Por una izquierda real y no mítica

 En este artículo de Manuel Montero  hace un retrato muy ajustado de la realidad de la izquierda en España  con párrafos como los que he marcado en rojo.

   

La izquierda mítica

MANUEL MONTERO, EL CORREO – 25/08/14

Las encuestas aseguran que en España la ciudadanía se percibe más bien a la izquierda, por lo que es verosímil que quienes se ven en tal lugar de la escala entiendan como una injusticia que no les toque gobernar. Sin embargo, hacen todo lo que está en su mano para impedírselo a sí mismos. «Hay que parar a la derecha» viene a ser su leit motiv, pero eso es todo. La visión del ogro en la otra acera como principal argumento favorece la pereza, pues ahorra los esfuerzos de construir una alternativa creíble. El horror por el contrario lleva a idealizar las esencias propias, no a desarrollos políticos.

Los partidos que se dicen a ese lado practican la mitificación de la izquierda como concepto y se adjudican cualquier valor positivo. Se identifican como el progresismo, la democracia verdadera, la sensibilidad social, la honestidad política (también eso), todo ello en grado de monopolio. Tanto autobombo implica un vaciado ideológico. Las jaculatorias, que se repiten –creemos en la solidaridad, queremos diálogos y acuerdos– sustituyen a las elaboraciones programáticas y a las propuestas concretas, no digamos a los compromisos para cuando se llegue al poder.

Reducida la idea de la izquierda a un mito, se impone la creencia de que no hay diferencias ideológicas en su seno, sólo grados de radicalidad en virtud de los pragmatismos (o de que se esté en el Gobierno o fuera). En estas condiciones, se diluyen planteamientos como la socialdemocracia, si aún vale la expresión, sin capacidad de diferenciarse de nociones de evocación asamblearia. Todo parece valer. Se ha visto en las primarias del PSOE. Algunas propuestas eran rupturistas, con difícil encaje en su tradición –las urgencias de reformas constitucionales o el republicanismo como única alternativa–, pero con un perceptible entusiasmo de parte de la militancia. Tuvieron la callada por respuesta, sobre el implícito de que ahora no toca. En el PSOE deben de creer que comparten ideario con Podemos o IU y les indigna que les tengan por flojos.

Los diseños políticos, cada vez más de diseño, quedan sustituidos por expresiones identitarias, en la forma de oratoria compasiva. En vez de propuestas socialmente atractivas, sus discursos buscan demostrar que son más de izquierdas que nadie. Al respecto, no cuenta que el imaginario que manejan sea de otra época. Se basa en una visión bipolar de dos Españas secularmente enfrentadas, grandes burguesías explotadoras frente a sectores proletarios. Subsiste el escenario mental de las grandes tensiones entre el bien y el mal, entre los capitalistas ensoberbecidos y las legiones de jornaleros y asimilados. Es un esquema cómodo, mucho más que los laberintos de la sociedad actual, compleja y no comprensible desde visiones dicotómicas. Nuestras izquierdas se mueven en los estereotipos épicos forjados hace unas cuantas décadas, no en los análisis de lo que tenemos hoy. Quieren resolver los problemas de mediados del XX o antes: van con retraso.

Forman parte de nuestro acervo las expresiones de que fulano o mengano son muy de izquierdas o más de izquierdas. Los concernidos compiten por el superlativo. En la imagen, hay una izquierda suprema, a machamartillo. Su autenticidad no se mide por los programas sino por las actitudes y la radicalidad. Tal izquierdista utópico lo será por proferir expresiones extremistas o de sensiblería social a todo pasto. La competencia feroz por hacerse con el título de izquierdista sin parangón amenaza con estigmatizar la moderación. Como a estos esquemas les repele, abundan las posturas vergonzantes, que sugieren (pero no defienden) la conveniencia de adaptarse a las circunstancias, otra vez será, de momento hasta aquí llegamos.

La izquierda que nos ha tocado en suerte suele considerarse depositaria de las esencias democráticas. Pero no las identifican con el pluralismo o con la expresión de las voluntades generales, sino con la de los grupos populares de sus quimeras a los que atribuyen la autenticidad social. La democracia así entendida no es un sistema de convivencia sino de combate. ¿Una medida política o económica no es del gusto? No se la critica, se la descalifica como antidemocrática.

También queda ideológicamente arrasado el individuo como sujeto político. Le sustituyen colectivos varios, la única referencia de esta izquierda. Pueden siempre las resonancias comunitarias, sea ‘la clase trabajadora’, ‘la gente’, los ‘sectores populares’ o ‘los andaluces y andaluzas’ –y demás gentilicios autonómicos, a los que se atribuye la legitimidad identitaria–, todos ellos sufridores de las políticas ciegas que quieren someterlos. El ciudadano se desvanece, a no ser para las fórmulas encorsetadas de ‘ciudadanos y ciudadanas’ que lo subsumen en un colectivo de víctimas de la derecha.

Las propuestas de la izquierda-mito dan en evanescentes. Por supuesto, no hay nociones nacionales que merezcan tal nombre. Desde la Transición, nuestra izquierda otorgó la autenticidad a los nacionalismos identitarios. Cualquier referencia política a España como nación, siquiera como ámbito de derechos de ciudadanos iguales, queda tachada de tropelía neoconservadora o peor. Resuelve la entelequia soberanista con salidas por la tangente, llamadas a acuerdos imposibles o a apaños del tipo derecho a decidir, algo así como ser y no ser al mismo tiempo.

La trivialidad política y la sustitución de la ideología por palabrería retórica anuncian que tiene para rato la crisis de la izquierda, sobre todo para los socialistas, en caída libre.

MANUEL MONTERO, EL CORREO – 25/08/14

La dignidad de solo unos pocos

El drama es que no exageraba. Su exilio voluntario es conocido

Y después de decir esto ya no le fue tan fácil vivir en la Cataluña del Pujolato.

En cambio otros no acertaron. Escribía Montalbán por aquella época: «De Pujol se podrá pensar que ha sido un mal banquero, que es de la derecha camuflada o que es feo, pero nadie, absolutamente nadie en Cataluña, sea del credo que sea, puede llegar a la más leve sombra de sospecha de que sea un ladrón»

Una tradición inventada EL PAÍS 19/06/14 SANTOS JULÍA

Bandera republicana española- Primera república 

Mi cultura histórica, lo leído, escuchado y visto, de los años 30 hasta la actualidad, está muy bien reflejado en este artículo. No reconocer  los hechos históricos nos lleva a la mitificación, que sin dudad es fetén  y nos aleja de las pequeñas verdades de la vida.

 Ahora el paisaje político se ha llenado de maximalismo y populismo como medicina para los males que tiene nuestra sociedad. Estoy convencido de que ese no es el camino para construir una sociedad justa y con libertades, que camine hacia un horizonte de igualdad.

Una tradición inventada

EL PAÍS 19/06/14

SANTOS JULÍA

· Ni en su origen ni en las primeras décadas de existencia de las izquierdas la República estaba entre sus preocupaciones. Para algunos, es como si no hubiera ocurrido nada entre 1930 y 2014

Entre los males que de un tiempo a esta parte se achacan al proceso de transición política a la democracia iniciado en julio de 1976 ocupa un destacado lugar lo que el portavoz de la Izquierda Plural evocaba hace unos días en el Congreso como “renuncia de tanta gente a tantos sueños y tantas convicciones, hasta aceptar un monarca designado inicialmente por el dictador”. Basaba Cayo Lara la legitimidad de la convocatoria de “un referéndum para que el pueblo decida su destino” precisamente en “todas esas renuncias en la Transición para que la democracia saliera adelante”. Al cabo de 35 años, Izquierda Plural tiene claro que los males que afectan a la democracia española proceden de aquellas renuncias en mala hora consentidas por los partidos que fraguaron el pacto constitucional y entre los que nadie diría hoy que el comunista haya desempeñado un papel fundamental.

 ¿Renunciaron los dos partidos de la oposición de izquierdas, el socialista y el comunista, a su “vocación republicana” durante el proceso de transición a la democracia? O mejor, ¿definía a esos partidos, PSOE y PCE, una cultura, una vocación o una tradición republicanas? Y si era así, ¿desde cuándo? Porque si algo hay claro en la historia de ambos partidos es que ni en su origen ni en las primeras décadas de su existencia dieron muestra alguna de que la República como forma política del Estado entrara entre sus principales preocupaciones.

Más bien sucedía lo contrario: en las deslumbrantes claridades dicotómicas que inundaban de luz su concepción del mundo, Pablo Iglesias tardó tres décadas en percibir que existía un terreno situado entre explotadores y explotados, entre burguesía y proletariado, que merecía la pena explorar. Vencida al fin su repugnancia, accedió en 1909 a formar una coalición con los republicanos, tildados poco antes de “maestros consumados en el arte de engañar”, no por ningún motivo mezquino, como el de conquistar escaños en el Congreso, sino porque serviría para “ayudar a la revolución”.

La República adquirió así para los socialistas un valor instrumental al que se atuvieron en el futuro: valía en la medida en que permitía al proletariado “avanzar tranquilamente, sin innecesarias perturbaciones”, hacia su meta final. No es sorprendente, por eso, que en 1930 escribiera Julián Zugazagoitia que un socialista solo podía ver la idea de la República “con indiferencia” por la muy sencilla razón de que a quien se había educado en las convicciones marxistas “le tiene perfectamente sin cuidado el trastueque que se opera en un país al pasar de la Monarquía a la República”; una toma de posición no muy alejada de la respuesta antológica que el comité ejecutivo del PCE se dio a sí mismo después de preguntar, también en 1930, qué significaba la República para los obreros: “Es la Guardia Civil garantizando la propiedad y la explotación de los obreros y los campesinos bajo la dirección de un presidente en lugar del rey”.

· Pablo Iglesias tardó tres décadas en percibir que había un espacio entre burguesía y proletariado

Se comprende que solo al cabo de otros cuatro meses, mientras las gentes festejaban en las calles el advenimiento de la República, un grupo de agitadores del PCE irrumpiera con su camioneta en la Puerta del Sol gritando la consigna “Abajo la República, vivan los soviets”. Y que al cabo de cuatro años, hecha la experiencia republicana, El Socialista anunciara en un editorial que la República, “ni vestida ni desnuda nos interesa” y le deseara la muerte. ¿A manos de quién? Ah, eso no importaba, de quien fuera.

De modo que, cuando la rebelión militar de julio de 1936 puso a la República a los pies de los caballos, los partidos y sindicatos que acudieron a sofocarla conservaran, por encima de su adhesión o lealtad republicana, su identidad propia, su cultura y prácticas políticas, sus estrategias y sus metas finales, que no eran la República de 1931 sino el comunismo, el socialismo, el anarquismo o la independencia de sus naciones: por eso luchaban y por eso morían y por eso merecen ser recordados.

La debilidad de los republicanos y los fines muchas veces enfrentados de las fuerzas coligadas retrasaron y finalmente impidieron una estrategia común de defensa frente al enemigo, que tampoco el gobierno de Negrín pudo imponer. A pesar de la sangre derramada en su defensa, la República sucumbió doblemente derrotada: por quienes se rebelaron contra ella y por quienes en su interior libraron más de una guerra civil —en Cataluña, en Aragón, en Madrid—dentro de la Guerra Civil.

Años después de la derrota, cuando algún niño de la guerra o de la inmediata posguerra conversaba, en París o en Madrid, acerca de todo esto con un socialista de tal o cual facción, aprendía que los culpables de la derrota habían sido los socialistas de la facción contraria; si hablaba con un comunista, la culpa recaía sobre los anarquistas, por su indisciplina y su “infantilismo revolucionario”, o sobre el Consejo Nacional de Defensa, por su traición; y si con anarquistas o sindicalistas, entonces los culpables eran los comunistas, que habían vendido la República a los intereses de la Unión Soviética. ¿Cómo se podía, con estas memorias enfrentadas, hoy disueltas, silenciadas o desaparecidas en una inventada memoria democrática, recuperar una tradición republicana? Salvo la efímera ilusión acariciada tras el triunfo de los aliados en la Guerra Mundial, muy pocos en el exilio volvieron a acordarse de las instituciones de la República, digna y solitariamente mantenidas por personalidades republicanas sin el apoyo de los partidos socialista o comunista, por no hablar de los sindicalistas.

Por eso, cuando ahora se oye que las izquierdas españolas vienen de una tradición republicana a la que traicionaron en los años de Transición por el plato de lentejas de una democracia devaluada, habría que recordar que el Partido Comunista renunció a plantear la cuestión de la República veinte años antes de que la transición comenzase, en 1956, cuando publicó su célebre declaración “por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español”, donde la República ni se menciona. Y diez años después, en 1966, sería la mismísima Dolores Ibarruri quien, al recordar que el problema del régimen estaba en la calle y evocar a quienes “en el deshojar de la margarita política española se preguntan: ¿Monarquía y República?”, afirmaba que solo cabía una respuesta: Democracia y Libertad, ambas en mayúscula.

· Socialistas y comunistas hicieron saber que aceptarían un rey en la jefatura del Estado

Democracia y libertad, sin mención de la República, fue también la base de la resolución a la que llegaron en Múnich en 1962 varios partidos de la oposición interior y del exilio, con presencia principal del PSOE. Y aunque con la cercanía de la muerte del dictador, la República —federal, para más señas— retornara a declaraciones y congresos, no conviene olvidar que el Partido Comunista y las llamadas personalidades independientes de la Junta Democrática no dejaron de instar a don Juan de Borbón a publicitar un manifiesto postulándose como titular de la Corona: no que no quisieran un rey en la jefatura del Estado, sino que se equivocaron de candidato. En cualquier caso, desde 1948 los socialistas y desde 1956 los comunistas, todos habían hecho saber en privado y en público que aceptarían un regente o un rey en la jefatura del Estado siempre que abriera el camino a un proceso constituyente con referéndum final. Y eso fue lo que ocurrió a partir de 1976 y hasta 1978, en condiciones que nadie podía ni imaginar siquiera treinta o veinte años antes.

Sin duda, nada se puede objetar a la legitimidad de una movilización por la República, pero no deja de suscitar cierta melancolía que a su cabeza se encuentren los herederos de quienes en los años sesenta del pasado siglo enseñaron a jóvenes desorientados que el problema no era Monarquía o República, sino democracia o dictadura. Hoy, como ya no hay dictadura, pero como volvemos a saborear el placer intelectual y el potencial movilizador de las claridades dicotómicas, el dilema vuelve a enunciarse, por quienes inventan una tradición republicana de la que se apropian ochenta y cuatro años después de haberla despreciado y combatido, como Monarquía o democracia. Con lo cual, limpios de polvo y paja, volvemos a 1930 sin que aquí haya pas

Emociones y razones, de Félix Ovejero en El País el 30 mayo, 2014

Emociones y razones, de Félix Ovejero en El País

el 30 mayo, 2014 en Derechos, Libertades, Nacionalismo, Política, Sociedad, Sociología

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LA CUARTA PÁGINA

El nacionalismo apela a los sentimientos al tiempo que reclama una solución política, pero para llegar a un acuerdo hay que estudiar, y desmentir en su caso, los motivos que los han impulsado

La apelación nacionalista a los sentimientos es constitutiva. Sucede con ideas fundamentales, como identidad (“yo me siento más catalán que español”), y también con otras más circunstanciales, como desafección (“no nos sentimos queridos”). Un uso peculiar del lenguaje. Querer a pueblos enteros me parece una desmesura para la que me reconozco incapaz. Tampoco lo demando. Resignadamente, sólo aspiro a que me quieran mi pareja y algún amigo. De mis conciudadanos espero que defiendan mis derechos y consideren mis opiniones. Por otra parte, para lo que importa, yo soy catalán, español, europeo y, puestos a precisar, terrícola. No estoy orgulloso de tales títulos que no he hecho nada para merecer. Por lo mismo, no le doy mayores vueltas a la idea de sentirme catalán, español, europeo o terrícola. Si mi vecino me dice que se siente americano o marciano, me parece raro, pero no le concedo a su sentimiento relevancia política, por más que no deje de preguntarme qué sentirá exactamente. Me empiezo a preocupar cuando quiere levantar fronteras a partir de tales extravagancias. No me gusta que los sentimientos de algunos decidan la ciudadanía de otros. Por ejemplo, no contemplo que los españoles, sintiéndonos explotados por —y distintos de— los gallegos, pudiéramos votar su expulsión.

Pocos testimonios más elocuentes de la función de las emociones en el relato nacionalista que la defensa en el Congreso del referéndum por parte de la representante de ERC, Marta Rovira: en Cataluña hay un sentimiento generalizado de desafecto por España que ha conducido a apostar por la independencia, un proyecto engrescado (emocionante) que supone un reto al actual marco político español y al que, con “voluntad política”, estamos obligados a buscar una salida.

La exposición de Rovira mostró con suprema eficacia y hasta brillantez dramática el busilis de la retórica nacionalista: las emociones como argumentos. En principio, no hay nada raro en ello. Las emociones pueden funcionar como explicaciones, al menos del comportamiento ajeno. Sin ir más lejos, muchos arruinan su vida por amor. Incluso apelamos a las emociones en primera persona, para explicar nuestras acciones, como sucede cuando un criminal afirma: “Por celos maté a mi mujer”. Sostiene que se cegó, que la emoción le venció. Se explica a sí mismo, como si lo que le sucede fuera ajeno a su voluntad. Eso sí, aunque con esa explicación busca disculparse o justificarse, no la invoca como principio, como sí hace aquel otro que dice: “la maté porque era mía”. En este caso, o en el del niño que no da otra razón para coger una cosa que su simple deseo (“es que lo quiero”), hay algo más: los sentimientos operan como fuente de legitimidad.

Lo mismo sucede con el nacionalismo. El sentimiento actúa como principio último. Se atribuye calidad moral a la emoción. Resulta valiosa por sí misma y no necesita justificación ulterior. La argumentación se apuntala en tres premisas: la primera sirve para liberarse de responsabilidad (“yo lo siento así”, “son mis sentimientos”); la segunda, para evitar la discusión (“son emociones, no razones”); la tercera, para imponer silencio sobre las emociones (“se han de respetar mis sentimientos”). De ahí, con cierta naturalidad, concluye: “No cabe pedirme explicaciones de aquello que rige mi conducta”. En esas condiciones, a los demás no nos queda otra que entender, comprender y, de facto, someternos a las emociones. Cualquier crítica resulta una afrenta, un agravio a la identidad. Rajoy y Rubalcaba, en sus intervenciones parlamentarias, parecían instalados en esa perspectiva: evitaban la crítica y, para “no ofender”, comprendían. “Tienes motivos, pero no te pongas así”, venían a decir.

La argumentación es eficaz, pero endeble. Aunque una emoción no es una razón se puede tasar racionalmente. Primero, en su base empírica. Si me dices que hay un león, experimento miedo. Cuando descubro que no hay tal, el miedo desaparece. No sólo eso: puedo pedirte responsabilidades, sobre todo si esa emoción me ha conducido a un comportamiento temerario como saltar por una ventana.

Las emociones no sólo se pueden evaluar por su realismo, sino también por su contenido. Las emociones del Ku Klux Klan o de quienes aplauden a los asesinos etarras son miserables, no merecen respecto. No podemos ignorarlas si hacemos política, pero eso es distinto de asumir que están justificadas, de aprobarlas.

En el caso de Cataluña, la retórica nacionalista apela a una aspiración de autogobierno que, al quedar insatisfecha, ha desatado la emoción “de sentirnos injustamente tratados” y, a la postre, el independentismo reactivo, el “España me ha hecho así”. Nuestro deber consistiría en buscar una “solución política” a ese “problema”. El derecho a decidir sería el primer paso.

Hay varios problemas aquí. El fundamental: sueños y sentimientos no justifican derechos. Si un derecho está justificado, tanto da que se reclame. Los derechos de los niños no dependen de manifestaciones de bebés. Y si el derecho no está justificado, los sentimientos no mejoran su calidad: los ricos del mundo se sienten injustamente tratados por el fisco. Su sentimiento es cierto; su reclamación, un disparate.

En todo caso, lo primero es averiguar si son correctos los supuestos empíricos de las emociones. Que no parece. Algún día habrá que entretenerse en sistematizar las fabulaciones de todo este tiempo, incluido ese mantra de que “la sentencia del Constitucional colmó el vaso”. De momento baste con recordar que en el 2006 sólo un 6% de los catalanes quería la reforma del Estatuto, que éste apenas recibió el refrendo —sobre el censo— del 35% de los catalanes y que la gota tardó en colmar el vaso: en las elecciones autonómicas que siguieron a la sentencia el independentismo explícito no sólo no aumentó, sino que pasó del 16,59% al 7% del voto total. Sencillamente es falso que hubiera reacción a una aspiración: ni había aspiración ni hubo reacción. Si las cosas cambiaron no fue por generación espontánea. En ello ha tenido mucho que ver la catarata de falsedades y promesas sin fundamento repetida a diario por los medios nacionalistas: sobre balanzas fiscales oficiales, sobre la Unión Europea, sobre el expolio, sobre sentencias del Tribunal de La Haya, sobre los límites a la solidaridad en los Estados federales y mil cosas más. Quimeras y mentiras muy precisas que están pendientes de explicación y de responsabilidades. Porque no había león y estamos a punto de saltar por la ventana.

Los datos son falsos, pero no podemos negar los sentimientos desatados, sea cual sea su alcance. Pero el número no los mejora. La historia está llena de sentimientos ciertos e indecentes que han servido para levantar fronteras y expulsar poblaciones, lo que, en el fondo, no es muy diferente. Reconocer que las emociones son ciertas no quiere decir que sean indiscutibles, que no nos quede otra que aceptar la moraleja nacionalista: hay que asumirlas y darles satisfacción. No hay que asumirlas por su trasfondo moral: una minoría decide excluir a los demás de la comunidad de decisión. Ni tampoco por pragmatismo, que alguna vez habrá que acabar con la estrategia siempre ganadora del nacionalismo, ese chantaje de “la independencia o algo a cambio” en el que, para colmo, al final, parece que todos debamos quedar agradecidos a los nacionalistas, por su tolerancia y voluntad pactista, y ellos tan ofendidos como siempre porque, a pesar de nuestra obstinación, “nos hemos visto obligados a darles la razón”. Y hasta la próxima. “Poner voluntad política”, que dicen algunos.

La solución tiene que ser política, pero en un sentido muy diferente. Consiste en discutir las emociones, evaluarlas, examinar cómo se han formado y su base moral y empírica. Como hacemos con el machismo, por ejemplo. Solo así se encaran los problemas. Cuando la recreación radiofónica de la Guerra de los mundos puso a miles de norteamericanos en las calles, las autoridades no movilizaron a las fuerzas aéreas para hacer frente al miedo y a los marcianos, sino que comenzaron por desmentir la invasión extraterrestre. El primero que tuvo que aclarar las cosas fue Orson Welles, el responsable. Pues eso. El primer paso para una solución realmente política consiste en desmontar las mentiras que propiciaron las emociones. Y deben darlo quienes las levantaron y azuzaron, los responsables. Cuestión de “voluntad política”.

Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona. Dentro de poco publicará El compromiso del creador (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).

El ejemplo uruguayo de Mario Vargas Llosa en El Pais

MARIO VARGAS LLOSA en El Pais de 29 DIC 2013 Ha hecho bien The Economist en declarar a Uruguay el país del año y en calificar de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas en 2013 por el Gobierno del presidente José Mujica: el matrimonio gay y la legalización y regulación de la producción, la venta y el consumo de la marihuana. Es extraordinario que ambas medidas, inspiradas en la cultura de la libertad, hayan sido adoptadas por el Gobierno de un movimiento que en su origen no creía en la democracia sino en la revolución marxista leninista y el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único. Desde que subió al poder, el presidente José Mujica, que en su juventud fue guerrillero tupamaro, asaltó bancos y pasó muchos años en la cárcel, donde fue torturado durante la dictadura militar, ha respetado escrupulosamente las instituciones democráticas —la libertad de prensa, la independencia de poderes, la coexistencia de partidos políticos y las elecciones libres— así como la economía de mercado, la propiedad privada y alentado la inversión extranjera. Esta política del anciano y simpático estadista que habla con una sinceridad insólita en un gobernante, aunque ello le signifique meter la pata de cuando en cuando, vive muy modestamente en su pequeña chacra de las afueras de Montevideo y viaja siempre en segunda clase en sus viajes oficiales, ha dado a Uruguay una imagen de país estable, moderno, libre y seguro, lo que le ha permitido crecer económicamente y avanzar en la justicia social al mismo tiempo que extendía los beneficios de la libertad en todos los campos, venciendo las presiones de una minoría recalcitrante de la alianza. Hay que recordar que Uruguay, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, tiene una antigua y sólida tradición democrática, al extremo de que, cuando yo era niño, se llamaba al país oriental “la Suiza de América” por la fuerza de su sociedad civil, el arraigo de la legalidad y unas Fuerzas Armadas respetuosas de los gobiernos constitucionales. Además, sobre todo después de las reformas del batllismo, que reforzaron el laicismo y desarrollaron una poderosa clase media, la sociedad uruguaya tenía una educación de primer nivel, una muy rica vida cultural y un civismo equilibrado y armonioso que era la envidia de todo el continente. Yo recuerdo la impresión que significó para mí conocer Uruguay hacia mediados de los años sesenta. No parecía uno de los nuestros ese país donde las diferencias económicas y sociales eran mucho menos descarnadas y extremas que en el resto de América Latina y en el que la calidad de la prensa escrita y radial, sus teatros, sus librerías, el alto nivel del debate político, su vida universitaria, sus artistas y escritores —sobre todo, el puñado de críticos y la influencia que ejercían en los gustos del gran público— y la irrestricta libertad que se respiraba por doquier lo acercaban mucho más a los más avanzados países europeos que a sus vecinos. Allí descubrí el semanario Marcha, una de las mejores revistas que he conocido, y que se convirtió para mí desde entonces en una lectura obligatoria para estar al tanto de lo que ocurría en toda América Latina. Esta política del anciano estadista ha dado a Uruguay una imagen de país estable, moderno, libre y seguro Sin embargo, ya en aquel tiempo había comenzado a deteriorarse esa sociedad que daba al forastero la impresión de estar alejándose cada vez más del tercer mundo y acercándose cada vez más al primero. Porque, pese a todo lo bueno que allí ocurría, muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, sucumbían a la fascinación de la utopía revolucionaria e iniciaban, según el modelo cubano, las acciones violentas que destruirían aquella “democracia burguesa” para reemplazarla no por el paraíso socialista sino por una dictadura militar de derecha que llenó las cárceles de presos políticos, practicó la tortura y obligó a exiliarse a muchos miles de uruguayos. El drenaje de talento y de sus mejores profesionales, artistas e intelectuales que padeció el Uruguay en aquellos años fue proporcionalmente uno de los más críticos que haya vivido en la historia un país latinoamericano. Sin embargo, la tradición democrática y la cultura de la legalidad y la libertad no se eclipsaron del todo en aquellos años de terror y, al caer la dictadura y restablecerse la vida democrática, florecerían de nuevo con más vigor y, se diría, con una experiencia acumulada que sin duda ha educado tanto a la derecha como a la izquierda, vacunándolas contra las ilusiones violentistas del pasado. De otro modo no hubiera sido posible que la izquierda radical, que con el Frente Amplio y los tupamaros llegara al poder, diera muestras, desde el primer momento, de un pragmatismo y espíritu realista que ha permitido la convivencia en la diversidad y profundizado la democracia uruguaya en lugar de pervertirla. Ese perfil democrático y liberal explica la valentía con que el Gobierno del presidente José Mujica ha autorizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y convertido a Uruguay en el primer país del mundo en cambiar radicalmente su política frente al problema de la droga, crucial en todas partes, pero de una agudeza especial en América Latina. Ambas son reformas muy profundas y de largo alcance que, en palabras de The Economist, “pueden beneficiar al mundo entero”. El matrimonio entre personas del mismo sexo, ya autorizado en varios países del mundo, tiende a combatir un prejuicio estúpido y a reparar una injusticia por la que millones de personas han padecido (y siguen padeciendo en la actualidad) arbitrariedades y discriminación sistemática, desde la hoguera inquisitorial hasta la cárcel, el acoso, marginación social y atropellos de todo orden. Inspirada en la absurda creencia de que hay solo una identidad sexual “normal” —la heterosexual— y que quien se aparta de ella es un enfermo o un delincuente, homosexuales y lesbianas se enfrentan todavía a prohibiciones, abusos e intolerancias que les impiden tener una vida libre y abierta, aunque, felizmente, en este campo, por lo menos en Occidente, se han ido desmoronando los prejuicios y tabúes homofóbicos y reemplazándolos la convicción racional de que la opción sexual debe ser tan libre y diversa como la religiosa o la política, y que las parejas homosexuales son tan “normales” como las heterosexuales. (En un acto de pura barbarie, el Parlamento de Uganda acaba de aprobar una ley estableciendo la cadena perpetua para todos los homosexuales). La represión no ha funcionado, y el narcotráfico es hoy el factor principal de la corrupción en América Latina Respecto a las drogas prevalece todavía en el mundo la idea de que la represión es la mejor manera de enfrentar el problema, pese a que la experiencia ha demostrado hasta el cansancio que no obstante la enormidad de recursos y esfuerzos que se han invertido en reprimirlas, su fabricación y consumo siguen aumentando por doquier, engordando a las mafias y la criminalidad asociada al narcotráfico. Este es en nuestros días el principal factor de la corrupción que amenaza a las nuevas y a las antiguas democracias y va cubriendo las ciudades de América Latina de pistoleros y cadáveres. ¿Será exitoso el audaz experimento uruguayo de legalizar la producción y el consumo de la marihuana? Lo sería mucho más, sin ninguna duda, si la medida no quedara confinada en un solo país (y no fuera tan estatista) sino comprendiera un acuerdo internacional del que participaran tanto los países productores como consumidores. Pero, aun así, la medida va a golpear a los traficantes y por lo tanto a la delincuencia derivada del consumo ilegal y demostrará a la larga que la legalización no aumenta notoriamente el consumo sino en un primer momento, aunque luego, desaparecido el tabú que suele prestigiar a la droga ante los jóvenes, tienda a reducirlo. Lo importante es que la legalización vaya acompañada de campañas educativas —como las que combaten el tabaco o explican los efectos dañinos del alcohol— y de rehabilitación, de modo que quienes fuman marihuana lo hagan con perfecta conciencia de lo que hacen, al igual que ocurre hoy día con quienes fuman tabaco o beben alcohol. La libertad tiene sus riesgos y quienes creen en ella deben estar dispuestos a correrlos en todos los dominios, no sólo en el cultural, el religioso y el político. Así lo ha entendido el Gobierno uruguayo y hay que aplaudirlo por ello. Ojalá otros aprendan la lección y sigan su ejemplo.

Una, grande, libre Artículo de J.M. Ruiz Soroa en El Pais

Una, grande, libre

EL PAÍS 24/04/14
JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA

· La reivindicación de la diversidad esconde al final su contrario: la homogeneidad

Incurría Iñigo Urkullu el pasado Día de la Patria Vasca en uno de esos latiguillos retóricos que son casi obligados en ese tipo de celebraciones, y acusaba al sistema institucional español de no haber superado todavía el concepto de “una, grande y libre” que lució como ideal el nacionalcatolicismo. La soflama no merecería siquiera ser comentada si no fuera porque, paradójicamente, viene a poner de relieve de manera plástica el problema fundamental que plantea el nacionalismo vasco (y, más en general, todo nacionalismo) a la realidad democrática pluralista de una sociedad moderna como la vasca.

La paradoja consiste en que al mismo tiempo que Urkullu profiere contra España la acusación de seguir pretendiendo ser la unidad homogénea que soñó el franquismo, lo que reclama para su nación imaginada, la nación vasca, es exactamente eso mismo que imputa como pecado nefando a la patria española. En efecto, en ese mismo discurso Urkullu reivindica una nación vasca que sea “una” (todos los vascos deberían celebrar la fiesta de la patria vasca, dice), que sea “grande” (debe incluir a Navarra y los territorios franceses del norte, añade), y que sea “libre” (soberana en Europa como están Croacia o Letonia, termina). De forma que no cabe lema más ajustado para la reivindicación soberanista del nacionalismo que el de “una, grande y libre”.

Daría para muchas líneas comentar esta paradoja en términos de proyección freudiana, en la que el sujeto atribuye al otro como defecto precisamente sus propios deseos insuficientemente racionalizados. Pero baste aquí comentarla en términos estrictamente sociológicos y políticos, que son los más objetivables.

· Aspirar a construir una sola nación homogénea es inadmisible

Lo que “la paradoja Urkullu” expresa desde el punto de vista sociológico es que la reivindicación de la diversidad, tan cara al pensamiento actual, esconde al final del camino la exigencia de su contrario, la homogeneidad. Hegel lo hubiera predicho si se le hubiera planteado en estos términos: el sujeto que se reclama diverso de los demás está reclamando al tiempo su identidad homogénea. En términos sociales: la exigencia de respeto a la diversidad inherente de un grupo frente al más amplio en que vive inmerso esconde la exigencia de que ese grupo sea homogéneamente diverso, es decir, sea “uno”. Por eso las políticas de respeto a la diversidad suelen terminar en políticas de conservación e imposición de los rasgos componentes de esa diversidad: diverso hacia fuera, homogéneo hacia dentro. 

Lo que para el grupo más grande es un mal, se transforma en el sumo bien para el grupo pequeño. El problema de la paradoja, claro está, es que las unidades morales que cuentan no son los grupos, sino las personas que los componen. Y para esas unidades morales es igual de agresiva la imposición de una u otra homogeneidad social, pues en todo caso se agrede su libertad de identidad.

En una sociedad moderna no caben políticas deliberadas de construcción nacional, sean de la nación que sean, la grande o la pequeña. No es su contenido concreto lo que las hace democráticamente ilegítimas (de manera que habría sido pecado volver castellanohablantes a quienes no lo eran, pero sería perfecto volver ahora euskaldunes a los castellanohablantes), sino su designio inherente de invadir campos reservados a la libertad personal de cada uno, al tiempo que su afán por borrar el pluralismo constitutivo de esa sociedad. No existen ya (¿existieron de verdad?) las añoradas gemeinschaften, sino solo sociedades complejas. Y en una democracia liberal no tienen cabida las políticas perfeccionistas de mejora de la calidad nacional del ciudadano. Cierto que estas políticas se practicaron por doquier en la gran época europea de la nation buildingdecimonónica, pero tal circunstancia no las legitima hoy, igual que los precedentes históricos no legitiman la esclavitud o la exclusión de las mujeres.

Traducido a términos más políticos, la disonancia constitutiva del nacionalismo de Urkullu está en su pretensión de construir y conseguir un Estado mononacional, pero no tanto por lo de Estado como por lo de mononacional. Aspirar a ser Estado independiente es una pretensión legítima sobre la que cabe dialogar y negociar en democracia, pero aspirar a construir una sola nación homogénea como base social de ese Estado es directamente inadmisible. Y lo malo es que, aquí y ahora, en este país nuestro, las pretensiones de ser Estado van inextricablemente unidas a las de serlo mononacionalmente. Por lo cual, precisamente por ello, el Estado español actual que reconoce la plurinacionalidad constitutiva de la sociedad que le sirve de base (y negar que ello sea así es pura y simple ceguera) tiene una calidad democrática superior a la de los hipotéticos mononacionales que pretenden sucederle. Y es que, en España, los sentimientos nacionales no están encapsulados en este o aquel territorio (si así fuera hace mucho que los problemas se habrían resuelto por sí mismos), sino que están solapados en cada kilómetro cuadrado de algunos de sus territorios. De manera que un Gobierno complejo de estructura federativa atenderá esa realidad mucho mejor que un montón de pequeños Gobiernos mononacionales.

· El Estado español plural es mejor que los hipotéticos mononacionales

Es curioso en este sentido ver cómo la historia de hoy, 100 años después de su destrucción, reconoce que el Imperio Austrohúngaro de 1914, con sus 18 nacionalidades dentro, era un marco de convivencia y conllevancia mejor (mejor para las personas de carne y hueso) que los Estados wilsonianos mononacionales hechos con calzador que le sucedieron, y cómo el juicio sobre su realidad se va tiñendo de una cierta añoranza.

Al final es bastante sencillo, incluso en la lógica nacionalista: Urkullu, y muchos otros, reprochan al sistema constitucional no querer admitir que España es algo así como “una nación de naciones”. Pero no cae en la cuenta de que lo mismo le pasa a Euskadi, que es también otra “nación de naciones”. Con lo cual la formulación correcta de la ecuación completa siguiendo su propia lógica sería la de que “España es una nación de naciones de naciones”.

Y si abandonamos un rato la asfixiante lógica nacionalista, la formulación final sería la de que España es una república de ciudadanos plurales y mezclados que puede convivir razonablemente cómoda mientras no ponga como ideal para el futuro aquello que en la historia pudo ser pero no fue: ser una sociedad cultural y étnicamente homogénea, o ser un conjunto de sociedades cultural y étnicamente homogéneas. Ni una ni otras. Variopintos y mezclados. Juntos y revueltos. ¿Es tan insoportable?

convivir creencias diferentes

Cuando piensas que tu eres el verdadero catalán por ser nacionalista, eres un creyente. Y solo pueden convivir credos diferentes cuando no tratan de imponerse por medios ilegítimos. Y es ilegítimo utilizar el dinero de todos, mayoritariamente,para una de las creencia y marginando a las otras.