La palabra fascismo se ha convertido en un comodín retórico: sirve para todo y contra cualquiera. Su uso indiscriminado en el debate político no solo empobrece el lenguaje, sino que debilita la capacidad de denunciar el fascismo real, el históricamente verificable.
Conviene empezar por una precisión básica: discrepar no es fascismo. El fascismo no es una opinión desagradable ni una posición política con la que no se está de acuerdo. El fascismo histórico —nazismo, fascismo italiano y regímenes afines del siglo XX— se definió por prácticas muy concretas, no por etiquetas.
Entre esas prácticas se encuentran: la violencia ejercida desde el Estado contra los individuos, la persecución política, la intimidación o captura del poder judicial, el disciplinamiento de los medios de comunicación, el despliegue de fuerzas paramilitares y la normalización de la violencia política. Pero el fascismo no solo reprime: también redefine legalmente qué es delito y qué no, de modo que la violencia afín al régimen deja de ser punible. Esto incluye amnistías selectivas, indultos, archivos sistemáticos o leyes ad hoc, un rasgo ampliamente documentado por la historia comparada de los regímenes autoritarios.
Por eso, en el debate público, la palabra “fascismo” debería reservarse para esos regímenes históricos o para sistemas que reproduzcan de forma integral ese modelo de poder. Cuando se utiliza para designar cualquier posición adversaria, el término pierde precisión, fuerza moral y capacidad de alarma democrática.
Esto no implica equidistancia ni relativismo. No se trata de decir que “todo es igual” ni de diluir responsabilidades. Al contrario: se trata de afinar la denuncia. Cuando aparecen comportamientos que reproducen aquellas prácticas —aunque quienes las ejerzan no se autodenominen fascistas e incluso se presenten como antifascistas—, el término adecuado no es fascismo en abstracto, sino prácticas fascistoides.
La denuncia debe dirigirse a los hechos y no al insulto. La analogía médica es clara: cuando acudimos al médico no decimos simplemente “estoy enfermo”; describimos los síntomas. Solo después, con datos, se llega al diagnóstico. En política democrática debería ocurrir lo mismo: identificar intimidación, censura, violencia normalizada, instrumentalización del poder o impunidad selectiva antes de aplicar etiquetas totales.
El abuso del término fascismo produce un efecto perverso: normaliza prácticas autoritarias al vaciarlas de contenido, y permite que quienes se proclaman antifascistas reproduzcan, sin rubor, comportamientos que históricamente fueron propios del fascismo.
Blanco y en botella: si todo es fascismo, nada lo es. Y cuando llegue de verdad, quizá ya no tengamos palabras para nombrarlo.
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