LA REPLICA

Gaza y las guerras del siglo XXI

Violencia extrema, categorías jurídicas y el bloqueo político de la paz

Desde el 7 de octubre, la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu a la agresión de Hamás ha sido, en términos políticos y morales, una sucesión de masacres contra población civil, con un coste humano inaceptable y una devastación sistemática de infraestructuras esenciales. Esta condena puede y debe formularse sin banalizar el término “genocidio”, que no es un adjetivo moral ni un arma retórica, sino una categoría jurídica cuya determinación corresponde a los tribunales internacionales.

En el debate público contemporáneo, “genocidio” se ha convertido con frecuencia en un sintagma de agitación y propaganda. Sin embargo, la gravedad de los hechos no necesita inflaciones semánticas para ser denunciada. Los datos disponibles —muertes de civiles, miles de niños fallecidos, destrucción masiva de viviendas, hospitales, redes de agua y energía— sitúan a Gaza entre los escenarios más destructivos de las guerras del siglo XXI, con independencia de cómo acabe calificándose jurídicamente el conjunto de los hechos.

Comparación con otras guerras del siglo XXI

Si se comparan los últimos episodios de Gaza con conflictos como Irak, Afganistán, Siria, Yemen o Ucrania, aparecen patrones comunes:

• uso desproporcionado de la fuerza,

• altísima mortalidad civil,

• colapso de infraestructuras básicas,

• y normalización del sufrimiento como daño colateral.

Pero Gaza presenta una singularidad agravante: la combinación de bloqueo prolongado, densidad extrema de población y ausencia de vías de escape convierte cada ofensiva en una catástrofe humanitaria concentrada, donde el margen de protección civil es prácticamente inexistente. Esto explica la magnitud del impacto sobre niños y población no combatiente, sin necesidad de recurrir a categorías jurídicas aún no determinadas.

El factor silenciado: Hamás como dictadura sangrienta

Un elemento central que suele omitirse en ciertos análisis es que Gaza está gobernada por una dictadura, Hamás, con prácticas abiertamente autoritarias y fascistoides: represión interna, eliminación del disenso, instrumentalización de la población civil y uso sistemático del martirio como herramienta política.

Pensar una solución de paz ignorando este hecho es una ilusión. El conflicto actual está retroalimentado por dos liderazgos extremos —Hamás y Netanyahu— cuya lógica política necesita la confrontación permanente. Ambos se legitiman mutuamente: uno mediante la resistencia armada sin límites, el otro mediante la seguridad convertida en guerra total. En este marco, la solución de dos Estados está materialmente bloqueada, no solo por la historia, sino por los actores que hoy detentan el poder.

El origen histórico: resoluciones incumplidas y negaciones iniciales

Es cierto, como recuerda el articulista de Espai Marx, que el conflicto no comienza el 7 de octubre. Pero también lo es que el ciclo de violencia estructural se activa con el rechazo a la Resolución 181 de la ONU. La negativa de los Estados árabes y de sectores palestinos a aceptar el plan de partición —impulsada en parte por liderazgos con simpatías filonazis— cerró tempranamente la vía de un reconocimiento mutuo que hubiera evitado décadas de guerra.

Frente a la narrativa simplificadora de “los judíos acababan de llegar”, conviene recordar un dato histórico incómodo: durante periodos del Imperio Otomano, la población judía fue mayoritaria en Jerusalén. Este hecho no legitima políticas actuales, pero desmonta relatos ahistóricos usados para justificar posiciones maximalistas.

Una conclusión incómoda

Defender hoy una solución pacífica es necesario y, a la vez, profundamente problemático. Con los datos sobre la mesa, no hay condiciones políticas reales para un acuerdo mientras los liderazgos dominantes operen con lógicas incompatibles con la paz. Señalar esta contradicción no es cinismo: es realismo moral.

Condenar las masacres, exigir responsabilidades penales cuando corresponda, rechazar tanto el terrorismo como la guerra total, y negarse a convertir conceptos jurídicos en consignas es, hoy, una posición minoritaria pero intelectualmente honesta. No garantiza la paz; al menos evita la degradación del lenguaje y del juicio moral

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