Vivienda (IV): cuando el relato sustituye al diagnóstico

En el debate sobre la vivienda hemos terminado construyendo demasiados personajes.

El «fondo buitre».

El «rentista».

El «inquilino vulnerable».

El «moroso profesional».

Las palabras sirven para describir realidades que existen. El problema comienza cuando una de ellas pretende explicar el conjunto.

Entonces dejamos de analizar y empezamos a repartir papeles entre buenos y malos.

Y la vivienda es demasiado importante para reducirla a eso.

NO HAY UN ÚNICO CULPABLE

El problema tiene muchas causas: falta de oferta en determinadas zonas, lentitud urbanística, costes de construcción, escasez de vivienda pública, inseguridad jurídica, cambios demográficos y regulación.

Por eso tampoco habrá una única solución.

Construir más es necesario.

Agilizar suelo y licencias también.

Combatir abusos, por supuesto.

Pero ninguna de esas medidas puede sustituir a las demás.

La pregunta relevante no debería ser:

¿estamos con el propietario o con el inquilino?

Debería ser:

¿qué combinación de políticas consigue que haya más vivienda disponible, a precios asumibles y con protección para quien realmente la necesita?

SEGURIDAD JURÍDICA, SÍ

La seguridad jurídica no es un privilegio del propietario.

Es una condición para que exista confianza suficiente para alquilar, invertir, construir y mantener viviendas en el mercado.

Si quien dispone de una vivienda percibe que alquilarla puede significar perder durante años una capacidad razonable de decisión sobre ella, algunos optarán por no hacerlo.

Y cuando disminuye la oferta, la selección se endurece.

¿Quién tendrá entonces más dificultades?

Probablemente quien tenga peores ingresos, menor estabilidad laboral o menos garantías.

Es decir, precisamente el más vulnerable.

PROTECCIÓN SOCIAL, TAMBIÉN

Pero seguridad jurídica no significa abandonar a quien no puede pagar una vivienda.

Una sociedad decente no puede permanecer indiferente ante quien corre el riesgo de quedarse sin hogar.

Por eso mantengo una idea que considero esencial:

protección social sí, pero financiada socialmente.

Si como sociedad decidimos que una persona vulnerable debe ser protegida, debemos asumir colectivamente el coste mediante vivienda pública, ayudas, alojamiento alternativo o los instrumentos que correspondan.

No limitarse a trasladar esa responsabilidad al particular que circunstancialmente es propietario de la vivienda.

La política social debe ser pública también en su financiación.

NI MERCADO SIN REGLAS NI REGULACIÓN SIN CONSECUENCIAS

Aquí aparece otro falso dilema.

No tenemos que escoger entre mercado y regulación.

El mercado necesita reglas.

Y las reglas necesitan evaluar sus consecuencias.

Una regulación puede tener una intención impecable y producir un resultado contraproducente.

Por eso antes de aprobar cualquier medida deberíamos preguntarnos:

¿aumentará o reducirá la oferta?

¿quién asumirá su coste?

¿qué ocurrirá con quien todavía busca vivienda?

¿protege al vulnerable hoy sin perjudicarle mañana?

Esas preguntas deberían pesar más que cualquier consigna.

EL PROBLEMA ES DEMASIADO SERIO

Podemos seguir discutiendo sobre quién tiene la culpa.

O podemos aceptar que estamos ante un problema complejo que exige soluciones simultáneas.

Más vivienda.

Más vivienda pública.

Más rapidez administrativa.

Más seguridad jurídica.

Protección efectiva para quien no puede acceder al mercado.

Y reglas que impidan abusos.

No son objetivos incompatibles.

Son partes del mismo problema.

Por eso quizá convendría abandonar de una vez la pregunta:

«¿De qué lado estás?»

Y sustituirla por otra bastante más útil:

«¿Esta medida ayudará realmente a que dentro de unos años haya más personas con acceso a una vivienda digna?»

Porque al final no se trata de ganar el relato.

Se trata de resolver el problema.

La libertad no es que te dejen....

 

La libertad no consiste en que nos dejen ser libres

Una reflexión a partir del artículo de Félix Ovejero «La superioridad moral de los liberales de trinchera»

Félix Ovejero ha sido y sigue siendo uno de mis referentes intelectuales. No porque comparta necesariamente todas sus conclusiones, sino porque encuentro en su pensamiento una exigencia que considero fundamental: las ideas deben someterse a la razón y los principios deben aplicarse también cuando sus consecuencias nos incomodan.

Su reflexión sobre la libertad me parece especialmente oportuna en unos tiempos en los que esta palabra se utiliza con frecuencia como una bandera política, sin detenerse demasiado en lo que significa.

¿De qué libertad hablamos?

Durante mucho tiempo he considerado la libertad, la igualdad y la solidaridad principios inseparables. No porque sean idénticos ni porque carezcan de tensiones entre sí, sino porque cada uno pierde buena parte de su sentido cuando prescindimos de los otros.

¿Qué libertad tiene quien formalmente puede elegir, pero materialmente carece de posibilidades reales para hacerlo? ¿Y qué igualdad puede existir cuando alguien tiene capacidad para imponer arbitrariamente su voluntad sobre los demás?

Ovejero introduce aquí una distinción que considero decisiva: no basta con que nadie interfiera en nuestra vida; es necesario que nadie tenga el poder de hacerlo arbitrariamente.

Es la concepción republicana de la libertad como ausencia de dominación.

Un trabajador puede disfrutar de buenas condiciones mientras su empresario quiera mantenerlas. Pero si depende enteramente de su voluntad, su libertad es precaria. Lo mismo sucede con una mujer cuya autonomía depende de la benevolencia de su pareja, o con cualquier ciudadano sometido al capricho de una autoridad.

No se trata solamente de cómo se ejerce el poder, sino también de qué límites tiene.

La ley puede liberar, pero también oprimir

Este es otro aspecto importante del artículo.

Hay quienes presentan cualquier intervención del Estado como una amenaza a la libertad. Sin embargo, las leyes que impiden la explotación infantil, protegen frente a la discriminación o limitan los abusos del poder económico no necesariamente restringen la libertad: pueden ampliarla para quienes carecían de ella.

Pero también debemos reconocer el peligro contrario.

Que una ley se apruebe democráticamente no significa que sea necesariamente justa ni que respete la libertad individual.

Una mayoría tampoco adquiere por ser mayoría el derecho a decidir arbitrariamente cómo deben pensar, expresarse o vivir las minorías.

Por eso me parece tan importante que Ovejero cuestione tanto el liberalismo que identifica la libertad con la ausencia de restricciones como las concepciones colectivistas que pretenden realizar al individuo mediante su subordinación a una identidad o comunidad.

Mi rechazo al autoritarismo no depende de que quien lo ejerza se proclame liberal, socialista, nacionalista o revolucionario.

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan

Probablemente este sea el aspecto del artículo que más conecta con mis propias reflexiones.

Ovejero denuncia la contradicción de quienes proclaman principios absolutos para después relativizarlos cuando entran en juego sus intereses o afinidades políticas.

Y creo que esta observación tiene un alcance mucho mayor que la crítica a determinados liberales.

También afecta a quienes defendemos la igualdad, la solidaridad o los derechos humanos.

No podemos denunciar la arbitrariedad cuando procede de nuestros adversarios y justificarla cuando la ejercen quienes consideramos próximos.

No podemos defender la libertad de expresión únicamente para las opiniones que compartimos.

Ni reclamar el respeto al derecho internacional cuando protege a quienes apoyamos y relativizarlo cuando limita las actuaciones de nuestros aliados.

Esto no significa ignorar las circunstancias ni renunciar a valorar las consecuencias de nuestras decisiones. Significa que las excepciones necesitan razones, no simplemente afinidades.

El peligro de las etiquetas

Aquí encuentro una cuestión sobre la que he reflexionado muchas veces: la sustitución del argumento por la descalificación.

Ovejero habla de los «liberales de trinchera», aquellos que convierten la palabra libertad en una especie de escudo contra cualquier crítica.

Pero tampoco deberíamos convertir esa caracterización en una condena del liberalismo en su conjunto.

Sería incurrir precisamente en el error que tantas veces he criticado: confundir la parte con el todo.

Existe una tradición liberal comprometida con los derechos individuales, el pluralismo y la limitación del poder, de la que también podemos aprender. Del mismo modo, existen tradiciones socialistas que han defendido la emancipación y otras experiencias históricas que han desembocado en regímenes autoritarios.

No es la etiqueta lo que determina el valor de una posición, sino sus argumentos, sus prácticas y sus consecuencias.

Nadie es más que nadie

Al terminar el artículo vuelvo a una convicción que intento mantener en mis reflexiones: nadie es más que nadie.

No significa que todas las opiniones tengan el mismo fundamento ni que todas las conductas merezcan idéntica consideración. Significa que ninguna persona posee, por su identidad, ideología, creencias o posición social, un derecho superior al de las demás a vivir en libertad y con dignidad.

La libertad no debería ser un privilegio concedido por quienes tienen poder, ni la igualdad una excusa para imponer uniformidad.

Y la solidaridad no debería convertirse en la obligación de pensar como aquellos con quienes compartimos una causa.

La libertad necesita límites al poder, garantías jurídicas y condiciones materiales que permitan ejercerla. La igualdad exige que esas garantías alcancen a todos. Y la solidaridad nos recuerda que la libertad ajena también nos concierne.

Quizá el valor más profundo de la reflexión de Ovejero sea recordarnos que la libertad no consiste en que el poderoso nos permita ser libres, sino en que nadie tenga el poder arbitrario de decidir sobre nuestra libertad.

Y añadiría una exigencia personal: antes de denunciar la arbitrariedad de los demás, deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a reconocerla cuando procede de los nuestros.

Porque los principios se ponen a prueba, precisamente, cuando nos incomodan.

Mari Carmen: cuando una tragedia se convierte en consigna

He visto un cartel convocando una concentración por la muerte de Mari Carmen. Sobre su fotografía aparecen dos afirmaciones:

«El rentismo mata».

«No son muertes, son asesinatos».

Me ha producido tristeza y también indignación.

Mari Carmen tenía 87 años. Fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante más de setenta años, salió en camilla y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.

Su historia merece respeto, solidaridad con quienes la querían y, sobre todo, un análisis serio de cómo una persona vulnerable puede llegar a una situación semejante.

Pero precisamente por respeto a ella deberíamos preguntarnos:

¿qué sabemos realmente y qué estamos convirtiendo en relato?

¿UN ASESINATO?

Es perfectamente legítimo preguntarse si el largo conflicto, la incertidumbre y finalmente el desahucio pudieron agravar su estado de salud.

Pero de ahí a afirmar «no son muertes, son asesinatos» existe un salto enorme.

¿Quién asesinó a Mari Carmen?

¿El propietario?

¿El juez?

¿Las administraciones?

¿El denominado «rentismo»?

Una tragedia puede indignarnos profundamente sin necesidad de transformarla en un delito que nadie ha demostrado.

Una injusticia no necesita llamarse asesinato para ser injusta.

Y una conjetura, por plausible que nos parezca, no se convierte en hecho porque la escribamos con letras grandes sobre una fotografía.

¿Y QUÉ SIGNIFICA «EL RENTISMO MATA»?

También conviene preguntarlo.

¿Es rentismo que una gran sociedad acumule viviendas buscando maximizar su rentabilidad?

¿Y lo es exactamente igual que una persona que ha trabajado toda su vida alquile una segunda vivienda para complementar su jubilación?

Si metemos ambas realidades en el mismo saco volvemos a un problema que he señalado muchas veces:

confundir la parte con el todo.

En mis dos artículos anteriores —Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social y Vivienda (II): cuando las buenas intenciones no bastan— no he defendido los abusos, ni la especulación, ni abandonar a nadie a su suerte.

He defendido algo bastante distinto:

la protección social debe financiarse socialmente y las políticas deben juzgarse también por sus consecuencias.

TODAS LAS RESPONSABILIDADES

El caso de Mari Carmen obliga a preguntar por las responsabilidades de la propiedad y de las administraciones.

Pero un análisis completo tampoco debería borrar las decisiones de la propia Mari Carmen.

Durante el proceso se le ofrecieron distintas alternativas de alojamiento. Ella rechazó algunas porque quería conservar su autonomía y continuar viviendo en una vivienda, no en una residencia.

Su decisión resulta perfectamente comprensible.

Pero también forma parte de los hechos.

¿Tenía derecho a querer seguir viviendo autónomamente?

Naturalmente.

¿Significa eso que cualquier alternativa que no coincidiera exactamente con su deseo debía considerarse inexistente?

¿Hasta dónde llega la obligación pública de proporcionar una solución digna y hasta dónde alcanza la capacidad de elección de quien la recibe?

Reconocer la vulnerabilidad de una persona no significa negarle su capacidad de decidir.

Y preguntarnos por sus decisiones no significa responsabilizarla de su muerte.

Significa negarnos a construir un relato en el que toda la responsabilidad de una situación compleja recaiga necesariamente sobre un único culpable.

LA PREGUNTA IMPORTANTE

Quizá el caso de Mari Carmen debería llevarnos menos a buscar consignas y más a formular preguntas.

¿Por qué las administraciones no disponían de una alternativa habitacional adecuada con suficiente antelación?

¿Por qué tenemos una oferta tan insuficiente de vivienda asequible?

¿Qué políticas pueden aumentar esa oferta?

¿Y cuáles, aunque nazcan con las mejores intenciones, pueden hacer que los propietarios sean más reacios a alquilar precisamente a quienes ofrecen menos garantías?

Porque si una regulación termina reduciendo la oferta de alquiler, los primeros perjudicados probablemente no serán quienes tengan una buena nómina y estabilidad laboral.

Serán precisamente los más vulnerables.

No se trata de elegir entre propietarios e inquilinos.

Ni entre mercado y protección social.

Se trata de conseguir que una política destinada a proteger al vulnerable no termine haciéndole todavía más difícil encontrar una vivienda.

RESPETO, NO UTILIZACIÓN

La muerte de Mari Carmen merece duelo y reflexión.

Pero creo que la respetamos más preguntándonos seriamente qué falló que convirtiéndola en la demostración automática de una teoría previamente elegida.

Una muerte no demuestra por sí sola una teoría económica.

Una conjetura no es un hecho.

Y una tragedia humana no debería necesitar la palabra «asesinato» para conmovernos.

Busquemos responsabilidades, por supuesto.

Pero todas.

Y, sobre todo, busquemos soluciones que permitan que mañana haya menos personas vulnerables buscando desesperadamente una vivienda y más viviendas disponibles para ellas.

Porque esa sería, probablemente, una respuesta mucho más útil que cualquier consigna.

Entre relatos y hechos

León Felipe escribió sobre los cuentos con los que intentamos explicar la vida. Muchos años después, aquellos cuentos siguen entre nosotros. Ahora los llamamos relatos.

Esta canción nace de una idea sencilla: entre el relato y las creencias, los hechos.

León Felipe y los cuentos

El punto de partida está en el poema «Sé todos los cuentos», de León Felipe. En él, el poeta habla de esos cuentos que nos acompañan desde la infancia y con los que tratamos de explicarnos el mundo, el miedo, el dolor y la propia existencia.

Dice León Felipe:

«Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.»

Quizá hayan cambiado las palabras, pero no tanto el mecanismo. Antes hablábamos de cuentos; hoy hablamos de relatos. Relatos políticos, históricos, nacionales, ideológicos o personales que nos ayudan a interpretar la realidad, pero que también pueden acabar ocultándola.

De ahí nace la canción Entre relatos y hechos.

No pretende decir que podamos vivir sin relatos ni creencias. Todos los tenemos. La cuestión es otra: qué hacemos cuando los hechos contradicen aquello que creemos.

Porque una idea no se vuelve verdadera por ser nuestra, ni un hecho deja de serlo porque nos incomode.

Por eso el estribillo insiste:

Entre el relato y las creencias,
los hechos, los hechos.

Y quizá ahí esté también la mejor defensa frente a la polarización: conservar la capacidad de dudar, contrastar y rectificar.

Letra José Antonio Parro  Música creada con IA (Suno). Imágenes y montaje realizados con herramientas de inteligencia artificial.

 

Vivienda (II): cuando las buenas intenciones no bastan

Hace apenas unos días publiqué en La Réplica Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social.

Los acontecimientos posteriores, y en particular el debate y posterior derogación en el Congreso de los dos recientes decretos sobre vivienda, me llevan a completar aquella reflexión. BOE

No porque el problema de la vivienda sea menor.

Precisamente porque es demasiado grave para conformarnos con medidas que suenan bien sin preguntarnos qué consecuencias pueden producir.

Una política pública no debe juzgarse solamente por la bondad de su intención, sino también por sus resultados.

PROTEGER, SÍ. PERO ¿CÓMO?

Hay objetivos de algunas de las medidas debatidas que me parecen perfectamente comprensibles.

Evitar que una persona verdaderamente vulnerable termine en la calle sin alternativa habitacional.

Dar estabilidad a quien lleva años pagando regularmente su alquiler.

Impedir que los contratos temporales sean utilizados fraudulentamente para eludir las garantías del alquiler habitual.

Todo eso merece ser considerado.

Pero inmediatamente aparece una pregunta:

¿quién debe asumir el coste de esa protección?

¿El conjunto de la sociedad, a través de los poderes públicos?

¿O el ciudadano concreto que resulta ser propietario de la vivienda?

No es una diferencia menor.

El derecho a la vivienda exige políticas públicas capaces de hacerlo efectivo. Si una familia necesita protección, la sociedad debe proporcionársela mediante vivienda pública, ayudas, alojamiento alternativo o los instrumentos que correspondan.

Trasladar esa responsabilidad al propietario particular puede resolver temporalmente una emergencia.

Pero ¿soluciona realmente el problema?

NO CONFUNDAMOS LA PARTE CON EL TODO

En este debate aparece con frecuencia una imagen: frente al inquilino vulnerable estaría el gran propietario, el fondo de inversión, «el capital».

Es una realidad que existe.

Pero no es toda la realidad.

Según el Banco de España, cerca del 90 % de los propietarios de viviendas alquiladas son particulares. Y, entre esos arrendadores particulares, el 76,1 % tiene una sola vivienda en alquiler y otro 15 % tiene dos. Banco de España

Por tanto:

¿Tiene sentido pensar la regulación como si el propietario habitual fuera siempre un gran tenedor?

¿Estamos otra vez confundiendo la parte con el todo?

Un pequeño propietario también puede abusar de una situación de escasez y pedir un precio desproporcionado. Naturalmente.

Pero reconocerlo no convierte automáticamente a millones de pequeños propietarios en responsables del problema estructural de la vivienda.

ESTABILIDAD PARA EL INQUILINO, PERO ¿CON QUÉ EFECTOS?

Uno de los decretos recientemente rechazados pretendía que, transcurridos los cinco años mínimos de un contrato —siete cuando el propietario fuese una persona jurídica—, este pudiera prorrogarse por nuevos periodos sucesivos de cinco o siete años salvo que alguna de las partes manifestara su voluntad de no continuar. BOE

La finalidad parece razonable:

dar estabilidad al inquilino.

Pero debemos hacer también la siguiente pregunta:

¿esa regulación hará que haya más propietarios dispuestos a ofrecer viviendas en alquiler estable o menos?

Porque una política puede proteger mucho a quienes ya están dentro y, al mismo tiempo, dificultar la entrada de quienes todavía buscan vivienda.

Si un propietario percibe que alquilar implica perder durante muchos años una capacidad razonable de decisión sobre su vivienda, puede optar por no alquilarla, venderla o buscar otras fórmulas.

No afirmo que necesariamente vaya a ocurrir siempre.

Lo que digo es algo mucho más sencillo:

hay que estudiar esa posibilidad antes de legislar.

Porque, si disminuye la oferta de viviendas en alquiler, ¿quién estará en mejores condiciones de conseguir las que queden?

Probablemente quien presente la mejor nómina, más estabilidad laboral y mayores garantías.

¿Y quién puede quedar fuera?

Precisamente el joven, la familia con pocos ingresos o la persona vulnerable a la que pretendíamos proteger.

Ahí aparece una de las paradojas de las políticas bienintencionadas:

pueden terminar perjudicando a quienes pretendían beneficiar.

CONTROLAR PRECIOS NO CREA VIVIENDAS

Podemos limitar una renta.

Podemos congelarla.

Podemos prolongar un contrato.

Podemos proteger temporalmente a quien no puede abandonar una vivienda.

Pero ninguna de esas decisiones crea por sí misma una vivienda nueva.

Y España tiene un problema importante de oferta.

La OCDE señala que entre 2022 y 2024 se concedieron permisos para unas 345.000 viviendas, mientras en ese mismo periodo se crearon aproximadamente 604.000 hogares. Además, el alquiler social representa apenas alrededor del 3 % del parque de vivienda. OECD

La misma OCDE advierte de que las políticas dirigidas únicamente a la demanda tienen una eficacia limitada si no van acompañadas de un aumento de la oferta, y recuerda experiencias en las que los controles de renta redujeron la vivienda disponible para alquiler habitual. OECD

Por eso deberíamos preguntarnos:

¿qué habrá cambiado dentro de cinco o diez años?

¿Habrá más viviendas disponibles?

¿Habrá aumentado sustancialmente el parque público de alquiler?

¿Se habrá construido allí donde realmente existe demanda?

¿Se habrán agilizado el suelo, las licencias y los procedimientos administrativos?

¿O seguiremos intentando repartir de otra manera una oferta que continúa siendo insuficiente?

NO TODAS LAS MEDIDAS SON IGUALES

Tampoco quiero caer en el extremo contrario.

Regular no significa necesariamente perjudicar el mercado.

Combatir contratos temporales fraudulentos puede ser razonable.

Ofrecer ventajas fiscales al propietario que reduzca voluntariamente el alquiler puede ser una herramienta útil.

Proteger a una familia ante una emergencia social es una obligación de una sociedad decente.

Y, naturalmente, deben existir mecanismos contra los abusos.

La cuestión no es elegir entre regular o no regular.

La cuestión es analizar cada medida y preguntar:

¿funciona?

¿Aumenta o reduce la oferta?

¿Quién paga su coste?

¿Produce efectos distintos de los que pretendíamos?

¿Tenemos datos y experiencias que permitan evaluarla?

LA PROTECCIÓN SOCIAL DEBE FINANCIARSE SOCIALMENTE

Para mí esta es una de las claves.

Si decidimos como sociedad que ninguna persona vulnerable debe quedarse sin techo, estoy de acuerdo.

Pero entonces debemos asumir colectivamente esa decisión.

La protección social debe financiarse socialmente.

No puede consistir simplemente en determinar qué ciudadano particular tendrá que soportar el coste de una política pública insuficiente.

Si una familia no puede pagar su vivienda, necesitamos una solución para esa familia.

Pero también debemos preguntarnos:

¿por qué esa responsabilidad debe recaer exclusivamente sobre la persona que casualmente es propietaria de la vivienda en la que reside?

Una política social sólida necesita recursos públicos, vivienda pública y mecanismos de ayuda financiados por el conjunto de la sociedad.

De otro modo podemos estar ocultando una carencia pública trasladándola de un ciudadano a otro.

LAS BUENAS INTENCIONES NO BASTAN

En mi artículo anterior defendía una idea:

seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

Después de este debate añadiría otra:

las buenas intenciones no garantizan buenos resultados.

Por eso, ante cualquier nueva medida sobre vivienda, deberíamos acostumbrarnos a formular algunas preguntas:

¿Aumentará o reducirá las viviendas disponibles?

¿Quién soportará realmente su coste?

¿Protege al vulnerable hoy pero puede dificultarle encontrar vivienda mañana?

¿Qué ha ocurrido allí donde se han aplicado medidas semejantes?

¿Existe una alternativa pública suficiente?

¿Cómo comprobaremos dentro de unos años si funcionó?

Estas preguntas no son contra los inquilinos.

Tampoco son a favor de los propietarios.

Son preguntas para intentar que las políticas funcionen.

Porque las personas que hoy tienen dificultades para acceder a una vivienda no necesitan solamente nuestra solidaridad ni nuestras buenas intenciones.

Necesitan soluciones que funcionen.

El odio y el amor como ceguera política

 

Por qué la pasión política no necesita pruebas, solo bandos

Entre el sentimiento y el juicio, la distancia que nos protege

Hay una vieja intuición que atraviesa casi todas las reflexiones que he publicado en La Réplica: el amor es ciego. Platón ya lo escribió en Las Leyes: quien ama se equivoca al juzgar lo amado.

Pero quizá haya que dar un paso más: el odio también ciega.

Y en política, donde el amor se llama lealtad y el odio se llama causa, esa ceguera deja de ser un asunto privado.

Ciegos o tuertos

Conviene distinguir dos grados.

El ciego no ve nada que contradiga su sentimiento.

El tuerto sí ve, pero con un solo ojo. Y quien ve con un solo ojo pierde algo esencial: la profundidad, la capacidad de calcular distancias y proporciones.

La segunda imagen me parece más certera. Casi nadie ignora los hechos por completo. Lo que hacemos es seleccionarlos: abrimos el ojo ante lo que confirma nuestro afecto o nuestra aversión y cerramos el otro ante lo que lo desmiente.

La psicología lo llama sesgo de confirmación.

Yo prefiero llamarlo ser tuerto voluntario.

Lo que hacen el amor y el odio con los hechos

Ambos sentimientos comparten el mismo mecanismo:

Filtran. Al que amo le perdono lo que al otro le condenaría. Al que odio le encuentro mala fe hasta en los gestos neutros.

Blindan. Ninguna prueba en contra hace mella, porque el sentimiento no se apoya en pruebas: las fabrica a su medida.

Simplifican. Unos son todo virtud; los otros, todo vicio. Y desaparecen los matices, que son precisamente lo más abundante de la realidad humana.

Dispensan de la autocrítica. Quien ama u odia con intensidad se siente moralmente legitimado. Y quien se siente legitimado deja de revisarse.

Spinoza lo entendió muy bien: las pasiones nos hacen padecer, es decir, nos hacen depender de causas que no comprendemos.

El amor político: cuando el líder sustituye al criterio

Ya lo escribí en «Nadie es más que nadie»: en democracia nadie es imprescindible.

Pero el amor político se resiste a esa idea.

Cuando la adhesión a una persona, un partido o una causa se vuelve incondicional, ocurre algo muy concreto: justifico hoy lo que condenaría ayer si lo hubiera hecho el adversario.

Ahí se pierde el criterio mismo de justicia, que exige la misma vara para todos.

Por eso la prueba del cambio de protagonista me parece tan útil. Es, en el fondo, un test de visión binocular: obliga a abrir el ojo que teníamos cerrado.

El odio político: cuando el adversario se convierte en enemigo

Carl Schmitt llegó a definir lo político como la distinción entre amigo y enemigo. Su tesis es discutible y sus consecuencias históricas fueron nefastas, pero describe con crudeza una dinámica real.

Cuando el adversario se convierte en enemigo, deja de ser alguien con quien se discute y pasa a ser alguien a quien se elimina, moral o, en los casos extremos, físicamente.

El odio deshumaniza.

Y lo que se deshumaniza puede maltratarse sin remordimiento.

Es la lógica que denuncié en «Cuando la parte vuelve a convertirse en el todo»: una opinión termina definiendo a la persona entera, y la discrepancia se transforma en identidad.

El círculo vicioso de la polarización

Amor y odio se alimentan mutuamente.

El odio al otro refuerza el amor al propio bando. El amor al propio bando exige un enemigo al que oponerse.

Cada bando confirma en el otro los defectos que ya había decidido ver. La moderación se interpreta como traición. El matiz, como debilidad.

Y así llegamos a una paradoja incómoda: quien más odia a un adversario suele ser quien mejor lo alimenta.

Por qué resulta socialmente alarmante

Hay tres razones que hacen especialmente preocupante este fenómeno.

Es contagioso. Las emociones intensas se propagan en grupo más rápido que los argumentos. Las redes sociales, que premian la indignación y el fervor, funcionan como amplificadores de ambas pasiones.

Es rentable. Movilizar con odio o con fervor es más fácil que persuadir con razones. Existe, por tanto, un incentivo para quienes buscan poder de cultivar esas pasiones en lugar de templarlas.

Es difícil de detectar desde dentro. Precisamente porque ciega, quien la padece no percibe su ceguera. Cada uno se cree el único que ve con claridad.

Un matiz necesario: no se trata de no sentir

Sería un error concluir que la política debe carecer de pasión.

Sin indignación ante la injusticia y sin amor al bien común no habría reformas ni causas nobles.

Max Weber lo formuló con precisión: la política exige pasión, sentido de la responsabilidad y mesura, ese «ojo certero» para mantener la distancia con las cosas y con las personas.

El problema no es sentir.

El problema es que el sentimiento sustituya al juicio en lugar de acompañarlo.

Algunas preguntas para abrir los dos ojos

¿Aplicaría la misma severidad a los míos que a los ajenos?

¿Qué hecho tendría que ocurrir para que cambiara de opinión sobre esta persona o este partido?

¿Estoy discutiendo lo que ha dicho o clasificando a quien lo ha dicho?

¿Puedo describir la mejor versión del argumento contrario?

¿Pensaría lo mismo si lo hubieran hecho los otros?

Si no encuentro respuesta a alguna de ellas, quizá no esté viendo con los dos ojos.

Ver con los dos ojos

El amor y el odio, cuando se vuelven absolutos, comparten un mismo defecto: nos dejan sin perspectiva justo cuando más la necesitamos.

En la vida privada eso produce errores.

En la política produce fanatismos, persecuciones y, en los casos extremos, catástrofes.

El antídoto no es la frialdad, sino una cierta higiene intelectual: contrastar las simpatías con los hechos, exigirnos a nosotros lo que exigimos a los demás y recordar que el adversario político es, ante todo, un conciudadano.

Ver con los dos ojos es, en el fondo, una forma de respeto.

Hacia la verdad.

Y hacia los demás.

La Réplica

Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social

La vivienda vuelve a estar en el centro del debate público. Las concentraciones y acampadas de estos días expresan una preocupación real: demasiadas personas, especialmente jóvenes y familias con ingresos modestos, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla.

Sería un error mirar hacia otro lado.

Pero también sería un error pensar que la gravedad del problema convierte automáticamente en buenas todas las soluciones que se proponen.

Hace unos meses escribí en La Réplica una reflexión sobre este mismo asunto, Vivienda y seguridad jurídica: un pilar que no deberíamos debilitar.

Los acontecimientos actuales me llevan a volver sobre ella porque percibo un riesgo que aparece una y otra vez en este debate: presentar dos principios legítimos como si fueran incompatibles.

EL FALSO DILEMA

Seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

Y quizá ahí esté buena parte del problema.

¿Por qué tendríamos que elegir entre proteger al inquilino vulnerable y garantizar al propietario unas reglas claras y estables?

¿No debería una política pública seria intentar conseguir ambas cosas?

¿Puede llamarse política social a trasladar exclusivamente sobre determinados particulares una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad?

¿Y puede hablarse de seguridad jurídica ignorando que existen personas que sencillamente no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables?

Plantear el debate como una elección entre propietarios e inquilinos conduce a un callejón sin salida.

Ni todos los propietarios son grandes fondos de inversión.

Ni todos los inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ni todo propietario puede soportar indefinidamente el coste de una política social.

Ni toda persona vulnerable puede quedar abandonada a su suerte porque el mercado no le permita pagar una vivienda.

¿QUIÉN DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA?

La respuesta parece evidente: los poderes públicos, es decir, el conjunto de la sociedad.

Eso significa disponer de vivienda pública y social suficiente, ayudar directamente a quienes realmente lo necesitan, facilitar la construcción allí donde existe demanda, movilizar vivienda disponible y establecer unas reglas que permitan que quien alquila pueda hacerlo sin temor a quedar atrapado en una situación jurídicamente incierta.

Porque hay otra pregunta que deberíamos hacernos:

¿Qué ocurre cuando una medida destinada a proteger al inquilino termina haciendo que algunos propietarios retiren sus viviendas del mercado?

Si disminuye la oferta, ¿quién termina sufriendo las consecuencias?

Probablemente quien busca vivienda.

Por eso las buenas intenciones no bastan.

LAS PREGUNTAS QUE DEBERÍAMOS HACERNOS

¿Aumentará el número de viviendas disponibles o lo reducirá?

¿Protege realmente a quien más lo necesita?

¿Quién paga su coste?

¿Lo paga el conjunto de la sociedad o se descarga sobre un grupo determinado?

¿Qué efectos tendrá dentro de cinco o diez años?

¿Existe alguna experiencia que permita saber si funciona?

¿Estamos resolviendo el problema o simplemente trasladándolo?

Son preguntas incómodas, pero precisamente por eso son necesarias.

UNA PROTESTA LEGÍTIMA NO CONVIERTE EN BUENA CUALQUIER SOLUCIÓN

Las personas que hoy protestan tienen derecho a exigir respuestas. Y sería injusto descalificar su preocupación. El acceso a la vivienda se ha convertido para muchos ciudadanos en uno de los principales obstáculos para desarrollar un proyecto de vida.

Pero la gravedad del problema tampoco debería impedir examinar críticamente las soluciones que se proponen.

¿Basta con congelar precios?

¿Basta con prohibir determinados contratos?

¿Basta con señalar a los propietarios?

¿Basta con construir más?

Probablemente ninguna de esas respuestas, aislada, sea suficiente.

Y ahí aparece otro peligro: que una reivindicación legítima termine subordinada a organizaciones o intereses para los que el conflicto pueda resultar más útil que una solución duradera.

Por eso quizá el mejor servicio que puede hacerse a quienes hoy se manifiestan no sea pedirles que abandonen la protesta.

Es pedirles —y pedirnos todos— que no renunciemos a la razón precisamente cuando mayor es la indignación.

Que preguntemos.

Que exijamos números.

Que pidamos resultados.

Que desconfiemos de las consignas demasiado fáciles.

Y, sobre todo, que rechacemos el falso dilema que pretende obligarnos a escoger entre dos principios que deberían convivir.

SEGURIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN SOCIAL

Seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

El fracaso comienza precisamente cuando aceptamos que lo son.

Una política de vivienda sostenible debería ser capaz de proteger al vulnerable sin convertir al propietario particular en sustituto del Estado; garantizar reglas claras sin abandonar a quien no puede acceder al mercado; aumentar la oferta sin renunciar a impedir abusos.

¿Es difícil?

Sin duda.

Pero quizá debamos empezar precisamente por ahí:

Si un problema es complejo, ¿por qué habríamos de confiar en quien nos promete una solución simple?

CUANDO DESAPAREZCAN LAS TIENDAS DE CAMPAÑA

Las personas que hoy acampan y reclaman una vivienda digna merecen algo más que consignas y esperanzas momentáneas.

Merecen soluciones que funcionen también cuando las tiendas de campaña hayan desaparecido de la Puerta del Sol.

NADIE ES MÁS QUE NADIE — Una versión joven inspirada por Zoe, mi nieta

 

NADIE ES MÁS QUE NADIE

Una versión joven inspirada por Zoe, mi nieta

A veces una reflexión cambia cuando alguien la mira desde otra generación.

Hace unos días publiqué en La Réplica «NADIE ES MÁS QUE NADIE — Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia».

De aquella reflexión nació también una canción. Una canción pausada, con aire de himno, construida alrededor de cuatro palabras que para mí dicen mucho:

Igualdad. Libertad. Solidaridad. Reciprocidad.

Se la enseñé a mi nieta Zoe.

Le gustó la idea, pero me hizo una observación muy sencilla: era demasiado larga y, si quería que el mensaje llegara también a gente joven, quizá necesitaba otro ritmo, otra duración y otra manera de contarlo.

Tenía razón en algo importante: una misma idea puede necesitar lenguajes diferentes para llegar a personas diferentes.

Así nació esta segunda versión.

No cambia el mensaje. Cambia la manera de decirlo:

Nadie es más que nadie.
Nadie tiene toda la verdad.
Lo que quieras para ti,
quiérelo para los demás.

Y quizá ahí esté resumida buena parte de lo que quería expresar desde el principio.

Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos.

Podemos caminar por caminos diferentes sin negarnos unos a otros.

Podemos discrepar y encontrarnos.

🎵 NADIE ES MÁS QUE NADIE — VERSIÓN JOVEN

sta versión joven no sustituye a la anterior. La acompaña.

Quien quiera conocer la reflexión que dio origen a todo esto y escuchar también la primera versión de la canción puede hacerlo aquí:

👉 NADIE ES MÁS QUE NADIE — Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia
https://la-replica.blogspot.com/2026/09/nadie-es-mas-que-nadie.html

Dos maneras de contar una misma idea.

Y una pequeña lección que me ha recordado Zoe:

a veces, para que una idea llegue más lejos, no hay que cambiar la idea.
Hay que encontrar otra manera de contarla.

JAPA — La Réplica

 

Cuando la parte vuelve a convertirse en el todo

El caso de Ariana Harwicz y una de las falacias más peligrosas de nuestro tiempo

Estos días he estado en Granada mientras se desarrollaba una polémica que, al conocerla con más detalle, me ha resultado demasiado familiar.

La escritora argentina Ariana Harwicz había sido invitada al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh. Su participación fue posteriormente cancelada después de las protestas suscitadas por sus posiciones públicas sobre Israel, Gaza y, especialmente, su oposición al boicot cultural a artistas israelíes.

No pretendo aquí decidir si las opiniones de Harwicz son acertadas o equivocadas. Algunas pueden parecernos discutibles, rechazables o incluso profundamente equivocadas.

Precisamente ahí está la cuestión.

¿Qué hacemos con quien piensa algo que consideramos intolerable?

Porque detrás de este episodio aparece nuevamente una confusión que considero una de las más frecuentes y peligrosas de nuestro tiempo:

confundir la parte con el todo.

Una persona sostiene una determinada posición sobre Israel y esa posición termina definiendo a la persona entera.

Un escritor firma un manifiesto y el manifiesto acaba sustituyendo al escritor.

Alguien discrepa sobre Gaza, Ucrania, inmigración, feminismo, memoria histórica o cualquier otro asunto especialmente polarizado y dejamos de discutir lo que ha dicho para empezar a clasificar a quien lo ha dicho.

La discrepancia concreta se transforma en identidad.

Y entonces aparece el mecanismo:

si rechazo una de tus ideas, termino rechazándote a ti.

Ese salto lógico parece pequeño, pero tiene enormes consecuencias.

Podemos considerar equivocada una opinión de Ariana Harwicz y defender simultáneamente que pueda expresarla. Podemos cuestionarla, discutirla, confrontarla con hechos y argumentos e incluso rebatirla públicamente.

Eso es precisamente discrepar.

De hecho, quienes defendieron su exclusión han argumentado que el problema no era su identidad judía, sino determinadas declaraciones públicas sobre Israel, Palestina y Gaza. Ese argumento merece ser escuchado y discutido.

Pero tampoco resuelve la cuestión fundamental:

¿Una posición concreta, por muy equivocada que nos parezca, debe convertir a una persona en alguien con quien ya no se puede compartir un espacio de debate?

La Universidad de Granada terminó desmarcándose de la decisión y recordó algo elemental: una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y también a las posiciones discrepantes o controvertidas.

Me parece una buena definición de lo que debería ser una sociedad plural.

Porque la alternativa resulta inquietante: espacios culturales en los que todos podamos discrepar siempre que nuestra discrepancia permanezca dentro de unos límites previamente aceptados por quienes participan en ellos.

Eso no es pluralismo.

Es pluralismo entre quienes ya están suficientemente de acuerdo.

Cambiemos a los protagonistas: ¿mantenemos el mismo criterio?

Hay una manera muy sencilla de comprobar si estamos defendiendo realmente un principio.

Cambiemos a los protagonistas.

Imaginemos que mañana una universidad, un festival o una institución cultural dominada por personas de ideas completamente diferentes decide excluir a un escritor porque sus opiniones sobre Palestina, inmigración, feminismo, religión o memoria histórica les parecen moralmente inadmisibles.

¿Defenderíamos entonces la exclusión con los mismos argumentos?

¿O nuestra respuesta sería diferente?

La pregunta importa porque un principio solo es realmente un principio cuando estamos dispuestos a aplicarlo también a quien piensa de manera muy distinta a nosotros.

Si la respuesta cambia cuando cambian los protagonistas, quizá no defendemos un principio, sino solo a los nuestros.

Y volvemos así a una idea que atraviesa muchas de las reflexiones que he publicado en La Réplica:

los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

No se trata de estar de acuerdo con Ariana Harwicz.

Se trata de algo bastante más importante.

De conservar la capacidad de distinguir entre una persona y una de sus opiniones; entre una obra y una declaración; entre discutir una idea y expulsar del debate a quien la sostiene.

La parte no es el todo.

Nunca debería serlo.

Y quizá precisamente porque olvidamos algo tan elemental, esta sea una de las falacias más utilizadas —y más peligrosas— de nuestro tiempo.

La discrepancia es normal.
Convertir al discrepante en aquello que discrepamos de él es otra cosa.

La Réplica

 

LA PRUEBA DEL CAMBIO DE PROTAGONISTA

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan

Entre el relato y las creencias, los hechos

Esta reflexión tiene un desencadenante inmediato.

Un vídeo sobre China, Estados Unidos y la geopolítica del petróleo terminaba cuestionando la facilidad con la que hablamos de los Estados como si fueran personas: «China gana», «Estados Unidos pierde», «nosotros» frente a «ellos».

No era exactamente el asunto sobre el que llevaba tiempo reflexionando, pero hizo confluir varias ideas que ya habían aparecido en La Réplica: no confundir la parte con el todo, no subordinar los hechos al relato y recordar que los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y de ahí surge una pregunta muy sencilla:

¿Juzgaríamos de la misma manera un hecho si lo hubiera cometido el bando contrario?

Parece una pregunta elemental. Pero quizá sea una de las mejores herramientas para comprobar si estamos juzgando los hechos de acuerdo con nuestros principios o acomodando los principios al relato al que pertenecemos.

Probemos.

Si considero intolerable encarcelar a una mujer por desafiar las normas religiosas de un régimen, ¿seguiría pareciéndome intolerable aunque ese régimen sea enemigo de un país cuya política rechazo?

Si condeno la muerte de civiles cuando bombardea el adversario, ¿mantengo el mismo criterio cuando bombardean los míos?

Si considero inadmisible la censura cuando la practica un Gobierno que detesto, ¿la justifico cuando pretende proteger una causa que comparto?

Si denuncio una invasión cuando la realiza una potencia adversaria, ¿busco atenuantes cuando quien invade pertenece a mi espacio político o geoestratégico?

No se trata de afirmar que todas las situaciones sean iguales. Casi nunca lo son. El contexto importa, las responsabilidades pueden ser diferentes y los antecedentes también.

Pero el contexto debe ayudarnos a comprender los hechos, no a hacerlos desaparecer.

CUANDO EL RELATO MANDA SOBRE LOS HECHOS

Aquí aparece una inversión que merece atención.

Lo razonable sería:

HECHOS → ANÁLISIS → CONCLUSIÓN

Pero con demasiada frecuencia hacemos lo contrario:

RELATO → SELECCIÓN DE HECHOS → JUSTIFICACIÓN

Primero sabemos quiénes son «los nuestros» y quiénes «los otros». Después interpretamos lo ocurrido.

Y entonces un mismo hecho puede cambiar de nombre según quién lo cometa.

Lo que en el adversario es represión puede convertirse en «defensa de la estabilidad» entre los nuestros.

Lo que en unos es agresión puede presentarse en otros como «necesidad geoestratégica».

Las víctimas que sirven para denunciar al contrario ocupan titulares; las que incomodan a nuestro relato pasan rápidamente a segundo plano.

Los hechos siguen siendo los mismos.

Lo que ha cambiado es el protagonista.

IRÁN Y LAS MUJERES: UN EJEMPLO INCÓMODO

La represión ejercida por el régimen iraní contra mujeres, manifestantes y disidentes está ampliamente documentada.

Las protestas desencadenadas en 2022 tras la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini fueron reprimidas violentamente. Naciones Unidas recogió informaciones fiables sobre el uso intencionado y desproporcionado de fuerza letal y más de 550 manifestantes muertos, incluidos menores.

Posteriormente, organismos de Naciones Unidas han seguido documentando medidas represivas contra mujeres y niñas y contra activistas del movimiento «Mujer, Vida, Libertad».

Podemos analizar al mismo tiempo la política estadounidense hacia Irán, las acciones de Israel, las sanciones, Palestina, el petróleo o el equilibrio de poder en Oriente Próximo.

Debemos hacerlo.

Pero ninguna consideración geopolítica convierte la represión de una mujer iraní en menos represión.

Aquí puede producirse una doble perversión.

Quien sitúa al régimen iraní dentro del campo de «los enemigos de mis enemigos» puede relativizar sus abusos porque denunciarlos parece favorecer al adversario.

Y quien considera a Irán simplemente parte del «eje enemigo» puede utilizar el sufrimiento de esas mismas mujeres como munición contra el contrario y olvidarse de ellas cuando dejan de ser útiles.

En los dos casos sucede lo mismo:

la persona queda subordinada al relato.

CAMBIEMOS LOS NOMBRES

Esta es la prueba que propongo.

Ante una noticia que confirme nuestras convicciones, hagamos mentalmente un pequeño experimento:

cambiemos los nombres de los protagonistas.

Donde pone el partido que detesto, pongamos el que voto.

Donde pone el país adversario, pongamos el aliado.

Donde pone Israel, pongamos Palestina; donde pone Palestina, Israel.

Donde pone Rusia, pongamos Estados Unidos.

Y después volvamos a preguntarnos qué pensamos del hecho.

Naturalmente, intercambiar nombres no convierte situaciones históricas diferentes en equivalentes.

No se trata de fabricar falsas equidistancias.

Se trata de poner a prueba nuestro propio criterio.

Si nuestra valoración moral cambia automáticamente al cambiar el nombre, tenemos un problema.

Quizá no estuviéramos defendiendo un principio.

Estábamos defendiendo a los nuestros.

LOS PRINCIPIOS TIENEN UNA PRUEBA DE RESISTENCIA

Por eso aquella frase que he utilizado otras veces adquiere aquí todo su significado:

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Defender la libertad de expresión de quien piensa como nosotros es fácil.

Denunciar la corrupción del adversario es fácil.

Indignarse ante las víctimas producidas por el enemigo es fácil.

La dificultad comienza cuando la libertad que debemos defender es la de quien nos irrita; cuando la corrupción aparece entre los nuestros; cuando la víctima cuestiona nuestra explicación del mundo.

Ahí descubrimos cuánto pesaba realmente el principio.

Porque un principio que sólo aplicamos al adversario no es un principio.

Es un arma.

EL PROBLEMA NO ES EL «NOSOTROS»

Necesitamos un «nosotros»: familia, amigos, comunidad, país, ideas compartidas. La pertenencia puede generar solidaridad, cooperación y responsabilidad hacia los demás.

El problema empieza cuando para afirmar ese nosotros necesitamos fabricar un ellos.

Y se vuelve mucho más peligroso cuando, una vez construido ese «ellos», dejamos de aplicar a unos y otros el mismo criterio.

Entonces ya no acomodamos nuestros relatos a los hechos.

Acomodamos los hechos a nuestros relatos.

Por eso quizá necesitemos hacernos más veces una pregunta extraordinariamente sencilla:

¿PENSARÍA LO MISMO SI LO HUBIERAN HECHO LOS OTROS?

Si la respuesta es no, merece la pena detenerse.

Porque los principios no deberían cambiar cuando cambiamos el nombre del protagonista.

Y porque cuando subordinamos los hechos al relato, tarde o temprano terminamos subordinando también a las personas.

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A partir de: un vídeo de Liberalístico sobre China, Estados Unidos, el petróleo y el llamado «dilema de Malaca». Su reflexión final sobre los relatos geopolíticos fue el desencadenante inmediato para volver sobre ideas que ya había tratado anteriormente en La Réplica.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jhnVLUR3nOU&t=158s

 

Antes de los bandos: Lorca, La Barraca y la España que también convivía

La película La bola negra, de Los Javis, devuelve a la actualidad a Federico García Lorca y a Rafael Rodríguez Rapún. Pero, al acercarnos a sus vidas, aparece también otra España que merece ser recordada: una sociedad profundamente enfrentada, sí, pero todavía no dividida en dos compartimentos humanos impermeables.

Hay relatos que, de tanto repetirse, terminan simplificando la historia.

Uno de ellos consiste en contemplar la España anterior a la Guerra Civil desde lo que sabemos que ocurrió después: dos bandos perfectamente delimitados, dos Españas que parecieran haber vivido siempre separadas y enfrentadas.

Pero la realidad fue bastante más compleja.

La bola negra y Rafael Rodríguez Rapún

La reciente película La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha vuelto a poner el foco sobre una figura mucho menos conocida que Lorca: Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca, militante socialista y uno de los grandes afectos amorosos del poeta.

Los propios directores han explicado que llegaron a Rapún a través de La piedra oscura, de Alberto Conejero, y que su historia les llevó a investigar el epistolario y la biografía de Lorca.

Pero siguiendo ese hilo aparece algo que va más allá de una historia de amor.

Aparece La Barraca.

Un pequeño microcosmos de aquella España

La Barraca fue el teatro universitario impulsado durante la Segunda República y dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Desde 1932 recorrió pueblos españoles representando gratuitamente a Calderón, Lope de Vega, Cervantes y otros clásicos.

Podría resultar fácil imaginarla retrospectivamente como un grupo políticamente homogéneo de jóvenes republicanos y de izquierdas.

No fue exactamente así.

Entre aquellos estudiantes hubo socialistas y personas de otras sensibilidades políticas. Y hubo también quienes terminarían vinculados a Falange.

Un caso especialmente revelador es Eduardo Ródenas Llusiá.

Ródenas había pertenecido a La Barraca y posteriormente escribió en Haz, órgano de Falange Española. Y desde allí defendió precisamente el proyecto cultural de Lorca frente a quienes desde la derecha pretendían desacreditarlo.

La paradoja es extraordinaria: un falangista defendiendo públicamente La Barraca de Federico García Lorca frente a sectores conservadores que la consideraban propaganda republicana.

También encontramos a Modesto Higueras, discípulo de Lorca en La Barraca, cuya trayectoria posterior quedaría vinculada al teatro universitario del régimen franquista y a Falange.

Nada de esto convierte a La Barraca en un espacio apolítico ni borra las profundas diferencias ideológicas existentes.

Pero obliga a introducir matices.

Lorca tampoco quería reducir La Barraca a una trinchera

El propio Lorca rechazó que el proyecto pudiera reducirse a una operación política.

En 1932, cuando ya existían acusaciones en ese sentido, declaró que al Teatro Universitario se le pretendía atribuir un matiz político que él negaba: para Lorca aquello era, ante todo, teatro.

Naturalmente, La Barraca formaba parte de una política cultural de la Segunda República y pretendía llevar la cultura a lugares donde difícilmente llegaba.

Pero una cosa es reconocer su contexto político y otra convertir retrospectivamente a todos sus integrantes en miembros de un mismo bloque ideológico.

No lo eran.

¿Y Lorca y José Antonio Primo de Rivera?

Aquí debemos ser especialmente prudentes.

Existen testimonios según los cuales Lorca y José Antonio se conocieron y tuvieron contactos personales. También está documentada la admiración de José Antonio por la obra del poeta.

Otra cosa muy distinta es afirmar, como algunas veces se hace, que existió entre ellos una amistad íntima y clandestina.

Hay testimonios posteriores que lo sostienen, pero no disponemos de cartas, fotografías u otra documentación contemporánea suficiente para establecerlo como un hecho indiscutible.

Y precisamente esta distinción importa.

Una cosa es el hecho documentado; otra, el testimonio; y otra, la interpretación que posteriormente construimos sobre ambos.

La guerra proyecta su sombra hacia atrás

Quizá ahí esté la cuestión fundamental.

Sabemos cómo terminó la historia.

Lorca fue asesinado en 1936.

Rafael Rodríguez Rapún murió combatiendo en el Ejército republicano en 1937.

Eduardo Ródenas, el barraco falangista que había defendido aquel proyecto cultural, fue también asesinado al comienzo de la Guerra Civil.

Cuando conocemos el desenlace resulta muy difícil no proyectarlo hacia atrás.

Terminamos imaginando que las fronteras que la guerra convirtió en abismos habían existido siempre.

Pero no era exactamente así.

Había enfrentamiento político, violencia, sectarismo y una polarización creciente. Sería absurdo negarlo.

Pero también había espacios compartidos.

Personas que pensaban de manera radicalmente distinta estudiaban juntas, trabajaban juntas, discutían, hacían teatro, escribían, se enamoraban o mantenían amistad.

La Barraca fue uno de esos lugares.

Antes de los bandos

Quizá por eso recuperar estas historias tenga hoy algún valor.

No para blanquear lo que ocurrió después.

No para establecer falsas equidistancias.

Y tampoco para fabricar un nuevo relato tranquilizador según el cual aquella España convivía armoniosamente hasta que, de repente, alguien decidió romperla.

La historia tampoco fue así.

Se trata de algo bastante más sencillo:

recordar que ninguna sociedad está formada únicamente por bloques.

Entre las etiquetas existen personas.

Y antes de que una guerra convierta al vecino en enemigo, hubo muchas ocasiones en las que ese vecino fue compañero, amigo, colega o simplemente alguien con quien era posible compartir un proyecto.

Los Javis han dicho estos días, hablando de La bola negra, algo que trasciende la película: cuando desaparece la posibilidad de dialogar con quien piensa diferente, el resultado puede terminar siendo la violencia y la tragedia.

Noventa años después, quizá La Barraca conserve una enseñanza que no estaba escrita en ninguno de sus libretos.

Rafael Rodríguez Rapún, Federico García Lorca, Eduardo Ródenas y los demás barracos no pensaban igual.

Durante algún tiempo, sin embargo, fueron capaces de levantar juntos un escenario.

Y eso también forma parte de nuestra historia.

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

 

La inteligencia artificial: ¿de quién será el nuevo capital?

Branko Milanović, uno de los economistas que más ha estudiado la desigualdad mundial, ha lanzado una propuesta destinada a provocar debate: si fuera necesario, habría que nacionalizar la inteligencia artificial.

La frase impresiona. Pero quizá lo más interesante no sea la nacionalización, sino la pregunta que hay detrás:

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

La IA también es capital

Milanović parte de una idea sencilla: la inteligencia artificial es una nueva forma de capital.

No tiene necesariamente la apariencia de una fábrica, una máquina o una explotación minera. Está formada por algoritmos, modelos, datos, chips, centros de procesamiento, energía y conocimiento. Pero requiere enormes inversiones y puede multiplicar extraordinariamente la productividad.

Y, como cualquier capital, tiene propietarios.

Ahí aparece el problema.

Si la IA permite producir más con menos trabajo humano y la propiedad de esa tecnología se concentra en pocas empresas, una parte creciente de la riqueza podría desplazarse desde quienes aportan su trabajo hacia quienes poseen ese capital.

No es una certeza. Nadie sabe todavía cuál será el efecto final de la IA sobre el empleo y los salarios. También puede crear nuevas profesiones, aumentar la productividad de millones de trabajadores y democratizar capacidades que antes estaban reservadas a grandes organizaciones.

Pero el riesgo señalado por Milanović es real: una revolución tecnológica capaz de aumentar enormemente la riqueza también puede aumentar enormemente su concentración.

¿Nacionalizar qué?

Aquí empiezan mis dudas sobre su propuesta.

Decir «nacionalicemos la inteligencia artificial» resulta mucho más sencillo que explicar qué significa.

¿Nacionalizamos las empresas que desarrollan los grandes modelos? ¿Los propios modelos? ¿Los centros de datos? ¿La capacidad de computación? ¿Los chips? ¿Los datos?

La IA no es una fábrica situada dentro de las fronteras de un país. Es una infraestructura tecnológica internacional extraordinariamente compleja.

Por eso creo que la expresión nacionalizar la inteligencia artificial tiene más fuerza como advertencia que como programa político concreto.

Pero Milanović plantea una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Todo el poder para las empresas?

Si dentro de unos años la inteligencia artificial resulta tan fundamental para una sociedad como hoy lo son la electricidad, las telecomunicaciones o Internet, cabe preguntarse si podemos permitir que su infraestructura esencial quede concentrada exclusivamente en unas pocas corporaciones.

Porque quien controle una tecnología capaz de intervenir en la producción, la información, la educación, la investigación científica, la administración o la defensa no tendrá solamente poder económico.

Tendrá poder social y político.

Y una democracia tiene razones legítimas para impedir una concentración semejante.

Eso puede exigir regulación, defensa de la competencia, fiscalidad, modelos abiertos, investigación pública y posiblemente infraestructuras públicas de inteligencia artificial.

Pero entonces aparece la pregunta contraria.

¿Todo el poder para el Estado?

Que desconfiemos de una concentración excesiva del poder privado no significa que debamos confiar automáticamente en la concentración del poder público.

Una inteligencia artificial controlada exclusivamente por un Estado también podría convertirse en una formidable herramienta de vigilancia, manipulación o control social.

Especialmente en un régimen autoritario.

Por eso quizá estemos formulando mal la alternativa.

No debería ser:

IA privada o IA estatal.

El verdadero desafío debería ser:

cómo impedir que una tecnología con semejante capacidad quede monopolizada por nadie.

Ni por cinco grandes corporaciones.

Ni por un Gobierno.

Democratizar el nuevo capital

En este punto encuentro especialmente interesante otra de las propuestas de Milanović, menos llamativa que la nacionalización pero posiblemente más importante: ampliar el acceso a ese nuevo capital.

Que universidades, administraciones, pequeñas empresas, investigadores, trabajadores y ciudadanos puedan utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial evita que todas sus ventajas queden reservadas a quienes disponen de miles de millones para desarrollarlas.

Quizá ahí esté una parte de la respuesta.

Competencia real. Regulación democrática. Investigación pública. Modelos abiertos cuando sea posible. Acceso amplio a la tecnología. Fiscalidad sobre las nuevas rentas del capital. Protección para quienes resulten perjudicados por la transformación laboral.

Y límites claros al poder, sea privado o público.

Entre el miedo y la fascinación

Con la inteligencia artificial estamos cayendo con frecuencia en dos relatos opuestos.

Uno anuncia una especie de paraíso tecnológico en el que la IA resolverá nuestros problemas.

El otro anuncia desempleo masivo, desigualdad extrema e incluso la desaparición de la humanidad.

Probablemente todavía no tengamos datos suficientes para afirmar ninguno de los dos futuros.

Y precisamente por eso conviene empezar a formular las preguntas ahora.

Milanović ha planteado una incómoda y necesaria.

Pero yo la formularía de otra manera:

Si la inteligencia artificial se convierte en uno de los principales capitales del siglo XXI, ¿quién será su propietario, quién decidirá cómo se utiliza y quién recibirá la riqueza que produzca?

Porque la tecnología por sí sola no decidirá si genera mayor igualdad o mayor desigualdad.

Eso dependerá también de las instituciones que construyamos alrededor de ella.

Y quizá el problema fundamental no sea decidir quién debe quedarse con todo ese poder, sino conseguir que nadie pueda quedarse con todo él.

NADIE ES MÁS QUE NADIE

 

NADIE ES MÁS QUE NADIE

Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia

🎵 ESTE ARTÍCULO TIENE BANDA SONORA

«Nadie es más que nadie»
Una canción por la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad y el derecho a pensar diferente.

▶ ESCUCHAR LA CANCIÓN

Hay una enfermedad de la política que no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No necesita uniforme, bandera ni ideología determinada. Puede aparecer en un gobierno, en un partido, en una institución y también entre quienes se consideran sus adversarios.

Empieza con una convicción aparentemente inocente: nosotros tenemos razón.

El problema comienza cuando esa frase se transforma en otra mucho más peligrosa: como tenemos razón, somos mejores.

Y culmina cuando aparece una tercera: como somos mejores, tenemos más legitimidad que los otros para decidir cuáles son las reglas y hasta dónde pueden llegar.

Ahí comienza la hybris.

Cuando el adversario deja de ser legítimo

La democracia no consiste en que gobiernen los buenos y sean derrotados los malos. Consiste precisamente en algo mucho más difícil: aceptar que personas libres e iguales pueden defender proyectos políticos incompatibles y que ninguno de ellos adquiere por ello una dignidad superior.

Mi vecino puede votar exactamente lo contrario que yo.

Mi compañero de trabajo puede sostener ideas que considero profundamente equivocadas.

Incluso puedo pensar que algunas de sus opiniones son injustas, reaccionarias, ingenuas o disparatadas.

Pero sigue siendo mi vecino. Sigue siendo mi compañero. Sigue siendo un ciudadano con los mismos derechos que yo.

El deterioro comienza cuando dejamos de discutir sus argumentos y empezamos a cuestionar su legitimidad.

Entonces aparecen las palabras que conocemos demasiado bien: traidores, fascistas, comunistas, enemigos de España, enemigos del pueblo, antipatriotas, reaccionarios, vendidos...

Ya no necesitamos convencer al otro.

Basta con descalificarlo.

Y una democracia en la que media sociedad considera moralmente ilegítima a la otra media puede conservar elecciones, parlamentos y gobiernos, pero habrá empezado a perder algo previo y fundamental: la amistad civil que permite convivir después de votar.

El poder no convierte a nadie en propietario de la democracia

Hay otro escalón todavía más peligroso.

Quien identifica su proyecto con la democracia termina considerando cualquier obstáculo a su proyecto como un obstáculo a la propia democracia.

Los contrapesos dejan entonces de ser garantías y empiezan a parecer estorbos. La crítica se convierte en conspiración. La discrepancia interna, en deslealtad. Los jueces, organismos reguladores, medios de comunicación o instituciones solo parecen respetables cuando coinciden con nosotros.

Y aquí conviene establecer una regla extremadamente sencilla:

Las instituciones que hoy limitan al adversario serán las mismas que mañana tendrán que limitarnos a nosotros.

Por eso las reglas democráticas tienen verdadero valor cuando aceptamos aplicarlas también cuando nos perjudican.

Los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

Nadie es imprescindible

El gobernante democrático no es propietario del cargo. Lo ocupa temporalmente.

El partido tampoco es propiedad de su dirigente.

Ni el Estado pertenece al Gobierno.

Ni la democracia pertenece a quienes han ganado las últimas elecciones.

Esta distinción elemental empieza a desaparecer cuando surge el liderazgo providencial: sin nosotros vendrá el desastre; sin mí ganarán los enemigos; mi permanencia resulta indispensable para proteger aquello que represento.

No.

En democracia nadie es imprescindible.

Quien hoy gobierna mañana puede perder.

Y eso no constituye una anomalía del sistema.

Eso es el sistema.

Las mismas reglas y la misma posibilidad de ganar

Hay una prueba muy sencilla para saber hasta qué punto creemos realmente en la democracia.

Imaginemos que mañana gobiernan nuestros adversarios.

¿Aceptaríamos que utilizaran contra nosotros las mismas facultades institucionales, interpretaciones de las leyes, mecanismos de presión y excepciones que hoy justificamos porque gobiernan los nuestros?

Si la respuesta es no, tenemos un problema.

Una democracia digna de ese nombre necesita las mismas reglas de juego y una posibilidad real de ganar y de perder para todos.

No puedo reclamar una regla cuando me beneficia y denunciarla como intolerable cuando beneficia al contrario.

Eso no es defender principios.

Es defender intereses.

La superioridad moral es una trampa

Naturalmente existen conductas mejores y peores, ideas más razonables que otras y hechos verdaderos y falsos. Defender que nadie es superior no significa caer en el relativismo ni afirmar que todas las opiniones valen lo mismo.

Significa algo distinto y mucho más importante:

ninguna certeza política convierte a quien la posee en un ciudadano superior.

Podemos combatir ideas sin deshumanizar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar una mentira sin convertir al mentiroso en un ser sin derechos.

Podemos enfrentarnos políticamente con toda la dureza necesaria y, al terminar, reconocernos como ciudadanos iguales.

Eso es la concordia.

No consiste en estar de acuerdo.

Consiste en aprender a convivir estando en desacuerdo.

Nadie es más que nadie

Por eso igualdad, libertad, solidaridad y reciprocidad no deberían ser palabras decorativas.

La igualdad dice que mi voto y mi dignidad no valen más que los tuyos.

La libertad permite que tú pienses justamente aquello que yo combatiré con mis argumentos.

La solidaridad recuerda que seguimos formando parte de una comunidad incluso cuando discrepamos.

Y la reciprocidad establece una regla elemental: no reclames para los tuyos aquello que no aceptarías para los otros.

Frente al relato, los hechos.

Frente a la obediencia, el pensamiento crítico.

Frente a la trinchera, la convivencia.

Frente al dirigente imprescindible, instituciones fuertes.

Frente al «nosotros contra ellos», ciudadanos diferentes sometidos a las mismas reglas.

Y frente a cualquier izquierda, derecha, nacionalismo, populismo, élite o mayoría que alguna vez llegue a convencerse de que su supuesta superioridad le concede derechos que niega a los demás, una respuesta tan sencilla que hemos querido convertirla en canción:

Nadie es más que nadie.

Porque creerse superior no demuestra superioridad.

Demuestra que hemos empezado a olvidar la primera regla de una sociedad de ciudadanos libres:

nadie está por encima de nadie.

---

🎵 Nadie es más que nadie

Esta canción nace de esa convicción. No pretende decirnos qué debemos votar. Pretende recordar algo que deberíamos poder cantar juntos votemos a quien votemos.

Iguales y libres, caminemos.
Que pensar distinto no nos haga odiar.

Letra y concepto: José Antonio Parro Agudo
Música e interpretación generadas con Suno AI.

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

 

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado:

«Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente».

No es una frase menor. Precisamente por la autoridad jurídica de quien la pronuncia, merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio significa también exigir pruebas a la altura de la acusación.

Una cosa es sostener que determinadas actuaciones judiciales son equivocadas, desproporcionadas, ideológicamente sesgadas o incluso contrarias a Derecho. Todo ello puede discutirse, argumentarse y recurrirse.

Otra muy distinta es afirmar que existe un «golpe de Estado judicial permanente».

Porque las palabras importan.

Cuando el «golpe de Estado» lo denunciaban otros

Hay aquí un antecedente que resulta especialmente significativo.

Durante el procés catalán, cuando desde distintos sectores se calificaron aquellos acontecimientos como un «golpe de Estado», Martín Pallín rechazó esa caracterización.

En 2018 publicó incluso un artículo titulado La técnica del golpe de Estado, en el que terminaba advirtiendo contra «la falacia del Golpe de Estado» aplicada a Cataluña.

Y en 2019, en ¿Golpe de Estado o golpe de efecto?, volvía a cuestionar la utilización de expresiones contundentes que podían sustituir el análisis jurídico riguroso de los hechos.

Me parecía entonces un criterio razonable.

Precisamente por eso me sorprende el criterio de ahora.

¿Qué ha cambiado?

Si llamar «golpe de Estado» al procés exigía rigor conceptual, hechos y categorías jurídicas precisas, ¿por qué no debemos exigir exactamente lo mismo cuando se habla de un «golpe de Estado judicial permanente»?

La pregunta es inevitable:

¿Qué hechos permiten sostener una acusación de semejante gravedad?

Si existen, expónganse.

Si existen indicios, analicémoslos.

Si determinadas resoluciones son jurídicamente insostenibles, critiquémoslas.

Pero la existencia de decisiones judiciales que consideramos equivocadas o políticamente sesgadas no demuestra por sí misma la existencia de un golpe de Estado.

Y menos aún de uno «permanente».

¿Hipocresía? Prefiero hablar de doble rasero

Podría calificarse esta contradicción de hipocresía. Pero hacerlo supondría atribuir una intención que no puedo demostrar.

Prefiero algo más sencillo: señalar la incoherencia y preguntar si estamos utilizando un doble rasero.

Porque resulta difícil defender simultáneamente estas dos posiciones:

Cuando son otros quienes hablan de «golpe de Estado», debemos desconfiar de las expresiones rotundas y atenernos rigurosamente a los hechos.

Cuando la expresión coincide con nuestra interpretación política, podemos hablar de «golpe de Estado judicial permanente».

No debería funcionar así.

La libertad de expresión no elimina la responsabilidad

Por supuesto, Martín Pallín tiene derecho a expresar su opinión. Como cualquiera.

Pero cuanto mayor es la gravedad de una afirmación y mayor la autoridad pública de quien la formula, mayor debería ser también la responsabilidad al fundamentarla.

Me viene a la cabeza la vieja imagen de gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado. No porque ambas situaciones sean jurídicamente equivalentes —evidentemente no lo son—, sino porque ilustra una idea elemental: las palabras tienen consecuencias.

«Golpe de Estado» no puede convertirse simplemente en otra expresión de agitación política.

Si banalizamos las palabras, terminamos vaciándolas de significado.

El mismo criterio, también cuando nos incomoda

No pretendo demostrar que Martín Pallín esté equivocado.

Le planteo algo mucho más sencillo:

demuestre una afirmación de semejante gravedad con hechos de semejante contundencia.

Y apliquemos después exactamente el mismo criterio a Cataluña, al Gobierno, a la oposición, a los jueces y a cualquier otro poder del Estado.

Porque si exigimos rigor cuando habla el adversario, pero aceptamos la exageración cuando habla alguien próximo a nuestras convicciones, ya no estamos buscando la verdad.

Estamos construyendo relatos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y entre el relato y las creencias, los hechos.