LO QUE PUDO HABER SIDO… Y NO FUE

Hay ocasiones en las que la forma de hacer las cosas importa casi tanto como el fondo.

La concentración celebrada el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta podía haber tenido una enorme fuerza simbólica si el llamamiento hubiera nacido precisamente allí: en Ceuta.

Imaginemos por un momento que hubiera sido su alcalde-presidente quien, ante una situación que consideraba grave, se hubiera dirigido solemnemente a todos los ayuntamientos de España:

«Ceuta os llama. Solidaridad. Unidad».

Habría sido una imagen poderosa: Ceuta llamando a España y España respondiendo a Ceuta.

El lejano recuerdo de Móstoles

La comparación histórica es inevitable, aunque naturalmente las circunstancias sean completamente distintas.

El 2 de mayo de 1808, mientras Madrid se levantaba contra las tropas francesas, los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el célebre bando que alertaba de lo ocurrido y llamaba a acudir en ayuda de Madrid.

La tradición popular acabaría convirtiéndolo en algo todavía más grande: el símbolo de un pequeño municipio que llama a toda España.

No se trata, por supuesto, de equiparar aquella invasión napoleónica con la situación actual de Ceuta. Sería absurdo. Se trata de recordar la extraordinaria fuerza que puede tener un gesto cuando quien hace el llamamiento es precisamente quien se siente amenazado y pide solidaridad.

Pero no ocurrió así

La convocatoria nacional del 2 de septiembre partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fue impulsada por su presidenta, María José García-Pelayo, después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Y aquí aparece una cuestión que merece reflexión.

Por lo que conocemos, la convocatoria no fue previamente deliberada ni acordada por los órganos colegiados de la FEMP. Los grupos representados en la Federación, salvo el Partido Popular, denunciaron precisamente que la decisión había sido adoptada unilateralmente por su presidenta.

Los Estatutos de la FEMP conceden a la Presidencia amplias facultades de representación y una competencia residual sobre aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas a otros órganos. Por ello, no parece prudente afirmar sin más que la convocatoria fuese ilegal o contraria a los Estatutos.

Pero una cosa es preguntarse si podía hacerlo y otra distinta si era la mejor manera de hacerlo.

Porque estamos hablando de una convocatoria institucional dirigida a los 8.132 ayuntamientos españoles.

Ante una iniciativa de semejante alcance, habría resultado mucho más coherente con el espíritu de una federación plural que la propuesta hubiera sido sometida previamente a deliberación de sus órganos de gobierno, incluso mediante una reunión extraordinaria si la urgencia lo aconsejaba.

Deliberar no debilita una institución. La fortalece.

Y además permite que una decisión institucional sea verdaderamente de la institución y no solamente de quien circunstancialmente la preside.