienes resulten perjudicados por la transformación laboral.

Y límites claros al poder, sea privado o público.

Entre el miedo y la fascinación

Con la inteligencia artificial estamos cayendo con frecuencia en dos relatos opuestos.

Uno anuncia una especie de paraíso tecnológico en el que la IA resolverá nuestros problemas.

El otro anuncia desempleo masivo, desigualdad extrema e incluso la desaparición de la humanidad.

Probablemente todavía no tengamos datos suficientes para afirmar ninguno de los dos futuros.

Y precisamente por eso conviene empezar a formular las preguntas ahora.

Milanović ha planteado una incómoda y necesaria.

Pero yo la formularía de otra manera:

Si la inteligencia artificial se convierte en uno de los principales capitales del siglo XXI, ¿quién será su propietario, quién decidirá cómo se utiliza y quién recibirá la riqueza que produzca?

Porque la tecnología por sí sola no decidirá si genera mayor igualdad o mayor desigualdad.

Eso dependerá también de las instituciones que construyamos alrededor de ella.

Y quizá el problema fundamental no sea decidir quién debe quedarse con todo ese poder, sino conseguir que nadie pueda quedarse con todo él.

NADIE ES MÁS QUE NADIE

 

NADIE ES MÁS QUE NADIE

Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia

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«Nadie es más que nadie»
Una canción por la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad y el derecho a pensar diferente.

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Hay una enfermedad de la política que no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No necesita uniforme, bandera ni ideología determinada. Puede aparecer en un gobierno, en un partido, en una institución y también entre quienes se consideran sus adversarios.

Empieza con una convicción aparentemente inocente: nosotros tenemos razón.

El problema comienza cuando esa frase se transforma en otra mucho más peligrosa: como tenemos razón, somos mejores.

Y culmina cuando aparece una tercera: como somos mejores, tenemos más legitimidad que los otros para decidir cuáles son las reglas y hasta dónde pueden llegar.

Ahí comienza la hybris.

Cuando el adversario deja de ser legítimo

La democracia no consiste en que gobiernen los buenos y sean derrotados los malos. Consiste precisamente en algo mucho más difícil: aceptar que personas libres e iguales pueden defender proyectos políticos incompatibles y que ninguno de ellos adquiere por ello una dignidad superior.

Mi vecino puede votar exactamente lo contrario que yo.

Mi compañero de trabajo puede sostener ideas que considero profundamente equivocadas.

Incluso puedo pensar que algunas de sus opiniones son injustas, reaccionarias, ingenuas o disparatadas.

Pero sigue siendo mi vecino. Sigue siendo mi compañero. Sigue siendo un ciudadano con los mismos derechos que yo.

El deterioro comienza cuando dejamos de discutir sus argumentos y empezamos a cuestionar su legitimidad.

Entonces aparecen las palabras que conocemos demasiado bien: traidores, fascistas, comunistas, enemigos de España, enemigos del pueblo, antipatriotas, reaccionarios, vendidos...

Ya no necesitamos convencer al otro.

Basta con descalificarlo.

Y una democracia en la que media sociedad considera moralmente ilegítima a la otra media puede conservar elecciones, parlamentos y gobiernos, pero habrá empezado a perder algo previo y fundamental: la amistad civil que permite convivir después de votar.

El poder no convierte a nadie en propietario de la democracia

Hay otro escalón todavía más peligroso.

Quien identifica su proyecto con la democracia termina considerando cualquier obstáculo a su proyecto como un obstáculo a la propia democracia.

Los contrapesos dejan entonces de ser garantías y empiezan a parecer estorbos. La crítica se convierte en conspiración. La discrepancia interna, en deslealtad. Los jueces, organismos reguladores, medios de comunicación o instituciones solo parecen respetables cuando coinciden con nosotros.

Y aquí conviene establecer una regla extremadamente sencilla:

Las instituciones que hoy limitan al adversario serán las mismas que mañana tendrán que limitarnos a nosotros.

Por eso las reglas democráticas tienen verdadero valor cuando aceptamos aplicarlas también cuando nos perjudican.

Los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

Nadie es imprescindible

El gobernante democrático no es propietario del cargo. Lo ocupa temporalmente.

El partido tampoco es propiedad de su dirigente.

Ni el Estado pertenece al Gobierno.

Ni la democracia pertenece a quienes han ganado las últimas elecciones.

Esta distinción elemental empieza a desaparecer cuando surge el liderazgo providencial: sin nosotros vendrá el desastre; sin mí ganarán los enemigos; mi permanencia resulta indispensable para proteger aquello que represento.

No.

En democracia nadie es imprescindible.

Quien hoy gobierna mañana puede perder.

Y eso no constituye una anomalía del sistema.

Eso es el sistema.

Las mismas reglas y la misma posibilidad de ganar

Hay una prueba muy sencilla para saber hasta qué punto creemos realmente en la democracia.

Imaginemos que mañana gobiernan nuestros adversarios.

¿Aceptaríamos que utilizaran contra nosotros las mismas facultades institucionales, interpretaciones de las leyes, mecanismos de presión y excepciones que hoy justificamos porque gobiernan los nuestros?

Si la respuesta es no, tenemos un problema.

Una democracia digna de ese nombre necesita las mismas reglas de juego y una posibilidad real de ganar y de perder para todos.

No puedo reclamar una regla cuando me beneficia y denunciarla como intolerable cuando beneficia al contrario.

Eso no es defender principios.

Es defender intereses.

La superioridad moral es una trampa

Naturalmente existen conductas mejores y peores, ideas más razonables que otras y hechos verdaderos y falsos. Defender que nadie es superior no significa caer en el relativismo ni afirmar que todas las opiniones valen lo mismo.

Significa algo distinto y mucho más importante:

ninguna certeza política convierte a quien la posee en un ciudadano superior.

Podemos combatir ideas sin deshumanizar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar una mentira sin convertir al mentiroso en un ser sin derechos.

Podemos enfrentarnos políticamente con toda la dureza necesaria y, al terminar, reconocernos como ciudadanos iguales.

Eso es la concordia.

No consiste en estar de acuerdo.

Consiste en aprender a convivir estando en desacuerdo.

Nadie es más que nadie

Por eso igualdad, libertad, solidaridad y reciprocidad no deberían ser palabras decorativas.

La igualdad dice que mi voto y mi dignidad no valen más que los tuyos.

La libertad permite que tú pienses justamente aquello que yo combatiré con mis argumentos.

La solidaridad recuerda que seguimos formando parte de una comunidad incluso cuando discrepamos.

Y la reciprocidad establece una regla elemental: no reclames para los tuyos aquello que no aceptarías para los otros.

Frente al relato, los hechos.

Frente a la obediencia, el pensamiento crítico.

Frente a la trinchera, la convivencia.

Frente al dirigente imprescindible, instituciones fuertes.

Frente al «nosotros contra ellos», ciudadanos diferentes sometidos a las mismas reglas.

Y frente a cualquier izquierda, derecha, nacionalismo, populismo, élite o mayoría que alguna vez llegue a convencerse de que su supuesta superioridad le concede derechos que niega a los demás, una respuesta tan sencilla que hemos querido convertirla en canción:

Nadie es más que nadie.

Porque creerse superior no demuestra superioridad.

Demuestra que hemos empezado a olvidar la primera regla de una sociedad de ciudadanos libres:

nadie está por encima de nadie.

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🎵 Nadie es más que nadie

Esta canción nace de esa convicción. No pretende decirnos qué debemos votar. Pretende recordar algo que deberíamos poder cantar juntos votemos a quien votemos.

Iguales y libres, caminemos.
Que pensar distinto no nos haga odiar.

Letra y concepto: José Antonio Parro Agudo
Música e interpretación generadas con Suno AI.

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

 

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado:

«Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente».

No es una frase menor. Precisamente por la autoridad jurídica de quien la pronuncia, merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio significa también exigir pruebas a la altura de la acusación.

Una cosa es sostener que determinadas actuaciones judiciales son equivocadas, desproporcionadas, ideológicamente sesgadas o incluso contrarias a Derecho. Todo ello puede discutirse, argumentarse y recurrirse.

Otra muy distinta es afirmar que existe un «golpe de Estado judicial permanente».

Porque las palabras importan.

Cuando el «golpe de Estado» lo denunciaban otros

Hay aquí un antecedente que resulta especialmente significativo.

Durante el procés catalán, cuando desde distintos sectores se calificaron aquellos acontecimientos como un «golpe de Estado», Martín Pallín rechazó esa caracterización.

En 2018 publicó incluso un artículo titulado La técnica del golpe de Estado, en el que terminaba advirtiendo contra «la falacia del Golpe de Estado» aplicada a Cataluña.

Y en 2019, en ¿Golpe de Estado o golpe de efecto?, volvía a cuestionar la utilización de expresiones contundentes que podían sustituir el análisis jurídico riguroso de los hechos.

Me parecía entonces un criterio razonable.

Precisamente por eso me sorprende el criterio de ahora.

¿Qué ha cambiado?

Si llamar «golpe de Estado» al procés exigía rigor conceptual, hechos y categorías jurídicas precisas, ¿por qué no debemos exigir exactamente lo mismo cuando se habla de un «golpe de Estado judicial permanente»?

La pregunta es inevitable:

¿Qué hechos permiten sostener una acusación de semejante gravedad?

Si existen, expónganse.

Si existen indicios, analicémoslos.

Si determinadas resoluciones son jurídicamente insostenibles, critiquémoslas.

Pero la existencia de decisiones judiciales que consideramos equivocadas o políticamente sesgadas no demuestra por sí misma la existencia de un golpe de Estado.

Y menos aún de uno «permanente».

¿Hipocresía? Prefiero hablar de doble rasero

Podría calificarse esta contradicción de hipocresía. Pero hacerlo supondría atribuir una intención que no puedo demostrar.

Prefiero algo más sencillo: señalar la incoherencia y preguntar si estamos utilizando un doble rasero.

Porque resulta difícil defender simultáneamente estas dos posiciones:

Cuando son otros quienes hablan de «golpe de Estado», debemos desconfiar de las expresiones rotundas y atenernos rigurosamente a los hechos.

Cuando la expresión coincide con nuestra interpretación política, podemos hablar de «golpe de Estado judicial permanente».

No debería funcionar así.

La libertad de expresión no elimina la responsabilidad

Por supuesto, Martín Pallín tiene derecho a expresar su opinión. Como cualquiera.

Pero cuanto mayor es la gravedad de una afirmación y mayor la autoridad pública de quien la formula, mayor debería ser también la responsabilidad al fundamentarla.

Me viene a la cabeza la vieja imagen de gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado. No porque ambas situaciones sean jurídicamente equivalentes —evidentemente no lo son—, sino porque ilustra una idea elemental: las palabras tienen consecuencias.

«Golpe de Estado» no puede convertirse simplemente en otra expresión de agitación política.

Si banalizamos las palabras, terminamos vaciándolas de significado.

El mismo criterio, también cuando nos incomoda

No pretendo demostrar que Martín Pallín esté equivocado.

Le planteo algo mucho más sencillo:

demuestre una afirmación de semejante gravedad con hechos de semejante contundencia.

Y apliquemos después exactamente el mismo criterio a Cataluña, al Gobierno, a la oposición, a los jueces y a cualquier otro poder del Estado.

Porque si exigimos rigor cuando habla el adversario, pero aceptamos la exageración cuando habla alguien próximo a nuestras convicciones, ya no estamos buscando la verdad.

Estamos construyendo relatos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y entre el relato y las creencias, los hechos.

 

Cuando la etiqueta sustituye al argumento

Fascista, comunista, sionista… cuando las palabras dejan de explicar y empiezan a servir para señalar

He leído con interés «Posfascismo pragmático», el artículo de Lluís Uría en La Vanguardia sobre Giorgia Meloni y la crisis de Ceuta.

El artículo contiene datos interesantes y plantea preguntas que merecen discusión: ¿ha sido proporcionada la reacción italiana? ¿Existe una doble vara de medir entre los flujos migratorios que llegan por España y por Italia? ¿Está utilizando Meloni la crisis para competir electoralmente con fuerzas situadas a su derecha? ¿Qué responsabilidad corresponde a Marruecos?

Todo eso merece ser analizado.

Precisamente por ello resulta penoso que un artículo que puede sostenerse sobre hechos y argumentos recurra repetidamente a un vocabulario que recuerda demasiado al de agitación y propaganda:

«Posfascista». «Ultras». «Racista». «Xenófobo».

Desde otras trincheras encontramos el mismo procedimiento: «comunista», «bolivariano», «sionista», «facha», «rojo»…

Cambian las palabras. El mecanismo es el mismo.

Primero la etiqueta; después, el argumento

Las palabras tienen significado. El problema comienza cuando dejamos de utilizarlas para describir con precisión una realidad y empezamos a emplearlas para clasificar moralmente al adversario.

Si alguien ha sido previamente etiquetado como «fascista», parece que ya no necesitamos refutar sus argumentos: habla un fascista.

Desde la trinchera contraria sucede exactamente lo mismo con «comunista» o «bolivariano».

Y «sionista» puede acabar funcionando como explicación universal de cualquier comportamiento de Israel, de un israelí o incluso de un judío.

La etiqueta sustituye a la persona y termina sustituyendo al argumento.

El problema no tiene dueño ideológico

Sería muy fácil convertir esto en una crítica a la izquierda o a la derecha. Y estaríamos cayendo exactamente en aquello que criticamos.

Desde una trinchera se grita «¡fascista!».

Desde otra, «¡comunista!» o «¡bolivariano!».

Desde otra, «¡sionista!».

Son palabras muy eficaces para movilizar a quienes ya están convencidos y bastante menos útiles para comprender a quien discrepa.

Sirven para la propaganda.

Mucho menos para pensar.

Una prueba sencilla

Ante cualquiera de estas etiquetas podemos hacernos una pregunta:

¿Qué queda del argumento si quitamos el adjetivo?

Si después de eliminar «fascista», «comunista», «sionista», «ultra» o «bolivariano» siguen quedando hechos, datos y razonamientos sólidos, tenemos algo que merece ser discutido.

Si al retirar la etiqueta se derrumba el argumento, quizá nunca hubo argumento.

Solo había propaganda.

Indicios, hipótesis y sentencias: una doble vara de medir

infoLibre ha publicado un análisis crítico sobre el informe del CENIF relativo a los sucesos de Ceuta. Su tesis principal es que se trata de un informe construido sobre conjeturas.

La crítica puede ser legítima, pero debe aplicarse el mismo criterio a todas las partes. Hay que distinguir entre hechos, indicios, hipótesis y pruebas.

Un informe policial no es una sentencia

Este punto es fundamental: un informe policial no es una sentencia judicial ni establece hechos probados de manera definitiva. Es una aportación que se remite a los tribunales para que pueda ser valorada junto con otras pruebas.

La policía puede reunir datos, detectar conexiones y plantear hipótesis. Después corresponde a los jueces contrastarlas, escuchar explicaciones alternativas y decidir qué queda acreditado.

Por tanto, no debemos presentar una conclusión policial como una verdad judicial. Pero tampoco debemos exigir a un informe de investigación que demuestre definitivamente aquello que precisamente se está investigando.

Un indicio no es una prueba, pero tampoco es nada

Que la mayoría de determinados teléfonos tuviera prefijo marroquí no demuestra por sí solo una organización estatal.

Que hubiera una gran difusión de mensajes no prueba necesariamente la intervención de especialistas.

Que muchas personas regresaran posteriormente a Marruecos tampoco permite conocer automáticamente sus intenciones.

Todo eso es cierto. Pero esos datos pueden ser indicios. Un indicio no demuestra una hipótesis, aunque puede justificar que se investigue.

La cuestión no es si el CENIF ha dictado una sentencia, porque no le corresponde hacerlo. La cuestión es si los datos que aporta hacen razonable continuar investigando determinadas hipótesis.

La doble vara de medir

El problema aparece cuando se califican las inferencias del CENIF como «conjeturas», mientras que las explicaciones alternativas se presentan como análisis objetivos.

infoLibre propone, por ejemplo, explicaciones relacionadas con la curiosidad, la desesperación económica, el efecto contagio o la decisión de regresar a Marruecos. Son posibilidades razonables, pero también son hipótesis. No conocemos con certeza el estado mental de miles de personas.

Una hipótesis alternativa no refuta automáticamente otra hipótesis. Ambas deben contrastarse con los hechos y las pruebas disponibles.

Lo mismo ocurre cuando se atribuyen intenciones políticas al informe o a quienes lo difunden. Si se exige al CENIF que demuestre sus atribuciones de intencionalidad, debe aplicarse la misma exigencia a quienes sostienen que el documento pretende provocar la caída del Gobierno o instalar una determinada narrativa política.

De lo contrario, estaríamos ante una clara doble vara de medir.

Hechos, indicios, hipótesis y pruebas

El debate puede resumirse así:

Hechos → indicios → hipótesis → pruebas

No debemos convertir un indicio en una certeza ni una hipótesis en una sentencia. Pero tampoco debemos descartar un indicio simplemente porque todavía no sea una prueba.

La policía investiga y aporta información. Los tribunales valoran esa información y deciden. El periodismo puede y debe examinar los informes policiales, pero debería aplicar a sus propias interpretaciones el mismo rigor que reclama a los investigadores.

Ver la realidad con un solo ojo impide apreciar la profundidad. Cuando solo se observa una parte de los hechos, también se pierde capacidad para juzgarlos correctamente.

Entre los relatos y las creencias deben estar los hechos. Porque los hechos permiten cambiar de opinión sin dejar de pensar.

José Antonio Parro Agudo
La Réplic

 

LO QUE PUDO HABER SIDO… Y NO FUE

Hay ocasiones en las que la forma de hacer las cosas importa casi tanto como el fondo.

La concentración celebrada el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta podía haber tenido una enorme fuerza simbólica si el llamamiento hubiera nacido precisamente allí: en Ceuta.

Imaginemos por un momento que hubiera sido su alcalde-presidente quien, ante una situación que consideraba grave, se hubiera dirigido solemnemente a todos los ayuntamientos de España:

«Ceuta os llama. Solidaridad. Unidad».

Habría sido una imagen poderosa: Ceuta llamando a España y España respondiendo a Ceuta.

El lejano recuerdo de Móstoles

La comparación histórica es inevitable, aunque naturalmente las circunstancias sean completamente distintas.

El 2 de mayo de 1808, mientras Madrid se levantaba contra las tropas francesas, los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el célebre bando que alertaba de lo ocurrido y llamaba a acudir en ayuda de Madrid.

La tradición popular acabaría convirtiéndolo en algo todavía más grande: el símbolo de un pequeño municipio que llama a toda España.

No se trata, por supuesto, de equiparar aquella invasión napoleónica con la situación actual de Ceuta. Sería absurdo. Se trata de recordar la extraordinaria fuerza que puede tener un gesto cuando quien hace el llamamiento es precisamente quien se siente amenazado y pide solidaridad.

Pero no ocurrió así

La convocatoria nacional del 2 de septiembre partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fue impulsada por su presidenta, María José García-Pelayo, después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Y aquí aparece una cuestión que merece reflexión.

Por lo que conocemos, la convocatoria no fue previamente deliberada ni acordada por los órganos colegiados de la FEMP. Los grupos representados en la Federación, salvo el Partido Popular, denunciaron precisamente que la decisión había sido adoptada unilateralmente por su presidenta.

Los Estatutos de la FEMP conceden a la Presidencia amplias facultades de representación y una competencia residual sobre aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas a otros órganos. Por ello, no parece prudente afirmar sin más que la convocatoria fuese ilegal o contraria a los Estatutos.

Pero una cosa es preguntarse si podía hacerlo y otra distinta si era la mejor manera de hacerlo.

Porque estamos hablando de una convocatoria institucional dirigida a los 8.132 ayuntamientos españoles.

Ante una iniciativa de semejante alcance, habría resultado mucho más coherente con el espíritu de una federación plural que la propuesta hubiera sido sometida previamente a deliberación de sus órganos de gobierno, incluso mediante una reunión extraordinaria si la urgencia lo aconsejaba.

Deliberar no debilita una institución. La fortalece.

Y además permite que una decisión institucional sea verdaderamente de la institución y no solamente de quien circunstancialmente la preside.

Lo que pudo haber sido

Y aquí regreso a aquella imagen que me habría gustado contemplar.

El presidente de Ceuta haciendo un llamamiento a todos los municipios españoles.

Los ayuntamientos respondiendo voluntariamente.

La FEMP respaldándolo después, tras deliberarlo entre las distintas sensibilidades políticas que la integran.

Ceuta llamando a España.
España respondiendo a Ceuta.

Quizá habría tenido algo de aquel lejano espíritu de los alcaldes de Móstoles.

Pero no fue así.

Y entonces me viene inevitablemente a la memoria aquella hermosa expresión de bolero:

«Lo que pudo haber sido y no fue».

Porque algunas veces, también en política, lo que pudo haber sido resulta mucho más hermoso que lo que finalmente fue.

EL ODIO AL ADVERSARIO TAMBIÉN PUEDE ALIMENTARLO

Hay una reacción casi automática ante determinados dirigentes políticos: «¡Qué odiosos!»

Es comprensible. Hay discursos, comportamientos y decisiones que pueden producir rechazo, indignación e incluso repugnancia.

Pero quizá convenga hacerse una pregunta incómoda:

¿Y si nuestro odio hacia ellos fuera precisamente una parte de su alimento?

La política de la polarización no vive únicamente de conseguir adhesiones. Necesita también enemigos.

Necesita que enfrente haya alguien que desprecie, ridiculice o demonice a quienes están al otro lado. Porque entonces resulta mucho más sencillo construir un relato:

«Nos odian. Nos persiguen. Quieren acabar con nosotros. Por eso tenemos que permanecer unidos».

El mecanismo no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede utilizarlo la derecha o la izquierda, un nacionalismo o su contrario, un movimiento religioso o uno antirreligioso.

La identidad del adversario cambia; el mecanismo permanece.

EL CÍRCULO QUE SE RETROALIMENTA

La polarización puede convertirse así en un círculo:

PROVOCACIÓN → INDIGNACIÓN → ODIO AL ADVERSARIO → REACCIÓN DEL ADVERSARIO → MAYOR COHESIÓN DE CADA BANDO → NUEVA PROVOCACIÓN

Y cada vuelta de la rueda beneficia especialmente a quienes hacen de la confrontación su principal herramienta política.

Esto no significa caer en el cómodo «todos son iguales».

No todos los hechos tienen la misma gravedad ni todas las responsabilidades son equivalentes.

Una democracia necesita señalar la mentira, el abuso de poder, la corrupción, el autoritarismo o cualquier vulneración de derechos, venga de donde venga.

La cuestión es otra:

¿Cómo hacerlo sin convertir nuestra indignación en combustible para aquello que queremos combatir?

CRITICAR NO ES ODIAR

Podemos combatir unas ideas sin despreciar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar a un gobernante sin considerar despreciables a millones de ciudadanos que lo votan.

Podemos exigir responsabilidades sin deshumanizar al adversario.

De hecho, esa distinción resulta esencial para conservar el espíritu crítico.

Cuando alguien pasa de ser un adversario a convertirse simplemente en «uno de los malos», dejamos de analizar lo que hace. Empezamos a interpretar automáticamente todo cuanto hace según la etiqueta que previamente le hemos colocado.

Y entonces los hechos pierden importancia.

También nosotros hemos entrado en la lógica de la trinchera.

UNA PARADOJA QUE MERECE LA PENA RECORDAR

Quien basa su poder en la confrontación necesita adversarios enfurecidos casi tanto como seguidores entusiasmados.

Por eso quizá la respuesta más eficaz ante determinados discursos no sea aumentar el volumen del desprecio, sino hacer algo mucho más difícil:

Examinar los hechos.

Desmontar las falsedades.

Exigir responsabilidades.

Y, al mismo tiempo, negarnos a participar en la deshumanización del contrario.

Porque existe una paradoja que deberíamos tener siempre presente:

EL ODIO AL ADVERSARIO NO SIEMPRE LO DEBILITA.
MUCHAS VECES LO ALIMENTA.

Y quizá una de las mejores formas de combatir la polarización sea precisamente negarle ese alimento.

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La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más.

JAPA

 

Comprender las causas no significa justificar al agresor

Hay algo profundamente razonable en advertir contra una guerra interminable en Ucrania. También lo hay en recordar el riesgo de una escalada entre potencias nucleares, en cuestionar determinadas decisiones de Estados Unidos y de los gobiernos europeos y en preguntarnos cuántas vidas estamos dispuestos a sacrificar por recuperar cada kilómetro de territorio ocupado.

Todo eso merece ser discutido.

Pero hay una línea que no deberíamos cruzar: explicar una agresión no puede terminar convirtiéndose en una justificación del agresor ni en una transferencia de responsabilidad hacia el agredido.

La comparación es deliberadamente incómoda, pero ayuda a entender el problema. Podemos analizar si una mujer que ha sufrido una agresión sexual tomó previamente decisiones imprudentes, si caminó sola de madrugada o si vestía de determinada manera. Pero nada de eso modifica quién . la decisión de agredirla.

La imprudencia, incluso cuando existe, no convierte al agredido en responsable de la agresión.

Rusia invadió Ucrania

Este es el hecho del que hay que partir.

En febrero de 2022, Rusia cruzó las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania con sus Fuerzas Armadas. La Asamblea General de Naciones Unidas calificó lo sucedido como una agresión contra Ucrania y exigió a Rusia la retirada de sus tropas.

A partir de ahí podemos —y debemos— discutir todo lo demás.

Podemos preguntarnos si la ampliación de la OTAN fue políticamente inteligente.

Podemos analizar si Estados Unidos despreció durante años las preocupaciones rusas sobre su seguridad.

Podemos examinar los errores de Ucrania antes de 2022.

Podemos criticar las sanciones occidentales.

Podemos considerar temeraria la autorización para utilizar determinadas armas occidentales contra territorio ruso.

Y podemos preguntarnos si algunos gobiernos europeos están contribuyendo a prolongar una guerra que difícilmente tendrá una solución militar satisfactoria.

Pero ninguna de esas preguntas cambia el sujeto de la decisión fundamental: quien decidió invadir Ucrania fue el Gobierno ruso.

Comprender las circunstancias que preceden a una decisión no significa transferir la responsabilidad de quien la toma.

¿Europa quiere la guerra?

También conviene tener cuidado con las palabras.

Puede criticarse la política de los países bálticos y nórdicos. Es comprensible, además, que su historia de ocupaciones y dominación rusa o soviética condicione su percepción de la amenaza.

Podemos pensar que exageran ese peligro.

Podemos considerar equivocada su estrategia.

Incluso podemos sostener que continuar suministrando determinadas armas a Ucrania aumenta peligrosamente el riesgo de escalada.

Pero afirmar que esos países tienen una especie de «sed de guerra» o que desean una guerra contra Rusia exige demostrar algo bastante más difícil.

Porque esos mismos gobiernos que apoyan militarmente a Ucrania han reclamado también un alto el fuego y negociaciones para alcanzar una paz duradera.

Podremos discrepar sobre cómo pretenden alcanzar la paz. No deberíamos convertir automáticamente esa discrepancia en una división moral entre quienes quieren la paz y quienes quieren la guerra.

La pregunta incómoda: ¿hasta cuándo?

Aquí, sin embargo, los críticos con la estrategia occidental plantean una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Cuántos ucranianos más deben morir para recuperar los territorios ocupados?

¿Existe realmente una posibilidad militar razonable de recuperar Crimea y el Donbás?

¿Durante cuánto tiempo debe continuar una guerra antes de admitir que una paz imperfecta puede ser preferible a una victoria imposible?

Son preguntas legítimas.

También lo es plantear un alto el fuego sobre las líneas actuales sin reconocer jurídicamente la soberanía rusa sobre los territorios ocupados.

Una cosa es el control de facto y otra muy distinta su reconocimiento de iure.

La historia está llena de armisticios, fronteras provisionales y conflictos congelados que han evitado durante décadas guerras mucho peores.

Por tanto, defender una negociación no equivale necesariamente a premiar a Putin.

Pero aquí aparece otra pregunta igualmente incómoda.

¿Qué ocurre si una invasión acaba siendo rentable?

Imaginemos que aceptamos como principio que, cuando una guerra ha provocado suficientes muertos y el agresor controla una parte considerable del territorio invadido, lo razonable es detenerla manteniendo provisionalmente las posiciones alcanzadas.

Puede ser necesario hacerlo.

Pero no podemos ignorar el precedente que creamos.

¿Qué mensaje recibe cualquier potencia que tenga reivindicaciones territoriales sobre su vecino?

Puede invadir.

Puede ocupar territorio.

Puede resistir durante algunos años.

Y llegará un momento en que la comunidad internacional comenzará a preguntarle al país invadido si realmente merece la pena seguir muriendo para recuperar sus fronteras.

Por eso no basta con preguntar:

¿cuántas personas deben morir para recuperar el territorio ocupado?

También debemos preguntar:

¿qué consecuencias tendrá para el futuro que conquistar territorio mediante la fuerza termine produciendo resultados?

No existe una respuesta sencilla.

Precisamente por eso desconfío de quienes parecen tenerla.

Negociar no significa absolver

Creo que podemos mantener simultáneamente varias ideas sin que sean contradictorias.

Rusia es responsable de haber iniciado una guerra de agresión contra Ucrania.

Occidente ha cometido errores graves antes y después de la invasión.

Ucrania tampoco está exenta de errores ni de obligaciones jurídicas y morales.

La escalada progresiva del conflicto aumenta un riesgo nuclear que ninguna persona sensata debería trivializar.

Y después de años de guerra puede llegar un momento en que negociar una paz imperfecta sea moralmente preferible a continuar buscando una victoria improbable.

Todo eso puede ser verdad simultáneamente.

Lo que no deberíamos hacer es comenzar reconociendo que existe un agresor y un agredido y terminar dedicando prácticamente toda nuestra indignación al agredido y a quienes lo ayudan.

Porque entonces el análisis ha sufrido un desplazamiento casi imperceptible: hemos pasado de intentar comprender por qué ocurrió una agresión a explicar por qué el agredido debería haber actuado de otra manera.

Y ahí conviene recordar una distinción elemental.

Las circunstancias explican.

Los errores ayudan a comprender.

La geopolítica proporciona antecedentes.

Pero la responsabilidad de una agresión corresponde, en primer término, a quien decide realizarla.

Defender la negociación no exige olvidarlo.

Al contrario: probablemente una paz duradera solo pueda construirse cuando seamos capaces de hacer las dos cosas a la vez: reconocer los hechos sin convertirlos en propaganda y buscar la paz sin convertirla en una absolución del más fuerte.

Lorca, los «herederos biológicos» y las trincheras que no deberíamos reconstruir

 

Lorca, los «herederos biológicos» y las trincheras que no deberíamos reconstruir

Utilizar el asesinato de Federico García Lorca para señalar a los adversarios políticos de hoy quizá nos haga olvidar una de las principales lecciones de 1936: antes de que una sociedad llegue a enfrentarse con las armas, puede haber empezado a dejar de reconocerse como una comunidad de ciudadanos capaces de convivir con quienes piensan diferente.

Hace unos días, con motivo del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, Óscar Puente escribió:

«Tal como hoy, hace 90 años, unos fascistas asesinaron a la que fue, quizá, la mente literaria española más importante del siglo XX. Murió con tan solo 38 años. Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos llaman a la puerta del gobierno de nuevo. Que no lo consigan.»

La primera afirmación nos remite a un hecho histórico: Federico García Lorca fue asesinado en Granada por fuerzas vinculadas a los sublevados pocas semanas después del golpe militar de julio de 1936.

No hay razón para ocultarlo, relativizarlo ni compensarlo con los crímenes cometidos por el otro bando. Cada crimen merece ser juzgado por sí mismo.

Pero hay unas palabras en el mensaje del ministro que me resultan especialmente inquietantes:

«Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos».

¿Herederos biológicos?

Nadie hereda la culpa de sus padres, de sus abuelos ni de sus bisabuelos.

La responsabilidad es individual.

Uno de los grandes avances de nuestra civilización consiste precisamente en haber sustituido la culpa colectiva, familiar o hereditaria por la responsabilidad personal.

Podemos discutir si determinadas ideas políticas actuales tienen antecedentes históricos. Podemos analizar continuidades ideológicas, discursos autoritarios o comportamientos antidemocráticos. Y debemos denunciarlos cuando existan.

Pero a las personas hay que juzgarlas por lo que piensan, dicen y hacen ellas, no por lo que hicieron sus antepasados.

Introducir la biología en la responsabilidad política nos lleva precisamente a un terreno del que la historia europea debería habernos enseñado a alejarnos.

El Lorca que no cabe bien en las trincheras

Hay además algo en la propia vida de Federico García Lorca que hace especialmente paradójico este mensaje.

Lorca tenía posiciones políticas y sociales conocidas y no hay necesidad de convertirlo retrospectivamente en un hombre sin ideas.

Pero una cosa son las convicciones y otra el sectarismo.

Cuando en agosto de 1936 comprendió que su vida podía correr peligro en Granada, Lorca buscó refugio en casa de su amigo Luis Rosales.

Luis Rosales era falangista y varios de sus hermanos estaban vinculados a Falange.

Lorca pensó que aquella casa podía protegerlo precisamente por la amistad que los unía y por la posición política de los Rosales.

Y sus amigos intentaron protegerlo.

No pudieron conseguirlo. Lorca fue detenido en aquella casa y posteriormente asesinado.

Pero el hecho resulta extraordinariamente revelador: un hombre identificado con la cultura republicana buscaba protección en casa de unos amigos falangistas.

La ideología no había conseguido destruir la amistad.

La Barraca: izquierdas y derechas subidas al mismo camión

También resulta significativo recordar La Barraca, el proyecto de teatro universitario dirigido por Lorca y Eduardo Ugarte durante la Segunda República.

Aquellos estudiantes recorrían pueblos y ciudades representando gratuitamente a Cervantes, Lope de Vega, Calderón y otros clásicos.

Y entre ellos había jóvenes de izquierdas y de derechas.

Uno de los vinculados al proyecto, Eduardo Ródenas, acabaría militando en Falange y moriría también durante la violencia desencadenada por la Guerra Civil.

Aquella España existió también.

Jóvenes con ideas políticas diferentes podían trabajar juntos, representar juntos a nuestros clásicos y compartir un proyecto cultural común.

Después muchos terminarían separados por unas trincheras que no habían construido ellos solos.

La Guerra Civil no comenzó de repente

La Guerra Civil convencional comenzó después de la sublevación militar del 17 y 18 de julio de 1936 y de su fracaso parcial.

Pero sería un error imaginar que una sociedad pasa de la convivencia a una guerra civil de un día para otro.

Durante los meses anteriores se había producido una creciente violencia política. Hubo asesinatos, atentados, incendios, enfrentamientos callejeros, discursos revolucionarios y conspiraciones militares.

La violencia procedía de distintos sectores, aunque eso no elimina ni iguala las responsabilidades concretas de cada uno.

El asesinato del teniente Castillo el 12 de julio y, pocas horas después, el asesinato de Calvo Sotelo constituyen quizá la expresión más dramática de aquel deterioro inmediatamente anterior al golpe.

Mientras tanto, la conspiración militar llevaba tiempo preparándose.

Por eso sería históricamente incorrecto afirmar que la Guerra Civil comenzó meses antes del 18 de julio.

Pero podemos decir algo diferente:

Antes de que comenzara la Guerra Civil, se estaban destruyendo algunas de las condiciones que permiten evitar una guerra civil.

Entre ellas, una fundamental:

reconocer como legítima la existencia del adversario.

No estamos en 1936

Conviene decirlo con toda claridad.

España no está en 1936.

Tenemos una democracia consolidada, elecciones libres, instituciones constitucionales y una sociedad incomparablemente menos violenta que aquella.

Utilizar 1936 para anunciar constantemente una nueva Guerra Civil sería tan irresponsable como utilizarlo para convertir a nuestros adversarios políticos actuales en continuadores de quienes asesinaron hace noventa años.

Pero precisamente porque conocemos nuestra historia deberíamos prestar atención a determinados mecanismos.

La polarización comienza a ser peligrosa cuando dejamos de decir:

«Creo que estás equivocado».

y empezamos a decir:

«Tú eres uno de ellos».

Fascista.

Comunista.

Franquista.

Bolivariano.

Heredero de asesinos.

Entonces ya no discutimos las ideas o los actos del ciudadano que tenemos delante.

Lo convertimos en representante de una categoría moralmente condenada de antemano.

Y una vez hecha esa transformación, escucharlo deja de ser necesario.

Nuestros muertos no deberían convertirse en munición

Federico García Lorca pertenece a nuestra memoria colectiva.

También a los españoles que piensan diferente de nosotros.

Quizá por eso resulte especialmente desafortunado utilizar su asesinato para dividir nuevamente a los españoles entre herederos de víctimas y «herederos biológicos» de verdugos.

Tal vez el propio Lorca nos haya dejado, involuntariamente, una imagen bastante más hermosa para recordar estos días:

un hombre de izquierdas buscando protección en casa de unos amigos falangistas.

Y unos jóvenes de izquierdas y de derechas subiéndose juntos a los vehículos de La Barraca para llevar a Cervantes, Calderón y Lope por los pueblos de España.

También esa fue España.

Y quizá esa memoria sea hoy mucho más útil que averiguar quién es heredero de quién.

La historia debe servirnos para conocer las responsabilidades del pasado, no para transmitirlas hereditariamente al presente.

La discrepancia es normal; la deshumanización del otro, no.

Y si realmente queremos honrar a quienes fueron víctimas de nuestra Guerra Civil, quizá la mejor manera de hacerlo sea impedir que sus nombres vuelvan a utilizarse para levantar trincheras entre los españoles.

La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más, aunque nos duela.

JAPA — La Réplica

Pensiones, Concierto vasco y solidaridad:

 

Pensiones, Concierto vasco y solidaridad: cinco preguntas que los gobiernos deberían responder

Hay debates en los que las cifras deberían hablar antes que las ideologías. El de las pensiones y el Concierto Económico vasco es uno de ellos.

El País Vasco disfruta legalmente de un régimen fiscal propio reconocido por la Constitución y regulado mediante el Concierto Económico. Las diputaciones forales recaudan los principales impuestos —IRPF, IVA, Sociedades…— y Euskadi contribuye a financiar las competencias estatales que no tiene asumidas mediante el cupo.

Hasta aquí, conocido.

EL PROBLEMA APARECE CUANDO HABLAMOS DE LAS PENSIONES

Las pensiones contributivas forman parte del sistema común de la Seguridad Social y de su caja única.

Euskadi presenta, además, unas características especialmente relevantes para un sistema de reparto.

En 2025 tenía 530.778 pensionistas, la pensión media de jubilación más elevada de España y un gasto anual en pensiones de 13.198 millones de euros.

Y existe otro dato especialmente significativo: solamente había 1,94 afiliados por cada pensionista.

Por tanto, existe una cuestión perfectamente legítima que merece ser explicada con claridad:

¿qué ocurre cuando las cotizaciones sociales generadas en el País Vasco no son suficientes para financiar las prestaciones contributivas que allí se pagan?

CINCO PREGUNTAS QUE LOS GOBIERNOS DEBERÍAN RESPONDER

1. ¿Cuánto se recauda anualmente en cotizaciones sociales en el País Vasco?

2. ¿Cuánto se paga anualmente allí en pensiones contributivas?

3. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre ambas cantidades?

4. ¿Cómo y con qué recursos se financia esa diferencia?

5. ¿Qué parte de esa financiación soporta finalmente Euskadi a través del cupo y de los restantes mecanismos del Concierto, y qué parte recae sobre el conjunto del Estado?

No parecen preguntas extraordinarias.

Son, sencillamente, las cuentas que necesitamos conocer para determinar si el sistema distribuye equitativamente los costes de la solidaridad.

NO ES UNA PREGUNTA SOLO PARA EL GOBIERNO ACTUAL

Conviene dejarlo claro.

Estas preguntas no deben dirigirse únicamente al Gobierno que hoy ocupa La Moncloa.

Deberían haberlas explicado con claridad los sucesivos gobiernos de España, fueran del signo político que fueran.

El Concierto Económico, el cupo y nuestro sistema de Seguridad Social llevan décadas funcionando bajo gobiernos del PSOE y del PP.

Si existe un desequilibrio, no ha nacido ayer.

Y si no existe, debería ser muy sencillo demostrarlo publicando unas cuentas comprensibles para cualquier ciudadano.

Por eso la exigencia de transparencia debe ser exactamente la misma para todos.

NI CONTRA LOS VASCOS NI CONTRA SUS PENSIONISTAS

Esta discusión no cuestiona los derechos de los pensionistas vascos.

Han cotizado conforme a las reglas establecidas y tienen exactamente el mismo derecho a percibir sus pensiones que un jubilado de Zamora, Barcelona, Sevilla o cualquier otro lugar de España.

La cuestión es otra:

¿cómo distribuimos entre todos el coste de financiar el sistema?

Un régimen fiscal singular puede ser constitucional y legal.

Pero esa singularidad debe ser compatible con dos principios que deberían resultar igualmente irrenunciables:

solidaridad e igualdad.

Y para comprobarlo necesitamos conocer no solamente cuánto aporta Euskadi mediante el cupo, sino también qué gastos comunes se incluyen en su cálculo, cuáles se compensan y cómo repercute finalmente la financiación del sistema de pensiones.

EL CUPO: 1.467,7 MILLONES EN EL AÑO BASE

Hay un dato que sí podemos conocer con precisión.

La Ley 10/2023 estableció para 2022, año base del quinquenio 2022-2026, un cupo líquido a pagar de 1.467,7 millones de euros.

Pero comparar simplemente esos 1.467 millones con el déficit territorial de las pensiones y concluir que la diferencia constituye automáticamente una transferencia al País Vasco sería demasiado sencillo.

El cálculo del cupo es bastante más complejo.

La propia ley parte de las cargas del Estado no asumidas por Euskadi, aplica un índice de imputación del 6,24 % e incorpora ajustes y compensaciones, entre ellas las relacionadas con el déficit presupuestario.

Precisamente por eso necesitamos una explicación pública que permita seguir el dinero desde el principio hasta el final.

TRANSPARENCIA ANTES QUE RELATO

No hacen falta consignas.

No hace falta enfrentar a vascos con castellanos, catalanes, andaluces o gallegos.

Y tampoco convertir el debate en otra batalla entre nacionalistas y no nacionalistas.

Hace falta algo mucho más sencillo:

publicar las cuentas y explicarlas.

¿Cuánto se cotiza?

¿Cuánto se paga?

¿Cuánto falta?

¿Quién aporta lo que falta?

¿Y cuánto termina correspondiendo a cada parte después de aplicar el Concierto y el cupo?

Cinco preguntas.

Cinco respuestas.

Cuentas públicas.

Si las cifras demuestran que Euskadi contribuye equitativamente a financiar el sistema común, quedará despejada la sospecha de privilegio.

Y si demuestran lo contrario, habrá que preguntarse por qué los sucesivos gobiernos lo han consentido.

Porque la solidaridad exige transparencia.

Y porque una singularidad territorial legítima no debería convertirse nunca en un privilegio económico a costa de los demás.

SOLIDARIDAD, SÍ. PRIVILEGIOS, NO.

Que los gobiernos publiquen las cuentas y que los ciudadanos podamos juzgarlas.

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Fuentes

Gobierno Vasco – Observatorio de la Previsión Social Complementaria (10 de febrero de 2026).
Euskadi cierra 2025 con récords en pensiones: 530.778 pensionistas, pensión de jubilación más alta del Estado y un gasto de 13.198 millones de euros. El mismo informe sitúa la relación entre afiliados y pensionistas en 1,94.

BOE – Ley 12/2002, de 23 de mayo.
Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Especialmente los artículos relativos a las cargas del Estado no asumidas y a la metodología de determinación del cupo.

BOE – Ley 10/2023, de 3 de abril.
Metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026. Establece un índice de imputación del 6,24 % y fija para 2022, año base, un líquido a pagar de 1.467,7 millones de euros.

Seguridad Social – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Estadísticas oficiales de afiliación, pensiones contributivas, número de pensionistas y cuantía de las prestaciones.

Nota: Las estimaciones sobre el denominado «déficit territorial» de las pensiones vascas varían según la metodología utilizada. Por esa razón, en este artículo se distingue entre los datos oficiales disponibles y la cuestión que se plantea para el debate: determinar con transparencia qué parte del desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones termina financiando Euskadi y qué parte el conjunto del Estado.

Un viejo fantasma vuelve a recorrer Europa, Cuando la parte se convierte en el todo

 

Un viejo fantasma vuelve a recorrer Europa

Cuando la parte se convierte en el todo

Los hechos deben contar, especialmente cuando contradicen nuestros relatos. Y los hechos indican que el antisemitismo no es solamente un fantasma del pasado europeo. Sigue entre nosotros.

Pero combatirlo exige también precisión. Criticar al Gobierno de Israel no es antisemitismo. Denunciar las actuaciones de Netanyahu no es antisemitismo. Defender los derechos del pueblo palestino no es antisemitismo.

La frontera empieza a cruzarse cuando dejamos de responsabilizar a personas, organizaciones o gobiernos concretos y trasladamos esa responsabilidad a «los judíos», a todo un pueblo o a millones de individuos por su pertenencia a una colectividad.

Los datos están ahí

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó en 2024 una amplia encuesta realizada entre población judía de 13 países de la UE, donde reside alrededor del 96 % de la población judía de la Unión.

Los resultados son suficientemente contundentes: el 96 % de los encuestados afirmó haber encontrado antisemitismo durante el año anterior y el 80 % consideraba que el antisemitismo había aumentado en su país durante los cinco años precedentes.

Hay un dato especialmente significativo: la encuesta se realizó antes del 7 de octubre de 2023. Por tanto, no podemos explicar todo el fenómeno como consecuencia de la posterior guerra de Gaza.

Después llegaron los asesinatos y secuestros perpetrados por Hamás el 7 de octubre y la devastadora respuesta militar israelí sobre Gaza. La Comisión Europea ha constatado desde entonces un fuerte incremento de los incidentes antisemitas en distintos países europeos y particularmente en Internet.

La FRA continúa documentando el fenómeno y advierte, además, de algo importante cuando utilizamos estadísticas: los países europeos emplean sistemas de registro diferentes, por lo que no todas las cifras nacionales son directamente comparables.

Los hechos cuentan. Pero también debemos ser rigurosos con ellos.

No confundir la parte con el todo

Hay una idea que intento aplicar siempre, especialmente cuando los acontecimientos nos indignan:

No atribuir a un pueblo, una religión o una comunidad lo que hacen algunos de sus miembros o quienes gobiernan en su nombre.

Se puede —y se debe— denunciar con toda contundencia al Gobierno de Netanyahu y las consecuencias terribles de sus decisiones sobre la población palestina.

Pero de ahí no se sigue que podamos definir a «la sociedad israelí, en su gran mayoría» como racista, xenófoba, genocida o criminal.

Cuando dejamos de juzgar hechos, decisiones y responsabilidades concretas y trasladamos esas características a millones de personas, hemos dado un salto: de la crítica política a la culpabilización colectiva.

Y aquí aparece una falacia tan sencilla como peligrosa: confundir la parte con el todo.

Basta uno

La fotografía que acompaña este texto me parece extraordinariamente expresiva.

Una multitud parece comportarse de una determinada manera. En medio de ella, una persona no lo hace.

Podremos discutir qué porcentaje representa cada posición. Podremos incluso demostrar que una determinada opinión es mayoritaria. Pero aquella persona introduce una evidencia elemental:

Basta uno para demostrar que la parte no es el todo.

Las excepciones no «esconden» necesariamente una realidad. En ocasiones demuestran precisamente que el colectivo no es homogéneo.

En la sociedad israelí existen ciudadanos, intelectuales, organizaciones y religiosos judíos que se enfrentan públicamente a Netanyahu, a su Gobierno o a la guerra. Sus posiciones pueden ser minoritarias o mayoritarias; eso habrá que determinarlo con datos. Lo que su existencia impide es convertir a todos en una única categoría moral.

El Holocausto: memoria, no justificación

El Holocausto merece una consideración especial.

El asesinato sistemático de seis millones de judíos europeos por la Alemania nazi y sus colaboradores constituye uno de los grandes crímenes de nuestra historia.

Recordarlo es un deber moral.

Pero esa memoria no concede al actual Gobierno de Israel legitimidad para hacer cualquier cosa.

El Holocausto no puede utilizarse como justificación de las actuaciones de Netanyahu.

Y exactamente por el mismo principio tampoco podemos recorrer el camino contrario:

las actuaciones del Gobierno de Netanyahu no convierten a los judíos en responsables colectivos.

Una injusticia jamás legitima otra injusticia.

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) incluye entre sus ejemplos de antisemitismo responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. Al mismo tiempo, su propia definición señala expresamente que una crítica a Israel semejante a la dirigida contra cualquier otro país no puede considerarse antisemita.

Las dos afirmaciones deben leerse juntas.

Y el mismo principio vale para Hamás

Si queremos que nuestro razonamiento sea universal, tenemos que aplicarlo también cuando resulta incómodo.

Los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre deben condenarse sin ambigüedades.

Pero los palestinos no son Hamás.

Un niño palestino sepultado bajo los escombros no tiene responsabilidad alguna sobre los asesinatos cometidos por Hamás.

De la misma manera, una persona judía que vive en París, Zamora, Tel Aviv o Nueva York no adquiere responsabilidad sobre las decisiones de Netanyahu por el hecho de ser judía.

Por eso mi posición puede resumirse en cuatro afirmaciones:

Ni Hamás justifica a Netanyahu.
Ni Netanyahu justifica a Hamás.
Ni los palestinos son Hamás.
Ni los judíos son Netanyahu.

Dos condenas, los mismos principios

No creo que defender al pueblo palestino requiera minimizar los crímenes de Hamás.

Ni creo que denunciar a Hamás obligue a guardar silencio ante el sufrimiento de Gaza.

Precisamente porque los derechos humanos son universales, deben proteger también a quienes no pertenecen a nuestro bando, nuestra religión, nuestro pueblo o nuestra ideología.

La responsabilidad corresponde a quienes toman decisiones y cometen actos. No a una comunidad entera.

Europa conoce demasiado bien las consecuencias de sustituir a las personas por categorías colectivas.

Por eso, cuando reaparece la tentación de hablar de «los judíos», «los musulmanes», «los palestinos» o cualquier otro pueblo como si millones de seres humanos pensaran y actuaran de una única manera, conviene recordar aquella sencilla imagen:

entre el todo siempre hay personas.

Y quizá la mejor vacuna contra los viejos fantasmas siga siendo una regla extraordinariamente sencilla:

NO CONFUNDIR LA PARTE CON EL TODO

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Fuentes: Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), Jewish People's Experiences and Perceptions of Antisemitism (2024) y actualización sobre antisemitismo (2026); Comisión Europea, seguimiento de la Estrategia de la UE contra el antisemitismo; e International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), definición de trabajo del antisemitismo.

La frase contundente que borra la historia (y la concordia)

Hay frases que suenan tan redondas que muchos las repiten sin comprobarlas.

 Una de ellas es la de Javier Aroca: «El problema de la derecha española es que no combatió al franquismo, surgió del franquismo. Mientras la derecha europea luchó contra el nazismo y el fascismo, la derecha española nació y se amamantó en el franquismo».Suena contundente. Parece una verdad histórica cerrada. Pero no lo es. Es una afirmación dogmática, incompleta y tendenciosa presentada como verdad absoluta. Prefiere la frase impactante (y falsa por omisión) al matiz histórico. Y busca, sobre todo, el aplauso de quienes ya piensan como él.  Esta práctica no ayuda a la concordia ni a la convivencia entre quienes piensan distinto. Convierte el debate en trincheras donde solo cabe la adhesión o el rechazo.

Los hechos que la frase borraNo es cierto que la derecha española no combatiera al franquismo. Hubo oposición monárquica, liberal y democristiana real:

• En 1945, Don Juan de Borbón publicó el Manifiesto de Lausana, rompió con Franco, calificó el régimen de totalitario inspirado en el Eje y le exigió que abandonara el poder.
• En 1962, el Contubernio de Múnich reunió a 118 opositores de casi todas las tendencias, incluidos monárquicos y democristianos como Gil-Robles y Satrústegui. Franco respondió con una de las represiones más duras contra la oposición de centro-derecha.
• En los años 70, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática incluyeron monárquicos, liberales, democristianos y carlistas junto al PCE y al PSOE.

Es verdad que una parte de la derecha sociológica procede del franquismo o se acomodó a él. También es verdad que una parte de la izquierda procede del estalinismo y de formas autoritarias de sociedad. Ambos legados existen. Borrar uno y magnificar el otro no es historia: es propaganda.

La comparación con “la derecha europea” tampoco resiste el escrutinio. En Alemania, Francia o Italia hubo colaboración y acomodamiento de amplios sectores conservadores al fascismo y al nazismo. La historia europea es tan compleja y contradictoria como la española.El problema de fondoCuando se lanza una frase de este tipo y se presenta como verdad histórica, no se invita a pensar: se pide adhesión. Se construye un relato en el que el adversario no tiene matices ni historia propia. Solo merece ser señalado.Esa práctica es incompatible con la reciprocidad. Y la reciprocidad es la primera base de la concordia. 

Si exijo rigor y memoria completa cuando se habla de “los míos”, debo exigir lo mismo cuando se habla de “los otros”. Si solo denuncio el sesgo del contrario, no defiendo la verdad: defiendo a mi bando.

En La Réplica intentamos señalar estas operaciones de relato unilateral, sea cual sea el origen ideológico. Porque la convivencia democrática no se construye con eslóganes que confirman lo que ya creemos, sino con el esfuerzo de mirar la complejidad y de no convertir al que piensa distinto en un monstruo histórico.La historia española del siglo XX es suficientemente trágica como para no necesitar caricaturas. Y la política del presente tampoco mejora cuando se alimenta de ellas.

Antes de compartir  frases redondas que confirma lo que ya piensas, detente un momento. 

Pregúntate si has contrastado. Pregúntate si estás dispuesto a aplicar el mismo rigor hacia todos. Ese pequeño esfuerzo es, quizá, el primer paso hacia una conversación pública un poco menos envenenada.