Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan

La lectura de un reciente artículo de Jesús Maraña, "De jueces y policías en la extraña dictadura sanchista" en infoLibre, centrado en la doble vara de medir en la política y la justicia, me llevó a reflexionar sobre una cuestión que considero fundamental para cualquier democracia. Más allá de que se compartan o no sus conclusiones sobre determinados procesos judiciales, su planteamiento me hizo recordar una de las reflexiones más conocidas de Rosa Luxemburgo:

"La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa de manera diferente."

Aquella frase iba mucho más allá de la libertad de expresión. Encerraba una enseñanza democrática esencial: los principios sólo adquieren verdadero valor cuando se aplican a quienes no pertenecen a nuestra tribu.

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de jueces, policías, periodistas, medios de comunicación, filtraciones, campañas de desprestigio y supuestas conspiraciones. Cada bando parece convencido de que los abusos están siempre en el campo contrario y de que las víctimas son siempre los suyos.

Sin embargo, la cuestión verdaderamente importante no es quién formula la denuncia, sino si aplicamos los mismos principios a todos.

Se afirma con frecuencia que hay que respetar la independencia judicial. Estoy de acuerdo. Pero respetar la independencia judicial no significa considerar infalibles a los jueces ni impedir la crítica razonada de sus resoluciones. En una democracia, los autos judiciales pueden y deben ser debatidos públicamente.

Ahora bien, tampoco la crítica puede convertirse en una descalificación automática cada vez que una investigación afecta a quienes consideramos cercanos. La independencia judicial no se demuestra cuando el juez investiga a nuestros adversarios, sino cuando aceptamos que pueda investigar también a nuestros aliados.

Lo mismo ocurre con la presunción de inocencia. Defenderla cuando el acusado pertenece a nuestro espacio ideológico es sencillo. La verdadera prueba aparece cuando el investigado es alguien a quien rechazamos políticamente. Si la presunción de inocencia sólo vale para los nuestros, deja de ser un principio para convertirse en un privilegio.

Algo parecido sucede con la libertad de expresión, el pluralismo informativo o la crítica al poder. En estos días hemos conocido informaciones sobre intentos de influir en periodistas y medios de comunicación. Si tales prácticas existieron, deben ser investigadas y denunciadas. Pero la misma exigencia debería aplicarse siempre, independientemente del color político de quienes las protagonizan.

La libertad para quien piensa como nosotros apenas necesita defensa. La justicia para nuestros amigos suele parecernos evidente. La imparcialidad hacia quienes comparten nuestras ideas apenas supone sacrificio alguno. La dificultad aparece cuando debemos aplicar esos mismos principios a quienes nos incomodan.

Quizá por eso una de las formas más sencillas de detectar la hipocresía política sea observar cuándo cambian nuestros criterios según quién sea el acusado, el investigado, el periodista, el juez o el gobernante. Cuando exigimos garantías para los nuestros y sospechas para los otros; cuando reclamamos prudencia en unos casos y condenas inmediatas en otros; cuando defendemos los contrapoderes sólo mientras actúan contra nuestros adversarios.

En realidad, la prueba de una convicción democrática no está en cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino en cómo tratamos a quienes discrepan de nosotros.

Por eso me atrevo a formular una reflexión que va más allá de cualquier caso concreto:

La prueba de un principio no es cómo lo aplicamos a nuestros adversarios, sino cómo lo aplicamos a nuestros aliados.

Cuando renunciamos a esa coherencia, los principios dejan de guiarnos y pasan a ser simples herramientas de combate político. Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita un poco más, aunque sigamos pronunciando las palabras correctas.

Porque el espíritu de la reflexión de Rosa Luxemburgo sigue plenamente vigente. Los principios democráticos no se miden por cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino por cómo tratamos a quienes discrepan de nosotros.

Los principios se ponen a prueba cuando nos incomodan.

Ahí es donde se distingue la defensa de los principios de la simple defensa de la propia tribu.

¿CUANDO LOS HECHOS CONTRADICEN EL RELATO?

 

Existe una paradoja humana tan antigua como la propia historia: las evidencias no siempre convencen. Cuando aparecen hechos verificables que contradicen nuestras creencias, algunas personas revisan sus opiniones y tratan de comprender mejor la realidad. Otras, sin embargo, reaccionan de manera opuesta: cuanto más incómodos son los hechos, más se aferran a sus convicciones previas.

Los relatos son inevitables; los necesitamos para interpretar el mundo. Nadie observa la realidad desnuda de ideas, valores o experiencias. El problema comienza cuando dejamos de contrastar nuestros relatos con los hechos y delegamos nuestro juicio en quienes dicen pensar por nosotros. En ese momento, el relato deja de ser una herramienta para comprender la realidad y comienza a convertirse en una barrera que nos impide verla.

Los relatos son inevitables; el problema comienza cuando dejamos de contrastarlos con los hechos.

En esos casos, el problema ya no es la falta de información. El problema es la necesidad de proteger una identidad, una pertenencia o una visión del mundo. La realidad deja de ser el criterio de verdad y pasa a serlo el relato. Y detrás de cada relato suelen aparecer figuras de autoridad —intelectuales, líderes políticos, activistas, comunicadores o referentes ideológicos— que desempeñan una función parecida a la de los antiguos sacerdotes: interpretar la realidad para sus seguidores y determinar qué hechos deben aceptarse, minimizarse o ignorarse.

Cuando esto ocurre, el desacuerdo deja de ser una oportunidad para aprender y se convierte en una amenaza. El adversario ya no es alguien que puede aportar información relevante o una perspectiva distinta, sino alguien que pone en peligro una creencia que forma parte de nuestra identidad. Así, el prejuicio sustituye al juicio, y el dogma reemplaza a la reflexión.

El prejuicio sustituye al juicio cuando una creencia se vuelve intocable.

El pensamiento crítico comienza precisamente en el punto contrario. No consiste en tener razón, sino en estar dispuesto a corregirse. No consiste en defender un relato, sino en confrontarlo continuamente con los hechos. Porque la verdad no depende de nuestras preferencias, y cuando los hechos contradicen nuestras creencias, lo razonable no es negar los hechos, sino revisar las creencias.

El pensamiento crítico no consiste en tener razón, sino en estar dispuesto a corregirse.

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Pregunta socrática

Si ninguna evidencia puede hacerte revisar una creencia, ¿estás defendiendo una idea o profesando una fe?

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La verdad no depende de nuestras preferencias. Cuando los hechos contradicen nuestras creencias, podemos revisar los hechos o revisar nuestras creencias. El pensamiento crítico empieza cuando elegimos la segunda opción.

¿IDEAS O DOGMAS?

  

        No hay nada más cómodo que un relato que parece explicarlo todo. El problema aparece cuando dejamos de contrastarlo con los hechos y terminamos confundiendo la fidelidad a una creencia con la búsqueda de la verdad. Entonces el sesgo se convierte en prejuicio, el prejuicio en dogma y el dogma en incapacidad para comprender al que piensa diferente. Da igual que se trate del antisemitismo, del sionismo religioso extremista o de cualquier otra ideología: cuando una idea pretende explicarlo todo, suele dejar de ayudarnos a entender la realidad y empieza a impedirnos verla.

Si ningún hecho puede hacerte revisar una creencia, ¿estás defendiendo una idea o profesando una fe?

 

 

Cuando los árbitros de la democracia, los contrapoderes, dejan de parecer independientes.

 

Cuando los árbitros, los contrapoderes, dejan de parecer independientes

En los últimos días he querido contrastar algunos datos sobre la llamada "colonización" de las instituciones del Estado. Mi intención inicial era sencilla: comprobar si determinadas afirmaciones que circulan en el debate político estaban respaldadas por hechos o eran simplemente consignas de partido.

La conclusión a la que he llegado es doble.

La primera es que la politización de las instituciones no nació con Pedro Sánchez. Quien conozca mínimamente la historia política española sabe que el reparto de cargos entre los grandes partidos viene de lejos. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, RTVE o Banco de España han sido objeto de negociaciones políticas durante décadas.

La segunda conclusión, sin embargo, es que existen hechos objetivos que permiten afirmar que en algunos casos la distancia entre el poder político y determinadas instituciones se ha reducido notablemente. El paso directo de ministros o altos cargos gubernamentales a organismos llamados precisamente a supervisar, controlar o limitar la acción del poder ejecutivo ha alimentado una percepción de dependencia que afecta a la confianza ciudadana.

Pero quizá la cuestión más importante no sea esta.

Tal vez la pregunta verdaderamente relevante sea por qué seguimos discutiendo sobre las personas y tan poco sobre las reglas.

La tendencia del poder a extenderse no es una anomalía. Es una constante histórica. En las dictaduras se manifiesta de forma abierta y descarnada. En las democracias adopta formas más sutiles, pero responde al mismo impulso: quien gobierna tiende a acumular capacidad de decisión, influencia y control.

Por eso las democracias liberales nunca se basaron en la confianza ciega en la virtud de los gobernantes. Su gran aportación histórica fue precisamente la contraria: asumir que los gobernantes son seres humanos y diseñar instituciones capaces de limitar sus excesos.

La pregunta no debería ser si confiamos en este o aquel dirigente. La pregunta debería ser qué mecanismos existen para controlar a cualquier dirigente, incluso a aquellos con los que simpatizamos.

Quizá durante demasiado tiempo aceptamos una versión imperfecta del problema. Las instituciones no eran independientes, sino repartidas. No teníamos árbitros completamente neutrales; teníamos árbitros elegidos mediante pactos entre los grandes partidos. Aquello generaba estabilidad, pero no necesariamente independencia.

Hoy asistimos a una fase distinta. Los consensos se debilitan y las instituciones son percibidas cada vez más como extensiones de la lucha partidista. Cuando eso ocurre, la confianza pública se erosiona.

Y sin confianza en los árbitros, las reglas del juego empiezan a perder legitimidad.

Por eso la cuestión fundamental ya no es quién ocupa cada cargo, sino cómo evitar que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda influir en quienes deben controlarlo.

Algunas posibles reformas merecerían al menos ser debatidas:

• Periodos de incompatibilidad más largos entre cargos políticos y puestos institucionales de control.
• Mayor participación de asociaciones profesionales y cuerpos técnicos en la selección de candidatos.
• Mandatos no renovables para evitar dependencias futuras.
• Comparecencias públicas más exigentes y transparentes.
• Mayorías parlamentarias reforzadas que obliguen a buscar consensos amplios.
• Publicidad completa de los méritos profesionales de los candidatos.
• Evaluaciones periódicas e independientes del funcionamiento de las instituciones.

Ninguna reforma eliminará completamente la influencia política. Eso sería una ilusión.

Pero la función de una buena arquitectura institucional no es crear seres humanos perfectos. Es impedir que las imperfecciones humanas puedan concentrar demasiado poder.

Porque la democracia no consiste en confiar en los gobernantes.

Consiste en diseñar mecanismos para que nadie tenga que hacerlo.

Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de la historia política moderna: los contrapoderes no se crean para controlar a nuestros adversarios, sino para controlar a aquellos que dicen gobernar en nuestro nombre.

 ¿DENUNCIA UN GOLPE DE ESTADO... O DESLEGITIMA LOS CONTRAPODERES?

                                      El meme que dio origen a esta reflexión.

"La democracia no consiste en confiar ciegamente en los jueces, la prensa o el Parlamento. Consiste en que existan y puedan controlar al poder." J.A.P.A.

Hechos, dudas e interrogantes frente a las certezas ideológicas

Hace unos días recibí por correo una viñeta política que denunciaba un supuesto "golpe de Estado contra la democracia". No era una simple crítica política. Presentaba una explicación global de la realidad: jueces, policías, medios de comunicación, Estados Unidos, la oposición política, grandes empresas y poderes económicos aparecerían actuando coordinadamente para derribar al Gobierno.

No es la primera vez que veo planteamientos semejantes. Tampoco son exclusivos de una ideología. Los encontramos en la derecha, en la izquierda, en nacionalistas, en populistas y en movimientos de muy distinto signo. Cambian los protagonistas, pero la estructura del relato suele ser la misma.

Lo que me interesa no es tanto quién tiene razón en cada caso concreto, sino el método que utilizamos para aproximarnos a la realidad.

Los hechos primero

La política democrática debería comenzar por una pregunta sencilla:

¿Qué sabemos realmente?

No qué sospechamos.
No qué deseamos.
No qué encaja mejor con nuestras preferencias ideológicas.

¿Qué hechos pueden comprobarse?

A partir de esos hechos pueden existir interpretaciones distintas, incluso contrapuestas. Eso es normal. Lo preocupante aparece cuando las interpretaciones sustituyen a los hechos y terminan convirtiéndose en verdades indiscutibles para quienes ya estaban predispuestos a creerlas.

En ese momento dejamos de analizar la realidad para empezar a construir relatos.

Cuando las dudas desaparecen

Las sociedades abiertas avanzan gracias a la duda.

La ciencia progresa porque cuestiona sus propias conclusiones.
La justicia funciona porque admite recursos y revisiones.
La democracia existe porque acepta la discrepancia.

Sin embargo, la política contemporánea parece avanzar en dirección contraria. Cada vez resulta más frecuente encontrar personas absolutamente convencidas de que todos los acontecimientos responden a una única explicación.

Para unos existe una conspiración progresista global.
Para otros existe una conspiración reaccionaria internacional.
Para unos todo se explica por el capitalismo.
Para otros todo se explica por el socialismo.
Para unos la culpa es siempre de Washington.
Para otros siempre de Moscú, Pekín o Bruselas.

Las preguntas desaparecen y son sustituidas por certezas.

Y cuando desaparecen las preguntas también desaparece el pensamiento crítico.

La paradoja de los contrapoderes

Resulta curioso observar cómo muchas personas defienden los contrapoderes cuando investigan a sus adversarios y los desprecian cuando investigan a quienes consideran de los suyos.

Jueces, periodistas, organismos de control o fuerzas de seguridad son considerados héroes o villanos dependiendo de a quién afecten sus actuaciones.

Sin embargo, una democracia no se caracteriza porque los contrapoderes actúen siempre correctamente. Se caracteriza porque existan.

La pregunta verdaderamente importante no es si un gobierno es de izquierdas o de derechas.

La pregunta es otra:

¿Quién controla al poder?

Porque la experiencia histórica demuestra que ningún poder debería quedar libre de vigilancia.

Los nuevos golpes de Estado

Es cierto que los golpes de Estado modernos ya no se parecen necesariamente a los del siglo XX.

No siempre aparecen tanques en las calles ni militares ocupando edificios públicos.

Existen formas más sutiles de deterioro democrático: colonización institucional, debilitamiento de la separación de poderes, utilización partidista de las instituciones, control de los medios públicos o limitación de la capacidad de fiscalización.

Pero precisamente por eso debemos ser rigurosos.

Si llamamos golpe de Estado a cualquier cosa que no nos gusta, el concepto pierde significado.

La democracia necesita palabras precisas.

El regreso de los viejos fantasmas

Durante la Transición existió un amplio consenso sobre la conveniencia de no utilizar permanentemente la Guerra Civil y el franquismo como arma arrojadiza de la política cotidiana.

No se trataba de olvidar la historia.
Se trataba de evitar que el pasado sustituyera al debate sobre el presente.

Sin embargo, en los últimos años observamos una tendencia creciente a movilizar emocionalmente a la ciudadanía mediante referencias constantes a los grandes conflictos históricos.

Franco, la Guerra Civil, el fascismo, la República, la revolución, el antifranquismo o la memoria histórica aparecen con frecuencia convertidos en instrumentos de combate político.

Y cuanto más débil es una argumentación sobre el presente, más fuerte suele ser la tentación de refugiarse en las emociones del pasado.

Entre la credulidad y el escepticismo

No propongo ingenuidad.

La corrupción existe.
Los abusos de poder existen.
Las conspiraciones también han existido a lo largo de la historia.

Pero tampoco conviene caer en el extremo contrario y convertir cualquier acontecimiento complejo en la prueba definitiva de una gran conspiración universal.

La democracia necesita ciudadanos vigilantes, no creyentes.

Necesita personas capaces de distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones.

Necesita ciudadanos que sepan decir:

"Esto lo sé."

"Esto lo sospecho."

"Y sobre esto, simplemente, tengo dudas."

Quizá esa sea una de las virtudes cívicas más importantes de nuestro tiempo.

Porque la verdad no suele encontrarse en las certezas absolutas, sino en la capacidad de mantener abiertas las preguntas mientras buscamos respuestas.

La derrota policial y la victoria narrativa: la herida moral del final de ETA

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La derrota policial y la victoria narrativa: la herida moral del final de ETA

El artículo de El Mundo de Rogelio Alonso no es simplemente una crítica política a José Luis Rodríguez Zapatero. Es, sobre todo, una reflexión sobre cómo una democracia debe enfrentarse al terrorismo sin degradar sus propios principios ni alterar el significado moral de lo ocurrido.

Uno de los aspectos más sólidos del texto es que distingue entre el final operativo de ETA y su derrota política y moral. Esa diferencia es fundamental y muchas veces se simplifica en el debate público. El artículo sostiene que ETA dejó de matar, sí, pero no asumió públicamente la injusticia moral de su proyecto ni sufrió una derrota simbólica comparable a la que otros movimientos violentos han padecido históricamente. Y ahí sitúa Alonso el núcleo de su crítica.

El texto resulta especialmente didáctico cuando explica algo que suele olvidarse: en terrorismo no solo importa quién deja las armas, sino también quién controla el relato final. Porque el terrorismo no busca únicamente victorias militares —imposibles frente al Estado—, sino influencia política, legitimidad social y capacidad de condicionar la vida pública. Esa idea aparece apoyada tanto en estudios académicos como en testimonios y documentos internos de ETA citados por el autor.

La tesis de Alonso puede resumirse así: una democracia puede derrotar policialmente a una organización terrorista y, sin embargo, concederle simultáneamente una victoria narrativa o política parcial si la convierte en interlocutor imprescindible de su propio final.

Ahí el artículo conecta con un problema mucho más amplio que ETA: la relación entre ética y poder. Alonso denuncia que determinados gobiernos pueden presentar como “éxito histórico” decisiones que en realidad respondían también a cálculos partidistas o necesidades políticas inmediatas. Y lo hace introduciendo un concepto muy potente: la “normalización de la desviación”, tomado de la socióloga Diane Vaughan. Es decir, cómo prácticas inicialmente excepcionales terminan aceptándose como normales cuando se justifican en nombre de un supuesto bien superior.

Otro aspecto especialmente relevante es la insistencia en la dimensión moral de las víctimas. El artículo recuerda que no basta con homenajearlas simbólicamente si al mismo tiempo se evita deslegitimar con claridad las ideas o discursos que justificaron su asesinato. Ahí aparece la referencia a Fernando Savater y a socialistas vascos que advirtieron del riesgo de convertir la memoria en un ritual vacío mientras se normaliza políticamente el entorno legitimador del terror.

Se puede discrepar de algunas conclusiones del autor o del grado de responsabilidad que atribuye exclusivamente a Zapatero. Pero resulta difícil negar que plantea preguntas incómodas y necesarias sobre el precio político de determinados procesos de negociación, sobre el uso partidista de la memoria y sobre la diferencia entre pacificación y justicia moral.

Y quizá la pregunta de fondo sea esta:

¿Puede una democracia considerar plenamente derrotado al terrorismo si quienes justificaron o legitimaron la violencia terminan convertidos en actores políticos normalizados sin una verdadera autocrítica moral?

Fe vs fanatismo: una reflexión crítica

 Fe vs fanatismo: una reflexión crítica

Anonadado quizá sí describe bien la sensación. No tanto por comparar símbolos religiosos distintos —que puede hacerse desde la sociología de masas o desde la antropología— sino por la facilidad con la que hoy se deslizan analogías enormemente cargadas de implicaciones históricas y culturales sin apenas matices.

Desde mi perspectiva, el problema no es estudiar críticamente los fenómenos colectivos, las emociones compartidas o incluso las dinámicas de fe política y religiosa. Eso es legítimo e incluso necesario. El problema aparece cuando la analogía simplifica realidades históricas profundamente distintas y termina sugiriendo equivalencias implícitas que oscurecen más de lo que aclaran.

Comparar una romería popular o una peregrinación religiosa con algunos de los grandes fanatismos políticos del siglo XX puede tener un cierto efecto provocador o intelectual, pero también corre el riesgo de trivializar fenómenos históricos extremadamente complejos y dramáticos.

Precisamente una parte importante del pensamiento crítico consiste en mantener la proporcionalidad histórica y distinguir entre:

• emoción colectiva,
• identidad compartida,
• simbolismo cultural,
• adhesión ideológica,
• y dinámicas de persecución política o social.

No todo fenómeno masivo es automáticamente fanatismo. Y no todo fanatismo es equivalente.

A veces tengo la impresión de que ciertos sectores intelectuales contemporáneos, en su afán de desmontar relatos o identidades colectivas, terminan cayendo en una especie de hipercomparación permanente donde todo acaba pareciéndose a todo. Y cuando todo se equipara, la historia pierde profundidad moral y analítica.

Quizá la pregunta importante no sea si existen mecanismos emocionales comunes entre religión, política o identidad colectiva —porque probablemente existen—, sino:
¿somos capaces de analizarlos sin destruir las diferencias esenciales entre una tradición cultural popular y fenómenos históricos ligados a la intolerancia, la represión o la negación del pluralismo?

 

Caminar juntos en tiempos de fractura

Reflexión a propósito de Metamorfosis, de Yayo Herrero

Vivimos una época extraña.
Una época en la que muchas personas perciben que algo esencial se está rompiendo:
la relación con la naturaleza, la convivencia política, la estabilidad emocional colectiva e incluso la propia idea de futuro.

En ese contexto he leído con interés Metamorfosis, de Yayo Herrero.
Un libro que, más allá de que se compartan o no todas sus conclusiones, tiene el mérito de plantear preguntas profundas sobre el modelo de sociedad que hemos construido.

Y quizás una de las cuestiones más importantes sea precisamente esa:
que los grandes problemas contemporáneos no son únicamente económicos o tecnológicos, sino también antropológicos.

Coincidencias necesarias

Hay aspectos del diagnóstico de Yayo Herrero que resultan difíciles de ignorar.

La dependencia absoluta de la naturaleza.
La fragilidad humana.
La ilusión de crecimiento ilimitado en un planeta limitado.
La erosión de los vínculos comunitarios.
La reducción del ciudadano a consumidor.
La aceleración permanente como forma de vida.

También comparto una idea central:
una sociedad no puede sostenerse indefinidamente si olvida los cuidados, la reciprocidad y la interdependencia humana.

Durante demasiado tiempo se ha identificado progreso con acumulación material, como si el bienestar pudiera separarse de la cohesión social, de los afectos o incluso del equilibrio psicológico colectivo.

Y probablemente no pueda.

Pero también hay discrepancias

Sin embargo, creo que algunos análisis ecosociales tienden a infravalorar ciertos elementos fundamentales:
la naturaleza humana, la pluralidad de intereses legítimos y la importancia de las instituciones democráticas y de la seguridad jurídica.

Los seres humanos no somos únicamente cooperación:
también somos conflicto, deseo de poder, tribalismo, miedo y competición.

Y cualquier proyecto político que ignore esa dimensión corre el riesgo de derivar hacia nuevas formas de dogmatismo moral o de ingeniería social.

La historia demuestra que las buenas intenciones no bastan.

Por eso resulta imprescindible mantener:

• pluralismo político,
• libertades individuales,
• crítica interna,
• límites al poder,
• y mecanismos institucionales que permitan gestionar pacíficamente tensiones inevitables.

No existe sociedad perfecta.
Solo sociedades capaces —o incapaces— de administrar civilizadamente sus contradicciones.

El desafío real: caminar juntos

Y, sin embargo, pese a las discrepancias, quizá lo más importante sea otra cosa.

El deterioro ecológico, la polarización política, la deshumanización digital, la soledad contemporánea o la crisis de sentido son problemas demasiado grandes para abordarlos desde trincheras ideológicas cerradas.

Necesitamos menos sectas políticas y más espacios de deliberación compartida.

Menos pureza identitaria y más capacidad para cooperar entre personas distintas.

Porque tal vez el verdadero reto del siglo XXI no sea imponer una ideología total,
sino aprender a convivir en medio de desacuerdos profundos sin destruir al adversario.

Ahí es donde puede existir un terreno común entre sensibilidades muy distintas:
ecosocialistas, liberales humanistas, socialdemócratas críticos, conservadores racionales o izquierdas antiautoritarias.

No pensar igual.
No compartir todos los diagnósticos.
Pero sí reconocer que la sociedad actual necesita reconstruir límites, vínculos, reciprocidad y sentido común democrático.

Una pregunta incómoda

Quizá la cuestión decisiva no sea:
“¿Quién tiene toda la razón?”

Sino algo más difícil:

¿Seremos capaces de caminar juntos lo suficiente como para evitar que nuestras propias fracturas destruyan aquello que todavía merece ser salvado?

 

La verdad y los hechos: por qué importa distinguirlos

Todos decimos defender “la verdad”, pero nadie se presenta como partidario de la mentira. Por eso la palabra se ha convertido en una abstracción cómoda: cada cual cree estar en el lado correcto.

Lo decisivo no es la verdad en abstracto, sino los hechos que pueden comprobarse. 

Los hechos factuales son incómodos muchas veces, pero precisamente por eso son valiosos:

Nos obligan a corregir prejuicios.

Nos permiten revisar nuestras convicciones.

Nos dan un punto de referencia común, incluso cuando interpretamos esos hechos de formas distintas.

La opinión empieza después de los hechos, no antes.

Confundir opinión con realidad es lo que alimenta la polarización y las burbujas ideológicas.

Ejemplos prácticos:

Si dos personas discuten sobre el estado de la sanidad, la opinión puede variar, pero las listas de espera son un hecho.

Puedes simpatizar más o menos con un líder político, pero sus decisiones, presupuestos aprobados, o acuerdos firmados son verificables.

En un conflicto internacional, las narrativas chocan, pero los muertos, los desplazados y las resoluciones incumplidas son datos reales, no interpretaciones.

En resumen

Los hechos que no nos gustan son precisamente los que más necesitamos, porque son los que rompen la comodidad de nuestros sesgos. La libertad interior —y la política democrática— empieza por reconocer aquello que preferiríamos ignorar.

Impuesto mínimo a los ultra ricos

 Crecemos, pero la riqueza se concentra en la parte alta de la pirámide social. Una una conclusión democrática incómoda.

El economista francés Gabriel Zucman lleva años estudiando cómo las grandes fortunas utilizan mecanismos legales y estructuras financieras para pagar proporcionalmente menos impuestos que gran parte de las clases medias y trabajadoras. A partir de esos estudios, ha planteado una propuesta que empieza a abrirse paso en el debate internacional: un impuesto mínimo sobre los ultrarricos.

Según los datos citados por Zucman y otros organismos internacionales, la mitad más pobre de la población posee apenas el 6,7% de la riqueza del país, mientras que el 10% más rico controla más del 57%. Y dentro de ese grupo, el 1% más rico acumula casi una cuarta parte de toda la riqueza.

El problema no es solo moral. Es político.

Cuando una sociedad crece, pero la mayoría siente que vive con dificultades, que la vivienda se aleja, que los servicios públicos se saturan y que unos pocos acumulan cada vez más poder económico, la confianza democrática se deteriora.

La cuestión central no es demonizar la riqueza ni castigar el éxito. La cuestión es otra: si quienes más se benefician de una sociedad deben contribuir también de forma proporcional a sostenerla.

La propuesta de Zucman es relativamente sencilla: un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros. No sería un impuesto general contra las empresas ni contra la clase media, sino una medida muy focalizada sobre las fortunas extremas que hoy, mediante estructuras legales, pueden pagar menos de lo que proporcionalmente paga un trabajador corriente.

La objeción habitual es que los ricos se irían. Pero los estudios citados por el economista sostienen que ese riesgo es limitado y proponen, además, un “escudo contra el exilio fiscal”: que quien se ha enriquecido durante años beneficiándose de las infraestructuras, la educación, la sanidad y la estabilidad de un país no pueda marcharse inmediatamente para dejar de contribuir.

La idea de fondo es potente: la riqueza extrema nunca es solo fruto del mérito individual. También depende de trabajadores, instituciones, carreteras, universidades, hospitales, seguridad jurídica, estabilidad política y mercados sostenidos por la sociedad.

Por eso el debate fiscal no es solo económico. Es un debate sobre la democracia.

Si unas pocas fortunas acumulan riqueza inmensa, influencia sobre medios de comunicación, capacidad de presión política y poder para condicionar gobiernos, el riesgo ya no es únicamente la desigualdad. El riesgo es la deriva oligárquica: que la democracia formal siga existiendo, pero el poder real se concentre cada vez más en menos manos.

Un impuesto mínimo a los ultrarricos no resolvería todos los problemas. No acabaría por sí solo con la desigualdad, ni con la precariedad, ni con la crisis de vivienda. Pero sí enviaría un mensaje democrático claro:

nadie debe vivir al margen de la sociedad de la que se beneficia.

Y ahí queda la pregunta incómoda:

¿Puede una democracia seguir llamándose plenamente democrática si permite que quienes más poder económico acumulan sean también quienes más fácilmente escapan a la responsabilidad común?

¿Gobernar o gestionar el relato?

 

¿Gobernar o gestionar el relato?

El artículo de Manuel Arias Maldonado sobre la credibilidad política de Pedro Sánchez no trata únicamente sobre una persona concreta.

En realidad apunta hacia un fenómeno mucho más amplio:

la transformación de la política en comunicación permanente.

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La cuestión no es nueva.

Todos los poderes, desde siempre, han intentado:

• construir legitimidad,
• influir en la opinión pública,
• y presentar favorablemente su gestión.

La propaganda no nació con internet ni con las redes sociales.

Pero sí parece evidente que en las democracias actuales se ha producido un salto cualitativo:

La comunicación política ya no acompaña al poder; en muchos casos se ha convertido en una parte esencial del propio ejercicio del poder.

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Hoy se habla de:

• “relato”,
• “estrategia de comunicación”,
• “gestión narrativa”,
• “control del marco”,
• “batalla cultural”.

Son términos más sofisticados que la vieja palabra propaganda.

Pero el mecanismo de fondo sigue siendo reconocible:

influir emocionalmente sobre la percepción colectiva para consolidar poder político.

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Y aquí aparece una distinción fundamental.

No es lo mismo la propaganda desde fuera del poder que desde dentro del poder

Un partido, un activista, un medio o un intelectual pueden intentar influir culturalmente sobre la sociedad.

Eso forma parte normal del pluralismo democrático.

Pero cuando quien impulsa esos mecanismos controla además:

• recursos públicos,
• campañas institucionales,
• medios oficiales,
• equipos de comunicación financiados por el Estado,
• asesores estratégicos,
• y capacidad normativa,

el problema adquiere otra dimensión.

Porque entonces ya no hablamos solo de persuasión política.

Hablamos de la posibilidad de utilizar el aparato institucional para modelar la percepción social.

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Y cuanto mayor es el poder institucional, mayor debería ser también la exigencia crítica.

Precisamente por eso el debate sobre:

• asesores,
• gasto en comunicación,
• publicidad institucional,
• estructuras de imagen,
• y construcción del “relato”

no debería reducirse al insulto partidista ni al “y tú más”.

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La cuestión importante no es solo cuánto se gasta

La cuestión importante es:

¿dónde termina la información institucional legítima y dónde empieza la construcción propagandística del relato político?

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Es evidente que toda democracia moderna necesita comunicación institucional.

Sería absurdo negarlo.

Pero una cosa es informar y otra muy distinta convertir la política en una operación permanente de marketing emocional.

Y ahí aparece uno de los grandes problemas contemporáneos:

cuando el relato pesa más que los hechos.

Cuando:

• la coherencia deja de importar,
• la crítica desaparece dentro de los bloques ideológicos,
• y la propaganda propia se convierte mágicamente en “pedagogía”.

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Ese fenómeno no pertenece solo a la izquierda ni solo a la derecha.

Es una deriva transversal de las democracias hipermediáticas actuales.

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Comparar para entender, no para hacer agitprop

Sería interesante realizar una comparación histórica rigurosa entre los distintos gobiernos españoles, desde Adolfo Suárez hasta la actualidad:

• número de asesores,
• gasto en comunicación,
• publicidad institucional,
• estructura de Presidencia,
• y crecimiento del aparato político-comunicativo.

No para hacer propaganda contra un dirigente concreto.

Sino para analizar una tendencia de fondo:

la creciente profesionalización de la gestión de la percepción pública.

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Probablemente descubriríamos una evolución clara:

• primero la televisión,
• después la política espectáculo,
• más tarde internet,
• y finalmente las redes sociales y la comunicación emocional permanente.

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La pregunta importante

La verdadera cuestión no es si existe propaganda.

Eso ha existido siempre.

La pregunta importante es otra:

¿Puede mantenerse una democracia sana si los ciudadanos dejan de exigir verdad y coherencia porque consideran más importante la victoria de su bloque político?