Vivienda: el falso dilema entre seguridad jurídica y protección social

La vivienda vuelve a estar en el centro del debate público. Las concentraciones y acampadas de estos días expresan una preocupación real: demasiadas personas, especialmente jóvenes y familias con ingresos modestos, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla.

Sería un error mirar hacia otro lado.

Pero también sería un error pensar que la gravedad del problema convierte automáticamente en buenas todas las soluciones que se proponen.

Hace unos meses escribí en La Réplica una reflexión sobre este mismo asunto, Vivienda y seguridad jurídica: un pilar que no deberíamos debilitar.

Los acontecimientos actuales me llevan a volver sobre ella porque percibo un riesgo que aparece una y otra vez en este debate: presentar dos principios legítimos como si fueran incompatibles.

EL FALSO DILEMA

Seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

Y quizá ahí esté buena parte del problema.

¿Por qué tendríamos que elegir entre proteger al inquilino vulnerable y garantizar al propietario unas reglas claras y estables?

¿No debería una política pública seria intentar conseguir ambas cosas?

¿Puede llamarse política social a trasladar exclusivamente sobre determinados particulares una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad?

¿Y puede hablarse de seguridad jurídica ignorando que existen personas que sencillamente no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables?

Plantear el debate como una elección entre propietarios e inquilinos conduce a un callejón sin salida.

Ni todos los propietarios son grandes fondos de inversión.

Ni todos los inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ni todo propietario puede soportar indefinidamente el coste de una política social.

Ni toda persona vulnerable puede quedar abandonada a su suerte porque el mercado no le permita pagar una vivienda.

¿QUIÉN DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA?

La respuesta parece evidente: los poderes públicos, es decir, el conjunto de la sociedad.

Eso significa disponer de vivienda pública y social suficiente, ayudar directamente a quienes realmente lo necesitan, facilitar la construcción allí donde existe demanda, movilizar vivienda disponible y establecer unas reglas que permitan que quien alquila pueda hacerlo sin temor a quedar atrapado en una situación jurídicamente incierta.

Porque hay otra pregunta que deberíamos hacernos:

¿Qué ocurre cuando una medida destinada a proteger al inquilino termina haciendo que algunos propietarios retiren sus viviendas del mercado?

Si disminuye la oferta, ¿quién termina sufriendo las consecuencias?

Probablemente quien busca vivienda.

Por eso las buenas intenciones no bastan.

LAS PREGUNTAS QUE DEBERÍAMOS HACERNOS

¿Aumentará el número de viviendas disponibles o lo reducirá?

¿Protege realmente a quien más lo necesita?

¿Quién paga su coste?

¿Lo paga el conjunto de la sociedad o se descarga sobre un grupo determinado?

¿Qué efectos tendrá dentro de cinco o diez años?

¿Existe alguna experiencia que permita saber si funciona?

¿Estamos resolviendo el problema o simplemente trasladándolo?

Son preguntas incómodas, pero precisamente por eso son necesarias.

UNA PROTESTA LEGÍTIMA NO CONVIERTE EN BUENA CUALQUIER SOLUCIÓN

Las personas que hoy protestan tienen derecho a exigir respuestas. Y sería injusto descalificar su preocupación. El acceso a la vivienda se ha convertido para muchos ciudadanos en uno de los principales obstáculos para desarrollar un proyecto de vida.

Pero la gravedad del problema tampoco debería impedir examinar críticamente las soluciones que se proponen.

¿Basta con congelar precios?

¿Basta con prohibir determinados contratos?

¿Basta con señalar a los propietarios?

¿Basta con construir más?

Probablemente ninguna de esas respuestas, aislada, sea suficiente.

Y ahí aparece otro peligro: que una reivindicación legítima termine subordinada a organizaciones o intereses para los que el conflicto pueda resultar más útil que una solución duradera.

Por eso quizá el mejor servicio que puede hacerse a quienes hoy se manifiestan no sea pedirles que abandonen la protesta.

Es pedirles —y pedirnos todos— que no renunciemos a la razón precisamente cuando mayor es la indignación.

Que preguntemos.

Que exijamos números.

Que pidamos resultados.

Que desconfiemos de las consignas demasiado fáciles.

Y, sobre todo, que rechacemos el falso dilema que pretende obligarnos a escoger entre dos principios que deberían convivir.

SEGURIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN SOCIAL

Seguridad jurídica y protección social no son conceptos enemigos.

El fracaso comienza precisamente cuando aceptamos que lo son.

Una política de vivienda sostenible debería ser capaz de proteger al vulnerable sin convertir al propietario particular en sustituto del Estado; garantizar reglas claras sin abandonar a quien no puede acceder al mercado; aumentar la oferta sin renunciar a impedir abusos.

¿Es difícil?

Sin duda.

Pero quizá debamos empezar precisamente por ahí:

Si un problema es complejo, ¿por qué habríamos de confiar en quien nos promete una solución simple?

CUANDO DESAPAREZCAN LAS TIENDAS DE CAMPAÑA

Las personas que hoy acampan y reclaman una vivienda digna merecen algo más que consignas y esperanzas momentáneas.

Merecen soluciones que funcionen también cuando las tiendas de campaña hayan desaparecido de la Puerta del Sol.

NADIE ES MÁS QUE NADIE — Una versión joven inspirada por Zoe, mi nieta

 

NADIE ES MÁS QUE NADIE

Una versión joven inspirada por Zoe, mi nieta

A veces una reflexión cambia cuando alguien la mira desde otra generación.

Hace unos días publiqué en La Réplica «NADIE ES MÁS QUE NADIE — Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia».

De aquella reflexión nació también una canción. Una canción pausada, con aire de himno, construida alrededor de cuatro palabras que para mí dicen mucho:

Igualdad. Libertad. Solidaridad. Reciprocidad.

Se la enseñé a mi nieta Zoe.

Le gustó la idea, pero me hizo una observación muy sencilla: era demasiado larga y, si quería que el mensaje llegara también a gente joven, quizá necesitaba otro ritmo, otra duración y otra manera de contarlo.

Tenía razón en algo importante: una misma idea puede necesitar lenguajes diferentes para llegar a personas diferentes.

Así nació esta segunda versión.

No cambia el mensaje. Cambia la manera de decirlo:

Nadie es más que nadie.
Nadie tiene toda la verdad.
Lo que quieras para ti,
quiérelo para los demás.

Y quizá ahí esté resumida buena parte de lo que quería expresar desde el principio.

Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos.

Podemos caminar por caminos diferentes sin negarnos unos a otros.

Podemos discrepar y encontrarnos.

🎵 NADIE ES MÁS QUE NADIE — VERSIÓN JOVEN

sta versión joven no sustituye a la anterior. La acompaña.

Quien quiera conocer la reflexión que dio origen a todo esto y escuchar también la primera versión de la canción puede hacerlo aquí:

👉 NADIE ES MÁS QUE NADIE — Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia
https://la-replica.blogspot.com/2026/09/nadie-es-mas-que-nadie.html

Dos maneras de contar una misma idea.

Y una pequeña lección que me ha recordado Zoe:

a veces, para que una idea llegue más lejos, no hay que cambiar la idea.
Hay que encontrar otra manera de contarla.

JAPA — La Réplica

 

Cuando la parte vuelve a convertirse en el todo

El caso de Ariana Harwicz y una de las falacias más peligrosas de nuestro tiempo

Estos días he estado en Granada mientras se desarrollaba una polémica que, al conocerla con más detalle, me ha resultado demasiado familiar.

La escritora argentina Ariana Harwicz había sido invitada al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh. Su participación fue posteriormente cancelada después de las protestas suscitadas por sus posiciones públicas sobre Israel, Gaza y, especialmente, su oposición al boicot cultural a artistas israelíes.

No pretendo aquí decidir si las opiniones de Harwicz son acertadas o equivocadas. Algunas pueden parecernos discutibles, rechazables o incluso profundamente equivocadas.

Precisamente ahí está la cuestión.

¿Qué hacemos con quien piensa algo que consideramos intolerable?

Porque detrás de este episodio aparece nuevamente una confusión que considero una de las más frecuentes y peligrosas de nuestro tiempo:

confundir la parte con el todo.

Una persona sostiene una determinada posición sobre Israel y esa posición termina definiendo a la persona entera.

Un escritor firma un manifiesto y el manifiesto acaba sustituyendo al escritor.

Alguien discrepa sobre Gaza, Ucrania, inmigración, feminismo, memoria histórica o cualquier otro asunto especialmente polarizado y dejamos de discutir lo que ha dicho para empezar a clasificar a quien lo ha dicho.

La discrepancia concreta se transforma en identidad.

Y entonces aparece el mecanismo:

si rechazo una de tus ideas, termino rechazándote a ti.

Ese salto lógico parece pequeño, pero tiene enormes consecuencias.

Podemos considerar equivocada una opinión de Ariana Harwicz y defender simultáneamente que pueda expresarla. Podemos cuestionarla, discutirla, confrontarla con hechos y argumentos e incluso rebatirla públicamente.

Eso es precisamente discrepar.

De hecho, quienes defendieron su exclusión han argumentado que el problema no era su identidad judía, sino determinadas declaraciones públicas sobre Israel, Palestina y Gaza. Ese argumento merece ser escuchado y discutido.

Pero tampoco resuelve la cuestión fundamental:

¿Una posición concreta, por muy equivocada que nos parezca, debe convertir a una persona en alguien con quien ya no se puede compartir un espacio de debate?

La Universidad de Granada terminó desmarcándose de la decisión y recordó algo elemental: una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y también a las posiciones discrepantes o controvertidas.

Me parece una buena definición de lo que debería ser una sociedad plural.

Porque la alternativa resulta inquietante: espacios culturales en los que todos podamos discrepar siempre que nuestra discrepancia permanezca dentro de unos límites previamente aceptados por quienes participan en ellos.

Eso no es pluralismo.

Es pluralismo entre quienes ya están suficientemente de acuerdo.

Cambiemos a los protagonistas: ¿mantenemos el mismo criterio?

Hay una manera muy sencilla de comprobar si estamos defendiendo realmente un principio.

Cambiemos a los protagonistas.

Imaginemos que mañana una universidad, un festival o una institución cultural dominada por personas de ideas completamente diferentes decide excluir a un escritor porque sus opiniones sobre Palestina, inmigración, feminismo, religión o memoria histórica les parecen moralmente inadmisibles.

¿Defenderíamos entonces la exclusión con los mismos argumentos?

¿O nuestra respuesta sería diferente?

La pregunta importa porque un principio solo es realmente un principio cuando estamos dispuestos a aplicarlo también a quien piensa de manera muy distinta a nosotros.

Si la respuesta cambia cuando cambian los protagonistas, quizá no defendemos un principio, sino solo a los nuestros.

Y volvemos así a una idea que atraviesa muchas de las reflexiones que he publicado en La Réplica:

los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

No se trata de estar de acuerdo con Ariana Harwicz.

Se trata de algo bastante más importante.

De conservar la capacidad de distinguir entre una persona y una de sus opiniones; entre una obra y una declaración; entre discutir una idea y expulsar del debate a quien la sostiene.

La parte no es el todo.

Nunca debería serlo.

Y quizá precisamente porque olvidamos algo tan elemental, esta sea una de las falacias más utilizadas —y más peligrosas— de nuestro tiempo.

La discrepancia es normal.
Convertir al discrepante en aquello que discrepamos de él es otra cosa.

La Réplica

 

LA PRUEBA DEL CAMBIO DE PROTAGONISTA

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan

Entre el relato y las creencias, los hechos

Esta reflexión tiene un desencadenante inmediato.

Un vídeo sobre China, Estados Unidos y la geopolítica del petróleo terminaba cuestionando la facilidad con la que hablamos de los Estados como si fueran personas: «China gana», «Estados Unidos pierde», «nosotros» frente a «ellos».

No era exactamente el asunto sobre el que llevaba tiempo reflexionando, pero hizo confluir varias ideas que ya habían aparecido en La Réplica: no confundir la parte con el todo, no subordinar los hechos al relato y recordar que los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y de ahí surge una pregunta muy sencilla:

¿Juzgaríamos de la misma manera un hecho si lo hubiera cometido el bando contrario?

Parece una pregunta elemental. Pero quizá sea una de las mejores herramientas para comprobar si estamos juzgando los hechos de acuerdo con nuestros principios o acomodando los principios al relato al que pertenecemos.

Probemos.

Si considero intolerable encarcelar a una mujer por desafiar las normas religiosas de un régimen, ¿seguiría pareciéndome intolerable aunque ese régimen sea enemigo de un país cuya política rechazo?

Si condeno la muerte de civiles cuando bombardea el adversario, ¿mantengo el mismo criterio cuando bombardean los míos?

Si considero inadmisible la censura cuando la practica un Gobierno que detesto, ¿la justifico cuando pretende proteger una causa que comparto?

Si denuncio una invasión cuando la realiza una potencia adversaria, ¿busco atenuantes cuando quien invade pertenece a mi espacio político o geoestratégico?

No se trata de afirmar que todas las situaciones sean iguales. Casi nunca lo son. El contexto importa, las responsabilidades pueden ser diferentes y los antecedentes también.

Pero el contexto debe ayudarnos a comprender los hechos, no a hacerlos desaparecer.

CUANDO EL RELATO MANDA SOBRE LOS HECHOS

Aquí aparece una inversión que merece atención.

Lo razonable sería:

HECHOS → ANÁLISIS → CONCLUSIÓN

Pero con demasiada frecuencia hacemos lo contrario:

RELATO → SELECCIÓN DE HECHOS → JUSTIFICACIÓN

Primero sabemos quiénes son «los nuestros» y quiénes «los otros». Después interpretamos lo ocurrido.

Y entonces un mismo hecho puede cambiar de nombre según quién lo cometa.

Lo que en el adversario es represión puede convertirse en «defensa de la estabilidad» entre los nuestros.

Lo que en unos es agresión puede presentarse en otros como «necesidad geoestratégica».

Las víctimas que sirven para denunciar al contrario ocupan titulares; las que incomodan a nuestro relato pasan rápidamente a segundo plano.

Los hechos siguen siendo los mismos.

Lo que ha cambiado es el protagonista.

IRÁN Y LAS MUJERES: UN EJEMPLO INCÓMODO

La represión ejercida por el régimen iraní contra mujeres, manifestantes y disidentes está ampliamente documentada.

Las protestas desencadenadas en 2022 tras la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini fueron reprimidas violentamente. Naciones Unidas recogió informaciones fiables sobre el uso intencionado y desproporcionado de fuerza letal y más de 550 manifestantes muertos, incluidos menores.

Posteriormente, organismos de Naciones Unidas han seguido documentando medidas represivas contra mujeres y niñas y contra activistas del movimiento «Mujer, Vida, Libertad».

Podemos analizar al mismo tiempo la política estadounidense hacia Irán, las acciones de Israel, las sanciones, Palestina, el petróleo o el equilibrio de poder en Oriente Próximo.

Debemos hacerlo.

Pero ninguna consideración geopolítica convierte la represión de una mujer iraní en menos represión.

Aquí puede producirse una doble perversión.

Quien sitúa al régimen iraní dentro del campo de «los enemigos de mis enemigos» puede relativizar sus abusos porque denunciarlos parece favorecer al adversario.

Y quien considera a Irán simplemente parte del «eje enemigo» puede utilizar el sufrimiento de esas mismas mujeres como munición contra el contrario y olvidarse de ellas cuando dejan de ser útiles.

En los dos casos sucede lo mismo:

la persona queda subordinada al relato.

CAMBIEMOS LOS NOMBRES

Esta es la prueba que propongo.

Ante una noticia que confirme nuestras convicciones, hagamos mentalmente un pequeño experimento:

cambiemos los nombres de los protagonistas.

Donde pone el partido que detesto, pongamos el que voto.

Donde pone el país adversario, pongamos el aliado.

Donde pone Israel, pongamos Palestina; donde pone Palestina, Israel.

Donde pone Rusia, pongamos Estados Unidos.

Y después volvamos a preguntarnos qué pensamos del hecho.

Naturalmente, intercambiar nombres no convierte situaciones históricas diferentes en equivalentes.

No se trata de fabricar falsas equidistancias.

Se trata de poner a prueba nuestro propio criterio.

Si nuestra valoración moral cambia automáticamente al cambiar el nombre, tenemos un problema.

Quizá no estuviéramos defendiendo un principio.

Estábamos defendiendo a los nuestros.

LOS PRINCIPIOS TIENEN UNA PRUEBA DE RESISTENCIA

Por eso aquella frase que he utilizado otras veces adquiere aquí todo su significado:

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Defender la libertad de expresión de quien piensa como nosotros es fácil.

Denunciar la corrupción del adversario es fácil.

Indignarse ante las víctimas producidas por el enemigo es fácil.

La dificultad comienza cuando la libertad que debemos defender es la de quien nos irrita; cuando la corrupción aparece entre los nuestros; cuando la víctima cuestiona nuestra explicación del mundo.

Ahí descubrimos cuánto pesaba realmente el principio.

Porque un principio que sólo aplicamos al adversario no es un principio.

Es un arma.

EL PROBLEMA NO ES EL «NOSOTROS»

Necesitamos un «nosotros»: familia, amigos, comunidad, país, ideas compartidas. La pertenencia puede generar solidaridad, cooperación y responsabilidad hacia los demás.

El problema empieza cuando para afirmar ese nosotros necesitamos fabricar un ellos.

Y se vuelve mucho más peligroso cuando, una vez construido ese «ellos», dejamos de aplicar a unos y otros el mismo criterio.

Entonces ya no acomodamos nuestros relatos a los hechos.

Acomodamos los hechos a nuestros relatos.

Por eso quizá necesitemos hacernos más veces una pregunta extraordinariamente sencilla:

¿PENSARÍA LO MISMO SI LO HUBIERAN HECHO LOS OTROS?

Si la respuesta es no, merece la pena detenerse.

Porque los principios no deberían cambiar cuando cambiamos el nombre del protagonista.

Y porque cuando subordinamos los hechos al relato, tarde o temprano terminamos subordinando también a las personas.

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A partir de: un vídeo de Liberalístico sobre China, Estados Unidos, el petróleo y el llamado «dilema de Malaca». Su reflexión final sobre los relatos geopolíticos fue el desencadenante inmediato para volver sobre ideas que ya había tratado anteriormente en La Réplica.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jhnVLUR3nOU&t=158s

 

Antes de los bandos: Lorca, La Barraca y la España que también convivía

La película La bola negra, de Los Javis, devuelve a la actualidad a Federico García Lorca y a Rafael Rodríguez Rapún. Pero, al acercarnos a sus vidas, aparece también otra España que merece ser recordada: una sociedad profundamente enfrentada, sí, pero todavía no dividida en dos compartimentos humanos impermeables.

Hay relatos que, de tanto repetirse, terminan simplificando la historia.

Uno de ellos consiste en contemplar la España anterior a la Guerra Civil desde lo que sabemos que ocurrió después: dos bandos perfectamente delimitados, dos Españas que parecieran haber vivido siempre separadas y enfrentadas.

Pero la realidad fue bastante más compleja.

La bola negra y Rafael Rodríguez Rapún

La reciente película La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha vuelto a poner el foco sobre una figura mucho menos conocida que Lorca: Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca, militante socialista y uno de los grandes afectos amorosos del poeta.

Los propios directores han explicado que llegaron a Rapún a través de La piedra oscura, de Alberto Conejero, y que su historia les llevó a investigar el epistolario y la biografía de Lorca.

Pero siguiendo ese hilo aparece algo que va más allá de una historia de amor.

Aparece La Barraca.

Un pequeño microcosmos de aquella España

La Barraca fue el teatro universitario impulsado durante la Segunda República y dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Desde 1932 recorrió pueblos españoles representando gratuitamente a Calderón, Lope de Vega, Cervantes y otros clásicos.

Podría resultar fácil imaginarla retrospectivamente como un grupo políticamente homogéneo de jóvenes republicanos y de izquierdas.

No fue exactamente así.

Entre aquellos estudiantes hubo socialistas y personas de otras sensibilidades políticas. Y hubo también quienes terminarían vinculados a Falange.

Un caso especialmente revelador es Eduardo Ródenas Llusiá.

Ródenas había pertenecido a La Barraca y posteriormente escribió en Haz, órgano de Falange Española. Y desde allí defendió precisamente el proyecto cultural de Lorca frente a quienes desde la derecha pretendían desacreditarlo.

La paradoja es extraordinaria: un falangista defendiendo públicamente La Barraca de Federico García Lorca frente a sectores conservadores que la consideraban propaganda republicana.

También encontramos a Modesto Higueras, discípulo de Lorca en La Barraca, cuya trayectoria posterior quedaría vinculada al teatro universitario del régimen franquista y a Falange.

Nada de esto convierte a La Barraca en un espacio apolítico ni borra las profundas diferencias ideológicas existentes.

Pero obliga a introducir matices.

Lorca tampoco quería reducir La Barraca a una trinchera

El propio Lorca rechazó que el proyecto pudiera reducirse a una operación política.

En 1932, cuando ya existían acusaciones en ese sentido, declaró que al Teatro Universitario se le pretendía atribuir un matiz político que él negaba: para Lorca aquello era, ante todo, teatro.

Naturalmente, La Barraca formaba parte de una política cultural de la Segunda República y pretendía llevar la cultura a lugares donde difícilmente llegaba.

Pero una cosa es reconocer su contexto político y otra convertir retrospectivamente a todos sus integrantes en miembros de un mismo bloque ideológico.

No lo eran.

¿Y Lorca y José Antonio Primo de Rivera?

Aquí debemos ser especialmente prudentes.

Existen testimonios según los cuales Lorca y José Antonio se conocieron y tuvieron contactos personales. También está documentada la admiración de José Antonio por la obra del poeta.

Otra cosa muy distinta es afirmar, como algunas veces se hace, que existió entre ellos una amistad íntima y clandestina.

Hay testimonios posteriores que lo sostienen, pero no disponemos de cartas, fotografías u otra documentación contemporánea suficiente para establecerlo como un hecho indiscutible.

Y precisamente esta distinción importa.

Una cosa es el hecho documentado; otra, el testimonio; y otra, la interpretación que posteriormente construimos sobre ambos.

La guerra proyecta su sombra hacia atrás

Quizá ahí esté la cuestión fundamental.

Sabemos cómo terminó la historia.

Lorca fue asesinado en 1936.

Rafael Rodríguez Rapún murió combatiendo en el Ejército republicano en 1937.

Eduardo Ródenas, el barraco falangista que había defendido aquel proyecto cultural, fue también asesinado al comienzo de la Guerra Civil.

Cuando conocemos el desenlace resulta muy difícil no proyectarlo hacia atrás.

Terminamos imaginando que las fronteras que la guerra convirtió en abismos habían existido siempre.

Pero no era exactamente así.

Había enfrentamiento político, violencia, sectarismo y una polarización creciente. Sería absurdo negarlo.

Pero también había espacios compartidos.

Personas que pensaban de manera radicalmente distinta estudiaban juntas, trabajaban juntas, discutían, hacían teatro, escribían, se enamoraban o mantenían amistad.

La Barraca fue uno de esos lugares.

Antes de los bandos

Quizá por eso recuperar estas historias tenga hoy algún valor.

No para blanquear lo que ocurrió después.

No para establecer falsas equidistancias.

Y tampoco para fabricar un nuevo relato tranquilizador según el cual aquella España convivía armoniosamente hasta que, de repente, alguien decidió romperla.

La historia tampoco fue así.

Se trata de algo bastante más sencillo:

recordar que ninguna sociedad está formada únicamente por bloques.

Entre las etiquetas existen personas.

Y antes de que una guerra convierta al vecino en enemigo, hubo muchas ocasiones en las que ese vecino fue compañero, amigo, colega o simplemente alguien con quien era posible compartir un proyecto.

Los Javis han dicho estos días, hablando de La bola negra, algo que trasciende la película: cuando desaparece la posibilidad de dialogar con quien piensa diferente, el resultado puede terminar siendo la violencia y la tragedia.

Noventa años después, quizá La Barraca conserve una enseñanza que no estaba escrita en ninguno de sus libretos.

Rafael Rodríguez Rapún, Federico García Lorca, Eduardo Ródenas y los demás barracos no pensaban igual.

Durante algún tiempo, sin embargo, fueron capaces de levantar juntos un escenario.

Y eso también forma parte de nuestra historia.

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

 

La inteligencia artificial: ¿de quién será el nuevo capital?

Branko Milanović, uno de los economistas que más ha estudiado la desigualdad mundial, ha lanzado una propuesta destinada a provocar debate: si fuera necesario, habría que nacionalizar la inteligencia artificial.

La frase impresiona. Pero quizá lo más interesante no sea la nacionalización, sino la pregunta que hay detrás:

¿Quién será propietario de la inteligencia artificial y quién se beneficiará de la riqueza que genere?

La IA también es capital

Milanović parte de una idea sencilla: la inteligencia artificial es una nueva forma de capital.

No tiene necesariamente la apariencia de una fábrica, una máquina o una explotación minera. Está formada por algoritmos, modelos, datos, chips, centros de procesamiento, energía y conocimiento. Pero requiere enormes inversiones y puede multiplicar extraordinariamente la productividad.

Y, como cualquier capital, tiene propietarios.

Ahí aparece el problema.

Si la IA permite producir más con menos trabajo humano y la propiedad de esa tecnología se concentra en pocas empresas, una parte creciente de la riqueza podría desplazarse desde quienes aportan su trabajo hacia quienes poseen ese capital.

No es una certeza. Nadie sabe todavía cuál será el efecto final de la IA sobre el empleo y los salarios. También puede crear nuevas profesiones, aumentar la productividad de millones de trabajadores y democratizar capacidades que antes estaban reservadas a grandes organizaciones.

Pero el riesgo señalado por Milanović es real: una revolución tecnológica capaz de aumentar enormemente la riqueza también puede aumentar enormemente su concentración.

¿Nacionalizar qué?

Aquí empiezan mis dudas sobre su propuesta.

Decir «nacionalicemos la inteligencia artificial» resulta mucho más sencillo que explicar qué significa.

¿Nacionalizamos las empresas que desarrollan los grandes modelos? ¿Los propios modelos? ¿Los centros de datos? ¿La capacidad de computación? ¿Los chips? ¿Los datos?

La IA no es una fábrica situada dentro de las fronteras de un país. Es una infraestructura tecnológica internacional extraordinariamente compleja.

Por eso creo que la expresión nacionalizar la inteligencia artificial tiene más fuerza como advertencia que como programa político concreto.

Pero Milanović plantea una cuestión que no deberíamos eludir.

¿Todo el poder para las empresas?

Si dentro de unos años la inteligencia artificial resulta tan fundamental para una sociedad como hoy lo son la electricidad, las telecomunicaciones o Internet, cabe preguntarse si podemos permitir que su infraestructura esencial quede concentrada exclusivamente en unas pocas corporaciones.

Porque quien controle una tecnología capaz de intervenir en la producción, la información, la educación, la investigación científica, la administración o la defensa no tendrá solamente poder económico.

Tendrá poder social y político.

Y una democracia tiene razones legítimas para impedir una concentración semejante.

Eso puede exigir regulación, defensa de la competencia, fiscalidad, modelos abiertos, investigación pública y posiblemente infraestructuras públicas de inteligencia artificial.

Pero entonces aparece la pregunta contraria.

¿Todo el poder para el Estado?

Que desconfiemos de una concentración excesiva del poder privado no significa que debamos confiar automáticamente en la concentración del poder público.

Una inteligencia artificial controlada exclusivamente por un Estado también podría convertirse en una formidable herramienta de vigilancia, manipulación o control social.

Especialmente en un régimen autoritario.

Por eso quizá estemos formulando mal la alternativa.

No debería ser:

IA privada o IA estatal.

El verdadero desafío debería ser:

cómo impedir que una tecnología con semejante capacidad quede monopolizada por nadie.

Ni por cinco grandes corporaciones.

Ni por un Gobierno.

Democratizar el nuevo capital

En este punto encuentro especialmente interesante otra de las propuestas de Milanović, menos llamativa que la nacionalización pero posiblemente más importante: ampliar el acceso a ese nuevo capital.

Que universidades, administraciones, pequeñas empresas, investigadores, trabajadores y ciudadanos puedan utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial evita que todas sus ventajas queden reservadas a quienes disponen de miles de millones para desarrollarlas.

Quizá ahí esté una parte de la respuesta.

Competencia real. Regulación democrática. Investigación pública. Modelos abiertos cuando sea posible. Acceso amplio a la tecnología. Fiscalidad sobre las nuevas rentas del capital. Protección para quienes resulten perjudicados por la transformación laboral.

Y límites claros al poder, sea privado o público.

Entre el miedo y la fascinación

Con la inteligencia artificial estamos cayendo con frecuencia en dos relatos opuestos.

Uno anuncia una especie de paraíso tecnológico en el que la IA resolverá nuestros problemas.

El otro anuncia desempleo masivo, desigualdad extrema e incluso la desaparición de la humanidad.

Probablemente todavía no tengamos datos suficientes para afirmar ninguno de los dos futuros.

Y precisamente por eso conviene empezar a formular las preguntas ahora.

Milanović ha planteado una incómoda y necesaria.

Pero yo la formularía de otra manera:

Si la inteligencia artificial se convierte en uno de los principales capitales del siglo XXI, ¿quién será su propietario, quién decidirá cómo se utiliza y quién recibirá la riqueza que produzca?

Porque la tecnología por sí sola no decidirá si genera mayor igualdad o mayor desigualdad.

Eso dependerá también de las instituciones que construyamos alrededor de ella.

Y quizá el problema fundamental no sea decidir quién debe quedarse con todo ese poder, sino conseguir que nadie pueda quedarse con todo él.

NADIE ES MÁS QUE NADIE

 

NADIE ES MÁS QUE NADIE

Cuando creerse moralmente superior empieza a poner en peligro la democracia

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«Nadie es más que nadie»
Una canción por la igualdad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad y el derecho a pensar diferente.

▶ ESCUCHAR LA CANCIÓN

Hay una enfermedad de la política que no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No necesita uniforme, bandera ni ideología determinada. Puede aparecer en un gobierno, en un partido, en una institución y también entre quienes se consideran sus adversarios.

Empieza con una convicción aparentemente inocente: nosotros tenemos razón.

El problema comienza cuando esa frase se transforma en otra mucho más peligrosa: como tenemos razón, somos mejores.

Y culmina cuando aparece una tercera: como somos mejores, tenemos más legitimidad que los otros para decidir cuáles son las reglas y hasta dónde pueden llegar.

Ahí comienza la hybris.

Cuando el adversario deja de ser legítimo

La democracia no consiste en que gobiernen los buenos y sean derrotados los malos. Consiste precisamente en algo mucho más difícil: aceptar que personas libres e iguales pueden defender proyectos políticos incompatibles y que ninguno de ellos adquiere por ello una dignidad superior.

Mi vecino puede votar exactamente lo contrario que yo.

Mi compañero de trabajo puede sostener ideas que considero profundamente equivocadas.

Incluso puedo pensar que algunas de sus opiniones son injustas, reaccionarias, ingenuas o disparatadas.

Pero sigue siendo mi vecino. Sigue siendo mi compañero. Sigue siendo un ciudadano con los mismos derechos que yo.

El deterioro comienza cuando dejamos de discutir sus argumentos y empezamos a cuestionar su legitimidad.

Entonces aparecen las palabras que conocemos demasiado bien: traidores, fascistas, comunistas, enemigos de España, enemigos del pueblo, antipatriotas, reaccionarios, vendidos...

Ya no necesitamos convencer al otro.

Basta con descalificarlo.

Y una democracia en la que media sociedad considera moralmente ilegítima a la otra media puede conservar elecciones, parlamentos y gobiernos, pero habrá empezado a perder algo previo y fundamental: la amistad civil que permite convivir después de votar.

El poder no convierte a nadie en propietario de la democracia

Hay otro escalón todavía más peligroso.

Quien identifica su proyecto con la democracia termina considerando cualquier obstáculo a su proyecto como un obstáculo a la propia democracia.

Los contrapesos dejan entonces de ser garantías y empiezan a parecer estorbos. La crítica se convierte en conspiración. La discrepancia interna, en deslealtad. Los jueces, organismos reguladores, medios de comunicación o instituciones solo parecen respetables cuando coinciden con nosotros.

Y aquí conviene establecer una regla extremadamente sencilla:

Las instituciones que hoy limitan al adversario serán las mismas que mañana tendrán que limitarnos a nosotros.

Por eso las reglas democráticas tienen verdadero valor cuando aceptamos aplicarlas también cuando nos perjudican.

Los principios se ponen a prueba precisamente cuando nos incomodan.

Nadie es imprescindible

El gobernante democrático no es propietario del cargo. Lo ocupa temporalmente.

El partido tampoco es propiedad de su dirigente.

Ni el Estado pertenece al Gobierno.

Ni la democracia pertenece a quienes han ganado las últimas elecciones.

Esta distinción elemental empieza a desaparecer cuando surge el liderazgo providencial: sin nosotros vendrá el desastre; sin mí ganarán los enemigos; mi permanencia resulta indispensable para proteger aquello que represento.

No.

En democracia nadie es imprescindible.

Quien hoy gobierna mañana puede perder.

Y eso no constituye una anomalía del sistema.

Eso es el sistema.

Las mismas reglas y la misma posibilidad de ganar

Hay una prueba muy sencilla para saber hasta qué punto creemos realmente en la democracia.

Imaginemos que mañana gobiernan nuestros adversarios.

¿Aceptaríamos que utilizaran contra nosotros las mismas facultades institucionales, interpretaciones de las leyes, mecanismos de presión y excepciones que hoy justificamos porque gobiernan los nuestros?

Si la respuesta es no, tenemos un problema.

Una democracia digna de ese nombre necesita las mismas reglas de juego y una posibilidad real de ganar y de perder para todos.

No puedo reclamar una regla cuando me beneficia y denunciarla como intolerable cuando beneficia al contrario.

Eso no es defender principios.

Es defender intereses.

La superioridad moral es una trampa

Naturalmente existen conductas mejores y peores, ideas más razonables que otras y hechos verdaderos y falsos. Defender que nadie es superior no significa caer en el relativismo ni afirmar que todas las opiniones valen lo mismo.

Significa algo distinto y mucho más importante:

ninguna certeza política convierte a quien la posee en un ciudadano superior.

Podemos combatir ideas sin deshumanizar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar una mentira sin convertir al mentiroso en un ser sin derechos.

Podemos enfrentarnos políticamente con toda la dureza necesaria y, al terminar, reconocernos como ciudadanos iguales.

Eso es la concordia.

No consiste en estar de acuerdo.

Consiste en aprender a convivir estando en desacuerdo.

Nadie es más que nadie

Por eso igualdad, libertad, solidaridad y reciprocidad no deberían ser palabras decorativas.

La igualdad dice que mi voto y mi dignidad no valen más que los tuyos.

La libertad permite que tú pienses justamente aquello que yo combatiré con mis argumentos.

La solidaridad recuerda que seguimos formando parte de una comunidad incluso cuando discrepamos.

Y la reciprocidad establece una regla elemental: no reclames para los tuyos aquello que no aceptarías para los otros.

Frente al relato, los hechos.

Frente a la obediencia, el pensamiento crítico.

Frente a la trinchera, la convivencia.

Frente al dirigente imprescindible, instituciones fuertes.

Frente al «nosotros contra ellos», ciudadanos diferentes sometidos a las mismas reglas.

Y frente a cualquier izquierda, derecha, nacionalismo, populismo, élite o mayoría que alguna vez llegue a convencerse de que su supuesta superioridad le concede derechos que niega a los demás, una respuesta tan sencilla que hemos querido convertirla en canción:

Nadie es más que nadie.

Porque creerse superior no demuestra superioridad.

Demuestra que hemos empezado a olvidar la primera regla de una sociedad de ciudadanos libres:

nadie está por encima de nadie.

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🎵 Nadie es más que nadie

Esta canción nace de esa convicción. No pretende decirnos qué debemos votar. Pretende recordar algo que deberíamos poder cantar juntos votemos a quien votemos.

Iguales y libres, caminemos.
Que pensar distinto no nos haga odiar.

Letra y concepto: José Antonio Parro Agudo
Música e interpretación generadas con Suno AI.

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

 

¿GOLPE DE ESTADO JUDICIAL? EL MISMO RASERO PARA TODOS

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha afirmado:

«Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente».

No es una frase menor. Precisamente por la autoridad jurídica de quien la pronuncia, merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio significa también exigir pruebas a la altura de la acusación.

Una cosa es sostener que determinadas actuaciones judiciales son equivocadas, desproporcionadas, ideológicamente sesgadas o incluso contrarias a Derecho. Todo ello puede discutirse, argumentarse y recurrirse.

Otra muy distinta es afirmar que existe un «golpe de Estado judicial permanente».

Porque las palabras importan.

Cuando el «golpe de Estado» lo denunciaban otros

Hay aquí un antecedente que resulta especialmente significativo.

Durante el procés catalán, cuando desde distintos sectores se calificaron aquellos acontecimientos como un «golpe de Estado», Martín Pallín rechazó esa caracterización.

En 2018 publicó incluso un artículo titulado La técnica del golpe de Estado, en el que terminaba advirtiendo contra «la falacia del Golpe de Estado» aplicada a Cataluña.

Y en 2019, en ¿Golpe de Estado o golpe de efecto?, volvía a cuestionar la utilización de expresiones contundentes que podían sustituir el análisis jurídico riguroso de los hechos.

Me parecía entonces un criterio razonable.

Precisamente por eso me sorprende el criterio de ahora.

¿Qué ha cambiado?

Si llamar «golpe de Estado» al procés exigía rigor conceptual, hechos y categorías jurídicas precisas, ¿por qué no debemos exigir exactamente lo mismo cuando se habla de un «golpe de Estado judicial permanente»?

La pregunta es inevitable:

¿Qué hechos permiten sostener una acusación de semejante gravedad?

Si existen, expónganse.

Si existen indicios, analicémoslos.

Si determinadas resoluciones son jurídicamente insostenibles, critiquémoslas.

Pero la existencia de decisiones judiciales que consideramos equivocadas o políticamente sesgadas no demuestra por sí misma la existencia de un golpe de Estado.

Y menos aún de uno «permanente».

¿Hipocresía? Prefiero hablar de doble rasero

Podría calificarse esta contradicción de hipocresía. Pero hacerlo supondría atribuir una intención que no puedo demostrar.

Prefiero algo más sencillo: señalar la incoherencia y preguntar si estamos utilizando un doble rasero.

Porque resulta difícil defender simultáneamente estas dos posiciones:

Cuando son otros quienes hablan de «golpe de Estado», debemos desconfiar de las expresiones rotundas y atenernos rigurosamente a los hechos.

Cuando la expresión coincide con nuestra interpretación política, podemos hablar de «golpe de Estado judicial permanente».

No debería funcionar así.

La libertad de expresión no elimina la responsabilidad

Por supuesto, Martín Pallín tiene derecho a expresar su opinión. Como cualquiera.

Pero cuanto mayor es la gravedad de una afirmación y mayor la autoridad pública de quien la formula, mayor debería ser también la responsabilidad al fundamentarla.

Me viene a la cabeza la vieja imagen de gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado. No porque ambas situaciones sean jurídicamente equivalentes —evidentemente no lo son—, sino porque ilustra una idea elemental: las palabras tienen consecuencias.

«Golpe de Estado» no puede convertirse simplemente en otra expresión de agitación política.

Si banalizamos las palabras, terminamos vaciándolas de significado.

El mismo criterio, también cuando nos incomoda

No pretendo demostrar que Martín Pallín esté equivocado.

Le planteo algo mucho más sencillo:

demuestre una afirmación de semejante gravedad con hechos de semejante contundencia.

Y apliquemos después exactamente el mismo criterio a Cataluña, al Gobierno, a la oposición, a los jueces y a cualquier otro poder del Estado.

Porque si exigimos rigor cuando habla el adversario, pero aceptamos la exageración cuando habla alguien próximo a nuestras convicciones, ya no estamos buscando la verdad.

Estamos construyendo relatos.

Los principios se ponen a prueba cuando NOS incomodan.

Y entre el relato y las creencias, los hechos.

 

Cuando la etiqueta sustituye al argumento

Fascista, comunista, sionista… cuando las palabras dejan de explicar y empiezan a servir para señalar

He leído con interés «Posfascismo pragmático», el artículo de Lluís Uría en La Vanguardia sobre Giorgia Meloni y la crisis de Ceuta.

El artículo contiene datos interesantes y plantea preguntas que merecen discusión: ¿ha sido proporcionada la reacción italiana? ¿Existe una doble vara de medir entre los flujos migratorios que llegan por España y por Italia? ¿Está utilizando Meloni la crisis para competir electoralmente con fuerzas situadas a su derecha? ¿Qué responsabilidad corresponde a Marruecos?

Todo eso merece ser analizado.

Precisamente por ello resulta penoso que un artículo que puede sostenerse sobre hechos y argumentos recurra repetidamente a un vocabulario que recuerda demasiado al de agitación y propaganda:

«Posfascista». «Ultras». «Racista». «Xenófobo».

Desde otras trincheras encontramos el mismo procedimiento: «comunista», «bolivariano», «sionista», «facha», «rojo»…

Cambian las palabras. El mecanismo es el mismo.

Primero la etiqueta; después, el argumento

Las palabras tienen significado. El problema comienza cuando dejamos de utilizarlas para describir con precisión una realidad y empezamos a emplearlas para clasificar moralmente al adversario.

Si alguien ha sido previamente etiquetado como «fascista», parece que ya no necesitamos refutar sus argumentos: habla un fascista.

Desde la trinchera contraria sucede exactamente lo mismo con «comunista» o «bolivariano».

Y «sionista» puede acabar funcionando como explicación universal de cualquier comportamiento de Israel, de un israelí o incluso de un judío.

La etiqueta sustituye a la persona y termina sustituyendo al argumento.

El problema no tiene dueño ideológico

Sería muy fácil convertir esto en una crítica a la izquierda o a la derecha. Y estaríamos cayendo exactamente en aquello que criticamos.

Desde una trinchera se grita «¡fascista!».

Desde otra, «¡comunista!» o «¡bolivariano!».

Desde otra, «¡sionista!».

Son palabras muy eficaces para movilizar a quienes ya están convencidos y bastante menos útiles para comprender a quien discrepa.

Sirven para la propaganda.

Mucho menos para pensar.

Una prueba sencilla

Ante cualquiera de estas etiquetas podemos hacernos una pregunta:

¿Qué queda del argumento si quitamos el adjetivo?

Si después de eliminar «fascista», «comunista», «sionista», «ultra» o «bolivariano» siguen quedando hechos, datos y razonamientos sólidos, tenemos algo que merece ser discutido.

Si al retirar la etiqueta se derrumba el argumento, quizá nunca hubo argumento.

Solo había propaganda.

Indicios, hipótesis y sentencias: una doble vara de medir

infoLibre ha publicado un análisis crítico sobre el informe del CENIF relativo a los sucesos de Ceuta. Su tesis principal es que se trata de un informe construido sobre conjeturas.

La crítica puede ser legítima, pero debe aplicarse el mismo criterio a todas las partes. Hay que distinguir entre hechos, indicios, hipótesis y pruebas.

Un informe policial no es una sentencia

Este punto es fundamental: un informe policial no es una sentencia judicial ni establece hechos probados de manera definitiva. Es una aportación que se remite a los tribunales para que pueda ser valorada junto con otras pruebas.

La policía puede reunir datos, detectar conexiones y plantear hipótesis. Después corresponde a los jueces contrastarlas, escuchar explicaciones alternativas y decidir qué queda acreditado.

Por tanto, no debemos presentar una conclusión policial como una verdad judicial. Pero tampoco debemos exigir a un informe de investigación que demuestre definitivamente aquello que precisamente se está investigando.

Un indicio no es una prueba, pero tampoco es nada

Que la mayoría de determinados teléfonos tuviera prefijo marroquí no demuestra por sí solo una organización estatal.

Que hubiera una gran difusión de mensajes no prueba necesariamente la intervención de especialistas.

Que muchas personas regresaran posteriormente a Marruecos tampoco permite conocer automáticamente sus intenciones.

Todo eso es cierto. Pero esos datos pueden ser indicios. Un indicio no demuestra una hipótesis, aunque puede justificar que se investigue.

La cuestión no es si el CENIF ha dictado una sentencia, porque no le corresponde hacerlo. La cuestión es si los datos que aporta hacen razonable continuar investigando determinadas hipótesis.

La doble vara de medir

El problema aparece cuando se califican las inferencias del CENIF como «conjeturas», mientras que las explicaciones alternativas se presentan como análisis objetivos.

infoLibre propone, por ejemplo, explicaciones relacionadas con la curiosidad, la desesperación económica, el efecto contagio o la decisión de regresar a Marruecos. Son posibilidades razonables, pero también son hipótesis. No conocemos con certeza el estado mental de miles de personas.

Una hipótesis alternativa no refuta automáticamente otra hipótesis. Ambas deben contrastarse con los hechos y las pruebas disponibles.

Lo mismo ocurre cuando se atribuyen intenciones políticas al informe o a quienes lo difunden. Si se exige al CENIF que demuestre sus atribuciones de intencionalidad, debe aplicarse la misma exigencia a quienes sostienen que el documento pretende provocar la caída del Gobierno o instalar una determinada narrativa política.

De lo contrario, estaríamos ante una clara doble vara de medir.

Hechos, indicios, hipótesis y pruebas

El debate puede resumirse así:

Hechos → indicios → hipótesis → pruebas

No debemos convertir un indicio en una certeza ni una hipótesis en una sentencia. Pero tampoco debemos descartar un indicio simplemente porque todavía no sea una prueba.

La policía investiga y aporta información. Los tribunales valoran esa información y deciden. El periodismo puede y debe examinar los informes policiales, pero debería aplicar a sus propias interpretaciones el mismo rigor que reclama a los investigadores.

Ver la realidad con un solo ojo impide apreciar la profundidad. Cuando solo se observa una parte de los hechos, también se pierde capacidad para juzgarlos correctamente.

Entre los relatos y las creencias deben estar los hechos. Porque los hechos permiten cambiar de opinión sin dejar de pensar.

José Antonio Parro Agudo
La Réplic

 

LO QUE PUDO HABER SIDO… Y NO FUE

Hay ocasiones en las que la forma de hacer las cosas importa casi tanto como el fondo.

La concentración celebrada el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta podía haber tenido una enorme fuerza simbólica si el llamamiento hubiera nacido precisamente allí: en Ceuta.

Imaginemos por un momento que hubiera sido su alcalde-presidente quien, ante una situación que consideraba grave, se hubiera dirigido solemnemente a todos los ayuntamientos de España:

«Ceuta os llama. Solidaridad. Unidad».

Habría sido una imagen poderosa: Ceuta llamando a España y España respondiendo a Ceuta.

El lejano recuerdo de Móstoles

La comparación histórica es inevitable, aunque naturalmente las circunstancias sean completamente distintas.

El 2 de mayo de 1808, mientras Madrid se levantaba contra las tropas francesas, los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, firmaron el célebre bando que alertaba de lo ocurrido y llamaba a acudir en ayuda de Madrid.

La tradición popular acabaría convirtiéndolo en algo todavía más grande: el símbolo de un pequeño municipio que llama a toda España.

No se trata, por supuesto, de equiparar aquella invasión napoleónica con la situación actual de Ceuta. Sería absurdo. Se trata de recordar la extraordinaria fuerza que puede tener un gesto cuando quien hace el llamamiento es precisamente quien se siente amenazado y pide solidaridad.

Pero no ocurrió así

La convocatoria nacional del 2 de septiembre partió de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fue impulsada por su presidenta, María José García-Pelayo, después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Y aquí aparece una cuestión que merece reflexión.

Por lo que conocemos, la convocatoria no fue previamente deliberada ni acordada por los órganos colegiados de la FEMP. Los grupos representados en la Federación, salvo el Partido Popular, denunciaron precisamente que la decisión había sido adoptada unilateralmente por su presidenta.

Los Estatutos de la FEMP conceden a la Presidencia amplias facultades de representación y una competencia residual sobre aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas a otros órganos. Por ello, no parece prudente afirmar sin más que la convocatoria fuese ilegal o contraria a los Estatutos.

Pero una cosa es preguntarse si podía hacerlo y otra distinta si era la mejor manera de hacerlo.

Porque estamos hablando de una convocatoria institucional dirigida a los 8.132 ayuntamientos españoles.

Ante una iniciativa de semejante alcance, habría resultado mucho más coherente con el espíritu de una federación plural que la propuesta hubiera sido sometida previamente a deliberación de sus órganos de gobierno, incluso mediante una reunión extraordinaria si la urgencia lo aconsejaba.

Deliberar no debilita una institución. La fortalece.

Y además permite que una decisión institucional sea verdaderamente de la institución y no solamente de quien circunstancialmente la preside.

Lo que pudo haber sido

Y aquí regreso a aquella imagen que me habría gustado contemplar.

El presidente de Ceuta haciendo un llamamiento a todos los municipios españoles.

Los ayuntamientos respondiendo voluntariamente.

La FEMP respaldándolo después, tras deliberarlo entre las distintas sensibilidades políticas que la integran.

Ceuta llamando a España.
España respondiendo a Ceuta.

Quizá habría tenido algo de aquel lejano espíritu de los alcaldes de Móstoles.

Pero no fue así.

Y entonces me viene inevitablemente a la memoria aquella hermosa expresión de bolero:

«Lo que pudo haber sido y no fue».

Porque algunas veces, también en política, lo que pudo haber sido resulta mucho más hermoso que lo que finalmente fue.

EL ODIO AL ADVERSARIO TAMBIÉN PUEDE ALIMENTARLO

Hay una reacción casi automática ante determinados dirigentes políticos: «¡Qué odiosos!»

Es comprensible. Hay discursos, comportamientos y decisiones que pueden producir rechazo, indignación e incluso repugnancia.

Pero quizá convenga hacerse una pregunta incómoda:

¿Y si nuestro odio hacia ellos fuera precisamente una parte de su alimento?

La política de la polarización no vive únicamente de conseguir adhesiones. Necesita también enemigos.

Necesita que enfrente haya alguien que desprecie, ridiculice o demonice a quienes están al otro lado. Porque entonces resulta mucho más sencillo construir un relato:

«Nos odian. Nos persiguen. Quieren acabar con nosotros. Por eso tenemos que permanecer unidos».

El mecanismo no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede utilizarlo la derecha o la izquierda, un nacionalismo o su contrario, un movimiento religioso o uno antirreligioso.

La identidad del adversario cambia; el mecanismo permanece.

EL CÍRCULO QUE SE RETROALIMENTA

La polarización puede convertirse así en un círculo:

PROVOCACIÓN → INDIGNACIÓN → ODIO AL ADVERSARIO → REACCIÓN DEL ADVERSARIO → MAYOR COHESIÓN DE CADA BANDO → NUEVA PROVOCACIÓN

Y cada vuelta de la rueda beneficia especialmente a quienes hacen de la confrontación su principal herramienta política.

Esto no significa caer en el cómodo «todos son iguales».

No todos los hechos tienen la misma gravedad ni todas las responsabilidades son equivalentes.

Una democracia necesita señalar la mentira, el abuso de poder, la corrupción, el autoritarismo o cualquier vulneración de derechos, venga de donde venga.

La cuestión es otra:

¿Cómo hacerlo sin convertir nuestra indignación en combustible para aquello que queremos combatir?

CRITICAR NO ES ODIAR

Podemos combatir unas ideas sin despreciar a quienes las sostienen.

Podemos denunciar a un gobernante sin considerar despreciables a millones de ciudadanos que lo votan.

Podemos exigir responsabilidades sin deshumanizar al adversario.

De hecho, esa distinción resulta esencial para conservar el espíritu crítico.

Cuando alguien pasa de ser un adversario a convertirse simplemente en «uno de los malos», dejamos de analizar lo que hace. Empezamos a interpretar automáticamente todo cuanto hace según la etiqueta que previamente le hemos colocado.

Y entonces los hechos pierden importancia.

También nosotros hemos entrado en la lógica de la trinchera.

UNA PARADOJA QUE MERECE LA PENA RECORDAR

Quien basa su poder en la confrontación necesita adversarios enfurecidos casi tanto como seguidores entusiasmados.

Por eso quizá la respuesta más eficaz ante determinados discursos no sea aumentar el volumen del desprecio, sino hacer algo mucho más difícil:

Examinar los hechos.

Desmontar las falsedades.

Exigir responsabilidades.

Y, al mismo tiempo, negarnos a participar en la deshumanización del contrario.

Porque existe una paradoja que deberíamos tener siempre presente:

EL ODIO AL ADVERSARIO NO SIEMPRE LO DEBILITA.
MUCHAS VECES LO ALIMENTA.

Y quizá una de las mejores formas de combatir la polarización sea precisamente negarle ese alimento.

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La verdad importa. Y si no nos gusta, importa más.

JAPA