Durante años hemos entendido la soberanía como control del territorio, de las leyes y de las instituciones. Sin embargo, en la actualidad existe una forma de poder mucho menos visible, pero decisiva: la dependencia tecnológica.
Buena parte de los sistemas que sostienen nuestra vida cotidiana —administración pública, sanidad, comunicaciones o energía— dependen de infraestructuras digitales gestionadas por grandes empresas, en su mayoría fuera de Europa.
No se trata de alarmismo ni de imaginar escenarios improbables. Se trata de asumir una realidad:
la tecnología no es solo una herramienta, es también una forma de poder.
Se suele argumentar que existen contratos, normativas y costes enormes que impedirían cualquier interrupción unilateral de estos servicios. Y es cierto… mientras el contexto es estable.
Pero la experiencia reciente demuestra que, cuando entran en juego intereses estratégicos, las reglas pueden cambiar.
El problema no está en el uso cotidiano de la tecnología, sino en la posibilidad de control en situaciones excepcionales.
Ahí es donde aparece una dependencia que no siempre queremos ver.
Europa ha comenzado a hablar de soberanía digital, a regular y a plantear alternativas. Sin embargo, la estructura de dependencia sigue siendo profunda.
Y toda dependencia implica una asimetría clara:
- quien depende, se adapta
- quien controla, decide
Por eso, más que preguntarnos si existe o no un “botón de apagado”, quizá deberíamos plantearnos algo más incómodo:
¿puede considerarse plenamente soberana una sociedad que no controla los sistemas que hacen posible su funcionamiento?
El poder, cada vez más, no está solo en quien gobierna, sino en quien sostiene la infraestructura sobre la que todo funciona.
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